Un amplio control de identidad para los servicios en línea
La Asamblea Nacional de Vietnam votó el 20 de noviembre de 2026, con 473 votos a favor y ninguno en contra, una ley que exige verificar muchas cuentas utilizadas para transacciones en línea mediante identidades electrónicas nacionales y vincularlas a la identidad verificada. Los 473 votos representaron el 94,79 % de todos los diputados de la Asamblea Nacional. La Ley de Identificación y Autenticación Electrónicas entrará en vigor el 1 de julio de 2027.
Contenido
- Un amplio control de identidad para los servicios en línea
- ¿Qué cuentas deben vincularse?
- ¿Cómo funcionará la verificación?
- ¿Qué ocurre cuando falla una verificación?
- ¿Qué límites se aplican a la información personal?
- Menos trámites repetidos y mayor uso de los registros existentes
- La identidad digital abarcará más que a las personas
- Lo que aún deben saber los usuarios y los servicios
- Puntos clave
La norma abarca las cuentas utilizadas para transacciones en línea en redes sociales, servicios bancarios, valores, telecomunicaciones, compras por internet, servicios postales, atención médica, servicios de pago, carteras electrónicas, activos digitales, juegos en línea y servicios de nombres de dominio. Una vez verificada una cuenta, deberá vincularse a la identidad digital verificada correspondiente.
El cambio busca dificultar el uso de identidades falsas o la suplantación de otra persona para cometer fraude u otros actos ilegales en línea, según el anuncio del Gobierno vietnamita. La ley también pretende reducir la repetición de trámites al exigir a las agencias que utilicen la información que ya consta en las bases de datos gubernamentales cuando tengan acceso a ella.
El requisito se aplica a las cuentas utilizadas para transacciones en línea; no establece que todas las personas deban mostrar públicamente su identidad legal en un perfil de redes sociales. La verificación vincula una cuenta a una identidad que permanece detrás del servicio. Los pasos prácticos para los usuarios, las plataformas y otros proveedores dependerán de las normas y los plazos que el Gobierno aún debe establecer.
¿Qué cuentas deben vincularse?
La ley menciona una amplia variedad de servicios. Incluye la negociación de valores, los servicios bancarios, las telecomunicaciones, los servicios postales, las compras por internet, la atención médica, los intermediarios de pago, las carteras electrónicas, los activos digitales, los juegos en línea, el registro de nombres de dominio y las redes sociales. Un intermediario de pago es un servicio que facilita el movimiento de dinero entre un cliente y una empresa, mientras que una cartera electrónica almacena información de pago o fondos para transacciones digitales.
La norma también abarca otras transacciones en línea que implican riesgos elevados o generan obligaciones legales importantes. Los ministros y los responsables de las agencias de nivel ministerial deberán especificar qué transacciones de sus respectivos ámbitos corresponden a esas categorías. Esto permite incluir transacciones además de las mencionadas expresamente en la ley y, al mismo tiempo, encarga a cada ministerio responsable definir los detalles de su sector.
Esta distinción es importante porque una plataforma puede ofrecer muchos tipos de actividades. La ley se dirige a las cuentas electrónicas utilizadas para realizar transacciones en línea en los ámbitos cubiertos; la lista exacta de transacciones y los pasos para verificarlas se determinarán mediante las normas de aplicación. La ley no establece un plazo único para que los usuarios completen la verificación en todos los sectores.
¿Cómo funcionará la verificación?
La verificación podrá realizarse directamente o a través de un proveedor de servicios de autenticación electrónica, según el nivel de riesgo de la transacción. La ley establece la obligación de verificar y vincular las cuentas, mientras que el Gobierno debe detallar cómo conectarán los servicios las cuentas con las identidades verificadas y fijar el calendario de aplicación.
Ese calendario determinará cuándo deberán completar el proceso los distintos sectores. El 1 de julio de 2027 es la fecha de entrada en vigor de la ley, pero el Gobierno fijará los plazos para completar la verificación y la vinculación de cuentas en cada ámbito. Por tanto, los usuarios y las empresas deberán seguir el calendario específico de cada sector una vez que se publique.
La ley no obliga a las personas que ya cuentan con una identidad electrónica creada debidamente a volver a crearla. Las identidades existentes seguirán siendo válidas. Aun así, deberán utilizarlas para verificar y vincular las cuentas de transacciones cubiertas, de acuerdo con el calendario del Gobierno.
¿Qué ocurre cuando falla una verificación?
La ley incluye una garantía para las personas que no superen una verificación electrónica en el primer intento. Un servicio no puede denegar el acceso únicamente porque una autenticación no haya tenido éxito, si no ofrece una forma de revisar el resultado. La organización que realice la verificación deberá explicar por qué falló e informar a la persona de cómo resolver el problema.
Esto es importante cuando los datos de una persona están desactualizados, un problema técnico interrumpe la verificación o el sistema no puede cotejar correctamente la información. La norma exige que exista una vía para revisar y corregir una verificación fallida, en lugar de considerar que un solo error es definitivo. No detalla todos los pasos de ese proceso, por lo que los procedimientos dependerán de las normas y los mecanismos de cada servicio.
La ley también prohíbe obtener, comprar, vender, alquilar o arrendar la identidad electrónica de otra persona. Además, prohíbe utilizar datos biométricos fabricados o imágenes creadas digitalmente para establecer una identidad o completar una autenticación electrónica. Los datos biométricos son características físicas o de comportamiento, como el rostro o la huella dactilar, que ayudan a determinar la identidad de una persona.
¿Qué límites se aplican a la información personal?
Por regla general, la recopilación y el uso de información para la autenticación requieren el consentimiento del usuario, salvo que otra ley disponga lo contrario. La ley establece que la información utilizada para la verificación solo puede conservarse durante el tiempo necesario para ese fin. Sin embargo, los resultados de la verificación deben almacenarse durante al menos cinco años para que puedan consultarse si surge una disputa o aparecen indicios de una infracción.
Cuando la información de identidad incluye datos personales, las personas pueden decidir el alcance, los destinatarios y la duración de su divulgación, conforme a las normas previstas en la ley. Esto da a los usuarios un papel en el control de cómo se comparte su información de identidad. No significa que cualquier servicio pueda acceder a todos los datos de un registro nacional de identidad simplemente porque una cuenta esté vinculada.
Antes de la votación, los legisladores habían pedido normas más claras sobre qué personas u organismos pueden consultar la información de identidad y en qué circunstancias. Las disposiciones de la ley sobre el consentimiento y el tratamiento de datos establecen salvaguardias, mientras que las normas detalladas del Gobierno deberán explicar cómo funciona en la práctica el acceso autorizado. La ley también exige actualizar las identidades electrónicas cuando cambie la información de una persona o una organización.
Menos trámites repetidos y mayor uso de los registros existentes
Las agencias gubernamentales y otras organizaciones no pueden pedir a las personas o empresas que vuelvan a presentar información que ya esté disponible en bases de datos nacionales o sectoriales cuando se cumplan las condiciones legales para utilizarla. Tampoco pueden exigir documentos que ya hayan sido identificados electrónicamente, salvo cuando no sea posible completar la autenticación electrónica.
Cuando la información de las bases de datos sea completa y precisa, el Estado podrá crear una identidad electrónica y asignar un número nacional de identificación sin pedir a la persona o empresa que vuelva a registrarse. En términos sencillos, la política busca que las agencias utilicen los registros verificados que ya tienen, en vez de pedir repetidamente a las personas que completen los mismos datos o presenten los mismos documentos.
La ley también establece que los avisos enviados a través de la aplicación nacional de identidad de Vietnam, VNeID, tienen la misma validez legal que los avisos en papel. La aplicación está destinada a facilitar la identificación y la autenticación electrónicas, el acceso a datos y servicios públicos, y la vinculación con cuentas de transacciones. Ofrecerá algunos servicios gratuitos, incluida la autenticación de firma digital pública, un método para verificar la firma de una persona en documentos electrónicos.
La identidad digital abarcará más que a las personas
La ley amplía la identificación electrónica más allá de las personas y las organizaciones. También puede aplicarse a productos, bienes, activos físicos y digitales, propiedad intelectual, acontecimientos, transacciones, acciones, lugares y espacios. La propiedad intelectual incluye creaciones como inventos y obras sobre las que las personas o las organizaciones tienen derechos legales.
Este alcance más amplio crea una forma común de identificar distintos tipos de objetos y actividades en los sistemas digitales. La ley también prohíbe la recopilación, el uso, la divulgación o el intercambio no autorizados de datos de identidad y factores de autenticación. Por tanto, sus normas abarcan tanto la creación y el uso de identidades como las conductas que podrían hacer un uso indebido de ellas o exponerlas.
Los certificados públicos de firma digital emitidos por la autoridad nacional de identificación y autenticación electrónica tienen una fecha de inicio distinta. Su emisión comenzará el 1 de marzo de 2027, cuatro meses antes de la entrada en vigor de la ley principal.
Lo que aún deben saber los usuarios y los servicios
La ley establece la obligación, pero el Gobierno y los ministerios responsables aún deben resolver varios detalles prácticos. Entre ellos figuran las fechas límite para cada sector, las transacciones específicas que se consideran de alto riesgo o de importancia jurídica, y el proceso detallado de verificación y vinculación. El método podrá variar según el riesgo de una transacción.
Para los usuarios, la distinción clave está entre tener una identidad electrónica y vincular cada cuenta cubierta a ella. Las personas que ya tienen una identidad válida no tendrán que crearla de nuevo, pero sus cuentas aún deberán verificarse y vincularse conforme al calendario del sector correspondiente. Por su parte, los proveedores deberán gestionar la autenticación, proteger la información que utilicen y conservar los resultados de las verificaciones durante el periodo exigido.
La política combina dos cambios: controles de identidad más estrictos para las transacciones en línea y una norma que impide exigir repetidamente documentos que ya constan en las bases de datos gubernamentales. El buen funcionamiento de ambos cambios dependerá de las próximas normas, incluidas instrucciones claras para las verificaciones fallidas, el acceso a los datos y el plazo que tendrá cada servicio para cumplir.
Puntos clave
- La Asamblea Nacional aprobó la ley el 20 de noviembre de 2026, con 473 votos a favor, y esta entrará en vigor el 1 de julio de 2027.
- Entre las cuentas de transacciones en línea cubiertas figuran las de redes sociales, servicios bancarios, valores, telecomunicaciones, compras por internet, atención médica y otros servicios enumerados.
- Las cuentas deberán verificarse mediante una identidad electrónica nacional y vincularse a ella; el Gobierno fijará los plazos para cada sector.
- La información utilizada para la verificación solo podrá conservarse durante el tiempo necesario, mientras que sus resultados deberán almacenarse durante al menos cinco años.
- Las identidades electrónicas válidas existentes seguirán en uso, y las agencias deberán evitar pedir a las personas que vuelvan a presentar registros que ya consten en bases de datos gubernamentales y puedan utilizarse legalmente.
- Está previsto que los certificados públicos de firma digital de la autoridad nacional comiencen a emitirse el 1 de marzo de 2027.






