Una condena de siete años y la pérdida del derecho al voto
Está previsto que la Corte Suprema de Japón se pronuncie el 18 de noviembre sobre si se puede prohibir en bloque el voto a las personas que cumplen condenas de prisión, en un caso que también cuestiona su exclusión del examen público de los jueces de la Corte Suprema.
Contenido
- Una condena de siete años y la pérdida del derecho al voto
- Qué derechos elimina la ley electoral
- Cómo llegó el caso al pleno
- Por qué los tribunales de Tokio confirmaron la restricción
- Qué planteó la sentencia de Osaka de 2013
- ¿Se puede organizar la votación dentro de las prisiones?
- Por qué una norma inconstitucional no dio lugar a una indemnización
- Las personas detrás de los argumentos jurídicos
- Puntos clave
El pleno, presidido por el presidente de la Corte Suprema, Yukihiko Imasaki, escuchará la apelación de Kentaro Yagihashi, de 40 años, un exrecluso de Yokohama. Yagihashi votó desde el centro de detención en las elecciones a la Cámara Alta de julio de 2019, mientras esperaba la sentencia. Tras recibir una condena de siete años de prisión, no pudo votar en las elecciones a la Cámara Baja del 31 de octubre de 2021 ni participar en el examen judicial celebrado ese mismo día.
El resumen oficial del caso de la Corte Suprema identifica dos cuestiones centrales: si la restricción viola los derechos constitucionales de voto y si la falta de actuación del Parlamento para modificarla antes de la votación de 2021 fue ilegal en virtud de la Ley de Indemnización del Estado.
Yagihashi solicita que se reconozca su derecho a votar en futuras elecciones nacionales y a participar en los exámenes judiciales, además de una indemnización de 30.000 yenes. El Tribunal de Distrito de Tokio y el Tribunal Superior de Tokio rechazaron su demanda. Se espera que la Corte Suprema dicte su primera sentencia constitucional sobre esta restricción general.
En 2013, una sentencia anterior del Tribunal Superior de Osaka llegó a la conclusión constitucional opuesta: consideró inconstitucional la restricción, pero aun así negó una indemnización al demandante. Por tanto, la próxima sentencia se refiere tanto a quién puede participar en la democracia japonesa como a qué reparación puede conceder un tribunal a una persona excluida de ella.
Qué derechos elimina la ley electoral
El artículo 11, apartado 1, inciso 2, de la Ley de Elecciones a Cargos Públicos es la disposición central del caso. La versión cuestionada por Yagihashi negaba el derecho al voto y a presentarse a cargos públicos a las personas condenadas a prisión o a una pena más severa, hasta que cumplieran la condena.
El resumen de la Corte Suprema especifica que el caso se refiere al texto anterior a las reformas introducidas por la Ley n.º 68 de 2022. Entonces, la redacción aludía a las categorías anteriores de prisión con o sin trabajo obligatorio. La terminología reformada se refiere a la nueva categoría de pena privativa de libertad, pero la controversia gira en torno a la exclusión asociada al cumplimiento de una condena.
La norma se aplica a todas las personas presas comprendidas en esa categoría. No exige que se haya cometido un delito electoral ni que el juez que dicta la sentencia decida por separado si una persona concreta debe perder el derecho al voto.
Una segunda ley amplía sus efectos al examen público de los jueces de la Corte Suprema. El artículo 4 de la Ley de Examen Nacional reconoce el derecho a participar en ese proceso a las personas con derecho a votar en las elecciones a la Cámara Baja. Por tanto, perder ese derecho electoral también elimina la posibilidad de participar en la decisión sobre la continuidad de los jueces en sus cargos.
La apelación de Yagihashi reúne esas dos formas de participación: elegir a los legisladores nacionales y participar en el proceso constitucional de revisión de los jueces de mayor rango del país.
Cómo llegó el caso al pleno
Yagihashi fue detenido en abril de 2018 bajo sospecha de fraude relacionado con criptomonedas obtenidas de un ejecutivo de una empresa. Mientras estaba detenido en el Centro de Detención de Tokio, antes de que se dictara sentencia, votó por correo en las elecciones a la Cámara Alta de julio de 2019. Dos meses después recibió una condena de prisión.
Su situación jurídica cambió entonces su acceso a las urnas. Para las elecciones de octubre de 2021, estaba cumpliendo su condena y quedaba comprendido en la exclusión legal. En agosto de 2022 presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Tokio.
- Julio de 2019: Yagihashi votó por correo desde el centro de detención antes de que se dictara sentencia.
- 31 de octubre de 2021: No pudo votar en las elecciones a la Cámara Baja ni participar en el examen nacional de los jueces de la Corte Suprema.
- Agosto de 2022: Presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Tokio.
- Julio de 2023: El tribunal de distrito confirmó la restricción.
- Marzo de 2024: El Tribunal Superior de Tokio rechazó su apelación.
- 14 de octubre: La Corte Suprema escuchó los argumentos, con la abogada Kyoko Yoshida en representación de Yagihashi.
- 18 de noviembre: Está previsto que el pleno dicte sentencia.
La decisión de la Corte Suprema sigue pendiente. El caso combina el acceso futuro al voto con una solicitud de indemnización por unas elecciones y un examen judicial que ya tuvieron lugar.
Por qué los tribunales de Tokio confirmaron la restricción
La sentencia del Tribunal de Distrito de Tokio, de julio de 2023, consideró que excluir a las personas presas tenía una relación racional con el propósito de la ley. Su razonamiento se centró en que estas personas habían alterado gravemente el orden jurídico mediante su propia conducta.
El Tribunal Superior de Tokio siguió un enfoque similar en marzo de 2024. Describió a las personas presas afectadas como personas que las autoridades habían considerado que debían recibir tratamiento en instituciones separadas de la sociedad, y cuyo respeto por las normas sociales era insuficiente o se había reducido considerablemente.
Sobre esa base, el tribunal superior aceptó que se restringiera su posibilidad de participar en la política nacional hasta que cumplieran sus condenas. El resumen del caso de la Corte Suprema señala que el tribunal superior no encontró ninguna violación de las disposiciones constitucionales invocadas, incluidos los artículos 15, 43, 44 y 79.
Esas disposiciones se refieren al derecho del pueblo a elegir y destituir a los funcionarios públicos, el sufragio universal de los adultos, el gobierno representativo, los requisitos para votar y el examen de los jueces de la Corte Suprema. El núcleo de la apelación es determinar hasta qué punto esas garantías protegen a una persona condenada por un delito.
Yagihashi cuestiona la relación entre el castigo penal y el derecho al voto. Sostiene que cumplir una condena y perder voz en el gobierno son cuestiones distintas, y que una norma que abarca a todas las personas presas afectadas pasa por alto las diferencias entre sus delitos y circunstancias.
Qué planteó la sentencia de Osaka de 2013
La sentencia de septiembre de 2013 del Tribunal Superior de Osaka presenta un enfoque alternativo detallado. El caso se refería a un hombre que no pudo votar en las elecciones a la Cámara Alta del 11 de julio de 2010 porque cumplía condenas por delitos que incluían lesiones, obstrucción forzosa de actividades comerciales e infracciones de tránsito.
El tribunal aplicó un criterio estricto basado en una sentencia de la Corte Suprema de 2005 sobre el voto de los ciudadanos japoneses residentes en el extranjero. Según ese criterio, las restricciones al voto requieren razones inevitables. La mera conveniencia administrativa no basta cuando es posible organizar un proceso electoral justo.
Los jueces de Osaka rechazaron el argumento del Gobierno de que no podía esperarse que las personas presas ejercieran el voto de manera justa simplemente por estar encarceladas. Señalaron la variedad de delitos, incluidos los cometidos por negligencia, y que la mayoría de los delitos no guardaban relación con el voto.
La sentencia también diferenció el derecho a votar del derecho a presentarse a cargos públicos. El tribunal aceptó que el confinamiento generaba dificultades inevitables para hacer campaña y ocupar cargos públicos, pero consideró inconstitucional la prohibición general del voto en virtud de los artículos 15, 43 y 44.
Por tanto, las decisiones de Tokio y Osaka discrepan en una cuestión fundamental: si la condena y el encarcelamiento justifican suficientemente la exclusión de toda una categoría de ciudadanos o si el Estado debe demostrar por qué sería inviable permitirles votar.
¿Se puede organizar la votación dentro de las prisiones?
El Tribunal Superior de Osaka examinó las medidas prácticas posibles, en lugar de considerar el confinamiento un impedimento automático. Señaló que ya existía el voto por correo para las personas recluidas en centros penitenciarios que no habían sido condenadas y tenían derecho a votar.
El voto por correo permite que una persona con derecho a votar emita su sufragio sin acudir al centro electoral habitual el día de las elecciones. Yagihashi utilizó esa opción en 2019. El tribunal de Osaka razonó que las medidas existentes demostraban que era posible votar dentro de instituciones de seguridad.
Los jueces también señalaron que la ley japonesa sobre referendos constitucionales no descalifica a las personas por el simple hecho de estar presas. Consideraron que permitirles votar mediante procedimientos de voto por correo u otros similares no presentaba dificultades técnicas suficientes para justificar la prohibición electoral general.
El acceso a la información fue otro aspecto del análisis. El tribunal citó la legislación penitenciaria, que prevé el acceso a libros y la posibilidad de seguir la actualidad a través de periódicos y emisiones. Los boletines electorales y los programas políticos podían ponerse a disposición de las personas presas dentro de esos mecanismos.
La sentencia también abordó la libertad condicional. Una persona en libertad condicional podía seguir sujeta a la restricción hasta cumplir la condena, aunque viviera fuera de prisión y tuviera acceso a la información como los demás ciudadanos. Para los jueces de Osaka, esto debilitaba el argumento de que el aislamiento de la información política justificaba la norma en su conjunto.
Por qué una norma inconstitucional no dio lugar a una indemnización
El demandante de Osaka solicitó una indemnización de un millón de yenes por la angustia que le causó no poder votar en 2010. A pesar de considerar inconstitucional la restricción, el tribunal superior rechazó su apelación y mantuvo el rechazo de sus demandas.
El tribunal trató la indemnización como una cuestión jurídica independiente. En virtud del artículo 1, apartado 1, de la Ley de Indemnización del Estado, la responsabilidad por las acciones u omisiones de los legisladores depende de que se haya incumplido un deber jurídico frente a una persona.
La sentencia explicó que puede haber derecho a una indemnización en circunstancias excepcionales, por ejemplo, cuando la vulneración de derechos constitucionales es evidente o cuando una ley es claramente indispensable para que las personas puedan ejercer sus derechos y el Parlamento no la aprueba durante un largo periodo sin justificación.
En relación con las elecciones de julio de 2010, el tribunal consideró que no había motivos suficientes para responsabilizar a los legisladores. Examinó el estado de los estudios constitucionales, los debates parlamentarios y la discusión pública de aquel momento. También rechazó las solicitudes de declaración por motivos procesales.
La reclamación de indemnización de Yagihashi se refiere a la falta de actuación del Parlamento antes del 31 de octubre de 2021, más de ocho años después de la sentencia de Osaka. La Corte Suprema debe evaluar tanto la restricción constitucional como la supuesta inacción legislativa señalada en su caso. El resumen oficial las enumera como cuestiones distintas.
Las personas detrás de los argumentos jurídicos
Yagihashi ha dicho que su interés por los derechos constitucionales aumentó después de que le diagnosticaran leucemia en 2020. Según explicó, las dificultades para obtener el tratamiento que quería y su experiencia con la autoridad dentro de la prisión lo llevaron a preguntarse cómo podían hacerse oír las personas presas. Estas descripciones reflejan su versión del tratamiento que recibió y de la vida en prisión.
El litigio anterior de Osaka comenzó con una impugnación similar de una persona a la que se había negado el voto. En 2010, Fumio Takemura, abogado del Colegio de Abogados de Osaka, recibió la visita del hombre que no había podido votar en las elecciones a la Cámara Alta de ese año. Takemura asumió el caso y argumentó que la prohibición general era inconstitucional.
La investigación de Takemura incluyó un estudio comparativo que identificó más de 20 países que, por lo general, reconocen el derecho al voto de las personas presas. Esa comparación muestra que el encarcelamiento y la participación electoral pueden coexistir en otros sistemas jurídicos, mientras que los tribunales japoneses deben resolver la cuestión de acuerdo con la Constitución de Japón.
Para Yagihashi, lo que está en juego de inmediato es concreto: una decisión jurídica sobre si podrá votar en futuras elecciones nacionales y participar en exámenes judiciales, y sobre si el Estado debe indemnizarlo por su exclusión en 2021. Para el Parlamento, la sentencia determinará si el fundamento constitucional aceptado por los tribunales de Tokio se mantiene tras la revisión del máximo órgano judicial del país.
Puntos clave
- Está previsto que el pleno de la Corte Suprema se pronuncie el 18 de noviembre sobre la prohibición general del voto en Japón para las personas que cumplen condenas de prisión.
- Kentaro Yagihashi votó desde el centro de detención antes de que se dictara sentencia en 2019, pero no pudo votar mientras cumplía su condena en octubre de 2021.
- Solicita que se reconozca su derecho a votar en el futuro y una indemnización estatal de 30.000 yenes.
- El Tribunal de Distrito de Tokio y el Tribunal Superior de Tokio confirmaron la restricción.
- El Tribunal Superior de Osaka consideró inconstitucional la prohibición general del voto en 2013, pero negó una indemnización.
- La apelación también se refiere a la participación en el examen público de los jueces de la Corte Suprema y a la falta de actuación del Parlamento para modificar la ley antes de la votación de 2021.






