La orden que lo cambió todo
A las 12:40 del 8 de septiembre de 2025, una orden escueta resonó por las radios policiales en Katmandú. Alguien que utilizaba el indicativo «Peter 1» dijo a los agentes que «desplegaran la fuerza necesaria» contra los miles de jóvenes manifestantes congregados frente al Parlamento de Nepal. Diez minutos antes, las autoridades habían impuesto un toque de queda. Ahora, la orden autorizaba el uso de munición real.
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Según BBC Eye Investigations, esa orden, emitida por el exinspector general de la Policía Chandra Kuber Khapung, convirtió una manifestación encabezada por jóvenes contra la corrupción en uno de los días más mortíferos de la historia democrática moderna de Nepal. Al anochecer, 19 civiles desarmados habían muerto en la capital. En las 24 horas siguientes, la cifra de fallecidos ascendería a 77, en los peores disturbios del país del Himalaya desde el fin de su guerra civil, que duró una década, en 2006.
Entre las primeras víctimas del día estaba Shreeyam Chaulagain, de 17 años, estudiante de secundaria que había asegurado a su madre que la Policía nunca atacaría a niños con uniforme. Las imágenes analizadas por la BBC muestran a Chaulagain alejándose de la multitud, con su mochila y un suéter escolar verde, cuando una bala le alcanzó la parte posterior de la cabeza. No lanzaba piedras ni amenazaba a los agentes. Simplemente intentaba marcharse.
La investigación del Servicio Mundial de la BBC, basada en un registro policial interno y en el análisis de más de 4.000 videos y fotografías, ofrece hasta ahora el relato más completo de la violencia que derrocó al gobierno del primer ministro KP Sharma Oli. Sus conclusiones revelan fallos en la cadena de mando, deficiencias de inteligencia y la autorización del uso de fuerza letal contra manifestantes que, según varias evaluaciones independientes, no representaban una amenaza inminente para la vida.
Khapung, que se jubiló en noviembre de 2025, no ha negado haber emitido la orden, pero sostiene que solo actuó después de recibir autorización de un comité de seguridad del gobierno y de agotar todas las demás medidas de control de multitudes. Sin embargo, el presidente del comité, Chhabi Lal Rijal, jefe del distrito, negó en su testimonio ante un tribunal haber autorizado el uso de munición real. La contradicción deja sin respuesta una pregunta central seis meses después: ¿quién es responsable del derramamiento de sangre?
Un movimiento nacido de la frustración
Las protestas que estallaron el 8 de septiembre no surgieron de la noche a la mañana. Durante meses, la generación Z de Nepal, formada por personas de entre 14 y 29 años aproximadamente, se había movilizado en internet contra lo que consideraba corrupción arraigada y nepotismo entre las élites políticas del país. El movimiento se articuló en torno a la etiqueta viral «nepo baby», que contrastaba el lujoso estilo de vida de los hijos de políticos con las dificultades cotidianas de los nepaleses comunes, en un país donde el desempleo juvenil supera el 20% y el ingreso per cápita sigue por debajo de los US$1.400 anuales.
Las cuentas en redes sociales de hijos de ministros y ex primeros ministros mostraban regalos de diseñador apilados como árboles de Navidad, vacaciones exóticas en complejos turísticos de cinco estrellas y bodas fastuosas que cerraban vías públicas. Para una generación que se enfrenta a la disyuntiva entre el desempleo en su país y el trabajo precario en los Estados del golfo Pérsico, la desigualdad resultó insoportable. Actualmente, unos tres millones de jóvenes nepaleses trabajan en el extranjero, impulsados por la falta de oportunidades en su país.
El detonante inmediato llegó el 4 de septiembre, cuando el gobierno prohibió 26 plataformas de redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram, X, YouTube y WhatsApp, alegando que no se habían registrado conforme a nuevas normas destinadas a combatir la desinformación y los delitos informáticos. Los críticos denunciaron la medida como un acto de censura para silenciar la disidencia. La prohibición cortó los principales canales de comunicación de millones de jóvenes nepaleses, muchos de los cuales dependían de esas plataformas para trabajar, estudiar y expresarse.
Los organizadores se trasladaron rápidamente a Discord, la plataforma de chat para videojuegos, donde planificaron una manifestación pacífica frente al Parlamento para el 8 de septiembre. En un foro llamado «Jóvenes contra la corrupción», sus integrantes coordinaron la logística y pidieron a los participantes que llevaran uniformes escolares para subrayar sus intenciones no violentas. «Decía que la corrupción había vaciado [Nepal]», recordó el padre de Shreeyam Chaulagain sobre su hijo, quien tranquilizó a su madre diciéndole que la Policía no atacaría a estudiantes con uniforme.
A las 9:00, aproximadamente 30.000 jóvenes se habían reunido en Maitighar Mandala, una concurrida intersección del centro de Katmandú, con pancartas que decían «Jóvenes contra la corrupción». La multitud llegó a ser diez veces mayor de lo previsto por las fuerzas de seguridad, que carecían de información suficiente sobre los métodos de movilización digital que habían propiciado la concentración. La Policía admitió después que no entendía cómo se organizaba la generación Z en las redes sociales ni cómo esas conversaciones en internet se traducían en presencia física en las calles.
Dentro del centro de mando
Mientras los manifestantes coreaban consignas en el exterior, altos cargos de seguridad se reunieron en una sala de situación situada a casi tres kilómetros, cerca del complejo administrativo central de Nepal. Representantes de la Policía civil, el ejército, la Policía armada y los organismos de inteligencia seguían los acontecimientos bajo la dirección de Rijal, jefe del distrito. La sala tenía un televisor, pero no una conexión estable a internet, lo que impedía a los funcionarios acceder a las imágenes en directo de las cámaras de vigilancia instaladas alrededor del Parlamento.
La falta de coordinación resultó mortal. Según los agentes presentes ese día, ninguna persona ni unidad tenía una visión completa de lo que ocurría en las calles. Cuando los manifestantes superaron las barricadas a las 11:47 y avanzaron hacia el Parlamento, los mandos tuvieron dificultades para evaluar si la multitud representaba una amenaza real para la seguridad nacional o simplemente expresaba su frustración cívica.
A las 12:15, algunos manifestantes treparon por los muros del recinto parlamentario. La Policía respondió con gases lacrimógenos y porras. Desde el interior del recinto, agentes presas del pánico pidieron por radio al centro de mando permiso para usar munición real, después de que los cañones de agua y las balas de goma no lograran dispersar a la multitud. «Algunos resultamos gravemente heridos», dijo a la BBC un agente que pidió mantener el anonimato. «Uno de nosotros pidió que lo rescataran».
La declaración del toque de queda a las 12:30 convirtió técnicamente las protestas en ilegales, pero muchos participantes no pudieron oír el anuncio. Cuando las piedras comenzaron a golpear las líneas policiales, los mandos sobre el terreno pidieron autorización en repetidas ocasiones para usar fuerza letal. El registro muestra que, diez minutos después, «Peter 1» respondió que el toque de queda ya estaba vigente y que no hacía falta más autorización para desplegar la fuerza necesaria.
Las normas internacionales sobre control de multitudes establecen que nunca se deben usar armas de fuego simplemente para dispersar una concentración. Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego disponen que la munición real se reserve para situaciones en las que exista una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, y que incluso entonces se den advertencias adecuadas y se actúe de manera proporcional. Más tarde, observadores de derechos humanos concluyeron que se habían ignorado estas normas.
Meenakshi Ganguly, subdirectora para Asia de Human Rights Watch, condenó la operación.
«Los disparos de la Policía contra los manifestantes demuestran el desprecio alarmante de las autoridades por la vida de sus propios ciudadanos. Las autoridades deben exigir responsabilidades a los responsables de estos asesinatos, en lugar de perpetuar la cultura de impunidad que ha permitido a las fuerzas de seguridad cometer homicidios sin consecuencias».
Los disparos sobre el terreno
La primera muerte por disparos se produjo a las 13:15, cuando trasladaron del lugar a Binod Maharjan, de 34 años, con una herida mortal en la cabeza. Murió más tarde en el hospital. En las tres horas siguientes, las fuerzas de seguridad dispararon 2.642 balas reales, 1.884 balas de goma y 6.279 granadas de gas lacrimógeno, según los registros policiales examinados por el Laboratorio de Prevención de Atrocidades de Harvard.
El análisis de la BBC de seis tiroteos concretos no encontró indicios de que las víctimas estuvieran ejerciendo violencia cuando recibieron los disparos. Los informes forenses del Hospital Docente de la Universidad de Tribhuvan confirmaron que casi todas las víctimas de disparos fueron alcanzadas por encima de la cintura, sobre todo en la cabeza, el cuello y el pecho, en una violación directa de las normas nepalesas de control de multitudes, que exigen que los disparos con munición real se dirijan por debajo de la rodilla.
A las 14:09, una grabación de video captó el momento en que mataron a Shreeyam Chaulagain. Se ve al adolescente, con un suéter escolar verde y su mochila, alejándose de la primera línea, donde otros manifestantes lanzaban piedras. Aplaude, en un gesto que parece tranquilo. Una bala le alcanza la parte posterior de la cabeza y cae al suelo. No lanzaba objetos ni amenazaba a los agentes.
Yogendra Nyaupane, de 24 años, murió a las 14:21, cuando un video muestra a la Policía disparando siete veces desde el interior del recinto parlamentario contra manifestantes que se dispersaban en el exterior. «Los disparos comenzaron de forma indiscriminada», dijo a Amnistía Internacional un periodista que documentaba los hechos. «Desde el interior del recinto parlamentario, desde fuera y desde unidades armadas cerca de la puerta principal».
El personal médico del Hospital de la Administración Pública, donde llevaron a muchos heridos, describió el área de urgencias como «una carnicería» a las 14:00. Los médicos extrajeron balas de goma de cráneos de pacientes. Se dispararon gases lacrimógenos dentro del recinto del hospital, lo que interrumpió los servicios de urgencias y provocó dificultades respiratorias a pacientes ingresados, niños y personas mayores que no participaban en las protestas. Un médico que atendió a los heridos confirmó que alrededor del 50% al 60% de los pacientes sufrieron lesiones graves, a diferencia de lo que suele ocurrir en incidentes con numerosas víctimas, en los que la mayoría de los casos suelen ser moderados.
Estalla la ira en todo el país
Las noticias de las muertes se propagaron durante la noche del 8 de septiembre, pese al bloqueo de las redes sociales. A la mañana siguiente, la indignación se había transformado en algo mucho más volátil. Lo que comenzó como una protesta de la generación Z se convirtió en un levantamiento generalizado. Decenas de miles de nepaleses de todas las edades salieron a las calles y las manifestaciones se transformaron en una oleada de ira contra el Estado en todo el país.
La violencia del 9 de septiembre superó con creces la del día anterior. Los manifestantes incendiaron comisarías, agredieron a agentes y atacaron edificios gubernamentales. Murieron tres policías. El recinto parlamentario, el Tribunal Supremo y el complejo administrativo de Singha Durbar fueron objeto de ataques incendiarios. También ardieron la residencia del ex primer ministro Sher Bahadur Deuba y la casa del ex primer ministro Oli en Balkot.
Se saquearon más de 1.200 armas de fuego de la Policía y aproximadamente 100.000 cartuchos de munición de los cuarteles. Las fugas de presos en 28 centros penitenciarios dejaron en libertad a más de 14.000 reclusos, de los cuales más de 5.000 seguían en paradero desconocido meses después. Solo de la Prisión Central de Sundhara escaparon más de 3.000 presos entre las 20:00 y las 22:00 del 9 de septiembre.
A las 14:30 del 9 de septiembre, el primer ministro Oli dimitió y el gobierno cayó. Sushila Karki, expresidenta del Tribunal Supremo, fue nombrada primera ministra interina el 12 de septiembre y se convirtió en la primera mujer en encabezar el gobierno de Nepal. Disolvió el Parlamento y convocó elecciones generales para el 5 de marzo de 2026, dos años antes de lo previsto.
La crisis constitucional en torno al nombramiento de Karki puso de relieve el caos que se apoderaba del Estado. Expertos en derecho debatieron si su designación infringía el artículo 132(2) de la Constitución, que impide a los exjueces del Tribunal Supremo ocupar cargos gubernamentales. Sus partidarios sostuvieron que la doctrina de necesidad justificaba la infracción técnica para evitar el colapso constitucional total.
Entre las víctimas políticas también estuvieron los propios «hijos de los privilegiados». Muchas cuentas en redes sociales pertenecientes a hijos de las élites dejaron de publicar o se hicieron privadas. Shrinkhala Khatiwada, hija de un exministro de Salud, cerró por completo su cuenta de Instagram. Smita Dahal, nieta de un primer ministro que ocupó el cargo en tres ocasiones, hizo privada su cuenta. Los símbolos visibles del privilegio que habían alimentado el movimiento desaparecieron de la vista pública, aunque las causas subyacentes del descontento seguían sin resolverse.
Sin rendición de cuentas
Seis meses después de las muertes, nadie ha sido responsabilizado. Khapung, Rijal, el exministro del Interior Ramesh Lekhak y el ex primer ministro Oli han negado haber ordenado disparar contra los manifestantes. La Policía de Nepal sostiene que los agentes se enfrentaron a «una situación abrumadora en la que tuvimos que responder a varios incidentes al mismo tiempo». Una investigación pública creada por el gobierno aún no ha publicado sus conclusiones, y activistas han cuestionado su credibilidad por sospechas de interferencia política.
Amnistía Internacional documentó deficiencias generalizadas en los organismos encargados de hacer cumplir la ley, entre ellas no haber agotado las vías no violentas antes de recurrir a la fuerza, el uso peligroso de armas menos letales y el empleo innecesario de fuerza letal en situaciones sin una amenaza inminente. Nirajan Thapaliya, director de Amnistía Internacional Nepal, pidió transparencia.
«Los jóvenes muertos y heridos durante el levantamiento de la generación Z merecen conocer la verdad y obtener justicia. Al no garantizar que se rindan cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en protestas anteriores, los sucesivos gobiernos han permitido que la impunidad eche raíces y socave el Estado de derecho».
La polémica se ha intensificado a medida que Nepal se acerca a las elecciones del 5 de marzo. Khapung ha cuestionado públicamente la investigación de la BBC y ha preguntado cómo se obtuvieron comunicaciones policiales confidenciales. También ha calificado el documental de «juicio mediático» destinado a influir en el proceso electoral. Algunos medios nepaleses han acusado a la BBC de presentar un relato selectivo y han afirmado que la investigación omite el contexto de la presencia de infiltrados y las acciones violentas de los manifestantes el 9 de septiembre.
Mientras tanto, las familias de los 77 fallecidos esperan respuestas. Karki, la madre de Shreeyam Chaulagain, dice que todavía no puede aceptar que su hijo ya no esté.
«Todavía no siento que se haya ido. Sigo pensando que volverá pronto. En mi mente, lleva puesto el uniforme escolar. Regresará, balanceando su mochila».
Las armas saqueadas durante los disturbios siguen representando una amenaza para la seguridad. Patrullas conjuntas del ejército, la Policía y la Policía armada operan ahora en todo el país con el objetivo de recuperar la confianza pública antes de las elecciones. Más de 400 comisarías fueron destruidas o dañadas, lo que obligó a algunas unidades a trabajar desde instalaciones provisionales. Las cicatrices físicas de la capital reflejan el trauma aún sin resolver de una generación que descubrió los límites de su democracia.
Lo que debe saber
- El exjefe de la Policía de Nepal Chandra Kuber Khapung, que utilizaba el indicativo «Peter 1», habría ordenado a los agentes «desplegar la fuerza necesaria» contra los manifestantes el 8 de septiembre de 2025
- Shreeyam Chaulagain, estudiante de 17 años, fue una de las 19 personas muertas en Katmandú el primer día; recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza mientras se alejaba desarmado
- La cifra total de fallecidos llegó a 77 en dos días de protestas; hubo más de 2.000 heridos y 14.000 reclusos escaparon durante las fugas de las prisiones
- Las protestas fueron desencadenadas por la prohibición gubernamental de 26 plataformas de redes sociales y por el descontento de larga data ante la corrupción y el nepotismo de las élites políticas
- El primer ministro KP Sharma Oli dimitió el 9 de septiembre de 2025, lo que dio paso a un gobierno interino encabezado por la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki
- Las elecciones generales están previstas para el 5 de marzo de 2026, pero seis meses después de las muertes ningún funcionario ha rendido cuentas
- Organizaciones de derechos humanos han documentado infracciones de las normas internacionales que prohíben el uso de fuerza letal contra concentraciones pacíficas
