El Parlamento aprueba una polémica legislación en medio de indignación
El Parlamento de India aprobó el 25 de marzo el Proyecto de Enmienda de 2026 a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Transgénero, lo que provocó protestas inmediatas en varias ciudades y duras críticas de partidos de oposición, organizaciones de derechos humanos y la propia comunidad transgénero. La legislación, que busca modificar la Ley de Personas Transgénero de 2019, ahora espera la aprobación del presidente para convertirse en ley. El Gobierno sostiene que los cambios agilizarán las prestaciones sociales y evitarán la explotación, pero sus críticos afirman que el proyecto elimina derechos fundamentales reconocidos por la Corte Suprema en 2014 y amenaza con borrar de los registros oficiales a miles de personas transgénero reconocidas legalmente.
Contenido
- El Parlamento aprueba una polémica legislación en medio de indignación
- Un retroceso de una década de avances
- El examen médico sustituye a la autodeterminación
- Se reduce quiénes cuentan como personas transgénero
- La arquitectura del borrado
- Estallan protestas en todo el país
- La criminalización del apoyo comunitario
- El Gobierno defiende su enfoque restrictivo
- Una tendencia mundial de retroceso en los derechos
- Puntos clave
Un retroceso de una década de avances
La polémica actual representa un cambio drástico respecto del marco jurídico establecido hace poco más de una década. En abril de 2014, la Corte Suprema de India emitió un fallo histórico en el caso Autoridad Nacional de Servicios Jurídicos contra la Unión de India, conocido comúnmente como el fallo NALSA. El tribunal, integrado por dos jueces, reconoció a las personas transgénero como un «tercer género» y afirmó que el derecho a la autoidentificación de género está amparado por el artículo 21 de la Constitución, que garantiza la libertad personal.
El juez K.S. Radhakrishnan, autor del fallo en nombre del tribunal, rechazó explícitamente lo que denominó la «prueba biológica» para determinar el género. El fallo señaló que «la identidad de género es parte integral de la dignidad de una persona» y declaró que «insistir en que una persona se someta a una cirugía de reasignación sexual para declarar su género es inmoral e ilegal». El tribunal ordenó a los Gobiernos central y estatales que reconocieran legalmente el género autoidentificado sin exigir procedimientos médicos.
El Parlamento respondió con la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Transgénero de 2019. Aunque activistas también criticaron varias disposiciones de esa ley, esta consagró el principio fundamental de que la identidad de género es autopercibida y desvinculó el reconocimiento legal de los requisitos quirúrgicos. El proyecto de enmienda de 2026 busca ahora revertir estas protecciones constitucionales.
El examen médico sustituye a la autodeterminación
El cambio más importante que propone el nuevo proyecto de ley se refiere al proceso para obtener reconocimiento legal. En virtud de la ley de 2019, los magistrados de distrito emitían certificados de identidad basados en una declaración personal. El proyecto de 2026 elimina por completo este derecho a la «identidad de género autopercibida» y lo sustituye por un proceso obligatorio de evaluación médica en dos etapas.
En primer lugar, los solicitantes deben obtener una certificación de una junta médica encabezada por un director médico o un subdirector médico. Estas juntas evaluarán si las personas cumplen criterios biológicos específicos, entre ellos los patrones cromosómicos, el desarrollo de las gónadas, la producción hormonal o las características sexuales primarias. Tras esta autorización médica, los magistrados de distrito conservarán la facultad discrecional de solicitar evaluaciones adicionales a «otros expertos médicos» antes de emitir los certificados.
Activistas describen esta medida como la institucionalización de la humillación. Grace Banu, destacada activista por los derechos de las personas transgénero, habló con profunda emoción en una audiencia pública en Delhi.
Personas desconocidas examinando nuestros cuerpos, exigiendo pruebas de quiénes somos, nuestra privacidad hecha añicos, nuestra dignidad aplastada. ¿Quién le dio a alguien el derecho a decidir mi género por mí?
Se reduce quiénes cuentan como personas transgénero
La enmienda reduce drásticamente la definición legal de «persona transgénero». Mientras que la ley de 2019 incluía categorías amplias que abarcaban a hombres trans, mujeres trans, personas de género no conforme y personas intersexuales, el nuevo proyecto de ley limita el reconocimiento a identidades socioculturales específicas, como kinner, hijra, aravani, jogta y eunuco, además de personas con determinadas «variaciones congénitas» de las características sexuales.
Esta definición excluye explícitamente a las «personas con distintas orientaciones sexuales e identidades sexuales autopercibidas». Para miles de hombres trans y mujeres trans que no pertenecen a las comunidades tradicionales hijra o kinner, esto crea un vacío legal. Rituparna Neog, integrante del Consejo Nacional para las Personas Transgénero que dimitió en señal de protesta, señaló que la lista no incluye identidades regionales del noreste, como Nupi Maanba y Nupi Maanbi, de Manipur.
¿Significa esto que en el noreste no existimos dentro del marco sociocultural? ¿Significa que se borrará a todas las personas trans del noreste?
El proyecto de ley también elimina la categoría jurídica independiente de las personas intersexuales y las incorpora a un marco medicalizado de «variaciones congénitas», que implica que son condiciones que deben corregirse. La activista intersexual Daniella Mendonca cuestionó este enfoque.
Una variación congénita significa algo que puede corregirse. Pero ¿y si no quiero que me corrijan? ¿Me lo van a impedir?
La arquitectura del borrado
Quizá la disposición más alarmante desde el punto de vista constitucional aparece en una breve cláusula de siete palabras. El proyecto de ley establece que la categoría de persona transgénero «no incluirá, ni habrá incluido nunca» a personas con identidades autopercibidas. Este lenguaje retroactivo pretende remontarse en el tiempo y deslegitimar las identidades legales de miles de personas que obtuvieron reconocimiento en virtud de la ley de 2019.
Desde 2019, el Gobierno ha emitido más de 32.000 certificados para personas transgénero. El proyecto de ley no incluye disposiciones transitorias que expliquen qué ocurrirá con los certificados existentes. Simplemente declara que esas personas nunca fueron quienes afirmaban ser.
Además, el proyecto de ley exige que todas las instituciones médicas que realicen cirugías de afirmación de género «proporcionen los datos de dicha persona al magistrado de distrito correspondiente». Esto crea un sistema de notificación obligatoria que, según sus críticos, vulnera las protecciones de la privacidad informativa establecidas por la Corte Suprema en el fallo Puttaswamy de 2017. La Corte Suprema sostuvo que la privacidad incluye el derecho a impedir que se difunda información personal sin consentimiento.
Estallan protestas en todo el país
A las pocas horas de la presentación del proyecto de ley, el 13 de marzo, comenzaron a organizarse protestas coordinadas en ciudades de toda India. Hubo manifestaciones en Delhi, Mumbai, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Kolkata, Pune, Goa y Bhubaneswar, entre otros lugares. Organizaciones estudiantiles, grupos de la sociedad civil y colectivos LGBTQ organizaron ruedas de prensa, manifestaciones callejeras y campañas de firmas.
Dos integrantes del Consejo Nacional para las Personas Transgénero, un órgano establecido por ley, dimitieron inmediatamente después de la aprobación del proyecto. Kalki Subramaniam, representante de la región sur, escribió en su carta de renuncia al ministro de Justicia Social, Virendra Kumar:
Como representante establecido por ley, mi principal mandato es asesorar al Gobierno sobre la legislación que afecta nuestras vidas. La decisión de impulsar este proyecto de ley sin consultarme formalmente a mí ni a otros representantes de la comunidad socava el propósito mismo para el que se creó este Consejo.
Rituparna Neog, representante del noreste, presentó una renuncia similar. «Desde el Consejo Nacional para las Personas Transgénero, algunos intentamos comunicarnos con usted como voz de la comunidad y sentimos que no se nos escuchó», escribió.
Los partidos políticos de oposición se sumaron a las protestas. Rahul Gandhi, dirigente del Partido del Congreso, calificó el proyecto de ley de «ataque descarado» contra los derechos de las personas transgénero. Manoj Kumar Jha, diputado del RJD, afirmó que el proyecto debía «tirarse a la basura». Durante el debate parlamentario, la diputada del Partido del Congreso Renuka Chowdhury planteó una pregunta incisiva: «Si a hombres y mujeres nadie nos pide que demostremos nuestro género ante una junta médica, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar la identidad de las personas trans?»
La criminalización del apoyo comunitario
El proyecto de ley introduce nuevos delitos penales que pueden castigarse con hasta cadena perpetua, basados en la premisa de que la identidad transgénero suele ser impuesta y no autodeterminada. Las disposiciones penalizan «obligar» a menores a «presentarse externamente con una identidad transgénero» y establecen penas severas para quien sea acusado de imponer a otras personas una identidad transgénero mediante «mutilación, emasculación, castración, amputación o cualquier procedimiento quirúrgico, químico u hormonal».
El Gobierno presenta estas disposiciones como una protección contra la explotación, pero activistas sostienen que criminalizan precisamente las redes de apoyo que sostienen a las comunidades transgénero. Muchas personas transgénero son abandonadas por sus familias biológicas y sobreviven gracias a familias elegidas, organizadores comunitarios y las tradicionales jamaats hijra. En virtud de la nueva ley, cualquier persona que ayude a un joven a explorar su identidad de género podría ser procesada.
Kanmani, defensora de las personas trans e intersexuales, advirtió sobre las consecuencias.
Están empoderando a todos los padres y a todas las familias que quieren someter a una persona trans a la violencia para que también sometan a quienes la apoyan. Todas las ONG y todas las jamaats Hijra Aravani se enfrentarán a esta amenaza.
Este enfoque recuerda a la Ley de Tribus Criminales de 1871, de la época colonial, que criminalizaba a comunidades enteras, incluidos los eunucos, a quienes se presumía secuestradores. En el fallo NALSA de 2014, la Corte Suprema calificó esta ley de «legislación brutal, inspirada en una mentalidad despiadada y salvaje».
El Gobierno defiende su enfoque restrictivo
El ministro de Justicia Social, Virendra Kumar, ha defendido las enmiendas y sostiene que la definición vigente de «transgénero» era demasiado vaga y podía prestarse a abusos. Afirma que los cambios son necesarios para garantizar que las prestaciones sociales lleguen solo a quienes realmente necesitan protección y sufren discriminación «extrema y opresiva» debido a condiciones biológicas.
La exposición de motivos del proyecto de ley señala: «La protección y las prestaciones contempladas en la Ley son amplias. Es necesario velar por que este reconocimiento no pueda ampliarse sobre la base de características adquiribles, elecciones personales o la identidad autopercibida que reivindique una persona».
Según informes, durante una reunión celebrada el 22 de marzo, funcionarios del Gobierno dijeron a integrantes de la comunidad que protestaban que no podían tener en cuenta sus sugerencias porque quedaban fuera del ámbito del proyecto de ley. Al parecer, altos funcionarios del ministerio dijeron a integrantes del Consejo Nacional que «no había necesidad de consultarlos» sobre la legislación.
Una tendencia mundial de retroceso en los derechos
La legislación india surge en un contexto internacional más amplio de erosión de los derechos de las personas transgénero. El Índice de Derechos Trans de 2025 de la Asociación Transgénero Europea registró el primer año en sus trece años de historia en que se perdieron más derechos en todo el mundo de los que se ganaron. Hungría modificó su Constitución para reconocer solo dos géneros. En 2025, la Corte Suprema del Reino Unido dictaminó que, a efectos de la legislación sobre igualdad, el sexo significa sexo biológico. En Estados Unidos, el Rastreador de Legislación Transgénero registró 740 proyectos de ley contra las personas transgénero en consideración en 42 estados solo en 2026.
Los críticos señalan que el proyecto de ley indio comparte el marco ideológico de estas tendencias mundiales: sustituye la autodeterminación por la verificación estatal y médica, invoca la protección contra la explotación para justificar la vigilancia y sostiene que la identidad trans es adquirida y no intrínseca.
Puntos clave
- El Parlamento aprobó el Proyecto de Enmienda de 2026 a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Transgénero el 25 de marzo; ahora espera la aprobación del presidente
- El proyecto de ley elimina el derecho a la autoidentificación de género reconocido por la Corte Suprema en el fallo NALSA de 2014
- Las juntas médicas deberán certificar la identidad transgénero con base en criterios biológicos, incluidos los cromosomas y los genitales
- La definición se limita a identidades tradicionales específicas (hijra, kinner, aravani y jogta) y excluye a muchos hombres trans, mujeres trans y personas no binarias
- Una cláusula retroactiva amenaza con invalidar más de 32.000 certificados para personas transgénero emitidos desde 2019
- Dos integrantes del Consejo Nacional para las Personas Transgénero dimitieron en señal de protesta por la falta de consultas
- Hubo protestas en todo el país, en Delhi, Mumbai, Chennai, Bengaluru, Hyderabad y otras ciudades
- Partidos de oposición, entre ellos el Partido del Congreso, el RJD, el DMK y el TMC, exigieron que se retirara el proyecto de ley o se remitiera a una comisión
- Las nuevas disposiciones penales podrían afectar a las redes de apoyo comunitario y a las familias elegidas
- Activistas preparan impugnaciones judiciales por presuntas vulneraciones de los derechos constitucionales a la privacidad, la dignidad y la igualdad
