La reducción de aranceles pone a prueba el aceite de palma de Indonesia frente a la deforestación

Un acuerdo al alcance y una norma que aún podría cerrar la puerta

Indonesia y la Unión Europea han concluido la parte sustantiva de su Acuerdo Integral de Asociación Económica. El acuerdo promete reducciones arancelarias que podrían entrar en vigor a partir de 2027, una vez concluidas las revisiones jurídicas y la ratificación. Para Indonesia, el mayor productor de aceite de palma del mundo, esta es una oportunidad para exportar más productos refinados y sin procesar a un mercado de alto poder adquisitivo donde los aranceles han sido durante mucho tiempo un obstáculo. La promesa de reducir los derechos de aduana llega al mismo tiempo que una prueba más exigente. El nuevo reglamento de la Unión Europea contra la deforestación sigue amenazando con bloquear los envíos que no puedan cumplir los estrictos requisitos de prueba de origen y legalidad.

El Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés) abarca el aceite de palma y otros seis productos básicos asociados a los bosques. Exige a los importadores rastrear cada envío pertinente hasta la parcela de origen, mediante geolocalización precisa y la fecha de plantación, y demostrar que no se despejó ningún terreno después de la fecha límite de 2020. Las empresas deben conservar registros detallados de diligencia debida, cartografiar a sus proveedores y estar preparadas para las auditorías. Funcionarios indonesios y grupos del sector afirman que estas normas son especialmente difíciles para los pequeños agricultores, que carecen de herramientas digitales, títulos de propiedad estables y capacitación para desenvolverse en un régimen de cumplimiento que les resulta desconocido.

El comercio con Europa ya es significativo. En 2024, Indonesia y la Unión Europea intercambiaron bienes por valor de 30.400 millones de dólares, y Yakarta registró un superávit de 4.500 millones de dólares. El aceite de palma sigue siendo fundamental. Hasta septiembre de 2025, Indonesia produjo más de 43 millones de toneladas de aceite de palma, exportó al menos 25 millones de toneladas y obtuvo 27.300 millones de dólares en divisas, mientras que el consumo interno se mantuvo cerca de los 18,5 millones de toneladas. La Unión Europea también publicó una clasificación de riesgo que sitúa a Indonesia en la categoría de riesgo estándar, un nivel intermedio que exige más controles que el riesgo bajo, pero muchos menos que el riesgo alto.

El calendario de aplicación es importante. La Unión Europea aplazó inicialmente la entrada en vigor de la ley hasta diciembre de 2025 para las empresas grandes y medianas; se esperaba que las microempresas y pequeñas empresas cumplieran a partir del 30 de junio de 2026. Desde entonces, funcionarios europeos han señalado que habrá otro año de flexibilidad mientras se terminan de desarrollar los complejos sistemas de datos necesarios para poner en marcha el portal que recibirá las declaraciones de las empresas. Ese tiempo adicional da margen a Indonesia y a los compradores para preparar sistemas de trazabilidad, aunque también prolonga la incertidumbre para los exportadores que necesitan saber con claridad cómo se realizarán los controles en los puertos.

Qué exige el EUDR y cómo se comprobará el cumplimiento

El EUDR busca reducir la pérdida mundial de bosques impidiendo la entrada de productos vinculados a la deforestación o a actividades ilegales después de diciembre de 2020. Se aplica al aceite de palma, la soja, el café, el cacao, la madera, el caucho y el ganado. También abarca cualquier producto derivado de estos bienes. En el caso del aceite de palma, esto incluye aceites crudos y refinados, oleoquímicos, biodiésel y una larga lista de alimentos y bienes de consumo. La responsabilidad recae en las empresas que comercializan productos en la Unión Europea. Antes del envío, deben presentar una declaración de diligencia debida que incluya la geolocalización de las parcelas para permitir la trazabilidad y una evaluación de riesgos que explique por qué sus productos están libres de deforestación y son legales según las leyes del país productor.

Las autoridades de la Unión Europea se basarán en una clasificación de países en tres niveles de riesgo para decidir cuántos envíos inspeccionar. Los países de bajo riesgo se enfrentan a controles de aproximadamente el 1 % de los envíos. En los países de riesgo estándar, se controla cerca del 3 %. En los de alto riesgo, alrededor del 9 %. Actualmente, cuatro países están clasificados como de alto riesgo: Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Myanmar. Indonesia se encuentra en el nivel de riesgo estándar. La clasificación no prohíbe las ventas de los países de mayor riesgo; establece la intensidad de los controles y el nivel de apoyo que, según la Unión Europea, proporcionará para facilitar el cumplimiento.

Las diferencias en las definiciones y los datos pueden complicar la aplicación. Los organismos indonesios y europeos no siempre emplean la misma definición de cobertura forestal, lo que puede generar discrepancias en los mapas y las clasificaciones del uso del suelo. Funcionarios de Yakarta también han cuestionado la viabilidad de exigir datos detallados de geolocalización a productores de regiones tropicales, mientras que las normas europeas de privacidad limitan el acceso a datos personales de geolocalización en otros sectores. Funcionarios de la Unión Europea responden que las directrices abordan las preocupaciones sobre la privacidad y que la redacción de la ley es amplia para permitir actualizaciones técnicas cuando sean necesarias.

Para las empresas que ya conocen los sistemas voluntarios de sostenibilidad, el EUDR supone, aun así, un cambio importante. La certificación por sí sola no será suficiente. Los auditores contratados por las empresas no pueden sustituir la obligación oficial de diligencia debida. Las declaraciones deben presentarse en el sistema de la Unión Europea y pueden verificarse mediante la revisión de documentos, el análisis geoespacial y las inspecciones in situ. El incumplimiento puede dar lugar a la retención de los productos, su retirada del mercado y sanciones. En la práctica, los compradores exigirán trazabilidad completa desde las plantas extractoras y las plantaciones, y reorganizarán sus compras para trabajar con socios que puedan ofrecer cadenas de suministro transparentes y bien documentadas.

El plan de Indonesia para cumplir las normas, de la certificación a las pruebas sobre el terreno

El sector y el Gobierno de Indonesia consideran el EUDR tanto un desafío como una oportunidad para mejorar la gobernanza. El Sistema Indonesio de Aceite de Palma Sostenible (ISPO, por sus siglas en inglés) es obligatorio para los productores y las empresas, y se está reforzando con criterios más estrictos, informes públicos y nuevas normas de auditoría. La Asociación Indonesa de Aceite de Palma ha pedido que el ISPO sea reconocido como una vía fiable para los compradores que buscan aceite de palma sostenible. La asociación también sostiene que la certificación debe reflejar la soberanía sobre las normas nacionales y el orgullo por las buenas prácticas locales, además de garantizar salvaguardias ambientales y sociales.

Yakarta también invierte en tecnología para cumplir los requisitos de trazabilidad. Una nueva plataforma de inteligencia sobre el terreno, Ground Truthed.id, recopila pruebas geolocalizadas de tala de bosques, plantaciones ilegales, explotación forestal y conflictos sociales. Complementa la vigilancia satelital al permitir que las comunidades, los grupos de la sociedad civil y las autoridades informen de lo que ocurre realmente sobre el terreno. Los datos se verifican antes de su publicación y pueden vincularse a casos para que se tomen medidas. El Gobierno está creando un tablero nacional que conectará mapas e información de las cadenas de suministro de distintos productos. El objetivo es armonizar los datos de uso del suelo, los registros de licencias y la información divulgada por las empresas para ofrecer a los compradores información coherente y verificable.

Altos funcionarios indonesios también quieren establecer un canal simplificado de verificación con los organismos reguladores europeos que proteja la soberanía de los datos. Una propuesta consiste en crear una Unidad de Información sobre Licencias que confirme el origen y la condición de sostenibilidad de los envíos, mientras mantiene los datos confidenciales almacenados en Indonesia. Vincular esa unidad al sistema de declaraciones de la Unión Europea podría reducir la carga para los pequeños agricultores y los exportadores al proporcionar una vía oficial para validar documentos y mapas, sin tener que volver a introducir los datos en varias plataformas.

Representantes de la Unión Europea en Yakarta afirman que el reglamento apunta a la deforestación, no a ningún país o producto en particular. Señalan que la clasificación de riesgo está diseñada para orientar las inspecciones y ayudar a dirigir el apoyo, no para imponer prohibiciones generales. El objetivo declarado de la Unión es contribuir a detener la deforestación para 2030. Esa meta coincide con los compromisos de Indonesia en virtud del Acuerdo de París, que en los últimos años han impulsado la creación de nuevas áreas protegidas, un control más estricto de los incendios y un mayor uso de la restauración y la agroforestería.

Los pequeños agricultores soportan la mayor carga

Los pequeños agricultores gestionan una parte considerable de la superficie indonesia dedicada al aceite de palma: alrededor de cuatro de cada diez hectáreas del país. Muchos carecen de títulos de propiedad formales, límites claros para sus parcelas, acceso fiable a internet y recursos para pagar cartografía de precisión topográfica. Estas condiciones dificultan la geolocalización y la diligencia debida, incluso para los agricultores que cumplen de verdad las normas contra la deforestación. Existe el riesgo de que queden excluidos de las cadenas de suministro europeas si las plantas extractoras y los comerciantes deciden que agrupar la producción de pequeñas explotaciones genera riesgos de cumplimiento que no pueden gestionar a gran escala.

Hay soluciones prometedoras. Los programas de capacitación pueden explicar los requisitos del EUDR, desde la cartografía de las parcelas hasta la conservación de documentos. Las herramientas asequibles de geolocalización, diseñadas para funcionar sin conexión y adaptadas a las necesidades locales, pueden ayudar a los agricultores y las cooperativas a registrar los límites de sus parcelas y el recorrido de las cosechas. Las aplicaciones de trazabilidad probadas con grupos de agricultores muestran que su adopción aumenta cuando las herramientas se adaptan a las prácticas existentes y los extensionistas acompañan su implementación. Los incentivos también son importantes. Los productores de aceite de palma responden a señales de precios claras, acceso a servicios de cartografía y certificación de bajo costo, y participación en programas de crédito que recompensan las buenas prácticas.

• Crear centros de información que expliquen el EUDR en idiomas locales y ofrezcan capacitación práctica.
• Proporcionar herramientas sencillas y de bajo costo para la cartografía y la introducción de datos que funcionen sin conexión.
• Utilizar cooperativas y redes de compra de las plantas extractoras para recopilar y validar las coordenadas de las parcelas.
• Ofrecer apoyo financiero para los trámites legales de propiedad de la tierra y los costos de certificación.
• Crear vías rápidas para verificar transacciones recurrentes entre socios de confianza.

Líderes del sector indonesio sostienen que la ley no debe expulsar a los agricultores del mercado. Apoyan el objetivo de reducir la deforestación, pero advierten que un diseño rígido de todo o nada fragmentaría las cadenas de suministro y desaprovecharía la oportunidad de mejorar el cumplimiento en todo el sector. Quieren una vía que mantenga a los pequeños agricultores dentro de las cadenas de suministro, con apoyo transitorio tanto de Yakarta como de Bruselas.

Reducción de aranceles frente a nuevas barreras no arancelarias

El acuerdo comercial promete una amplia reducción de aranceles para ambas partes. Para Indonesia, esto incluye productos agrícolas e industriales cuyos gravámenes pueden alcanzar los dos dígitos. Pero la eliminación de aranceles no exime del EUDR. Si un envío no cumple los requisitos de diligencia debida, no podrá entrar en la Unión Europea, cualquiera que sea el arancel. La interacción entre ambos acuerdos es fundamental para el aceite de palma. Aunque los gravámenes sean más bajos, los vendedores indonesios seguirán necesitando trazabilidad fiable, documentación completa y pruebas claras de que no se despejó ningún terreno después de la fecha límite.

La clasificación de riesgo influye en los costos y la previsibilidad. Indonesia está clasificada actualmente como país de riesgo estándar. En principio, esto supone una tasa de inspección del 3 %, superior a la de los países de bajo riesgo, donde los controles se acercan al 1 %, y muy inferior a la de los países de alto riesgo, donde rondan el 9 %. La clasificación puede cambiar con el tiempo en cualquiera de las dos direcciones. Empresas de Indonesia afirman que pasar a la categoría de bajo riesgo reduciría los costos de cumplimiento para los pequeños exportadores y simplificaría la logística. Por ahora, los vendedores buscan cumplir los requisitos del nivel de riesgo estándar y, al mismo tiempo, trabajan con los compradores para organizar transacciones recurrentes con socios verificados.

Los envíos de aceite de palma a Europa siguen siendo importantes. Indonesia exportó alrededor de 3,3 millones de toneladas a la Unión Europea en 2024 y se ha fijado el objetivo de llegar a cerca de 4 millones de toneladas anuales una vez que bajen los aranceles y se consoliden los sistemas de cumplimiento. Si la trazabilidad es sólida y la documentación se vuelve habitual, las plantas extractoras y las refinerías mantendrán el acceso a los consumidores de alto valor de Europa. De lo contrario, los volúmenes se desviarán a otros mercados y la ventaja arancelaria quedará desaprovechada.

La política regional y el impulso a las normas mundiales

Indonesia y Malasia han coordinado sus respuestas a las nuevas normas de importación a través del Consejo de Países Productores de Aceite de Palma. El debate se ha ampliado para incluir normas sobre aceites vegetales entre los principales productores. Funcionarios indonesios proponen establecer un referente mundial mediante foros multilaterales y alianzas, incluidos diálogos con organizaciones internacionales y plataformas donde los países productores tengan un peso real. La idea es crear normas que reflejen las realidades tropicales, protejan los medios de vida de los pequeños agricultores y, al mismo tiempo, garanticen resultados verificables de ausencia de deforestación.

Continúa el diálogo diplomático con la Unión Europea. Funcionarios indonesios sostienen que las normas de sostenibilidad deben ser universales y no discriminatorias entre productos y regiones. Citan experiencias anteriores en el sector maderero, donde los acuerdos de licencias y verificación ayudaron a ambas partes a generar confianza y mejorar las prácticas sin imponer una carga excesiva a los pequeños proveedores. Un enfoque similar para el aceite de palma podría incluir un canal oficial de verificación en Yakarta que confirme el origen y el cumplimiento, mientras mantiene los datos confidenciales dentro del país.

Funcionarios europeos responden que el EUDR es flexible en cuanto a los métodos, pero estricto con los resultados. El reglamento se centra en la fecha de tala de los bosques y la legalidad de la producción. La clasificación de riesgo indica el nivel de controles, no una presunción de culpabilidad. La Unión también ha aplazado la aplicación para dar tiempo a las empresas a adaptarse y ha publicado directrices para aclarar cómo presentar y evaluar las declaraciones de diligencia debida.

Perspectivas del mercado, tendencias de sostenibilidad y posibles cambios en los flujos comerciales

Indonesia ya ha avanzado en la reducción de la deforestación vinculada a la expansión del aceite de palma. Durante la última década, la combinación de medidas gubernamentales, compromisos del sector privado, vigilancia satelital y presión de los compradores internacionales ha contribuido a desvincular el crecimiento de la producción de la pérdida de bosques. Los estudios sobre el uso del suelo muestran que, a finales de la década de 2010, la superficie talada cada año para nuevas plantaciones de palma aceitera cayó a una fracción de los máximos registrados a principios de la década. Las subidas recientes de los precios no provocaron un nuevo repunte de la tala, lo que apunta a una mejor gobernanza del suelo y a una proporción creciente de la expansión en terrenos ya despejados.

Aún hay riesgos. Los analistas calculan que millones de hectáreas de bosques intactos siguen dentro de concesiones de aceite de palma. Sin una aplicación rigurosa de las normas y una vigilancia fiable, parte de esas tierras podría convertirse en plantaciones ante la presión de los altos precios de los productos básicos o de los conflictos locales por la tierra. Por eso es esencial verificar la cadena desde el terreno hasta el puerto. Las nuevas plataformas de información sobre el terreno, las alertas satelitales y los tableros públicos pueden ofrecer a las plantas extractoras y los comerciantes una visión más clara de sus proveedores, pero requieren inversión y coordinación.

Los flujos comerciales dependerán de la rapidez con que las empresas y las autoridades conviertan las directrices en medidas concretas. Si las plantas extractoras indonesias crean sistemas para recopilar datos precisos de geolocalización de las pequeñas explotaciones, y si los registros pueden vincularse a las licencias y los mapas de uso del suelo, los exportadores conservarán su presencia en la Unión Europea y quizá aumenten los volúmenes cuando bajen los aranceles. Si el cumplimiento sigue siendo irregular, los compradores desviarán sus pedidos hacia lugares de origen que puedan ofrecer documentación fiable a menor costo. En ese caso, el aceite de palma indonesio seguirá encontrando grandes mercados en Asia y Oriente Medio, pero será más difícil aprovechar la prima asociada a los suministros cuya ausencia de deforestación está verificada.

Para los productores, un historial fiable de cumplimiento aporta algo más que acceso al mercado. Mejora la reputación, facilita el acceso a la financiación y reduce el riesgo de demoras o rechazos de los envíos. Para el Gobierno, un buen desempeño en materia de trazabilidad refuerza su posición diplomática en las negociaciones comerciales y reduce la probabilidad de que la Unión aumente los niveles de inspección. Para los compradores europeos, un sistema operativo ofrece visibilidad sobre las cadenas de suministro y reduce los riesgos jurídicos asociados al nuevo reglamento. Todas las partes tienen motivos para invertir en que las normas sean viables, desde la capacitación y las herramientas para los pequeños agricultores hasta canales claros de verificación entre los organismos reguladores.

Puntos clave

• Indonesia y la Unión Europea han concluido la parte sustantiva de su acuerdo comercial, y las reducciones arancelarias podrían comenzar en 2027.
• La ley europea contra la deforestación exige geolocalizar las parcelas y demostrar que no se despejó ningún terreno después de 2020 para el aceite de palma y otros seis productos básicos.
• Indonesia está clasificada como país de riesgo estándar, lo que supone una tasa de inspección de alrededor del 3 %, frente al 1 % para los países de bajo riesgo y el 9 % para los de alto riesgo.
• La aplicación de las normas de la Unión Europea se aplazó hasta diciembre de 2025 para las empresas grandes y medianas; se esperaba que las pequeñas cumplieran a partir del 30 de junio de 2026, y se ha señalado que habrá más flexibilidad mientras se preparan los sistemas informáticos.
• La producción indonesia de aceite de palma superó los 43 millones de toneladas en septiembre de 2025, con al menos 25 millones de toneladas exportadas y 27.300 millones de dólares en ingresos en divisas.
• Yakarta está reforzando la certificación ISPO y poniendo en marcha herramientas como un tablero nacional de trazabilidad y plataformas de información sobre el terreno para facilitar el cumplimiento.
• Los pequeños agricultores afrontan los mayores obstáculos en materia de cartografía, documentación e informes digitales, lo que aumenta el riesgo de exclusión si no reciben apoyo específico.
• La reducción de aranceles no eliminará las barreras no arancelarias. Sin una diligencia debida verificable, los envíos aún pueden ser bloqueados en los puertos de la Unión Europea.
• Si se consolidan los sistemas de cumplimiento, Indonesia busca elevar sus exportaciones de aceite de palma a la Unión Europea desde los cerca de 3,3 millones de toneladas de 2024 hasta unos 4 millones de toneladas anuales.
• La coordinación regional a través de grupos de países productores y los avances hacia normas más amplias sobre aceites vegetales reflejan un esfuerzo más amplio por equilibrar el comercio, los medios de vida y la protección de los bosques.