Tres cárceles, escenario de nuevos episodios de violencia
Los nuevos disturbios se han extendido por el sistema penitenciario de Sri Lanka y han dejado al menos tres reclusos muertos y más de 20 personas heridas en tres centros, según las autoridades. Los incidentes comenzaron en la prisión New Magazine, en Borella, parte del complejo de Welikada, cerca de Colombo, antes de extenderse a la cárcel de Kuruwita, en Ratnapura, y al centro penitenciario de Pallansena, cerca de Negombo.
Contenido
- Tres cárceles, escenario de nuevos episodios de violencia
- ¿Qué ocurrió en Negombo?
- ¿Por qué las autoridades se centran en las drogas y el crimen organizado?
- Un sistema penitenciario muy por encima de su capacidad
- Por qué tantas personas permanecen detenidas antes del juicio
- Un historial de violencia carcelaria mortal
- Dudas sobre el uso de la fuerza y la rendición de cuentas
- Qué debe abordar el Gobierno
- Puntos clave
Tras los intentos de los reclusos de salir de sus pabellones, tomar el control de partes de los centros y organizar protestas en los tejados, se desplegaron policías, funcionarios penitenciarios, miembros de la Fuerza Especial de Tareas y militares. Las autoridades afirmaron que se había restablecido el orden en los centros afectados, aunque varias personas heridas seguían hospitalizadas, algunas en estado grave.
La última ola de violencia se produce después de un motín mucho más mortífero en la cárcel de Negombo a principios de julio. Según distintas versiones oficiales y de los medios, el balance de ese incidente fue de entre 26 y 29 muertos, incluidos funcionarios penitenciarios, y más de 100 heridos. Los distintos brotes de violencia han convertido la seguridad carcelaria en una importante cuestión política y de derechos humanos para el Gobierno del presidente Anura Kumara Dissanayake.
En la prisión New Magazine, el ministro de Seguridad Pública, Ananda Wijeyapala, dijo al Parlamento que unos 40 reclusos habían escapado de un pabellón y provocado disturbios. Un recluso murió y otros 10 resultaron heridos antes de que las fuerzas de seguridad recuperaran el control. En Kuruwita, se informó de la muerte de dos reclusos y de 13 heridos. En Pallansena, unos 30 reclusos permanecían en un tejado y se negaban a regresar a sus celdas.
¿Qué ocurrió en Negombo?
La violencia en Negombo comenzó el 5 de julio, tras enfrentamientos entre grupos de personas en prisión preventiva y reclusos condenados. Las personas en prisión preventiva están detenidas mientras esperan el juicio. En Sri Lanka, representan aproximadamente entre dos tercios y tres cuartas partes de la población penitenciaria, según la fuente de los datos.
Las autoridades afirmaron que el primer enfrentamiento estuvo relacionado con las acusaciones de que un recluso había informado a los funcionarios sobre el tráfico de drogas dentro de la cárcel. El enfrentamiento se intensificó después, cuando los reclusos atacaron a los funcionarios e intentaron llegar a la entrada principal. Según informaciones, algunos reclusos se apoderaron de armas de fuego de los guardias, lo que transformó una disputa entre grupos rivales en un enfrentamiento armado de mayor alcance.
Se oyeron disparos en los alrededores de la cárcel y los hospitales atendieron a reclusos y funcionarios con heridas de bala, cortes y hematomas graves. Mujeres de un pabellón contiguo subieron a un tejado para protestar por las condiciones y exigir atención médica. Familiares se congregaron fuera de la cárcel para pedir información sobre las personas que estaban dentro, mientras las fuerzas de seguridad desplegaban unidades policiales, comandos, soldados, drones y aeronaves para vigilar el centro.
El ministro de Justicia, Harshana Nanayakkara, afirmó que siete funcionarios penitenciarios y 19 reclusos habían muerto en los principales enfrentamientos. Otros informes contabilizaron más muertes durante los choques del primer día, lo que elevó el total a al menos 26 y, según algunas versiones, a 29. Se nombró un comité de tres miembros, encabezado por un exjuez del Tribunal Supremo, para investigar los hechos.
¿Por qué las autoridades se centran en las drogas y el crimen organizado?
Las declaraciones del Gobierno han señalado el tráfico de drogas y las actividades del hampa como causas inmediatas de la violencia. Las autoridades afirman que las redes rivales dentro de las cárceles tienen acceso a drogas, teléfonos móviles y armas, lo que permite a los grupos delictivos seguir operando entre rejas.
El ministro Wijeyapala también ha descrito los brotes coordinados en varios centros como una posible conspiración planificada. Dijo que la información de inteligencia y las investigaciones preliminares sugerían que los disturbios podrían haberse provocado deliberadamente y no ser solo consecuencia del hacinamiento.
Esa afirmación no se ha demostrado de manera independiente. Defensores de los derechos de las personas presas se han preguntado si una sola explicación puede dar cuenta de los disturbios en varios centros. También han advertido que culpar a los reclusos y a los grupos delictivos no debe servir para eludir el escrutinio de la gestión penitenciaria, los fallos de seguridad o el uso de fuerza letal.
En una declaración anterior, Sudesh Nandimal Silva, coordinador del Comité para la Protección de los Derechos de los Presos, afirmó que miembros de su organización habían recibido amenazas de muerte. También se preguntó si los disturbios se estaban fomentando deliberadamente.
Nos preguntamos si hay alguna actividad turbia detrás de los disturbios que continúan en las cárceles. El hacinamiento ha aumentado; no es un problema provocado por el hacinamiento. Tenemos dudas de que se trate de algo que se esté creando deliberadamente.
Un sistema penitenciario muy por encima de su capacidad
Sea cual sea el desencadenante inmediato, las cárceles de Sri Lanka llevan años sometidas a una fuerte presión. Las cifras oficiales de capacidad varían: las estimaciones oscilan entre unas 10.500 y 13.200 plazas. Se ha informado de que la población penitenciaria real se sitúa entre 39.000 y 42.000 personas, lo que significa que el sistema alberga varias veces más personas de las que fue diseñado para recibir.
Según se informó, la cárcel de Negombo, construida para unos 900 reclusos, albergaba a cerca de 2.400. Este hacinamiento obliga a los presos a dormir por turnos o en espacios reducidos, limita el acceso a los baños y a la atención médica, y dificulta la separación de grupos rivales. También impide que el personal supervise de forma segura grandes sectores de un centro.
Organizaciones defensoras de los derechos de las personas presas han informado de muertes bajo custodia, condiciones deficientes de higiene, escasez de medicamentos y denuncias de tortura. El Comité para la Protección de los Derechos de los Presos afirmó que Sri Lanka registró 184 muertes en cárceles en 2024 y siete muertes bajo custodia en la primera parte de 2026. Esas cifras requieren verificación oficial, pero reflejan la preocupación general por la salud y la seguridad entre rejas.
El hacinamiento también crea condiciones propicias para la rápida propagación de enfermedades. Durante los disturbios en Negombo, según se informó, mujeres presas protestaron por un brote de dengue y la falta de tratamiento para las reclusas infectadas. Los problemas de salud pueden convertirse rápidamente en crisis de seguridad cuando los presos creen que las autoridades los ignoran.
Por qué tantas personas permanecen detenidas antes del juicio
El principal foco de presión es el sistema de prisión preventiva de Sri Lanka. Muchos sospechosos permanecen detenidos durante meses o años debido a los retrasos en las audiencias, las restricciones a la libertad bajo fianza, el acceso limitado a asistencia jurídica o la imposibilidad de pagar la fianza. Los casos de posesión de drogas representan una gran proporción de las personas detenidas, y quienes están acusados de delitos menores también pueden permanecer en prisión junto a delincuentes condenados por delitos graves.
Mantener a personas no condenadas en centros hacinados plantea dos problemas. Viola el principio básico de que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad y pone a quienes esperan juicio en estrecho contacto con redes delictivas consolidadas. La falta de separación entre las personas en prisión preventiva y los reclusos condenados también puede aumentar el riesgo de violencia.
El Ministerio de Justicia ha propuesto una ley de arresto domiciliario que permitiría a algunas personas en prisión preventiva permanecer en casa bajo vigilancia electrónica. Las autoridades también han debatido ampliar la capacidad penitenciaria, recurrir a penas alternativas y agilizar las decisiones sobre la libertad bajo fianza. Estas medidas podrían reducir la presión si los tribunales cuentan con el personal y la tecnología necesarios para aplicarlas de manera justa.
El arresto domiciliario, por sí solo, no resolverá la falta de personal penitenciario, las deficiencias de los servicios de salud, las redes de contrabando ni las denuncias de abusos. Todo plan también necesitaría salvaguardias para impedir que la vigilancia electrónica se convierta en otra forma de detención impuesta sin una revisión judicial rápida.
Un historial de violencia carcelaria mortal
Los últimos motines se suman a un largo historial de violencia en las cárceles de Sri Lanka. En 1983, durante la violencia contra los tamiles conocida como Julio Negro, varios detenidos tamiles fueron asesinados dentro de la cárcel de Welikada. Las organizaciones de derechos humanos y las investigaciones históricas siguen cuestionando el papel de las autoridades penitenciarias y la falta de rendición de cuentas posterior.
En 2012, una operación de seguridad en Welikada provocó otro enfrentamiento mortal. Al menos 27 presos murieron después de que la Fuerza Especial de Tareas registrara la cárcel en busca de armas, drogas y teléfonos móviles. En procesos judiciales posteriores se determinó que al menos algunos reclusos habían sido sacados de sus celdas y asesinados, lo que profundizó la preocupación por las ejecuciones ilegales y la impunidad oficial.
En 2020, 11 reclusos murieron en la cárcel de Mahara durante unos disturbios relacionados con el temor a brotes de COVID-19. Los presos habían exigido pruebas, atención médica y protección frente al contagio. Los guardias abrieron fuego cuando los disturbios se intensificaron, lo que llevó a organizaciones de derechos humanos a reclamar una investigación independiente.
Estos episodios han seguido un patrón recurrente. Estalla la violencia, se despliegan las fuerzas de seguridad, se anuncian investigaciones y se prometen reformas. La falta de soluciones a las causas permite que la siguiente crisis se geste en condiciones similares.
Dudas sobre el uso de la fuerza y la rendición de cuentas
El Gobierno afirma que los funcionarios utilizaron la fuerza mínima necesaria para impedir las fugas y proteger al personal. Las autoridades también han dicho que los reclusos atacaron al personal penitenciario y dañaron equipos de seguridad, incluidos escáneres y cámaras.
Las organizaciones de derechos humanos se han preguntado si la respuesta fue proporcional, sobre todo después de que los hospitales informaran de heridos de bala. Han pedido acceso independiente a los presos, protección para los testigos y publicación de los registros de víctimas, traslados y atención médica. Los informes de que algunos reclusos trasladados podrían haber permanecido en régimen de aislamiento secreto han aumentado la preocupación.
Los investigadores tendrán que determinar quién inició cada enfrentamiento, cómo entraron las armas en los centros, si los guardias perdieron el control de las armas de fuego y si se usó la fuerza después de que hubiera pasado el peligro inmediato. Las investigaciones deben examinar las muertes tanto de reclusos como de funcionarios. Un proceso que se perciba como una forma de proteger a las autoridades contribuirá poco a recuperar la confianza de las familias de los presos.
La comunicación también se ha convertido en un asunto crítico. Familiares que se encontraban fuera de Negombo y otras cárceles dijeron que les costaba saber si sus seres queridos seguían con vida, estaban heridos o habían sido trasladados. Las autoridades deberían crear puntos de información para verificar los datos, publicar listas de personas hospitalizadas y ofrecer información oportuna sobre los traslados de presos sin comprometer la seguridad.
Qué debe abordar el Gobierno
Las operaciones de seguridad inmediatas pueden contener los brotes actuales, pero una reforma duradera exige actuar en todo el sistema de justicia penal. La primera tarea es reducir la población en prisión preventiva mediante audiencias más rápidas, asistencia jurídica, decisiones razonables sobre la libertad bajo fianza y alternativas para quienes hayan cometido delitos no violentos.
Las autoridades penitenciarias también necesitan más personal, servicios médicos fiables, instalaciones seguras y mejores sistemas para impedir la entrada de drogas y armas. Siempre que sea posible, se debe separar a los presos condenados, las personas en prisión preventiva, los jóvenes y los reclusos vulnerables. La dependencia de las drogas debe abordarse con programas de salud y rehabilitación, en lugar de gestionarse únicamente mediante castigos.
Se necesita supervisión independiente para inspeccionar las cárceles, recibir denuncias e investigar las muertes bajo custodia. El escrutinio parlamentario y la supervisión judicial pueden ayudar a garantizar que las comisiones de investigación aporten pruebas y den lugar a procesos judiciales, en vez de ofrecer un alivio político a corto plazo.
La crisis tiene consecuencias que van más allá de las cárceles. La reconstrucción de las instalaciones dañadas y el despliegue de unidades policiales y militares consumen fondos públicos. La repetición de la violencia también puede debilitar la confianza en las instituciones de Sri Lanka, desalentar el turismo y la inversión, y profundizar la desconfianza tras las recientes turbulencias económicas y políticas del país.
Puntos clave
- Los nuevos disturbios en Welikada, Kuruwita y Pallansena dejaron tres reclusos muertos y más de 20 heridos.
- Las autoridades desplegaron a la policía, la Fuerza Especial de Tareas y militares para contener los intentos de fuga y las protestas.
- Un motín distinto en Negombo, a principios de julio, causó la muerte de al menos 26 personas, incluidos funcionarios penitenciarios, y dejó más de 100 heridos.
- Las autoridades señalan el tráfico de drogas y el crimen organizado, mientras que defensores de los derechos de las personas presas también apuntan al hacinamiento y a las deficiencias de la gestión penitenciaria.
- Según algunas estimaciones, las cárceles de Sri Lanka albergan a unas cuatro veces más personas de las que están diseñadas para recibir.
- El Gobierno planea aprobar una ley de arresto domiciliario, pero se necesitan reformas más amplias para reducir la detención preventiva y mejorar la rendición de cuentas.
