Un salvavidas financiero basado en la coerción
La junta militar de Myanmar ha convertido los ingresos de sus trabajadores en el extranjero en la mayor fuente de divisas que entra al país. Los datos del Ministerio de Finanzas muestran que las remesas de los trabajadores alcanzaron los US$5.600 millones (S$7.100 millones) en 2025, alrededor del 38 % de todas las entradas de divisas. La cifra supone un aumento espectacular frente a los apenas US$670 millones de 2022, el año siguiente a la toma del poder por los militares en febrero de 2021. El incremento se debe directamente a las normas coercitivas promulgadas en 2024, que obligan a los trabajadores migrantes a canalizar el 25 % de sus ingresos a través de canales bancarios oficiales controlados por el Estado. Para un régimen escaso de divisas en medio de las sanciones internacionales y un conflicto civil prolongado, estas transferencias forzosas se han convertido en un mecanismo esencial para sobrevivir.
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La magnitud del aumento revela el grado de desesperación económica que afecta al Consejo de Administración del Estado, como se denomina la junta. La inflación ronda el 30 % y la inversión extranjera directa cayó a apenas US$83 millones en 2025, según los mismos datos. En comparación, las remesas superan ahora con creces a todas las demás fuentes legítimas de capital. El doctor Kaho Yu, analista principal para Asia de la empresa de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft, explicó que estas entradas brindan un apoyo crucial a un sistema bancario estrechamente controlado, sometido a una fuerte presión para estabilizar la liquidez en divisas. En la práctica, la política convierte la vulnerabilidad económica de millones de migrantes en una fuente directa de ingresos para las arcas del régimen.
Los funcionarios en Myanmar han presentado las normas sobre remesas como un esfuerzo por canalizar los fondos a través de sistemas bancarios formales y frenar las transferencias informales. Sostienen que ingresar el dinero en cuentas reguladas ayuda al banco central a gestionar los tipos de cambio y a garantizar reservas suficientes para importar productos esenciales. Sin embargo, con reservas de divisas que rondaban los US$8.500 millones en marzo de 2024, el colchón sigue siendo reducido para un país de unos 54 millones de habitantes. El banco central ha emitido más de 30 billones de kyats desde el golpe, diez veces más que en 2020, lo que ha desencadenado una inflación descontrolada y una caída del 80 % del valor de la moneda. En este contexto, la ganancia inesperada por las remesas parece menos una gestión financiera prudente que una extracción de emergencia.
El mecanismo de control
Para garantizar el cumplimiento, la junta ha creado un aparato de supervisión que se extiende más allá de las fronteras y alcanza la vida cotidiana de los trabajadores migrantes. El 30 de agosto de 2024 se creó un comité de 13 miembros, presidido por el general de brigada Win Myint Khaing, del Ministerio de Defensa, e integrado por funcionarios de los servicios de inteligencia militar, la Oficina del Jefe de Asuntos de Seguridad Militar, la rama especial de la policía y varios ministerios, entre ellos los de Finanzas, Asuntos Exteriores, Inmigración y Trabajo. Este organismo informa directamente al Comité de Supervisión de Divisas, que gestiona la estabilización del tipo de cambio y autoriza el gasto en moneda fuerte para importaciones esenciales como combustible, medicamentos, fertilizantes y materiales de construcción.
El mecanismo de control se basa en la presión burocrática. Los trabajadores migrantes que viajaron mediante los programas oficiales de Memorando de Entendimiento deben abrir cuentas conjuntas en bancos regulados por el régimen antes de salir del país y luego enviar el 25 % de sus ingresos cada mes o cada trimestre. Quienes no cumplen se exponen a restricciones para renovar sus pasaportes, lo que puede dejarlos atrapados en el extranjero sin estatus legal o impedirles volver a salir del país después de regresar. Se presiona a las agencias de empleo para que vigilen a sus clientes, y los representantes del régimen en los países de destino siguen activamente los flujos de remesas. En Tailandia, donde trabajan alrededor de 5 millones de migrantes de Myanmar, con o sin autorización, el Ministerio de Trabajo de la junta empezó a aplicar las normas en agosto de 2024. También se ha instado a las autoridades de Laos a animar a los trabajadores a usar canales formales.
Los trabajadores que se atrasan en los pagos se arriesgan a sufrir consecuencias que van más allá de su propia situación. Organizaciones de defensa de los derechos informan que se puede contactar a sus familias en Myanmar si dejan de recibir las transferencias, lo que crea un sistema de presión indirecta que convierte a los familiares en agentes de control.
El costo humano sobre el terreno
Para cada trabajador, la política se traduce en dificultades económicas inmediatas. Migrantes en Tailandia cuentan que les exigen enviar al menos 2.500 baht al mes, una cantidad que a veces supera el 25 % de su salario real. Muchos ganan el salario mínimo o apenas un poco más, por lo que casi no les queda dinero para otros gastos una vez descontadas las transferencias obligatorias y los impuestos. La carga aumentó cuando Myanmar modificó sus leyes tributarias en octubre de 2023 y revocó una exención del impuesto sobre la renta para los trabajadores en el extranjero, vigente desde 2012. Así, quedaron sujetos a una tasa fija del 2 % o a tasas escalonadas de entre el 10 % y el 25 % sobre sus ingresos en el extranjero. Como ya pagan impuestos sobre la renta en los países de acogida, el cambio equivale a una doble tributación para personas que reciben salarios modestos en fábricas, plantas de procesamiento de productos del mar y obras de construcción.
El señor Aung Thein Kyaw, un trabajador de fábrica de 31 años en Tailandia, dijo a una organización de derechos laborales que originalmente había salido de Myanmar para escapar del caos y la política tras el golpe. Sin embargo, terminó atrapado en un sistema que priva a los trabajadores de autonomía.
«Pero, lamentablemente, seguimos sujetos a reglas absurdas que podrían ayudarles a conseguir divisas. No tenemos otra opción que enviar dinero».
Myo Ko Oo, un trabajador de 29 años en una planta de procesamiento de productos del mar en Tailandia, describió cómo las remesas obligatorias agravan las dificultades existentes. Los días de enfermedad y la pérdida de horas extra hacen que sea difícil cubrir las necesidades básicas cuando una parte considerable de cada sueldo se desvía automáticamente.
«Nos cuesta llegar a fin de mes, sobre todo cuando tenemos que pedir una baja por enfermedad o no podemos hacer horas extra. Sería estupendo que nos permitieran administrar libremente el dinero que ganamos con tanto esfuerzo».
Bancos, tipos de cambio y vínculos militares
Una vez que las remesas ingresan en el sistema bancario formal, llegan a instituciones con vínculos documentados con los militares. Varios conglomerados privados que operan bancos mantienen estrechos lazos con el Tatmadaw, las fuerzas armadas de Myanmar. En 2019, investigadores de Naciones Unidas pidieron que se abrieran investigaciones penales contra dos de esos conglomerados por su contribución sustancial y directa a los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los rohinyás, acusaciones que el Gobierno ha negado. La misma misión de investigación concluyó que instituciones financieras privadas habían facilitado la adquisición de combustible de aviación y equipo militar, lo que sugiere que el sector bancario formal sirve a prioridades estratégicas de defensa que van más allá de la actividad comercial.
Las prácticas de conversión de divisas han añadido otra capa de extracción. Cuando las normas de remesas del 25 % entraron en vigor, los bancos presuntamente cambiaban dólares a tasas inferiores a las del mercado, apropiándose de valor de forma encubierta antes de que los fondos llegaran siquiera a las familias. Organizaciones de defensa de los derechos señalan que desde entonces las tasas de conversión se han acercado a las del mercado, lo que reduce las pérdidas directas de los migrantes, pero mantiene el control del régimen sobre las divisas. El tipo de cambio oficial lleva mucho tiempo alejado de la realidad. Mientras el banco central fija el valor del kyat en torno a 3.600 por dólar, en los mercados informales se cotiza cerca de 4.200. Esta diferencia hace que las redes hundi, los sistemas informales de transferencia prohibidos, resulten mucho más atractivos para quienes no están obligados a usar los canales oficiales. La Organización Internacional del Trabajo ha advertido que las políticas punitivas sobre las remesas pueden empujar a los trabajadores a la clandestinidad y llevarlos a recurrir a estos sistemas informales, lo que socavaría el objetivo declarado de formalizar las transferencias.
Con frecuencia, las agencias de empleo exigen a los migrantes firmar acuerdos que los comprometen a realizar transferencias periódicas antes de que reciban siquiera su primer sueldo en el extranjero, lo que los obliga a cumplir desde el momento en que parten.
El temor al reclutamiento forzoso agrava la crisis migratoria
La presión sobre las remesas se suma a un panorama migratorio ya precario, marcado por la reactivación de la ley de reclutamiento militar de Myanmar. En febrero de 2024, la junta empezó a aplicar la Ley del Servicio Militar Popular de 2010, que exige a los hombres de entre 18 y 35 años y a las mujeres de entre 18 y 27 cumplir dos años de servicio militar. El anuncio desencadenó un éxodo masivo de jóvenes que buscaban vías legales e irregulares para llegar a Tailandia, Malasia y otros países vecinos. Las oficinas de pasaportes quedaron desbordadas y las citas se agotaban con meses de anticipación, mientras intermediarios abusivos elevaban los precios de las solicitudes urgentes. Como medida adicional, el régimen suspendió en mayo de 2024 los permisos para que los ciudadanos varones trabajaran en el extranjero, con el objetivo explícito de impedir que los hombres en edad de reclutamiento escaparan del servicio.
Tailandia ha fortalecido involuntariamente el control de la junta sobre su diáspora. Una norma tailandesa de 2025 sobre la documentación laboral exige la aprobación del Gobierno de Myanmar para conceder permisos de trabajo, lo que en la práctica otorga a la embajada que representa a la junta en Bangkok poder de veto sobre quién puede seguir trabajando. Brahm Press, director del Programa de Asistencia a Migrantes, señaló que muchos migrantes evitaron registrarse precisamente porque temían represalias del Gobierno birmano, en particular quienes habían participado en el Movimiento de Desobediencia Civil o estaban vinculados a las Fuerzas de Defensa del Pueblo.
«La mayoría de las personas que optan por permanecer fuera del sistema lo hacen porque temen las represalias del Gobierno birmano, ya sea contra ellas o contra sus familias. Sobre todo quienes han huido del reclutamiento, y quienes formaron parte de las Fuerzas de Defensa del Pueblo o del Movimiento de Desobediencia Civil».
En distritos occidentales como Mae Sot, se esperaba que miles de trabajadores incumplieran los plazos de registro para proteger su identidad frente a un régimen que ha detenido a más de 21.000 presos políticos desde el golpe. Sin embargo, la situación indocumentada priva a los trabajadores de seguridad social, acceso a la atención médica, servicios bancarios y libertad de circulación dentro de Tailandia. Press advirtió que dejar a estas poblaciones sin documentación y con poco acceso a servicios formales, como la atención médica, puede provocar un aumento de la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades transmisibles. El Gobierno paralelo en el exilio de Myanmar, el Gobierno de Unidad Nacional, ha instado a Tailandia a poner fin al creciente control de la junta sobre sus trabajadores en el extranjero.
Implicaciones regionales y fragilidad económica
Aunque la junta presenta las normas sobre remesas como medidas del banco central para estabilizar los mercados de divisas, el panorama económico general sigue deteriorándose. El Banco Mundial informó que las remesas aumentaron un 46 % durante el año fiscal 2024-2025, hasta alcanzar los US$2.100 millones, lo que llevó la cuenta corriente a un superávit incluso cuando el comercio y la inversión se desplomaban. Esta aparente solidez estadística oculta un profundo deterioro. El aumento de la migración al extranjero, impulsado por la ruina económica y el temor al reclutamiento, está provocando escasez de mano de obra en el país y amenaza la confianza de los inversionistas a largo plazo. Yu, de Verisk Maplecroft, advirtió que esta escasez podría reducir aún más el atractivo del país para los inversionistas.
La dinámica internacional añade más complejidad. China ha aprovechado el aislamiento de Myanmar para impulsar proyectos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, incluido el puerto de Kyaukpyu, de importancia estratégica, en el estado de Rakáin, mientras Pekín suministra armas y respaldo diplomático en Naciones Unidas. Washington ha impuesto sanciones selectivas, entre ellas medidas contra el Banco de Comercio Exterior de Myanmar en 2023, pero el régimen se adaptó al trasladar sus transacciones al Banco Económico de Myanmar. Analistas del Instituto Lowy sostienen que Washington dispone de herramientas económicas poco utilizadas, como designar al banco central como entidad sancionada y transferir activos congelados al Gobierno paralelo de Unidad Nacional, que podrían cambiar el rumbo financiero del conflicto. La Reserva Federal de Nueva York mantiene actualmente más de US$1.000 millones en activos congelados pertenecientes al banco central de Myanmar. Algunos expertos han propuesto transferir al Gobierno de Unidad Nacional los intereses generados por esos fondos, siguiendo un enfoque similar al aplicado con los activos rusos para apoyar a Ucrania. Para los migrantes comunes, sin embargo, los cálculos geopolíticos siguen siendo abstracciones lejanas, eclipsadas por la realidad inmediata de las transferencias obligatorias y las exigencias fiscales.
Lo que debe saber
- La junta de Myanmar recaudó US$5.600 millones en remesas durante 2025, alrededor del 38 % de todas las entradas de divisas y ocho veces más que en 2022.
- Una norma de 2024 obliga a los trabajadores migrantes a enviar el 25 % de sus salarios a través de bancos regulados por el régimen. El incumplimiento puede impedir la renovación del pasaporte y dar lugar a restricciones de viaje.
- En agosto de 2024, las autoridades crearon un comité de supervisión de 13 miembros, dirigido por militares, para aplicar la política de remesas y presionar a las agencias de empleo.
- Los trabajadores afrontan una doble tributación tras una reforma fiscal de 2023 que revocó las exenciones sobre los ingresos obtenidos en el extranjero. Ahora se les aplican tasas de entre el 2 % y el 25 %, además de los impuestos del país de acogida.
- Organizaciones de defensa de los derechos y la Organización Internacional del Trabajo advierten que vincular las remesas a la validez del pasaporte puede vulnerar la libertad de circulación y empujar a los trabajadores hacia redes informales de transferencia prohibidas.
- El requisito tailandés de documentación laboral de 2025 otorga a la embajada de Myanmar supervisión sobre los permisos de trabajo de los migrantes, lo que aumenta el temor al reclutamiento forzoso y a la persecución política.
