El arresto que conmocionó a Silicon Valley
El 19 de marzo de 2026, agentes federales arrestaron en su casa de California a Wally Liaw, cofundador de Supermicro, de 71 años. El Departamento de Justicia hizo pública una acusación formal en la que se alega que Liaw había orquestado la mayor violación de los controles de exportación en la historia de Estados Unidos, al desviar servidores de inteligencia artificial por un valor estimado de US$2.500 millones a compradores chinos, en incumplimiento de las estrictas sanciones estadounidenses. El arresto sacudió Silicon Valley y borró más de US$6.000 millones del valor de mercado de las acciones de Supermicro en cuestión de horas, cuando estas se desplomaron un 33% en una sola jornada bursátil.
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Los cargos contra Liaw, quien se desempeñaba como vicepresidente sénior de desarrollo de negocios y era miembro del consejo de administración de la empresa, representan una caída estrepitosa para el empresario que ayudó a convertir a Supermicro, una empresa emergente de San José, en un gigante mundial de la fabricación de servidores. Según los fiscales federales, Liaw trabajó con dos cómplices, Ruei-Tsang Chang, gerente de ventas radicado en Taiwán, y Ting-Wei Sun, un contratista, para canalizar GPU de Nvidia sujetas a restricciones a través de una empresa intermediaria no identificada del sudeste asiático, entre 2024 y principios de 2026. Aunque Supermicro no fue nombrada como acusada, la empresa reconoció que el presunto plan involucró a sus empleados y que había suspendido a Liaw y Chang mientras daba por terminada su relación con Sun.
El caso deja al descubierto vulnerabilidades críticas en la aplicación de los controles de exportación concebidos para impedir que la tecnología estadounidense avanzada refuerce las capacidades militares de China. A medida que la inteligencia artificial influye cada vez más en la guerra moderna, los sistemas de armas autónomas y la infraestructura de vigilancia, el Gobierno de Estados Unidos ha endurecido las restricciones a la venta de chips de alto rendimiento a China. Sin embargo, la acusación contra Supermicro revela la facilidad con que se eludieron estos controles durante casi dos años, mediante una combinación de empresas pantalla, documentación falsificada y engaños físicos audaces.
La acusación llega en un momento de crecientes tensiones en la rivalidad tecnológica entre Washington y Pekín. Funcionarios estadounidenses han advertido reiteradamente que los semiconductores avanzados son un activo estratégico que podría determinar la superioridad militar en las próximas décadas. El hecho de que miles de millones de dólares en esta tecnología llegaran sin control a China a través de lo que los fiscales describen como una intrincada red de mentiras plantea preguntas urgentes sobre la eficacia de los mecanismos de aplicación actuales y sobre si las agencias reguladoras han aprendido de precedentes históricos que se remontan a casi tres décadas.
Los mecanismos del engaño
Los fiscales federales describen una operación que combinaba una logística sofisticada con un engaño sorprendentemente rudimentario. En el centro del plan estaba una empresa no identificada del sudeste asiático, denominada «Company-1» en los documentos judiciales, que servía como intermediaria clave para la tecnología restringida. La empresa, constituida fuera de China y presuntamente propiedad de ciudadanos no chinos, hacía pedidos a Supermicro de servidores equipados con los chips de inteligencia artificial más avanzados de Nvidia, incluidas las GPU B200 y H200. Estos procesadores están sujetos a estrictos controles de exportación por sus posibles aplicaciones en el desarrollo de armas avanzadas y la vigilancia a gran escala.
Los servidores se ensamblaban en Estados Unidos y se enviaban a las instalaciones de Company-1, donde sus directivos presuntamente se coordinaban con el equipo de Liaw para preparar documentación falsa que indicaba que los equipos permanecerían en el sudeste asiático. En cambio, los trabajadores volvían a empaquetar el hardware en cajas sin marcas y lo enviaban a su destino final en China. Para evitar ser detectados durante las auditorías de cumplimiento, los conspiradores montaron una elaborada puesta en escena con miles de servidores ficticios: réplicas físicas no funcionales diseñadas para imitar la apariencia de los equipos auténticos.
Las cámaras de vigilancia grabaron a los acusados preparando estas réplicas en almacenes, usando un secador de pelo para despegar las etiquetas con números de serie de cajas de servidores auténticos y colocarlas en las unidades ficticias. Después, volvieron a empaquetar los servidores falsos en cajas originales del fabricante para presentarlos a los auditores. Durante una inspección de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio en diciembre de 2025, el contratista Ting-Wei Sun presuntamente se presentó como «Michael» y afirmó trabajar para el bufete que representaba a Company-1, mientras respondía a las preguntas de los agentes federales.
La escala de la operación era asombrosa. Solo entre finales de abril y mediados de mayo de 2025, los acusados presuntamente enviaron a China servidores por un valor de US$510 millones. Los mensajes de texto recuperados por los investigadores revelan la urgencia de Liaw, quien presionaba a sus colaboradores para acelerar las entregas antes de que entraran en vigor nuevas restricciones en mayo de 2025. «¡Tenemos que acelerar esto antes del 13 de mayo!», escribió en enero de 2025. Más tarde añadió: «Podemos enviar las 512 unidades B200 para febrero. ¡Apurémonos antes del 13 de mayo!». Cuando en agosto de 2025 aparecieron noticias sobre otros arrestos por contrabando, Liaw respondió con una serie de emojis de caras llorando antes de seguir coordinando los envíos.
El fiscal federal Jay Clayton, del Distrito Sur de Nueva York, describió la operación como un esfuerzo sistemático para socavar la legislación estadounidense.
Lo hicieron mediante una intrincada red de mentiras, ocultamientos y encubrimientos, todo para impulsar las ventas y generar ingresos en violación de la legislación estadounidense. Los planes de desvío como los que se desmantelaron hoy generan miles de millones de dólares en ganancias ilícitas y representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos.
La audacia del engaño sugiere que los responsables calcularon que la aplicación de los controles de exportación carecía de recursos o de la persistencia institucional necesaria para detectar este tipo de planes. Incluso después de que el equipo interno de cumplimiento de Supermicro iniciara una auditoría a finales de 2024, Chang presuntamente organizó que un auditor colaborador realizara las inspecciones mientras los directivos de Company-1 entretenían fuera de las instalaciones al responsable de cumplimiento. Durante una auditoría en agosto de 2025, presuntamente mantuvieron ocupado al responsable con actividades de entretenimiento mientras presentaban los servidores ficticios para su verificación.
El vínculo con el sudeste asiático
La estructura geográfica de la red de contrabando evoca inquietantes paralelismos con las tácticas de espionaje documentadas hace casi treinta años. Durante las investigaciones de Chinagate de 1996, la Comisión de Asuntos Gubernamentales del Senado documentó cómo las agencias de inteligencia chinas utilizaban intereses comerciales del sudeste asiático como intermediarios para canalizar fondos extranjeros hacia la política estadounidense. Una de las principales entidades investigadas fue el Grupo Lippo, un conglomerado indonesio dirigido por la familia Riady, que mantenía estrechos vínculos financieros con bancos estatales chinos y con China Resources, una entidad que los servicios de inteligencia estadounidenses identificaban como pantalla para operaciones militares chinas.
El informe del Senado de 1998 concluyó que las organizaciones chinas de inteligencia y las fuerzas armadas recurrían cada vez más a empresas y particulares como intermediarios. El valor estratégico de estos acuerdos radicaba precisamente en que las empresas estaban ubicadas fuera del territorio soberano chino, lo que permitía una negación plausible y, al mismo tiempo, posibilitaba que Pekín proyectara su influencia financiera a través de intermediarios que parecían legalmente independientes del control estatal.
La empresa no identificada del sudeste asiático de este caso presenta notables similitudes con el modelo del Grupo Lippo. Aunque funcionarios del Departamento de Justicia no han confirmado la identidad de Company-1, la empresa informática Megaspeed, con sede en Singapur, está siendo investigada por el Departamento de Comercio por infracciones similares de transbordo. Al igual que el Grupo Lippo antes que ella, Megaspeed está constituida fuera de China y es propiedad de ciudadanos singapurenses. Sin embargo, según informaciones, opera como filial de 7Road International, una empresa china de videojuegos respaldada por inversionistas vinculados al Estado. El senador Tom Cotton ha calificado públicamente a Megaspeed de filial del Gobierno chino.
La empresa creció rápidamente hasta convertirse en el mayor comprador de chips de Nvidia en el sudeste asiático, lo que plantea las mismas preguntas que terminaron implicando a la familia Riady: ¿Quién controla realmente esta entidad y a qué intereses sirve? El patrón sugiere una resurrección deliberada de tácticas ya probadas, aprovechando las mismas brechas jurisdiccionales que el Congreso identificó a finales de la década de 1990.
El historial de infracciones de los controles de exportación de Supermicro
El escándalo actual no es el primer caso en que Supermicro se enfrenta a una infracción de los controles de exportación, un historial que hace especialmente preocupantes las fallas recientes. En 2006, la empresa se declaró culpable ante un tribunal federal de exportar ilegalmente equipos informáticos a Irán entre septiembre de 2001 y marzo de 2003, y pagó US$150.000 en multas penales al Departamento de Justicia. En acuerdos civiles paralelos, Supermicro pagó US$125.400 a la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio y otros US$179.327 a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro por infracciones de la normativa sobre transacciones con Irán.
El método utilizado en aquel caso, hace veinte años, refleja con inquietante precisión las acusaciones actuales. Según los documentos de acusación de 2006, Supermicro exportó servidores, placas base y carcasas desde Estados Unidos a través de Emiratos Árabes Unidos, utilizando a un distribuidor radicado en Dubái como intermediario para llegar a usuarios finales iraníes. La empresa presentó declaraciones de exportación falsas al Gobierno estadounidense, afirmando que no se necesitaba una licencia cuando, en realidad, el destino final era un país sancionado.
Los registros judiciales de 2006 indican que el director sénior de ventas estratégicas de Supermicro sabía, o tenía motivos para saber, que existía un embargo sobre las ventas a Irán. Pese a ese conocimiento institucional, la empresa llegó a un acuerdo para cerrar el caso, puso en marcha un programa interno de control de exportaciones y siguió operando bajo la dirección de ejecutivos que permanecieron en la compañía. Howard Hideshima, director financiero entre 2006 y 2018 que aprobó los acuerdos sobre Irán, dejó posteriormente la empresa tras los cargos presentados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por irregularidades contables en 2020.
El propio Liaw dejó Supermicro tras un escándalo contable en 2018 que provocó que la empresa fuera excluida del Nasdaq. Regresó como asesor en 2021 y retomó un puesto ejecutivo a tiempo completo en 2022. Su reincorporación al consejo de administración en diciembre de 2023 lo puso en posición de dirigir precisamente el cumplimiento de los controles de exportación que antes había infringido. El memorando de sentencia del caso de Irán de 2006 señalaba que las multas bastarían para disuadir a otras empresas de cometer delitos similares. Sin embargo, las acusaciones actuales sugieren que esa disuasión no impidió la repetición de una infracción con tácticas idénticas.
Los casos paralelos, separados por dos décadas pero unidos por el mismo método, apuntan a una falla de la memoria corporativa y de la supervisión regulatoria. Cuando las empresas reciben sanciones financieras relativamente modestas por infracciones que generan millones en ingresos, el cálculo suele favorecer la asunción de riesgos en lugar del cumplimiento, sobre todo cuando la probabilidad de detección parece incierta.
Usuarios finales militares
Quizá el aspecto más alarmante del plan de contrabando sea el destino final de la tecnología. Los datos sobre adquisiciones examinados por Reuters revelan que cuatro universidades chinas compraron en el último año servidores de Supermicro con chips de inteligencia artificial restringidos; dos de esas instituciones tienen vínculos directos con el Ejército Popular de Liberación. Estas instituciones académicas son un canal clave para la transferencia de tecnología, ya que la investigación china en defensa depende cada vez más de las alianzas entre organizaciones militares y universidades civiles.
Entre los compradores identificados destaca la Universidad de Beihang, una de las Siete Universidades de Defensa Nacional de China, un grupo de instituciones que desempeñan un papel central en la investigación aeroespacial, de tecnología de misiles y de defensa. Un aviso de contratación pública de Beihang del 16 de marzo de 2026 indica que la universidad adquirió una estación de trabajo para aprendizaje automático basada en un sistema de Supermicro con cuatro chips Nvidia A100, procesadores cuya venta a China está expresamente prohibida desde 2022. De manera similar, el Instituto de Tecnología de Harbin, también integrante de las Siete Universidades y vinculado a programas de satélites, robótica y misiles, adquirió un sistema de Supermicro con ocho chips Nvidia A100, según un aviso de julio de 2025.
Ambas universidades figuran en listas negras de exportación de Estados Unidos, lo que en teoría debería impedir que las empresas estadounidenses obtengan licencias para suministrarles productos. El hecho de que, pese a ello, adquirieran hardware restringido mediante el plan de desvío de Supermicro ilustra cómo la evasión de sanciones socava los objetivos concretos de la política de seguridad nacional estadounidense. Otros documentos de licitaciones revelan que al menos otras dos universidades vinculadas al ámbito militar intentaron realizar compras similares durante 2025, aunque no está claro si llegaron a concretarse.
Las consecuencias van más allá de la investigación académica. Jacob Feldgoise, analista sénior de datos de investigación del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown, señala que la capacidad de cómputo avanzada para inteligencia artificial puede ayudar a mejorar el diseño y las pruebas de armas, la planificación y la logística militar, los sistemas de armas autónomas o la vigilancia en China. Mientras el país desarrolla aplicaciones militares de inteligencia artificial cada vez más sofisticadas, incluidos drones de combate autónomos y sistemas de mantenimiento predictivo para flotas navales, el acceso a chips diseñados en Estados Unidos le proporciona capacidades que la fabricación nacional de semiconductores aún no puede igualar.
La Comisión Selecta de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino ha calificado este tipo de contrabando como una amenaza generalizada para la seguridad estadounidense. Su presidente, John Moolenaar, señaló en una reciente comparecencia que las empresas chinas están dispuestas a comprar lo que puedan y robar lo que no puedan para impulsar sus ambiciones en inteligencia artificial. También construyen centros de supercomputación de miles de millones de dólares en Malasia y acceden a ellos de forma remota, al tiempo que participan directamente en el contrabando de chips.
Alteraciones del mercado
La ofensiva penal provocó conmociones económicas inmediatas en el mercado mundial de semiconductores y alteró profundamente la dinámica de suministro de hardware avanzado de inteligencia artificial en China. Tras el arresto de Liaw en marzo de 2026, los precios en el mercado gris chino de los servidores B300 de Nvidia, que contienen ocho GPU B300 y se cuentan entre los sistemas más potentes para tareas de inferencia de inteligencia artificial, casi se duplicaron. Según fuentes del sector, ahora alcanzan unos 7 millones de yuanes, aproximadamente US$1 millón por unidad, frente a US$550.000 en Estados Unidos.
El aumento de precios refleja una prima por escasez provocada por la repentina reducción de los canales de suministro del mercado negro. Antes de la acusación, las empresas tecnológicas chinas dependían en gran medida del transbordo a través del sudeste asiático para acceder a hardware que no podían comprar directamente debido a las restricciones de exportación. El caso de Supermicro dejó al descubierto los detalles operativos de esta ruta, lo que llevó a intermediarios y proveedores de logística a limitar sus actividades ante el fuerte aumento de los riesgos de aplicación de la ley.
Las empresas chinas de inteligencia artificial se enfrentan ahora a un delicado equilibrio. Aunque Pekín desaconseja oficialmente la compra de chips estadounidenses y promueve alternativas nacionales como las de Huawei, la demanda de hardware de Nvidia sigue siendo insaciable. Según una investigación de Morgan Stanley, en marzo de 2026 los modelos chinos de inteligencia artificial casi triplicaron su participación en el uso mundial de tokens, hasta alcanzar el 32%, frente al 5% del año anterior, lo que impulsó una demanda sin precedentes de hardware capaz de ejecutar tareas de inferencia. Empresas como MiniMax, Zhipu y Qwen, de Alibaba, informaron de aumentos de entre seis y siete veces en el uso de tokens entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.
Para muchas empresas chinas, el riesgo de mantener directamente en sus balances hardware restringido se ha vuelto insostenible, lo que las lleva a optar por acuerdos de alquiler que pueden costar hasta 190.000 yuanes al mes en contratos de un año. Sin embargo, estos precios también podrían resultar insostenibles a medida que se reduzca aún más la oferta. El reciente requisito de la administración Trump de que Nvidia entregue al Gobierno estadounidense el 15% de los ingresos por ventas autorizadas a China, sumado a las demoras persistentes en la aprobación de envíos de H200 pese a que en teoría están autorizados, ha creado un entorno de enorme incertidumbre.
Nvidia afirma que no respalda los sistemas desviados y advierte que el desvío ilegal está condenado al fracaso a medida que los sistemas se vuelven más complejos. No obstante, la empresa conserva una cuota de mercado estimada del 55% en el sector de chips de inteligencia artificial de China, un dominio que persiste pese a las prohibiciones legales sobre sus productos más avanzados.
La investigación se amplía
Supermicro afronta ahora una crisis compleja que va mucho más allá de los cargos penales contra sus antiguos ejecutivos. La empresa inició una investigación independiente dirigida por los miembros de su consejo de administración Scott Angel y Tally Liu. Para revisar su Programa Global de Cumplimiento Comercial, contrató asesoría externa del bufete Munger, Tolles and Olson y de la consultora AlixPartners. Al mismo tiempo, se han presentado varias demandas colectivas relacionadas con valores, que abarcan el período del 30 de abril de 2024 al 19 de marzo de 2026, y fijan el 26 de mayo de 2026 como fecha límite para que los inversionistas soliciten ser demandantes principales.
El daño a la reputación ya se ha traducido en pérdidas comerciales concretas. A finales de abril de 2026, Oracle presuntamente canceló un pedido de entre 300 y 400 racks de servidores Nvidia GB300 NVL72, valorado entre US$1.100 millones y US$1.400 millones, una decisión que los analistas atribuyen directamente a la presión derivada de la investigación del Departamento de Justicia. Además, informes de la cadena de suministro indican que xAI trasladó sus negocios a los competidores Dell y Hewlett Packard Enterprise, dejando a Supermicro con un excedente de GPU B200.
En Washington, los legisladores buscan cerrar las brechas regulatorias que dejó al descubierto el escándalo. La Ley de Alineación Multilateral de Controles Tecnológicos sobre Hardware (MATCH), promovida por la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en abril de 2026, exigiría que aliados como Países Bajos y Japón alinearan con las normas estadounidenses sus restricciones a los equipos para la fabricación de semiconductores. Esto pondría fin a las ventas restantes de ASML a China y prohibiría el mantenimiento de máquinas ya instaladas, lo que limitaría aún más la capacidad china de producir chips.
Para los acusados, las consecuencias legales son graves. Liaw y Sun se han declarado inocentes de cargos que incluyen conspiración para violar la Ley de Reforma de los Controles de Exportación, delito que conlleva una pena máxima de 20 años, además de otros cargos por contrabando y conspiración para defraudar a Estados Unidos. Chang sigue prófugo. Aún no está claro si los procesos servirán como elemento disuasorio, algo que el caso de Irán de 2006 no logró, mientras se intensifica la carrera armamentística en inteligencia artificial entre Washington y Pekín.
Puntos clave
- Wally Liaw, cofundador de Supermicro, fue arrestado el 19 de marzo de 2026 por presuntamente desviar a China servidores de inteligencia artificial por un valor de US$2.500 millones
- El plan utilizó una empresa no identificada del sudeste asiático para transbordar chips restringidos de Nvidia y eludir la detección durante casi dos años
- Los acusados presuntamente usaron servidores ficticios y secadores de pelo para intercambiar etiquetas con números de serie durante auditorías gubernamentales
- Entre los usuarios finales había universidades chinas con vínculos directos con el Ejército Popular de Liberación y la investigación en defensa
- Supermicro ya se había declarado culpable de infracciones similares de los controles de exportación relacionadas con Irán en 2006, mediante un método de transbordo idéntico
- El escándalo provocó una caída del 33% en las acciones de Supermicro en un día y duplicó a US$1 millón por unidad los precios de los servidores Nvidia B300 en el mercado gris de China
- El Congreso impulsa ahora la Ley MATCH para endurecer los controles multilaterales de exportación de equipos para la fabricación de semiconductores
