511 millones de toneladas en derechos de emisión, pero pocas señales sobre los precios
Vietnam ha asignado 511,47 millones de toneladas en derechos de emisión a 110 instalaciones para el periodo de cumplimiento de 2025 a 2026, pero los registros recientes de negociación muestran un volumen y un valor nulos. Ese contraste refleja el principal desafío de su mercado emergente de carbono: crear instrumentos negociables es un primer paso; convertirlos en ingresos fiables que puedan respaldar inversiones es otro.
Contenido
- 511 millones de toneladas en derechos de emisión, pero pocas señales sobre los precios
- Los derechos de emisión y los créditos tienen funciones financieras distintas
- Las transferencias internacionales tienen límites
- Un mercado que se abre, pero sin liquidez consolidada
- Por qué los datos determinan el acceso a financiación
- Financiar el periodo previo a los pagos por carbono
- Agribank refleja la magnitud de la demanda agrícola
- Los costos de carbono para las exportaciones cambian los cálculos de inversión
- Los ingresos forestales dependen de la calidad y del reparto de beneficios
- Las alianzas internacionales y el carbono azul amplían la agenda
- Fechas y decisiones que conviene seguir
- Puntos clave
La asignación de derechos VN2025, registrada en los datos de la Bolsa de Hanói, coincide con la puesta en marcha de un nuevo marco para transferencias internacionales. El Decreto 112/2026/ND-CP entró en vigor el 19 de mayo de 2026 y establece normas para intercambiar resultados de reducción de emisiones y créditos de carbono con socios extranjeros. En conjunto, estos avances podrían ofrecer nuevas vías para atraer capital a fábricas más limpias, proyectos agrícolas y programas de protección forestal.
Vietnam ya cuenta con pruebas de que las reducciones verificadas pueden generar ingresos. A principios de 2024, recibió 51,5 millones de dólares del Banco Mundial por 10,3 millones de toneladas de reducciones verificadas en el Programa de Reducción de Emisiones de la Región Centro-Norte. El pago equivalió a 5 dólares por tonelada. Se trata de una transacción completada, no de una previsión basada en la extensión de un bosque o la promesa de una producción más limpia.
El desafío financiero consiste en repetir ese proceso en proyectos con tecnologías, costos y compradores diversos. Los equipos, la preparación de los proyectos y el monitoreo de emisiones requieren financiación antes de que se emitan los créditos. Los bancos y los inversionistas necesitan saber si se recibirá el eventual ingreso por carbono, a quién pertenece y qué cantidad puede venderse legalmente.
Los derechos de emisión y los créditos tienen funciones financieras distintas
Un derecho de emisión es un permiso para emitir una cantidad determinada en el marco de un sistema de cumplimiento. Un crédito de carbono representa una reducción o eliminación verificada que cumple la metodología, la norma y los requisitos de registro pertinentes. Por lo general, un crédito equivale a una tonelada de dióxido de carbono equivalente, una unidad común para comparar distintos gases de efecto invernadero.
La distinción importa porque, actualmente, la bolsa nacional negocia principalmente derechos de emisión. Una fábrica que opere por debajo de su asignación puede tener un excedente de derechos, sujeto a las normas del mercado. Un proyecto forestal o arrocero requiere un proceso aparte para determinar si sus resultados ambientales cumplen los requisitos para convertirse en créditos. No debe suponerse que ambos instrumentos tienen los mismos derechos de negociación o usos.
Su Thanh Long, director de proyectos lácteos internacionales del Grupo TH, sostiene que las empresas primero deben reducir las emisiones de sus propias operaciones y después abordar las que persistan. También advierte que no toda reducción interna debe considerarse un activo vendible.
«Reducir las emisiones de nuestras propias operaciones no genera automáticamente créditos de carbono negociables».
Su ejemplo es el de una empresa que reduce sus emisiones de 100 a 10 toneladas. Las 10 toneladas restantes son la cantidad que buscaría compensar. Las 90 toneladas eliminadas internamente no se convierten automáticamente en créditos disponibles para la venta. Esta distinción evita que las empresas contabilicen dos veces el mismo resultado ambiental en sus planes financieros.
Las transferencias internacionales tienen límites
El Decreto 112 establece tres vías para las transferencias internacionales: los acuerdos previstos en el artículo 6.2 del Acuerdo de París, el mecanismo del artículo 6.4 y las normas independientes de carbono. El artículo 6.2 respalda la cooperación entre países, mientras que el artículo 6.4 establece un mecanismo de acreditación de reducciones de emisiones bajo supervisión internacional.
El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente concede las autorizaciones de transferencia internacional de Vietnam. Las transacciones deben registrarse en el registro nacional de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y créditos de carbono. La autorización que incluye un ajuste correspondiente solo se concede después de que se hayan emitido los resultados de reducción o los créditos pertinentes y los organismos de gestión competentes hayan expresado su opinión.
Un ajuste correspondiente es una salvaguarda contable. Cuando se transfiere una reducción para contribuir al objetivo climático de otro país, la contabilidad debe impedir que ambos países se atribuyan la misma reducción para cumplir sus compromisos. Esto protege la integridad de la contribución determinada a nivel nacional de Vietnam, o NDC, su compromiso climático en virtud del Acuerdo de París.
El decreto también distingue los proyectos según el apoyo que necesitan. Las actividades que utilizan tecnologías nuevas y costosas, aún poco extendidas en Vietnam, pueden transferir internacionalmente hasta el 90% de sus resultados admisibles. Las actividades ya implantadas, pero que requieren más apoyo financiero o tecnológico, tienen un límite del 50%.
Para el mismo volumen admisible, el límite del 90% permite transferir internacionalmente una proporción 1,8 veces mayor que la permitida por el límite del 50%. Se trata de porcentajes máximos, no de ventas ni autorizaciones garantizadas. Antes de proyectar ingresos de carbono en el extranjero, los inversionistas deben determinar qué categoría corresponde al proyecto.
Un mercado que se abre, pero sin liquidez consolidada
Nguyen Ngoc Tung, director del Fondo VinaCarbon de VinaCapital, afirma que la bolsa de carbono de la Bolsa de Hanói comenzó a operar y registró su primera transacción a finales de junio. Los datos recientes de la bolsa, que muestran un volumen y un valor de negociación nulos, no contradicen necesariamente esa afirmación. En un mercado nuevo pueden registrarse una primera transacción y, después, jornadas sin actividad.
Nguyen Phuong Nam, director ejecutivo de la consultora climática KLINOVA, señala que el grupo de participantes es reducido. Unas 110 instalaciones recibieron asignaciones, pero las entidades que participaban en operaciones de compra y venta eran poco más de 90, porque una empresa puede ser propietaria de varias instalaciones. Esto limita las oportunidades de realizar transacciones frecuentes.
Sin operaciones regulares, los bancos cuentan con pocas pruebas para establecer un precio de referencia nacional fiable. La liquidez es la capacidad de comprar o vender sin largas demoras ni grandes variaciones de precio. El volumen de derechos asignados no demuestra que exista una demanda equivalente, actividad de negociación o ingresos en efectivo.
Los informes también difieren sobre el alcance del sistema. Uno señala que hay 2.441 instalaciones sujetas a inventarios obligatorios de gases de efecto invernadero, frente a poco más de 1.900 en 2022, un aumento descrito como cercano al 28%. Otro menciona 2.166 instalaciones que representan alrededor del 30% de las emisiones nacionales y prevé un programa piloto con unas 150 empresas de los sectores eléctrico, siderúrgico y cementero. Estas cifras no son intercambiables: la obligación de elaborar un inventario, un programa piloto previsto y una asignación efectiva de derechos miden cosas distintas, y no se ha establecido una conciliación completa entre ellas.
Por qué los datos determinan el acceso a financiación
Para generar un crédito, un proyecto necesita una metodología aceptada, una línea de base con la que calcular las reducciones y una medición, presentación de informes y verificación fiables, conocidas habitualmente como MRV. Después, verificaciones independientes determinan si el resultado declarado cumple los requisitos aplicables. El registro, la emisión y la venta son pasos adicionales, cada uno con sus propios costos y riesgos.
Nam calcula que el proceso desde el registro de un proyecto hasta la obtención de créditos admisibles puede durar alrededor de dos años. La dispersión de las explotaciones agrícolas y las zonas forestales puede encarecer especialmente la medición. Las cooperativas o las zonas de producción coordinada pueden ayudar a organizar la recopilación de datos, pero también necesitan una gestión fiable y acuerdos claros con los participantes.
Pham Lien Anh, responsable del programa de asesoría sobre reforma económica e investigación para Vietnam, Laos y Camboya de la Corporación Financiera Internacional, explica por qué una medición deficiente afecta tanto a las decisiones de producción como a la financiación.
«La incapacidad de medir las emisiones con precisión dificulta determinar qué etapas requieren inversiones prioritarias, demostrar los volúmenes de carbono reducidos y cumplir los requisitos del mercado y de las instituciones financieras».
La Decisión 3696/QD-BNNMT del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente fijó el 10 de octubre de 2026 como fecha límite para crear y poner en funcionamiento el registro nacional. Ese plazo, por sí solo, no confirma que todas sus funciones se hayan implementado. Ta Thanh Binh, director general de la Corporación de Depósito y Compensación de Valores de Vietnam, afirma que ya se estableció un sistema de depósito y liquidación de derechos de emisión y créditos de carbono, conectado con los organismos pertinentes. El ministerio también está desarrollando la presentación de informes de emisiones en línea.
Financiar el periodo previo a los pagos por carbono
Las necesidades de financiación de un proyecto comienzan con los estudios, los análisis de viabilidad, la documentación técnica y los consultores. La ejecución requiere equipos, infraestructura y capital de trabajo. Una vez iniciadas las operaciones, el monitoreo y la verificación siguen generando gastos, mientras que la emisión de créditos y el pago del comprador pueden tardar meses o años.
El enfoque de concesión de préstamos descrito por Nguyen Thi Thu Ha, subdirectora del comité directivo de criterios ambientales, sociales y de gobernanza de Agribank, distingue los ingresos ordinarios del negocio de los posibles ingresos por carbono. Los ingresos de la actividad principal siguen siendo la base para pagar la deuda. Los ingresos por carbono se consideran una fuente adicional solo en la medida en que pueda evaluarse su grado de certeza.
Ese grado de certeza cambia a lo largo del ciclo del proyecto. El potencial estimado de reducción ofrece menos garantías que un proyecto registrado con datos fiables. Los resultados verificados aportan más certeza; los créditos emitidos, aún más; y un acuerdo firme de compra ofrece más pruebas de ingresos futuros. Incluso si el acuerdo está firmado, es necesario comprobar la capacidad de pago del comprador, los derechos de transferencia, las condiciones de pago y las posibles disputas.
El valor del carbono puede influir en las finanzas por tres vías distintas: la reducción de los costos de producción, el menor gasto en derechos de emisión adicionales para cumplir las normas y los ingresos por la venta de reducciones o créditos admisibles. Calcular cada vía por separado ayuda a evitar que se sobreestimen los rendimientos. Los préstamos, la financiación puente, las garantías y los mecanismos que combinan apoyo público o en condiciones favorables con capital privado pueden cubrir el desfase temporal, pero no eliminan los riesgos de fondo.
Agribank refleja la magnitud de la demanda agrícola
La base de clientes de Agribank hace que este desafío de financiación sea especialmente relevante. A mediados de 2026, el banco informó de activos superiores a 108.000 millones de dólares, depósitos por más de 100.000 millones y préstamos pendientes por más de 80.000 millones. A finales de agosto, los préstamos destinados a la agricultura, los agricultores y las zonas rurales superaban los 53.600 millones de dólares, el 64,7% del total de préstamos pendientes.
La cartera de créditos verdes del banco ascendía a casi 1.200 millones de dólares a finales de marzo. Agribank también informó de un programa de créditos verdes de 120 millones de dólares para particulares y otro de 2.000 millones para la producción agrícola limpia y avanzada en 2026. Un programa de préstamos que apoya la producción, el procesamiento y el consumo integrados en el plan del delta del Mekong para cultivar arroz en un millón de hectáreas tiene una escala mínima de 1.200 millones de dólares.
Estas cifras corresponden a carteras y programas de distintas categorías y fechas. No deben sumarse como si fueran cantidades independientes ya invertidas en proyectos de carbono. La clasificación de una actividad como verde no genera automáticamente créditos de carbono, y un proyecto que genera créditos no reúne automáticamente los requisitos para obtener crédito verde.
Sin embargo, la agricultura ofrece oportunidades concretas en el cultivo del arroz, la ganadería, la biomasa y el tratamiento de residuos. Los más de 58.000 grupos de crédito de Agribank, con más de 910.000 miembros al 31 de julio, constituyen una red existente para financiar actividades rurales. Para convertir ese alcance en ingresos por carbono siguen haciendo falta un diseño de proyecto, sistemas de medición y acuerdos que especifiquen quién recibe los ingresos.
Los costos de carbono para las exportaciones cambian los cálculos de inversión
Más de 3.000 millones de dólares en exportaciones vietnamitas a la Unión Europea corresponden a categorías de productos afectadas por su Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, o CBAM. El mecanismo vincula el costo del carbono de las importaciones incluidas en su ámbito de aplicación al sistema de fijación de precios del carbono de la UE, lo que hace cada vez más relevantes los datos sobre emisiones y la producción limpia para la economía de las exportaciones.
Tran Ngoc Quan, consejero comercial y jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en Bélgica y la UE, cita un precio de los certificados del CBAM de 75,28 euros por tonelada de dióxido de carbono para el segundo trimestre de 2026. Con unas emisiones ilustrativas de dos toneladas por tonelada de acero, el monto correspondiente al carbono sería de 150,56 euros. Frente a un precio de exportación de 650 euros por tonelada, equivale aproximadamente al 23,2% del valor del producto.
Se trata de una comparación basada en el precio del carbono indicado, no de una factura universal para las exportaciones de acero en 2026. Según lo informado, la introducción gradual comienza en torno al 2,5% en 2026 y alcanza la cobertura total en 2034. La exposición real depende de las normas aplicables y de los cálculos de emisiones.
Vo Thai Xuan Thuy, director de marketing y sostenibilidad de Fico-YTL Cement, afirma que sus productos EcoCem reducen las emisiones entre aproximadamente un 30% y un 70%, según el producto, y que la empresa prevé invertir unos 300.000 millones de dong vietnamitas en la transición en 2027. Estas inversiones pueden mejorar la economía de las operaciones y la competitividad sin depender totalmente de la venta de créditos.
Las estimaciones mundiales de precios también difieren. El informe del Banco Mundial «Situación y tendencias de la fijación de precios del carbono 2026» registra 87 políticas de fijación directa de precios que cubren más del 29% de las emisiones mundiales, con ingresos públicos superiores a 107.000 millones de dólares en 2025 y un precio medio cercano a 21 dólares por tonelada. Otro informe cita unos 80 mecanismos que cubren aproximadamente el 28%. Las estimaciones no coinciden y ninguna sustituye el precio de un proyecto vietnamita.
Los ingresos forestales dependen de la calidad y del reparto de beneficios
La transacción forestal de Vietnam, por 51,5 millones de dólares, ofrece un punto de referencia útil, pero no garantiza un precio futuro. Tom Alpe, asesor de política comercial de la división forestal internacional de la Oficina de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido, afirma que los compradores pueden pagar entre 10 y 20 dólares por crédito forestal para proyectos sostenibles. Ese rango equivale a entre dos y cuatro veces el precio de 5 dólares de la transacción completada, aunque los proyectos, las condiciones y los requisitos de calidad pueden ser distintos.
Se describe un cambio de la demanda internacional hacia los créditos forestales y de uso del suelo, y un alejamiento de algunos créditos de energías renovables. El informe «Estado de la financiación forestal 2025» del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente calcula que la inversión mundial anual en bosques y soluciones climáticas basadas en la naturaleza fue de unos 23.500 millones de dólares entre 2020 y 2024, frente a menos de 12.000 millones en los cinco años anteriores. Esta cifra mide inversiones más amplias, no solo ventas de créditos de carbono.
Para Nghe An, que cuenta con más de un millón de hectáreas de bosque, Vo Xuan Vinh, director del Instituto de Investigación Empresarial de la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh, propone aclarar la titularidad del carbono y el reparto de beneficios entre el Estado, los propietarios forestales, las comunidades y los inversionistas. Sostiene que los propietarios forestales y las comunidades deberían recibir la mayor parte de los ingresos.
Sus propuestas incluyen sistemas provinciales de MRV, mapas digitales, datos satelitales, precios mínimos y máximos, y permitir que cerca del 5% de los créditos forestales nacionales se destine a compensaciones para el cumplimiento de las normas. Se trata de recomendaciones, no de autorizaciones vigentes. También propone combinar la protección forestal con créditos de biodiversidad e ingresos procedentes de actividades bajo la cubierta forestal. Las compensaciones justas y la asignación transparente de los ingresos son importantes porque las personas que mantienen el bosque contribuyen a preservar el resultado ambiental que compran los clientes.
Las alianzas internacionales y el carbono azul amplían la agenda
Vietnam ha aprobado acuerdos bilaterales de cooperación en materia de carbono con Singapur y Japón. Se espera que las negociaciones técnicas con Corea del Sur y Suiza conduzcan a la firma de acuerdos antes de finales de 2026. La aprobación de un acuerdo crea una vía de cooperación, pero no garantiza que un proyecto específico encuentre un comprador.
Andri Meier, subdirector de cooperación para el desarrollo de la Embajada de Suiza en Vietnam, reclama sistemas de MRV y registros interoperables, proyectos piloto, salvaguardas para la integridad del mercado y mejores capacidades de las empresas para gestionar datos. El Programa de Cooperación de Suiza para 2025-2028 da prioridad al comercio sostenible, las finanzas y un desarrollo industrial y urbano más limpio. Meier afirma que un acuerdo bilateral operativo en virtud del artículo 6 podría abrir otro canal de financiación para los proyectos que cumplan los requisitos.
El carbono azul, almacenado en ecosistemas costeros y marinos, es otra área en desarrollo. En una reunión convocada el 23 de septiembre por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se examinó una hoja de ruta nacional para el periodo 2026-2030. El enfoque propuesto para 2026-2027 se centra en las instituciones, los datos, las normas técnicas y un sistema de clasificación del carbono azul, con el objetivo de lograr una gestión unificada de los ecosistemas e integrarlos gradualmente en los compromisos climáticos nacionales para 2030.
Hanói impulsa una agenda urbana relacionada, pero distinta. La Resolución 57/2025/NQ-HDND aborda las zonas de bajas emisiones, mientras que el Documento 34/UBND-NNMT, del 5 de enero de 2026, se refiere al control de emisiones, el transporte más limpio y la infraestructura de carga para vehículos eléctricos. La ciudad tiene el objetivo de alcanzar una calidad del aire buena o moderada el 80% de los días para 2030. Un aire más limpio y menores emisiones de gases de efecto invernadero pueden respaldar políticas complementarias, pero cumplir una meta de calidad del aire no genera créditos de carbono por sí solo.
Fechas y decisiones que conviene seguir
Los informes difieren sobre cuándo comenzará el funcionamiento pleno del mercado. Algunos señalan 2028, mientras que otro sitúa el fin de la fase de prueba en 2028 y prevé que la bolsa empiece a operar en 2029. Nam recomienda considerar 2026-2028 como un periodo de pruebas prácticas. Estas descripciones no deben fundirse en una única fecha de inicio confirmada.
Los principales hitos distinguen entre pagos completados, cambios legales, objetivos administrativos y planes futuros:
- A principios de 2024: Vietnam recibió 51,5 millones de dólares por 10,3 millones de toneladas de reducciones verificadas de emisiones forestales.
- 19 de mayo de 2026: entró en vigor el Decreto 112, que estableció las normas para las transferencias internacionales.
- A finales de junio de 2026: según Tung, la bolsa de Hanói comenzó a operar y registró su primera transacción.
- Antes del 10 de octubre de 2026: la Decisión 3696 fijó el plazo para completar y poner en funcionamiento el registro nacional.
- 14 de octubre de 2026: está previsto un taller sobre créditos verdes y el mercado de carbono, con participación del Banco Estatal de Vietnam, en el número 47 de Quan Thanh, Hanói. Intervendrán el banco central, el Banco Asiático de Desarrollo y Agribank.
- Diciembre de 2027: está previsto que termine la negociación de los derechos de emisión con el código VN2025.
- 2028 y 2029: los informes difieren sobre el paso de los mecanismos de prueba al funcionamiento pleno.
Las cuestiones pendientes son prácticas: qué créditos podrán negociarse en el mercado nacional, quiénes podrán comprarlos y venderlos, cómo se vincularán con la demanda de cumplimiento y si surgirán suficientes compradores y oferta verificada para establecer precios fiables. Para los inversionistas, la distinción que plantea Tung es fundamental: evalúan una empresa y su modelo de negocio, no solo un inventario de créditos potenciales. La prueba está en determinar si un valor del carbono transparente contribuye a financiar proyectos con reducciones medibles.
Puntos clave
- Vietnam asignó 511,47 millones de toneladas en derechos de emisión a 110 instalaciones, pero los registros recientes ofrecen pocas señales sobre los precios.
- El Decreto 112 permite transferencias internacionales por tres vías, con porcentajes máximos del 90% o del 50%, según la actividad.
- Las reducciones forestales verificadas ya generaron 51,5 millones de dólares, a 5 dólares por tonelada.
- Los ingresos de la actividad principal siguen siendo la base para pagar los préstamos; los ingresos por carbono requieren una evaluación de riesgos independiente.
- La calidad de los datos, la titularidad, la verificación y el reparto de beneficios con las comunidades determinan si las reducciones potenciales se convierten en activos vendibles.
- Los informes difieren sobre el número de instalaciones y sobre si el funcionamiento pleno del mercado comenzará en 2028 o 2029.






