Japón aplica amplias medidas para los ciudadanos extranjeros ante el aumento del turismo masivo y las tensiones sociales

Nuevo paquete de políticas busca una convivencia ordenada

El Gobierno japonés ha elaborado un conjunto integral de políticas básicas sobre los ciudadanos extranjeros, lo que marca un cambio significativo en la gestión de una población no japonesa que crece rápidamente. El paquete, preparado en una reunión de los ministros competentes, establece requisitos más estrictos para obtener la nacionalidad japonesa e introduce medidas contundentes para combatir el turismo masivo. El objetivo declarado del Gobierno es crear una sociedad en la que los japoneses y los ciudadanos extranjeros puedan vivir con seguridad y tranquilidad, y prosperar juntos conforme a las leyes y normas establecidas en Japón.

Onoda Kimi, ministra responsable de las políticas sobre ciudadanos extranjeros, destacó la importancia de esta nueva directriz. Explicó que el paquete resume los desafíos que han salido a la luz hasta ahora y subrayó la necesidad de mantener al público informado sobre los avances y los nuevos problemas.

«Es fundamental que el Gobierno informe al público sobre los avances logrados, así como sobre los problemas adicionales que surjan, para garantizar la seguridad y la tranquilidad», afirmó Onoda.

Su oficina actuará como centro de coordinación y colaborará con los ministerios y organismos competentes para aplicar de manera constante las medidas incluidas en el paquete. Esta reorganización administrativa refleja la urgencia con la que el Gobierno aborda la integración y la gestión de los residentes extranjeros, en un contexto de cifras récord de visitantes y de cambios demográficos en el país.

Requisitos más estrictos para la ciudadanía y la residencia

El endurecimiento de las normas sobre residencia y nacionalidad ocupa un lugar central en el nuevo paquete de políticas. El Gobierno prevé imponer requisitos más estrictos para obtener la nacionalidad japonesa, con el propósito de garantizar que los nuevos ciudadanos estén plenamente integrados en la sociedad japonesa. Al mismo tiempo, las autoridades pondrán en marcha un nuevo programa para ayudar a los residentes extranjeros a aprender japonés y comprender las normas sociales del país. En un cambio significativo, estudiarán utilizar el nivel de comprensión de los participantes en estas áreas como criterio para evaluar su situación de residencia. Esto indica que el dominio del idioma y el conocimiento de la cultura podrían influir directamente en la posibilidad de que un ciudadano extranjero renueve o prolongue su estancia.

La responsabilidad financiera también es una prioridad. Los visitantes extranjeros que tengan facturas médicas impagas en Japón estarán sujetos a un mayor escrutinio conforme a las nuevas normas. Aunque el Gobierno ya comparte con las autoridades de inmigración información sobre deudas considerables, la política actualizada incluirá datos sobre facturas impagas de menor cuantía notificadas por centros médicos. La medida busca evitar que los visitantes de corta duración hagan un uso indebido del sistema de salud y se marchen sin saldar sus deudas. Además, el Gobierno prevé llevar un registro de las nacionalidades de los nuevos residentes en viviendas públicas, lo que permitirá obtener datos detallados sobre los cambios demográficos a nivel local.

Estos ajustes se producen cuando el número de ciudadanos extranjeros en Japón ha alcanzado un récord de aproximadamente 3,8 millones, cerca del 3 % de la población total. Aunque esta cifra sigue siendo baja en comparación con la de muchos otros países, el rápido aumento ha generado tanto necesidades económicas como inquietud social. A lo largo de los años, el Gobierno ha flexibilizado gradualmente las estrictas leyes de inmigración para compensar la reducción y el envejecimiento de la fuerza laboral. Sin embargo, la velocidad de este proceso ha llevado a reevaluar cómo se examina y supervisa a los recién llegados una vez que están en el país.

El aumento del «cansancio ante los extranjeros» y las tensiones sociales

La introducción de estas políticas no se produce en el vacío. Responde directamente a un sentimiento cada vez más extendido que muchos observadores describen como «cansancio ante los extranjeros». Tras dispararse el número de residentes no japoneses después de la pandemia, se ha hecho patente el agotamiento de la población local ante el comportamiento de algunos extranjeros. Japón ha sido durante mucho tiempo una sociedad homogénea y de gran confianza, en la que las normas no escritas rigen el comportamiento en público. La llegada de personas de distintos contextos culturales ha alterado en algunos casos esa armonía superficial y ha provocado fricciones.

En las redes sociales y en las noticias se han multiplicado las denuncias de infracciones menores, malentendidos culturales y un claro desprecio por las normas de cortesía locales. Incidentes como turistas que maltratan a los ciervos sagrados de Nara, excursionistas que dejan basura en el monte Fuji y visitantes que acosan a geishas en Kioto para fotografiarlas han alimentado el resentimiento público. En zonas urbanas como Asakusa y Shibuya, los residentes de larga data se quejan de que el enorme volumen de turistas ha convertido sus barrios en «parques temáticos culturales» irreconocibles y ha dado lugar a enfrentamientos entre la población local y los visitantes.

«Los delitos y las conductas perturbadoras de algunos ciudadanos extranjeros, así como el uso indebido de distintos sistemas administrativos, han creado una situación en la que la población se siente intranquila y engañada», afirmó el primer ministro Shigeru Ishiba durante una reciente ceremonia de inauguración de un nuevo organismo administrativo encargado de abordar estas preocupaciones.

Los factores económicos agravan esta inquietud. El estancamiento de los salarios y el aumento del costo de vida han hecho que muchos ciudadanos japoneses sean más sensibles a la presencia de extranjeros que parecen gastar con libertad debido a la debilidad del yen. Como consecuencia, la paciencia de la población local se agota y se genera un entorno en el que un sector del electorado apoya una aplicación más estricta de las normas.

Un «centro de coordinación» centralizado

Para abordar estos desafíos complejos, el Gobierno creó recientemente un organismo administrativo específico dentro de la Secretaría del Gabinete. Este organismo actúa como un «centro de coordinación» entre agencias, concebido para coordinar las respuestas a los delitos, el turismo masivo y otros problemas relacionados con los ciudadanos extranjeros. La creación de esta entidad reconoce que los esfuerzos anteriores, dispersos entre distintas instancias, no bastaban para gestionar la magnitud y la complejidad de la situación actual.

Este nuevo grupo de expertos tiene la tarea de estudiar cómo hacer realidad una «sociedad de convivencia ordenada y armoniosa con los ciudadanos extranjeros». A diferencia de grupos anteriores, centrados principalmente en la «convivencia», este pone un fuerte énfasis en el «orden». La terminología apunta a un cambio de enfoque: de la inclusión al cumplimiento de las normas, lo que implica que se esperará que los extranjeros se ajusten estrictamente a las normas de la mayoría japonesa. Se prevé que el grupo analice un endurecimiento de la gestión de la inmigración y la residencia, una revisión de las normas para la adquisición de tierras por ciudadanos extranjeros y el fortalecimiento de los programas de enseñanza del japonés.

La ministra Onoda subrayó que su oficina actuará como centro de coordinación de esta iniciativa y garantizará que los distintos ministerios y organismos trabajen de manera conjunta y no con objetivos contrapuestos. El propósito de este enfoque centralizado es agilizar la aplicación de las nuevas políticas y establecer un único punto de rendición de cuentas ante el público. El Gobierno ha dejado claro que la prioridad es mantener el orden y la seguridad públicos, aunque dependa de la mano de obra extranjera para sostener la economía.

Medidas financieras y costos para los visitantes

Junto con los cambios normativos, el Gobierno se dispone a aumentar los cargos financieros para los ciudadanos extranjeros. Esta estrategia busca tanto generar ingresos como reducir potencialmente la llegada de turistas que realizan un gasto bajo. El Gobierno estudia actualmente aumentar las tasas de visado, elevar el impuesto de salida e introducir un nuevo cargo por los controles previos a la entrada. Las autoridades sostienen que las tarifas actuales de Japón, que en algunos casos no han cambiado desde 1978, están muy por debajo de los niveles internacionales. Un visado de entrada única a Japón cuesta actualmente unos 3.000 yenes, mientras que un visado de turismo para Estados Unidos cuesta aproximadamente 28.000 yenes.

Entre las propuestas figura elevar el actual impuesto de salida, de 1.000 yenes, a unos 3.000 yenes. Aunque los ciudadanos japoneses también estarán sujetos al aumento, la mayor parte de los ingresos procederá de los millones de viajeros extranjeros que salen del país. El Gobierno prevé utilizar esos ingresos adicionales para financiar medidas contra el turismo masivo y mejorar la capacidad de control migratorio. Si los ingresos superan esos costos, se ha propuesto destinar el excedente a ampliar la gratuidad de la educación secundaria superior, una medida popular de política interna.

Trasladar la carga financiera a los ciudadanos extranjeros, que no pueden votar en las elecciones japonesas, es una decisión políticamente conveniente para la coalición gobernante. Los aumentos de impuestos internos son muy impopulares debido a la elevada inflación. Por ello, cobrar a los visitantes por entrar y utilizar la infraestructura del país permite al Gobierno recaudar fondos sin distanciar a sus votantes. Sin embargo, las empresas del sector turístico han expresado su preocupación de que unas tarifas mucho más altas disuadan a los visitantes y perjudiquen la economía, en particular en las regiones que han llegado a depender en gran medida del gasto de quienes viajan desde el extranjero.

Cómo combatir el turismo masivo mediante la dispersión de visitantes

El turismo masivo es un eje central del nuevo paquete de políticas. Japón recibió en 2025 un récord de 42,7 millones de visitantes extranjeros, un 16 % más que el año anterior. Aunque esta afluencia aporta beneficios económicos esenciales, también ha desbordado los destinos más populares. La estrategia del Gobierno consiste en alentar las visitas a una mayor variedad de destinos fuera de los principales puntos turísticos. El objetivo de esta política de dispersión es reducir la congestión en ciudades como Kioto, Tokio y Osaka y, al mismo tiempo, redirigir los ingresos del turismo a zonas rurales que afrontan un estancamiento económico.

La Oficina de Promoción del Turismo Sostenible trabaja en directrices para esta transición. Entre las medidas figuran mejorar las conexiones de transporte con las zonas regionales, promover servicios de «turismo sin equipaje», que permiten a los visitantes guardar sus maletas en otros lugares, y apoyar los pagos sin efectivo en más de 20 regiones. El Gobierno ha identificado regiones modelo, como Tottori y Shimane, y está creando experiencias únicas para atraer a los viajeros y alejarlos de la concurrida ruta turística tradicional.

También se están aplicando medidas específicas a nivel local. En Kioto, donde los autobuses locales suelen estar abarrotados de turistas, se prevé desviar a los visitantes hacia el ferrocarril. En el monte Fuji, las autoridades han establecido una tarifa de entrada y un límite diario al número de excursionistas para proteger el medio ambiente y garantizar la seguridad. En Hakuba y Shirakawa-go, las administraciones locales están abordando problemas como el ruido nocturno, los grafitis y la congestión del tráfico causada por los autobuses turísticos. Estas medidas locales cuentan con el respaldo de la directriz general del Gobierno central, que busca equilibrar el crecimiento económico con la calidad de vida de los residentes.

Regulación inmobiliaria y seguridad nacional

Las nuevas políticas también abordan las preocupaciones sobre la propiedad inmobiliaria y la seguridad nacional. El Gobierno prevé realizar un estudio sobre las transacciones de corta duración relacionadas con condominios de reciente construcción en las principales ciudades, así como sobre las compras de este tipo de propiedades por parte de compradores extranjeros. A algunos legisladores les preocupa cada vez más que el capital extranjero esté haciendo subir los precios de los inmuebles y dificultando el acceso a la vivienda para los ciudadanos locales. En algunos casos, la propiedad extranjera de terrenos próximos a bases militares sensibles o instalaciones estratégicas ha suscitado preocupaciones de seguridad.

En una medida llamativa, el Gobierno estudiará nacionalizar las islas remotas cuyos propietarios se desconozcan. La decisión responde en parte a informaciones sobre la compra de islas deshabitadas por entidades extranjeras sin propósitos claros. Garantizar la soberanía sobre estos territorios remotos se considera una cuestión de seguridad nacional y control fronterizo. Las autoridades prevén elaborar antes del verano un marco para regular las compras inmobiliarias por parte de ciudadanos extranjeros, tras estudiar ejemplos de otros países que han impuesto restricciones similares.

Estas medidas reflejan una tendencia más amplia a considerar la tierra y las propiedades desde la perspectiva del interés nacional, y no solo como parte de un mercado abierto. A medida que aumenta la tensión en la situación geopolítica de la región, el control del territorio físico ha cobrado nueva importancia. La postura firme del Gobierno en este ámbito indica que las inversiones extranjeras en el sector inmobiliario japonés estarán sujetas en el futuro a un mayor escrutinio y a posibles restricciones.

Consecuencias políticas y próximos pasos

El momento y el contenido de estas medidas están muy condicionados por el panorama político. El auge del partido populista Sanseito, que promueve una agenda de «Japón primero», ha presionado al gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) para que adopte una postura más dura en materia de inmigración y turismo. Las encuestas de opinión muestran que las preocupaciones sobre los ciudadanos extranjeros tienen eco entre los votantes y contribuyen al aumento de la popularidad de los partidos que prometen controles más estrictos.

La primera ministra Sanae Takaichi, al frente de un Gobierno conservador, ha destacado la postura firme de su administración contra los actos ilegales de algunos ciudadanos extranjeros y, al mismo tiempo, ha denunciado públicamente la xenofobia. Reconoció la escasez de mano de obra causada por la disminución de la población, pero insistió en que la convivencia debe ser «ordenada». Este enfoque político presenta a los extranjeros como un asunto demográfico que requiere gestión y control, en lugar de considerarlos un aporte cultural que debe integrarse.

Para los residentes extranjeros de larga data, este cambio de clima genera incertidumbre. Muchos dicen que sienten la necesidad de «actuar con cautela» y modificar su comportamiento para evitar llamar negativamente la atención. Temen que el endurecimiento de las normas que los afectan pueda dar lugar a una mayor vigilancia, a una aplicación más estricta de las sanciones por infracciones menores y a un acceso más limitado a la residencia permanente. El desafío para el Gobierno será conciliar la necesidad económica de la mano de obra extranjera y los ingresos del turismo con el deseo de la población de mantener la estabilidad y preservar las normas sociales tradicionales.

En resumen

• El Gobierno japonés ha aprobado un paquete de políticas básicas que impone requisitos más estrictos para obtener la nacionalidad y el permiso de residencia.
• Un nuevo «centro de coordinación» del Gobierno coordinará la respuesta de distintos organismos a los problemas relacionados con ciudadanos extranjeros, incluidos los delitos y el turismo masivo.
• Se alentará a los residentes extranjeros a aprender japonés y conocer las normas, y su nivel de comprensión podría influir en la evaluación de sus solicitudes de residencia.
• Los visitantes con facturas médicas impagas estarán sujetos a un mayor escrutinio, y los centros médicos compartirán datos sobre deudas de menor cuantía.
• Entre las medidas financieras que se estudian figuran aumentar los impuestos de salida y las tasas de visado, e introducir un cargo por los controles previos a la entrada para los viajeros extranjeros.
• Las medidas contra el turismo masivo se centran en distribuir a los visitantes por zonas rurales y controlar la congestión en lugares muy concurridos como Kioto y el monte Fuji.
• El Gobierno estudiará las transacciones inmobiliarias de corta duración realizadas por compradores extranjeros y considerará nacionalizar islas remotas cuyos propietarios se desconozcan.
• Estas políticas reflejan el creciente «cansancio ante los extranjeros» y un giro político hacia controles migratorios más estrictos en nombre de una «convivencia ordenada».