El desplome de US$80.000 millones
Los mercados indonesios se estremecieron a finales de enero cuando una venta masiva catastrófica borró casi US$80.000 millones en valor y provocó que el índice compuesto de Yakarta (JCI, por sus siglas en inglés) se desplomara casi un 9% en una sola sesión bursátil. El pánico, desencadenado el 28 de enero, culminó meses de creciente preocupación por los estándares de gobernanza, la disciplina fiscal y el deterioro de la independencia institucional en la mayor economía del sudeste asiático. El desplome agravó la ya grave situación de la rupia indonesia, que había tocado mínimos históricos frente al dólar apenas una semana antes, al superar las 17.000 rupias por dólar por primera vez desde la devastadora crisis financiera asiática de 1998.
Contenido
- El desplome de US$80.000 millones
- Cuando los proveedores de índices dan la voz de alarma
- La incautación de Martabe
- La independencia del banco central, bajo presión
- El alto costo de las promesas populistas
- Deterioro institucional y rendición de cuentas
- Respuesta del Gobierno y dudas persistentes
- Lo esencial
El detonante inmediato de la caída del 28 de enero fue MSCI, el influyente proveedor de índices cuyas clasificaciones orientan billones de dólares en flujos de inversión globales. La empresa emitió una advertencia extraordinaria: Indonesia podría perder su estatus de mercado emergente y ser clasificada como mercado frontera, lo que obligaría a los fondos de inversión pasivos a deshacerse en masa de sus acciones indonesias. El anuncio desató una estampida: ese día los inversionistas vendieron acciones por valor de 45,5 billones de rupias (unos US$3.400 millones), y el JCI cerró con una caída del 7,4%.
Cuando los proveedores de índices dan la voz de alarma
La advertencia de MSCI apuntó al centro de las preocupaciones de larga data sobre la transparencia del mercado indonesio. El proveedor de índices señaló específicamente dudas sobre la «invertibilidad» de las acciones locales, en particular sobre la precisión de los cálculos de capital flotante. El capital flotante es el porcentaje de acciones de una empresa que se negocia públicamente y está disponible para que las compren los inversionistas comunes, a diferencia de las acciones en manos de personas con información privilegiada, familias controladoras o socios estratégicos que no suelen negociar sus participaciones.
Según la normativa vigente, las empresas cotizadas en Indonesia deben mantener un capital flotante de apenas el 7,5%, uno de los requisitos más bajos entre los principales mercados emergentes. Desde hace tiempo, los críticos sostienen que muchas empresas mantienen artificialmente este umbral mediante acuerdos con titulares nominales y estructuras de propiedad opacas. Como resultado, algunas acciones cuentan técnicamente como disponibles para el público, pero en la práctica siguen bajo el control estricto de pequeños grupos de personas adineradas. Esta concentración genera vulnerabilidad a la manipulación de precios y a la volatilidad repentina, precisamente los riesgos que MSCI identificó como motivos para una posible reclasificación.
La distinción entre mercados emergentes y mercados frontera tiene enormes consecuencias financieras. La categoría de mercado emergente da acceso a grandes reservas de capital pasivo que siguen los índices de referencia de MSCI, mientras que la clasificación de mercado frontera relega a los países a una categoría más riesgosa y menos líquida, dominada por inversionistas especializados. Una rebaja de categoría desencadenaría ventas automáticas por parte de fondos cotizados y carteras institucionales que deben mantener exposición a mercados emergentes, lo que podría dejar a Indonesia fuera de los flujos mundiales de capital durante años.
La incautación de Martabe
El mismo día de la advertencia de MSCI, la intervención estatal en el sector de los recursos asestó un duro golpe a la confianza de los inversionistas y agravó el pánico en los mercados. Danantara, el fondo soberano de Indonesia, anunció el traspaso forzoso de la mina de oro Martabe, un activo emblemático de PT United Tractors, a una entidad estatal. La medida conmocionó a la comunidad inversora porque United Tractors es una filial de PT Astra International, uno de los conglomerados más grandes y diversificados de Indonesia, y una acción de referencia muy presente en las carteras de gestores extranjeros.
La expropiación pareció eludir los procedimientos legales habituales y encendió las alarmas en las juntas directivas sobre la protección de los contratos y los derechos de propiedad en Indonesia. Un consultor empresarial radicado en Yakarta que mantiene relaciones habituales con empresas estatales describió la medida en términos contundentes. Habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto.
Una medida así es una expropiación unilateral sin garantías procesales. Es como hacer añicos la reputación de Indonesia en materia de seguridad jurídica.
Los expertos legales prevén importantes repercusiones por la incautación. Maurice Maulana Situmorang, abogado sénior y socio de Dentons HPRP, advirtió que el Gobierno enfrenta una alta probabilidad de litigios y arbitrajes internacionales relacionados con la mina Martabe. Subrayó que, antes de revocar legalmente cualquier derecho, deben respetarse las cláusulas contractuales específicas, las disposiciones legales y las garantías procesales.
El caso de Martabe encaja en una tendencia más amplia de creciente intervención estatal en sectores estratégicos y alimenta la preocupación de que Indonesia se esté alejando de las políticas orientadas al mercado para avanzar hacia el nacionalismo de los recursos y las medidas administrativas arbitrarias. Para los inversionistas extranjeros, la incautación de la mina de oro es un ejemplo concreto de los riesgos asociados a la propiedad concentrada y a la debilidad de los controles institucionales sobre el poder ejecutivo.
La independencia del banco central, bajo presión
Mientras el mercado lidiaba con las advertencias de MSCI y la incautación minera, los acontecimientos políticos en Bank Indonesia deterioraron aún más la confianza en las instituciones monetarias del país. El 27 de enero, el Parlamento nombró a Thomas Djiwandono, viceministro de Finanzas y sobrino del presidente Prabowo Subianto, vicegobernador sénior del banco central. El nombramiento se produjo pese a las numerosas críticas de que la medida debilitaría la independencia de la institución y forzaría políticas prematuras favorables al crecimiento para respaldar el ambicioso objetivo del presidente de alcanzar un crecimiento económico anual del 8% antes de que termine su mandato en 2029.
La nominación del señor Thomas, promovida por el presidente a principios de enero, provocó una caída libre de la rupia entre el 19 y el 20 de enero, hasta rozar las 17.000 rupias por dólar. Este mínimo histórico reflejó un deterioro de la confianza del mercado comparable al de la crisis financiera asiática de 1998, cuando la moneda llegó a cotizar a unas 16.800 rupias por dólar. Aunque funcionarios del Gobierno han afirmado que la rupia solo se depreció alrededor de un 4% frente al dólar durante el último año, los economistas señalan que esa cifra oculta la verdadera debilidad de la moneda.
Wijayanto Samirin, economista sénior de la Universidad Paramadina, señaló que el dólar estadounidense se había debilitado cerca de un 10% frente a las principales monedas mundiales durante el mismo período. Esto implica que el valor intrínseco de la rupia cayó efectivamente alrededor de un 14% frente a una cesta de monedas de los socios comerciales. El doctor Wijayanto destacó el vínculo fundamental entre la credibilidad del banco central y la estabilidad de la moneda.
La credibilidad de la rupia depende en gran medida de Bank Indonesia. Si Bank Indonesia no es creíble ni independiente, lo mismo ocurrirá con la rupia.
Las críticas a la imparcialidad del banco central se han intensificado tras recientes cambios de política considerados subordinados a las necesidades fiscales. La institución ha recortado las tasas de interés antes de lo que justificaban las condiciones económicas y ha recurrido al financiamiento monetario mediante la emisión de dinero. Así ha revertido dos décadas de política monetaria ortodoxa que priorizaba el control de la inflación y la estabilidad por encima de los estímulos al crecimiento a corto plazo.
El alto costo de las promesas populistas
Las sacudidas institucionales que estremecen los mercados financieros de Indonesia se producen en un contexto de graves presiones fiscales. El déficit presupuestario de 2025 se ha acercado al 3% del producto interno bruto, el límite legal establecido por la legislación indonesia, mientras los ingresos estatales siguen por debajo de las metas. Esta situación precaria se debe en gran medida a la principal promesa de campaña del presidente Prabowo: un programa de comidas nutritivas gratuitas para estudiantes y mujeres embarazadas, que comenzó en enero de 2025 con un costo previsto de unos 50 billones de rupias durante el primer año.
El programa, diseñado para combatir el retraso del crecimiento que afecta a más del 20% de los niños indonesios, ha tenido un inicio plagado de problemas. Su implementación se ha visto afectada por retrasos en la financiación, fallas logísticas y una serie de intoxicaciones alimentarias en escuelas. A mediados de 2025, el programa había llegado a solo cinco millones de estudiantes en todo el país, pese a que su objetivo era alcanzar a 17,5 millones de niños, según datos del Ministerio de Finanzas. Varias escuelas informaron que estudiantes padecieron dolores de estómago, diarrea y vómitos tras consumir las comidas proporcionadas por el Gobierno.
Investigaciones periodísticas han revelado otros problemas en la gestión del programa e indican que varios de los proveedores de catering seleccionados para suministrar las comidas apoyaron al presidente Prabowo durante su campaña electoral, lo que ha suscitado acusaciones de nepotismo. Agus Pambagio, experto en políticas públicas radicado en Yakarta, describió el programa como apresurado y mal planificado.
Japón y la India llevan décadas haciéndolo. Si queremos hacerlo igual que ellos en unos pocos meses, es un suicidio. No podemos permitir que haya víctimas mortales.
Las presiones presupuestarias van más allá del programa de comidas. El enorme gasto en defensa para modernizar el equipamiento militar y la construcción de Nusantara, el megaproyecto de la nueva capital, que requiere grandes inversiones, han agravado las presiones sobre las finanzas públicas. Esto ocurre pese al notable desinterés de los inversionistas privados en la ciudad proyectada. La combinación de un mayor gasto social, las adquisiciones militares y los grandes proyectos de infraestructura con escasa utilidad ha dejado al Gobierno con un margen fiscal mínimo para responder a las perturbaciones del mercado.
Deterioro institucional y rendición de cuentas
La crisis tuvo sus primeras consecuencias de alto perfil el 30 de enero, cuando Mahendra Siregar, presidente de la Autoridad de Servicios Financieros, su vicepresidente, Mirza Adityaswara, y el director de la Bolsa de Indonesia, Iman Rachman, presentaron sus renuncias al mismo tiempo. Las salidas coordinadas reflejaron una profunda crisis institucional en el aparato regulador encargado de preservar la integridad del mercado y proteger a los inversionistas.
Estas renuncias se produjeron en un contexto más amplio de deterioro de los estándares de gobernanza, que precede al actual Gobierno, pero se ha acelerado en los últimos años. El Proyecto de Denuncia de la Delincuencia Organizada y la Corrupción incluyó al expresidente Joko Widodo entre los candidatos al premio «Persona corrupta del año» de 2024, aludiendo al desmantelamiento sistemático de los mecanismos anticorrupción y a la normalización del nepotismo. A mediados de 2024, un tribunal popular celebrado en la Universidad de Indonesia acusó al Gobierno anterior de nueve delitos, entre ellos corrupción, colusión y comercialización de recursos naturales mediante permisos mineros sujetos a una regulación deficiente.
Los defensores del medioambiente han documentado las consecuencias de la débil supervisión del sector extractivo. Según el Foro Indonesio para el Medioambiente (Walhi), durante 2025 desaparecieron unas 283.000 hectáreas de bosque, una superficie cuatro veces mayor que la de Yakarta, para dar paso a empresas extractivas. Este deterioro ambiental corre en paralelo a la destrucción económica provocada por las fallas de gobernanza: ambos reflejan un patrón de captura del Estado por intereses minoritarios que operan con poca transparencia y rendición de cuentas.
Respuesta del Gobierno y dudas persistentes
Ante el desplome de los mercados y la evaporación de la confianza de los inversionistas, el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, convocó una rueda de prensa de emergencia el 30 de enero para presentar medidas de estabilización. Prometió nuevas reformas para profundizar el mercado bursátil, entre ellas duplicar, de aquí a marzo, el requisito mínimo de capital flotante para las empresas cotizadas, del 7,5% al 15%. Además, el Gobierno prevé permitir que los fondos de pensiones y de seguros inviertan hasta el 20% de sus carteras en acciones, frente al límite actual del 8%, lo que podría dirigir miles de millones en capital institucional nacional hacia las acciones cotizadas.
El señor Airlangga destacó que el JCI había repuntado el 30 de enero y subrayó el compromiso del Gobierno con la estabilidad del mercado. Defendió los fundamentos económicos de Indonesia y afirmó que la coordinación entre las autoridades fiscales y monetarias seguía funcionando. Sin embargo, los mercados siguen dudando de que ajustes administrativos puedan resolver las deficiencias de gobernanza que desencadenaron la crisis. La renuncia forzada de los máximos responsables de los organismos reguladores, la presencia de funcionarios nombrados por motivos políticos en el banco central y la situación aún sin resolver de la mina Martabe sugieren que la reforma estructural sigue siendo esquiva.
La crisis ha puesto al descubierto la fragilidad de la economía de mercado indonesia ante la injerencia política y la debilidad del Estado de derecho. Aunque las medidas técnicas a corto plazo pueden estabilizar temporalmente los índices, la salida de US$80.000 millones en capital refleja un juicio más profundo de los inversionistas globales sobre el rumbo de la mayor economía del sudeste asiático. Sin compromisos creíbles con la independencia del banco central, la transparencia de las estructuras de propiedad y el respeto de los derechos de propiedad, Indonesia corre el riesgo de sufrir una fuga de capitales prolongada que podría socavar sus ambiciones de crecimiento y desarrollo acelerados.
Lo esencial
- El índice compuesto de Yakarta cayó casi un 9% el 28 de enero, tras una advertencia de MSCI sobre la posible reclasificación de Indonesia de mercado emergente a mercado frontera
- El fondo soberano de Indonesia se incautó de la mina de oro Martabe, propiedad de PT United Tractors, lo que generó preocupación por la seguridad jurídica y temor a expropiaciones arbitrarias
- Thomas Djiwandono, sobrino del presidente Prabowo, fue nombrado vicegobernador sénior de Bank Indonesia, lo que debilitó la independencia del banco central y llevó la rupia a mínimos históricos
- El programa gubernamental de comidas nutritivas gratuitas, con un costo anual de 50 billones de rupias, ha sufrido fallas de implementación, intoxicaciones alimentarias y acusaciones de nepotismo
- En medio de la crisis, el 30 de enero renunciaron altos responsables de los organismos reguladores financieros, entre ellos el presidente de la Autoridad de Servicios Financieros y el director de la Bolsa de Indonesia
- El Gobierno propuso elevar los requisitos mínimos de capital flotante del 7,5% al 15% para responder a las preocupaciones de MSCI sobre la transparencia del mercado
- El déficit presupuestario de 2025 se ha acercado al 3% del PIB, el límite legal, impulsado por el gasto populista, las adquisiciones de defensa y la construcción de la nueva capital
