El Tribunal Supremo de Australia desestima la apelación contra la ampliación de la mina de carbón Mount Pleasant por las emisiones en el extranjero

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Australia High Court Rejects Mount Pleasant Coal Expansion Appeal Over Overseas Emissions

La aprobación de una mina de carbón depende de 860 millones de toneladas de emisiones en el extranjero

El Tribunal Supremo de Australia desestimó, por una mayoría de tres votos contra dos, la apelación de MACH Energy contra la ampliación de la mina de carbón Mount Pleasant. La aprobación sigue siendo inválida porque las autoridades de planificación de Nueva Gales del Sur no consideraron debidamente las condiciones para abordar las emisiones generadas por el uso del carbón en el extranjero. El proyecto, cerca de Muswellbrook, duplicaría la extracción anual permitida, de 10,5 millones a 21 millones de toneladas, y prolongaría la actividad minera hasta diciembre de 2048.

Contenido
  1. La aprobación de una mina de carbón depende de 860 millones de toneladas de emisiones en el extranjero
  2. Qué aprobó la comisión en 2022
  3. Por qué no bastaba con contabilizar las emisiones
  4. Qué miden realmente las cifras de emisiones
  5. Los controles operativos no resolvían la categoría más importante
  6. Cómo llegó el litigio al Tribunal Supremo
  7. El empleo y los impactos locales siguen siendo parte del litigio
  8. Otra vía de modificación complica el panorama
  9. Por qué los productores de gas siguen de cerca un caso sobre carbón en Nueva Gales del Sur
  10. Qué sigue sin resolverse
  11. Puntos clave

La cifra central es de 860 millones de toneladas de emisiones proyectadas de Alcance 3, generadas principalmente por la quema del carbón exportado. Representan alrededor del 98% de la huella estimada de gases de efecto invernadero del proyecto. El tribunal concluyó que no bastaba con reconocerlas: la Comisión Independiente de Planificación también debía considerar si era posible imponer condiciones para minimizarlas en la mayor medida practicable.

La decisión, descrita como el primer fallo sustantivo del Tribunal Supremo sobre cambio climático, desestimó la apelación de la empresa y le impuso el pago de las costas. Mantiene el resultado obtenido por el Grupo por un Entorno Saludable de Denman, Aberdeen, Muswellbrook y Scone, conocido como DAMSHEG, ante el Tribunal de Apelación de Nueva Gales del Sur en julio de 2025.

El fallo no ordena el cierre de la mina existente ni prohíbe todas las ampliaciones de combustibles fósiles. Aunque el permiso original solo autorizaba la extracción hasta el 22 de diciembre de 2026, MACH Energy afirma que un permiso distinto del Gobierno de Nueva Gales del Sur, emitido en agosto, permite otros seis años de actividad. La ampliación de mayor escala sigue sujeta a un proceso de aprobación independiente.

Esta distinción importa para los trabajadores, los residentes y los inversionistas. La sentencia impide ampararse en la aprobación impugnada para la ampliación, pero deja cuestiones sobre una solicitud revisada, los permisos de operación y las futuras condiciones sobre emisiones a otros procesos jurídicos y de planificación.

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Qué aprobó la comisión en 2022

La exposición de motivos de 2022 de la Comisión Independiente de Planificación, fechada el 6 de septiembre, aprobó el Proyecto de Optimización de Mount Pleasant sujeto a ciertas condiciones. El panel estaba integrado por la presidenta Alice Clark, Chris Fell y Terry Bailey.

El documento describe una mina a cielo abierto ya establecida, ubicada a unos tres kilómetros al noroeste de Muswellbrook y a cinco kilómetros al sur de Aberdeen. MACH Energy compró la mina en 2016 y comenzó a explotarla en 2018. El permiso vigente, concedido inicialmente el 22 de diciembre de 1999, había sido objeto de cinco modificaciones hasta junio de 2022.

La ampliación propuesta profundizaría parte de la zona minera y permitiría extraer aproximadamente 444 millones de toneladas de carbón en bruto durante la vida del proyecto, incluidas unas 406 millones de toneladas más que las autorizadas previamente. El carbón en bruto es el material extraído antes de su procesamiento, por lo que esa cifra no debe interpretarse como la cantidad de carbón procesado que se exportará.

La comisión concluyó que una aprobación condicionada era de interés público y se ajustaba a la Ley de Planificación y Evaluación Ambiental de 1979. También reconoció expresamente que, sin condiciones, los impactos negativos previstos justificarían rechazar el proyecto. Por lo tanto, la controversia jurídica se refería a si el proceso de imposición de condiciones abordaba toda la huella de emisiones, no a si la comisión había considerado los efectos ambientales.

Por qué no bastaba con contabilizar las emisiones

La cláusula 2.20 de la Política Estatal de Planificación Ambiental sobre Recursos de Nueva Gales del Sur exige considerar si las emisiones de gases de efecto invernadero se minimizan en la mayor medida practicable. También exige una evaluación que incluya las emisiones posteriores, teniendo en cuenta las políticas, los programas y las directrices estatales y nacionales pertinentes.

La comisión afirmó haber considerado todas las emisiones, incluidas las de Alcance 3, y señaló que las emisiones en el extranjero se contabilizarían en los países consumidores. La mayoría del Tribunal Supremo concluyó que esto no cumplía la obligación independiente de considerar condiciones para minimizar esas emisiones.

El juez James Edelman explicó por qué no era suficiente centrarse en las emisiones generadas por las operaciones de la mina:

“Al centrarse únicamente en el 2% de las emisiones del proyecto, la comisión no explicó si debían imponerse condiciones para garantizar que las emisiones de gases de efecto invernadero se minimizaran en la mayor medida practicable”.

La jueza Gordon también distinguió entre la contabilización internacional de las emisiones y las obligaciones de planificación de la comisión:

“El impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero es el mismo, independientemente de cómo se clasifiquen”.

El fallo exige considerar condiciones. No establece una obligación universal de compensar cada tonelada de emisiones del carbón exportado ni determina qué condiciones deberá incluir una futura aprobación.

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Qué miden realmente las cifras de emisiones

Las emisiones de Alcance 1 se producen directamente por las actividades mineras, incluidas las fugas de metano y el uso de combustibles. Las de Alcance 2 se generan al producir la electricidad que compra la operación. El Alcance 3 comprende otras emisiones asociadas al producto; en este caso, principalmente las que se generarían al quemar el carbón.

Las estimaciones de la comisión para toda la vida útil del proyecto fueron de 13,9 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente para el Alcance 1, 2,17 millones para el Alcance 2 y 860 millones para el Alcance 3. El dióxido de carbono equivalente expresa en una medida común el efecto de distintos gases de efecto invernadero sobre el calentamiento global.

La suma de esas categorías es de 876,07 millones de toneladas. El Alcance 3 representa aproximadamente el 98,2% del total, mientras que los Alcances 1 y 2 suman 16,07 millones de toneladas, o alrededor del 1,8%. Estas cifras explican por qué controles más estrictos sobre las operaciones de la mina podrían dejar fuera de las condiciones consideradas la mayor parte de la huella climática estimada del proyecto.

Los informes difieren en la cifra de emisiones por combustión. Uno menciona más de 870 millones de toneladas generadas por la quema del carbón. En cambio, la tabla de la comisión atribuye 860 millones de toneladas al Alcance 3 y 876,07 millones a las tres categorías en conjunto. Son medidas distintas y no deben usarse como si fueran intercambiables.

Por lo general, las emisiones producidas por la quema en el extranjero se registran en el inventario de gases de efecto invernadero del país importador, no en el de Australia. La conclusión del tribunal se refiere a otra cuestión: qué deben considerar las autoridades de Nueva Gales del Sur al aprobar el proyecto de extracción. La asignación de emisiones a un inventario no resuelve esa obligación de planificación.

Los controles operativos no resolvían la categoría más importante

El permiso de 2022 incluía un Plan de Gestión de la Calidad del Aire y los Gases de Efecto Invernadero, destinado a reducir la intensidad de las emisiones directas por debajo del nivel propuesto en la solicitud. La intensidad de las emisiones mide la contaminación por unidad de carbón producido, no las emisiones totales de la mina.

Las condiciones fijaban como objetivo una intensidad de Alcance 1 de 0,028 toneladas de dióxido de carbono equivalente por tonelada de carbón en bruto, calculada como promedio móvil de cinco años, tan pronto como fuera razonablemente posible y, a más tardar, en 2034. Se exigían revisiones de las tecnologías de reducción de emisiones dentro de los 12 meses posteriores a la aprobación del plan y, en adelante, cada tres años.

Otros requisitos se referían a la eficiencia energética, a las tecnologías viables para reducir las emisiones de nuevos equipos diésel móviles y al uso de electricidad renovable o neutra en carbono cuando fuera razonable y viable. La comisión permitió compensar las emisiones que superaran los niveles de reducción establecidos, pero rechazó exigir compensaciones por toda la huella del proyecto.

Estas medidas se dirigían principalmente a las actividades propias de la mina y a la electricidad comprada. Un objetivo de intensidad puede reducir las emisiones por tonelada sin reducir necesariamente las emisiones totales cuando aumenta la producción. En este caso, la extracción permitida se duplicaría, mientras que la quema del carbón en el extranjero seguiría siendo la categoría dominante.

El Mecanismo de Salvaguardia del Gobierno federal de Australia también funciona al margen de estas obligaciones de planificación. La reducción anual estándar de su límite de emisiones es del 4,9% para las instalaciones incluidas, que pueden obtener créditos para cumplirlo. Ese marco aborda las emisiones de las instalaciones, no las que genera la quema en el extranjero del carbón exportado.

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Cómo llegó el litigio al Tribunal Supremo

El caso avanzó por varias aprobaciones e instancias judiciales. El grupo de residentes sostenía que los efectos climáticos del carbón exportado también se sentirían en la región de Hunter. Estos son los principales hitos:

  • 22 de diciembre de 1999: Se concedió el permiso original para desarrollar Mount Pleasant.
  • 2016 y 2018: MACH Energy adquirió la mina y posteriormente comenzó a explotarla.
  • 6 de septiembre de 2022: La Comisión Independiente de Planificación aprobó el proyecto de optimización con condiciones.
  • 4 de abril de 2024: Lock the Gate expresó preocupación por una propuesta de modificación independiente de Mount Pleasant, mientras la ampliación de mayor escala afrontaba impugnaciones judiciales.
  • Julio de 2025: El Tribunal de Apelación de Nueva Gales del Sur falló contra la aprobación de la ampliación y devolvió el asunto al Tribunal de Tierras y Medio Ambiente.
  • Agosto de 2026: Según MACH Energy, un permiso independiente del Gobierno de Nueva Gales del Sur permitió otros seis años de actividad.
  • Octubre de 2026: El Tribunal Supremo desestimó la apelación de MACH Energy por tres votos contra dos.

Anita O'Hart, abogada principal del grupo de residentes, describió la decisión como una confirmación de que las autoridades de planificación deben abordar la relación causal entre un proyecto y sus emisiones:

“El Tribunal Supremo ha confirmado que las autoridades de planificación no pueden ignorar la cadena causal que conecta las emisiones de un proyecto con sus efectos”.

Wendy Wales, presidenta de DAMSHEG y profesora de ciencias jubilada, relacionó el resultado judicial con el argumento del grupo sobre la exposición local a los daños climáticos globales:

“No podemos extraer carbón, enviarlo al extranjero, ver cómo contribuye al cambio climático y luego fingir que las consecuencias no tienen nada que ver con nosotros ni nos afectarán”.

El empleo y los impactos locales siguen siendo parte del litigio

La aprobación de la comisión se basó en una evaluación más amplia de los efectos económicos y ambientales. Se proyectó un promedio de 447 empleos directos e indirectos a tiempo completo equivalente en las zonas de gobierno local de Muswellbrook y Upper Hunter, 643 en la región más amplia del valle de Hunter y 444 en otras partes de Nueva Gales del Sur. Estas categorías geográficas no deben sumarse automáticamente, ya que las zonas locales forman parte de la región más amplia.

La comisión también calculó en unos 1.400 millones de dólares australianos los beneficios incrementales de valor añadido directo para Nueva Gales del Sur, medidos en valor actual neto. Ese cálculo descuenta los beneficios futuros para expresarlos en valores actuales. La comisión limitó el peso que atribuyó a la evaluación económica debido a la incertidumbre sobre los precios del carbón, las tasas de descuento y los métodos controvertidos para asignar costos a los gases de efecto invernadero.

Las medidas de biodiversidad contemplaban afectar hasta 475 hectáreas de vegetación nativa a cambio de renunciar al permiso para desmontar 485 hectáreas en otro lugar. La comisión exigió créditos de biodiversidad y un plan de gestión, y concluyó que era posible compensar los impactos residuales.

La mayoría de las observaciones del público fueron favorables: de las 988 presentaciones por escrito, el 72% apoyó la solicitud, el 26% se opuso y el 2% incluyó comentarios. Los temas económicos y sociales representaron el 67% de los asuntos planteados, la calidad del aire y las emisiones, el 17%, y el cambio climático, el 9%.

Estos resultados ayudan a explicar la aprobación inicial, pero no eliminaban la obligación de considerar condiciones sobre emisiones. La decisión judicial se refiere a la legalidad de ese proceso, no a un nuevo cálculo judicial de los beneficios económicos del proyecto.

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Otra vía de modificación complica el panorama

El futuro de Mount Pleasant plantea cuestiones que van más allá de la aprobación del proyecto de optimización. En su análisis de las modificaciones de proyectos de carbón, publicado el 4 de abril de 2024, Lock the Gate identificó una propuesta independiente, la Modificación 7, mientras la ampliación de mayor escala afrontaba impugnaciones judiciales federales y estatales.

La organización defensora del medio ambiente afirmó que esa modificación añadiría 57 millones de toneladas de carbón, para alcanzar un total declarado de 142 millones. Para la ampliación de mayor escala impugnada, indicó 192 millones de toneladas. Esas cifras difieren de los 444 millones de toneladas de carbón en bruto de la comisión, y las publicaciones no establecen una base de medición común que permita conciliarlas con certeza.

Lock the Gate identificó nueve de al menos 17 ampliaciones de minas de carbón propuestas en Nueva Gales del Sur que recurrían a solicitudes de modificación, evaluadas por el Departamento de Planificación en vez de la Comisión Independiente de Planificación. La organización sostuvo que esto reducía el escrutinio independiente y la participación pública. Las estimaciones de emisiones publicadas para cuatro proyectos sumaban unos 324 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente durante su vida útil.

El informe de la organización se publicó más de dos años antes de la decisión del Tribunal Supremo. No demuestra que la Modificación 7 sea el mismo permiso que MACH Energy dice haber recibido en agosto de 2026. Sí muestra que ya se estaban siguiendo varias vías de aprobación, por lo que la situación jurídica de la gran ampliación es distinta de la continuidad de las operaciones autorizadas por otros permisos.

Por qué los productores de gas siguen de cerca un caso sobre carbón en Nueva Gales del Sur

El efecto jurídico directo del fallo se limita a la legislación de planificación de Nueva Gales del Sur. Liz Hicks, profesora de la Universidad de Melbourne, afirmó que esto restringe su alcance automático en otros estados:

“La decisión depende de la legislación de Nueva Gales del Sur, por lo que su efecto directo en otros estados es limitado, pero los tribunales y las autoridades decisorias de todo el país la tendrán en cuenta”.

Rita Saffioti, tesorera de Australia Occidental, dijo que su Gobierno solicitaba asesoría jurídica urgente. La propuesta Browse de Woodside, valorada en 30.000 millones de dólares australianos y diseñada para producir más de 11 millones de toneladas de gas al año, sigue bajo evaluación de organismos ambientales estatales y federales. El primer ministro de Australia Occidental, Roger Cook, dijo que el fallo no supondría el fin del proyecto.

Aaron Morey, director ejecutivo de la Cámara de Minerales y Energía de Australia Occidental, advirtió que limitar los proyectos australianos podría desplazar las inversiones a países con normas ambientales menos estrictas. Jeanette Roberts, consultora independiente de petróleo y gas, dijo que las impugnaciones posteriores a la concesión de permisos aumentaban la incertidumbre para los inversionistas. Matt Roberts, director ejecutivo del Consejo para la Conservación de Australia Occidental, sostuvo que las evaluaciones ambientales deben incluir las emisiones del carbón exportado.

La Fundación Australiana para la Conservación ha presentado su propio caso climático relacionado con Browse. Se prevé que Astrid Puentes Riano, relatora especial de la ONU sobre el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, participe como amiga del tribunal y aporte su perspectiva sin convertirse en parte principal del proceso.

La atención que despierta el caso no sorprende, dado que Australia representa alrededor de una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado. Sin embargo, el fallo no invalida automáticamente Browse ni la aprobación independiente que prolonga hasta 2070 las instalaciones de Woodside en la península de Burrup.

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Qué sigue sin resolverse

MACH Energy dijo estar decepcionada, pero que revisaría la sentencia y estudiaría las opciones disponibles para mantener la operación. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, dijo que la empresa seguía tramitando una solicitud ante la comisión. No se ha anunciado una próxima fecha de audiencia ni un plazo para una nueva decisión.

Tim Ayres, ministro federal de Industria, dijo que el fallo se limita a la legislación de Nueva Gales del Sur y al procedimiento de la autoridad de planificación. Jacqueline Peel, profesora de Derecho de la Universidad de Melbourne, señaló que exigir a las minas que aborden las emisiones de Alcance 3 podría, aun así, cambiar su viabilidad económica:

“Si se empieza a exigir a las minas que se hagan cargo de sus emisiones de Alcance 3, respondan por ellas y adopten medidas para minimizarlas, la mina de carbón se convierte en una propuesta económica muy distinta a la que sería si simplemente se pudiera tratar el Alcance 3 como un problema ajeno”.

Las aprobaciones recientes podrían ser objeto de nuevas revisiones judiciales, pero ningún tribunal ha concluido que todas sean inválidas. El éxito de una impugnación dependerá de la legislación aplicable, los argumentos de la autoridad y las condiciones que haya considerado.

El fallo se suma a una decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido de 2024, que exigió evaluar las emisiones derivadas del uso final de la producción de un proyecto petrolero, y a la opinión consultiva de julio de 2025 de la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de los Estados respecto de la producción de combustibles fósiles. Estas decisiones ofrecen un contexto internacional, pero no sustituyen la disposición de Nueva Gales del Sur en cuestión.

Las descripciones políticas del fallo van desde una victoria climática hasta acusaciones de extralimitación judicial. Su exigencia inmediata es más concreta: las autoridades de Nueva Gales del Sur no pueden tratar la contabilización de las emisiones en el extranjero como sustituto de considerar cómo las condiciones de aprobación podrían minimizar las emisiones del proyecto que tienen ante sí.

Puntos clave

  • El Tribunal Supremo desestimó la apelación de MACH Energy y le impuso el pago de las costas, por una mayoría de tres votos contra dos.
  • La ampliación impugnada duplicaría la extracción anual permitida, hasta 21 millones de toneladas, y prolongaría la actividad minera hasta diciembre de 2048.
  • La comisión calculó 860 millones de toneladas de emisiones de Alcance 3, aproximadamente el 98% de la huella total del proyecto.
  • Las autoridades de planificación de Nueva Gales del Sur deben considerar condiciones para abordar esas emisiones, aunque el carbón se queme en el extranjero.
  • MACH Energy afirma que un permiso independiente de agosto permite seis años más de actividad, por lo que el fallo no ordena el cierre inmediato de la mina.
  • La decisión interpreta directamente la legislación de Nueva Gales del Sur; sus efectos en otros estados y sobre otras aprobaciones deben evaluarse por separado.
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