Traicionados por los agentes: cómo funcionan las estafas
Mary creía que había conseguido un puesto en un salón de belleza en Singapur. La mujer, de Myanmar, pagó más de S$5.800 en comisiones a una agencia por esa promesa, una suma enorme que representaba años de ahorros o una deuda. Al llegar, su agente le informó que el salón estaba cerrado temporalmente. En su lugar, la enviaron a un local de masajes donde la obligaron a prestar servicios ilícitos. Cuando se negó a realizar actos sexuales para un cliente, su empleador la despidió de inmediato.
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Este patrón de engaño es cada vez más conocido para las organizaciones de ayuda de Singapur. La Organización Humanitaria para la Economía de la Migración (HOME) y Transient Workers Count Too (TWC2) han documentado un marcado aumento de ciudadanos de Myanmar que buscan ayuda. Los registros de TWC2 muestran que los casos relacionados con trabajadores de Myanmar pasaron de apenas 1 en 2022 a 131 en 2025. Es probable que estas cifras representen solo una fracción de la explotación real, ya que muchos trabajadores guardan silencio por temor.
Las estafas siguen un guion reconocible. Diana, de 28 años, pagó unos S$4.700 en comisiones y recibió documentos que la registraban como trabajadora de procesamiento de alimentos, junto con la promesa de capacitarla como esteticista. En cambio, la enviaron a un salón de masajes donde, según denunció, sufrió abusos antes de escapar y buscar protección en una ONG. En otro caso, Zaw y Kyaw, dos hombres que huyeron de Myanmar para evitar el servicio militar obligatorio, pagaron más de S$4.000 cada uno por contratos prometidos de dos años como ayudantes de cocina. Al llegar, descubrieron que sus permisos de trabajo los clasificaban como artistas, con una validez de solo seis meses, en lugar de los veinticuatro prometidos.
Stephanie Chok, directora ejecutiva de HOME, explica los mecanismos de coerción en juego. Algunas mujeres se sienten presionadas a prestar servicios sexuales que nunca aceptaron porque ya han invertido mucho dinero en las comisiones de la agencia. Temen que las despidan y las deporten si se niegan, por lo que quedan atrapadas entre la explotación y la ruina económica. Esto crea un ciclo en el que las agencias obtienen ganancias repetidas con las comisiones de contratación, despiden a los trabajadores por motivos dudosos y los reemplazan por nuevas víctimas.
Atrapados entre la guerra y la desesperación económica
El aumento de los casos de explotación ocurre en medio del agravamiento de la crisis de Myanmar. Desde el golpe militar de 2021, la guerra civil ha desplazado a más de un millón de personas y ha devastado la economía. En 2024 entraron en vigor estrictas leyes de servicio militar obligatorio, que llevaron a jóvenes a huir a través de las fronteras para evitar el reclutamiento. Singapur, con su reputación de estabilidad y su cercanía, se ha convertido en un destino importante. Se estima que actualmente unos 200.000 ciudadanos de Myanmar trabajan en la ciudad-Estado.
La desesperación por escapar del conflicto genera vulnerabilidades particulares. Ethan Guo, director ejecutivo de TWC2, señala que los trabajadores de Myanmar se diferencian de otros grupos migrantes porque sencillamente no pueden permitirse regresar a casa. Muchos tienen familias que dependen de sus remesas para sobrevivir. Otros, como Kyaw, tienen padres detenidos por los militares, por lo que ponerse en contacto con ellos es peligroso. Zaw expresó una gran preocupación por el permiso especial de 14 días que le otorgó el Ministerio de Mano de Obra (MOM), el cual le permite permanecer en el país mientras se investiga su caso. Todo depende de que se resuelva dentro de ese breve plazo, pero también le preocupa su padre enfermo, que está en su país.
La imposibilidad de regresar otorga a empleadores y agentes una ventaja extraordinaria. Los trabajadores soportan recortes salariales, deducciones indebidas y malas condiciones porque saben que el despido significa ser enviados de vuelta a una zona de guerra. Algunos enfrentan reducciones salariales de más del 60 %, o el paso a sistemas basados en comisiones que eliminan por completo el salario básico y las asignaciones de vivienda. El temor a ser enviados de regreso a un país donde podrían ser reclutados por el servicio militar o perseguidos silencia las denuncias y perpetúa los abusos.
Raíces históricas de la vulnerabilidad
La crisis actual tiene raíces que se remontan a más de una década. En septiembre de 2014, el Gobierno de Myanmar impuso una prohibición de cinco meses a la migración de mujeres a Singapur para trabajar como empleadas domésticas, tras varios casos de abusos que recibieron amplia atención. En junio de 2015 se impuso una segunda prohibición. En lugar de detener la migración, estas medidas simplemente empujaron el proceso a la clandestinidad. Las trabajadoras comenzaron a entrar con visas de turista o documentos falsificados, lo que las dejó fuera de las protecciones laborales y más expuestas a la trata.
Una investigación del Migration Policy Institute muestra que entre 2013 y 2015 la población de trabajadoras domésticas de Myanmar en Singapur aumentó un 50 %, hasta alcanzar unas 30.000 personas, pese a las prohibiciones oficiales. En realidad, las restricciones elevaron los costos y los riesgos, ya que las trabajadoras pagaban comisiones más altas para facilitar sobornos con los que eludir las normas. Muchas llegaban sin documentación, lo que las dejaba fuera de la protección legal y a merced de agentes sin regulación.
La estructura que facilita la explotación se extiende a ambos lados de la frontera. En Yangon y Singapur, agentes sin escrúpulos han contratado a trabajadores menores de edad mediante documentos de viaje falsificados. Muchas agencias están dirigidas por ciudadanos extranjeros que operan desde oficinas sin señalización adecuada, ubicadas en edificios comerciales distintos de las direcciones que figuran oficialmente. Cuando CNA contactó a las agencias presuntamente implicadas, una no respondió y otra tenía un número de teléfono desconectado. Esta falta de transparencia hace que exigir responsabilidades sea casi imposible.
El Gobierno de Myanmar no ha contado con una política explícita de gestión de la migración. A diferencia de Filipinas, que mantiene la Administración Filipina de Empleo en el Extranjero, o Indonesia, con su Autoridad Nacional para la Colocación y Protección de los Trabajadores Indonesios en el Extranjero, Myanmar no ha desarrollado instrumentos regulatorios comparables. Las políticas siguen siendo reactivas, en lugar de preventivas, y dejan a los trabajadores sin protección mientras aumenta la migración.
Deficiencias estructurales en la protección
El marco jurídico de Singapur presenta importantes vacíos que dejan expuestos a los trabajadores. Las empleadas domésticas migrantes están notablemente excluidas de la Ley de Empleo, que ofrece protecciones básicas a otros trabajadores en materia de jornada laboral, días de descanso y salario. En cambio, se rigen por la Ley de Empleo de Trabajadores Extranjeros, donde los empleadores determinan aspectos como el salario y las horas de trabajo, sujetos únicamente a directrices no vinculantes en lugar de normas exigibles. Esta distinción legal crea condiciones en las que los empleadores pueden actuar con impunidad.
El propio modelo de intermediación laboral genera servidumbre por deudas. Por lo general, las empleadas domésticas migran con costos iniciales mínimos, pero las agencias recuperan los gastos mediante deducciones salariales que duran entre seis y ocho meses. Durante ese período, sus ingresos se reducen a asignaciones de apenas unas decenas de dólares al mes. Esta estructura de deuda hace que las trabajadoras sean reacias a denunciar los abusos, pues resistirse puede llevar al despido antes de saldar la deuda. En el caso de los hombres que trabajan en la construcción o el transporte marítimo, los costos de migración suelen cubrirse con préstamos de familiares o prestamistas, lo que genera una presión similar para soportar los malos tratos.
Los mecanismos formales para presentar reclamos también presentan obstáculos. Cuando HOME ayuda a los trabajadores a presentar denuncias para recuperar las comisiones de las agencias, la carga de la prueba recae por completo en ellos, que deben demostrar que realizaron el pago. Muchas transacciones se hacen de manera informal o a través de las fronteras, sin recibos, lo que hace imposible documentarlas. Las investigaciones se prolongan durante meses o años y, a menudo, no logran que se devuelva el dinero. Mientras tanto, los trabajadores con permisos especiales quedan en un limbo y no pueden trabajar legalmente mientras esperan una resolución.
Las consecuencias de estas deficiencias pueden ser mortales. En 2016, Piang Ngaih Don, una trabajadora doméstica de Myanmar de 24 años, murió de hambre y por torturas; pesaba apenas 24 kilogramos. Su empleador, Kevin Chelvam, exagente de policía, fue condenado a 10 años de prisión por colaborar en la causación de lesiones graves y manipular pruebas. Su exesposa y su suegra recibieron condenas de 30 y 17 años, respectivamente. El caso puso de manifiesto las consecuencias extremas de la falta de supervisión, aunque la mayoría de los abusos nunca llega a los tribunales. Un estudio de 2017 de Research Across Borders reveló que seis de cada diez trabajadoras domésticas en Singapur habían sufrido abusos que iban desde amenazas verbales hasta violencia física y privación de alimentos.
Respuestas oficiales y temores persistentes
El Ministerio de Mano de Obra sostiene que Singapur ofrece una protección integral a las trabajadoras domésticas extranjeras. Citando una encuesta de 2015, el ministerio afirma que más del 97 % de estas trabajadoras expresan un alto grado de satisfacción y que cerca del 80 % desea seguir trabajando en el país. Un portavoz del MOM dijo a CNA que en los últimos tres años no se ha observado un aumento significativo de prácticas laborales irregulares que afecten a trabajadores de Myanmar, lo que sugiere que estos enfrentan problemas similares a los de otros grupos migrantes.
Según la normativa vigente, las agencias de empleo no pueden cobrar más del salario de un mes por cada año de contrato, hasta un máximo de dos meses en total. Los empleadores que exijan pagos ilegales se exponen a multas de hasta S$30.000 y penas de prisión de hasta dos años, mientras que las deducciones salariales no autorizadas pueden acarrear multas de hasta S$20.000. Los trabajadores con reclamos válidos pueden recibir permisos especiales hasta que concluyan los casos, aunque, si no se resuelven, deben regresar a su país o buscar otro empleo solo si sus empleadores actuales están de acuerdo.
Las ONG sostienen que estas medidas no abordan las realidades estructurales. El temor a ser enviados de regreso a una zona de guerra activa desalienta las denuncias, por lo que las estadísticas oficiales subestiman considerablemente el problema. Muchos trabajadores evitan presentar reclamos para preservar sus posibilidades de conseguir empleo en Singapur en el futuro o para no ser incluidos en listas negras. Otros soportan pagos inferiores a los acordados y malas condiciones con tal de mantener sus permisos de trabajo. Los grupos de defensa de los trabajadores reclaman medidas preventivas más firmes y colaboración transfronteriza para detener los abusos antes de que los trabajadores lleguen a Singapur.
Redes de supervivencia y solidaridad
Ante las deficiencias institucionales, los trabajadores de Myanmar han creado sus propios sistemas de apoyo. En Peninsula Plaza, en la zona de City Hall, conocida como la Pequeña Birmania de Singapur, las redes comunitarias ofrecen ayuda informal. Aunque muchos se negaron a hablar con periodistas por temor a represalias del Gobierno militar de Myanmar, el lugar sirve como punto de encuentro para compartir información y recursos.
Han surgido formas de apoyo más organizadas a través de grupos como HEARTS@SG. Los domingos, mujeres que antes trabajaban como ingenieras, matemáticas y enfermeras en Myanmar se reúnen para participar en programas de formación en cuidados. Las sesiones, dirigidas por Yee Leh Winn, una exenfermera, ofrecen habilidades prácticas y apoyo psicológico. Las participantes comparten comidas y hablan de la preocupación que sienten por sus familiares en zonas de conflicto. El programa aborda la nutrición y la falta de sueño, y reconoce que la salud mental se deteriora cuando las trabajadoras se preocupan por sus seres queridos mientras atienden a pacientes con demencia en Singapur.
Aye Aye, una trabajadora doméstica que acudió a HOME después de que su empleador le confiscara el teléfono y le retuviera el salario durante meses, encontró seguridad gracias a estas redes. Ahora anima a otras trabajadoras a pedir ayuda cuando sufren explotación. Liyana, una trabajadora indonesia que enfrentó restricciones similares y jornadas excesivas, transmite el mismo mensaje de perseverancia. Estas conexiones entre pares son un apoyo esencial cuando fallan las protecciones formales.
Para Mary, Diana, Zaw, Kyaw y miles de personas como ellos, el futuro sigue siendo incierto. No pueden regresar a un país consumido por la guerra, pero quedarse en Singapur exige desenvolverse en un sistema donde la documentación puede ser fraudulenta, los empleadores tienen un poder desproporcionado y los procesos legales avanzan lentamente. El temor a lo que les espera en casa y la realidad que enfrentan aquí definen su vida cotidiana.
Puntos clave
- Los reportes de explotación de trabajadores de Myanmar en Singapur han aumentado considerablemente: TWC2 atendió 131 casos en 2025, frente a 1 caso en 2022
- Las estafas más comunes incluyen ofertas de trabajo engañosas por las que los trabajadores pagan entre S$4.000 y S$5.800 en comisiones para puestos inexistentes o muy distintos de lo prometido, incluidos trabajos forzados en salones de masajes y locales de entretenimiento
- La guerra civil en Myanmar y las leyes de servicio militar obligatorio de 2024 han creado una población que no puede permitirse regresar, lo que da a los empleadores margen para imponer condiciones abusivas
- Las prohibiciones de la migración de trabajadoras domésticas entre 2014 y 2016 empujaron los desplazamientos a la clandestinidad y establecieron canales irregulares que siguen activos hoy
- Las trabajadoras domésticas en Singapur no están cubiertas por la Ley de Empleo y carecen de normas legalmente vinculantes sobre días de descanso, horarios o salarios
- Organizaciones comunitarias como HOME y HEARTS@SG ofrecen alojamiento, asistencia legal y programas de capacitación para ayudar a los trabajadores a afrontar estos desafíos
