Se intensifican las detenciones antes de la protesta prevista en Delhi
El Partido Janata Cucaracha de India (CJP) afirma que las autoridades han detenido a miles de sus simpatizantes, estudiantes y activistas de la oposición antes de una protesta prevista en Nueva Delhi por la revisión del padrón electoral del país. Ashutosh Ranka, portavoz del movimiento, cifró en 10.000 el número de detenidos en todo el país, entre ellos Deepak Baliyan, portavoz nacional del CJP. Las autoridades no habían confirmado de inmediato la cifra y no fue posible verificar de manera independiente las afirmaciones del grupo.
Contenido
- Se intensifican las detenciones antes de la protesta prevista en Delhi
- ¿En qué consiste la revisión del padrón electoral?
- Por qué los manifestantes denuncian parcialidad política
- Las protestas se extienden más allá de la capital
- La actuación policial genera críticas
- Una prueba para la confianza pública
- En resumen
Videos publicados en las redes sociales parecían mostrar cómo se llevaban a activistas en camionetas. El CJP también afirmó que un grupo de estudiantes que viajaba en autobús de Pune a Delhi para asistir a la protesta fue trasladado a un lugar desconocido. La manifestación está prevista para el sábado en Jantar Mantar, el lugar designado para las protestas en la capital, donde, según informes, la policía ha instalado barricadas.
Las detenciones se producen tras varios días de manifestaciones de partidos de oposición, grupos estudiantiles y organizaciones de la sociedad civil. Los manifestantes exigen la renuncia del comisionado jefe electoral, Gyanesh Kumar, y el fin de la Revisión Intensiva Especial (SIR), un examen de los padrones electorales de todo el país. Sostienen que el proceso podría eliminar a votantes con derecho a sufragar y favorecer al gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP), del primer ministro Narendra Modi. La Comisión Electoral y el gobierno niegan que haya injerencia política y afirman que la revisión busca eliminar inscripciones duplicadas y de personas que no reúnen los requisitos.
El CJP surgió de una campaña juvenil en internet y obtuvo atención nacional después de que las protestas por filtraciones de exámenes contribuyeran a la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, en julio. Desde entonces, el movimiento ha abordado cuestiones más amplias de rendición de cuentas del gobierno e instituciones democráticas. La campaña actual pone a prueba si puede repetir aquel éxito en un asunto que afecta a la administración de las elecciones.
En una protesta en Bengaluru, Khushi Shrivastava, estudiante de arquitectura de 22 años, dijo que el derecho al voto es fundamental para la democracia y que las personas que quieren votar y se preocupan por el futuro de India corren el riesgo de que se les niegue ese derecho. Los manifestantes llevaban carteles con los lemas «Cada nombre cuenta, cada voto importa» y «Detengan el asesinato de la democracia».
¿En qué consiste la revisión del padrón electoral?
La SIR es una verificación a gran escala de los padrones electorales de India, las listas oficiales que determinan quién puede votar. Comenzó en Bihar antes de las elecciones estatales y se ha extendido a la mayoría de los estados y territorios administrados por el gobierno federal. El proceso exige que los votantes presenten documentos que demuestren que reúnen los requisitos para seguir inscritos.
La Comisión Electoral afirma que el ejercicio elimina inscripciones duplicadas, de personas fallecidas y de otras que no reúnen los requisitos, al tiempo que garantiza que los votantes habilitados permanezcan en las listas. Los críticos sostienen que los requisitos de documentación pueden ser confusos o difíciles de cumplir, sobre todo para las personas pobres y vulnerables que quizá no tengan documentos oficiales antiguos. Quienes pierden su inscripción pueden apelar, aunque los críticos afirman que, en la práctica, puede ser difícil recuperar un nombre.
Según cifras citadas en reportajes sobre la revisión, se han eliminado más de 130 millones de nombres de los padrones electorales. La cifra destaca en un país donde unas 969 millones de personas tenían derecho a votar en las elecciones generales de 2024. Millones han apelado la eliminación de sus nombres. Los datos de la Comisión Electoral también indican que los padrones de algunas regiones podrían reducirse hasta en un 30 por ciento.
Por sí sola, la cifra de eliminaciones no demuestra cuántas personas fueron excluidas por error. La disputa central es si el proceso de verificación distingue correctamente entre las inscripciones que no reúnen los requisitos y las personas que aún tienen derecho a votar, y si quienes se ven afectados pueden impugnar eficazmente una eliminación antes de las elecciones.
Por qué los manifestantes denuncian parcialidad política
Los partidos de oposición sostienen que se está eliminando a votantes habilitados que probablemente los apoyarían, mientras se mantiene o se añade a votantes más propensos a respaldar al BJP. La Comisión Electoral y el gobierno rechazan la acusación y afirman que las revisiones no tienen motivación política. El BJP ha descrito el ejercicio como una forma de eliminar a quienes califica de «infiltrados».
La controversia se ha intensificado tras informes de que dos de los tres comisionados electorales se opusieron a decisiones relacionadas con la incorporación y eliminación de votantes, los procedimientos de inscripción y los sistemas digitales de la comisión. Una investigación informó de al menos 14 objeciones en 10 meses. La Comisión Electoral cuestionó las versiones que las describían como objeciones formales por escrito y afirmó que los comisionados tenían opiniones y deliberaciones distintas, y que las decisiones fueron unánimes.
La Comisión Electoral de India es un organismo constitucional responsable de administrar las elecciones y mantener los padrones electorales. Sus decisiones determinan quién puede participar en las elecciones, por lo que la confianza pública en su independencia es fundamental en esta disputa. La oposición ha pedido una investigación sobre la conducta de Kumar, que se detenga la revisión actual y que se utilicen los padrones electorales anteriores en futuras elecciones. Algunos líderes opositores también han reiterado su llamado a volver a las papeletas de papel, pues sostienen que las máquinas de votación electrónica podrían ser vulnerables a la manipulación. La comisión y el BJP rechazan las acusaciones de que se esté manipulando el sistema de votación.
La disputa también ha llegado a los tribunales. La Corte Suprema ha enviado notificaciones al gobierno, a la Comisión Electoral y a Kumar para que respondan a las peticiones relacionadas con la revisión. En otro relato de las actuaciones, el tribunal pidió respuestas claras y transparentes. No ha ordenado detener el proceso, y la comisión ha afirmado que comparará los padrones actuales con las listas anteriores y realizará visitas casa por casa para comprobar la situación de las personas cuyos nombres han desaparecido.
Las protestas se extienden más allá de la capital
Las manifestaciones se han extendido mucho más allá de Delhi. Simpatizantes del CJP se congregaron en Bengaluru, mientras que se han informado protestas y actividades de organización en ciudades como Mumbai. En Bengaluru, el actor Prakash Raj y simpatizantes del CJP celebraron una «Adalat del Pueblo» en Freedom Park, donde los residentes presentaron documentos y expresaron inquietudes sobre los formularios de inscripción electoral. En Hyderabad, partidos de oposición encabezados por el Comité del Congreso de Telangana marcharon hacia Lok Bhavan para exigir que se detenga la revisión y que Kumar sea destituido.
Grupos del Congreso en Karnataka también organizaron una protesta con banderas negras contra la detención de líderes opositores y pidieron investigar a las agencias privadas que participan en la recopilación de datos. El movimiento y sus simpatizantes afirman que el asunto no se limita a la competencia entre partidos: quienes sean eliminados por error podrían perder la posibilidad de participar en las elecciones si no logran completar el proceso de apelación.
Un análisis de las protestas registró 278 manifestaciones en 26 de los 28 estados de India durante los 10 días hasta el 2 de octubre, un ritmo muy superior al habitual en los 18 meses anteriores. Según los informes, más de nueve de cada 10 transcurrieron pacíficamente. Las cifras son provisionales y dependen de cómo se registren los actos de protesta, pero ilustran el alcance geográfico del descontento.
Los datos también sugieren que los partidos de oposición, en particular el Congreso y sus organizaciones afiliadas, han sido centrales en la campaña general. El CJP ha sido uno de los principales organizadores, aunque hasta ahora su proporción de las protestas registradas parece menor que durante su campaña de julio contra las filtraciones de exámenes. Según el mismo análisis, durante los últimos 10 días de aquella ola se registraron aproximadamente el doble de protestas por día.
La actuación policial genera críticas
El trato a los manifestantes se ha convertido en otro foco de la disputa. Rahul Gandhi, líder de la oposición, fue detenido brevemente cuando intentaba llegar a un lugar de protesta en Delhi; según se informó, era su tercera detención en dos días. Su Partido del Congreso acusó a la policía de usar «fuerza brutal». La Policía de Delhi afirmó que las acusaciones buscaban difamarla, mientras que Gaurav Bhatia, portavoz del BJP, las calificó de afirmaciones infundadas de una oposición irresponsable.
Amnistía Internacional India criticó el uso de órdenes de prohibición, las detenciones y las restricciones al acceso a internet y al transporte público denunciadas durante las protestas en Delhi y Mumbai. La organización afirmó que el derecho a la reunión pacífica está protegido por la Constitución de India y el derecho internacional de los derechos humanos, y sostuvo que detener a personas únicamente porque tienen intención de protestar puede vulnerar los derechos a la libertad y a la reunión. Estas son las evaluaciones expresadas por Amnistía; no se han determinado en todos los casos las versiones de las autoridades ni el fundamento jurídico de cada detención.
La legislación india permite imponer restricciones a las reuniones públicas por motivos de orden público. Los grupos de derechos humanos sostienen que el uso amplio o habitual de estas facultades puede impedir las protestas pacíficas y dificultar que la gente se organice, se comunique y documente la actuación policial. Las denuncias del CJP sobre detenciones masivas siguen sin verificarse, pero los informes han intensificado la preocupación por la libertad de manifestarse a medida que se acerca la protesta prevista en Delhi.
Una prueba para la confianza pública
La controversia por el padrón electoral se desarrolla en medio de una disputa política más amplia. Las protestas ofrecen a los partidos de oposición un tema común y han atraído a jóvenes a la política callejera tras la campaña del CJP contra las filtraciones de exámenes. Al mismo tiempo, las acusaciones siguen siendo objeto de controversia, y las cifras disponibles sobre las eliminaciones no determinan si la revisión ha favorecido sistemáticamente a un partido.
Para los votantes, lo que está en juego de inmediato es concreto: si sus nombres aparecen en los padrones y si pueden corregir errores a tiempo para emitir su voto. Para la Comisión Electoral, el desafío es demostrar que la verificación es justa, explicar las reglas en términos accesibles y ofrecer a las personas una vía eficaz para apelar. El escrutinio judicial y la presión pública han aumentado, mientras la comisión afirma que continúa con sus verificaciones.
La manifestación prevista será otra medida de cuánto apoyo puede movilizar la campaña y de cómo responden las autoridades. El debate central va más allá de la magnitud de las protestas: se refiere a si los votantes pueden confiar en la institución que determina quién tiene derecho a participar en las elecciones de India.
En resumen
- El CJP afirma que las autoridades detuvieron a 10.000 personas en todo el país antes de una protesta prevista en Delhi; la cifra no ha sido verificada de manera independiente.
- Durante la Revisión Intensiva Especial se han eliminado más de 130 millones de nombres de los padrones electorales y millones de personas han presentado apelaciones.
- La Comisión Electoral afirma que la revisión elimina inscripciones duplicadas y de personas que no reúnen los requisitos; los partidos de oposición sostienen que podrían excluirse a votantes habilitados y cuestionan la neutralidad política del proceso.
- Las protestas se han extendido por varios estados, mientras que las detenciones y las restricciones a las manifestaciones han recibido críticas de grupos de derechos humanos.
- La Corte Suprema ha solicitado respuestas al gobierno y a la Comisión Electoral sobre las peticiones que impugnan la revisión.
