Promesas de seguridad tras la destitución de un gobierno electo
El primer ministro Shehbaz Sharif defendió la imposición del estado de emergencia y del gobierno del gobernador en Khyber Pakhtunkhwa el 11 de octubre de 2026. Prometió 160.000 millones de rupias para el desarrollo, mientras su gobierno asume la responsabilidad directa de una provincia que afronta un aumento de la violencia militante y una creciente confrontación política.
Contenido
- Promesas de seguridad tras la destitución de un gobierno electo
- Por qué Shehbaz dice que era necesaria la intervención
- Qué muestran las cifras de violencia
- Dos facultades constitucionales con efectos distintos
- Aprobación parlamentaria e impugnación judicial
- Estructura separada para 12 distritos
- 160.000 millones de rupias, trigo y equipo policial
- Detenciones e interrupciones agravan la disputa
- Cómo se desarrolló la confrontación
- Puntos clave
Durante su primera visita desde la intervención, Shehbaz dijo en la sede del gobernador en Peshawar que la medida se tomó tras fracasar las negociaciones y que era necesaria para restablecer la seguridad. El presidente Asif Ali Zardari aprobó las medidas en virtud de los artículos 232 y 234 de la Constitución de Pakistán, y transfirió la autoridad ejecutiva del ministro principal Sohail Afridi y su gabinete al gobernador Faisal Karim Kundi.
El partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), que encabezaba el gobierno provincial, impugnó la decisión ante el Tribunal Superior de Peshawar. Sus dirigentes afirman que Islamabad utiliza las preocupaciones de seguridad para destituir a una administración electa y debilitar al partido, mientras este busca la liberación de su fundador encarcelado, el ex primer ministro Imran Khan.
La confrontación plantea ahora tres preguntas inmediatas: cómo se gobernará la provincia, si el dinero y el equipo adicionales mejorarán la seguridad, y si la intervención federal cumple los requisitos constitucionales. Los residentes ya afrontan consecuencias que van más allá de la disputa política, como interrupciones de las comunicaciones, cierre de escuelas y restricciones relacionadas con las protestas.
Shehbaz presidió una reunión del comité supremo del Plan de Acción Nacional, el marco de Pakistán para coordinar la lucha contra el terrorismo. Entre los participantes estaban el mariscal de campo Asim Munir, identificado por la Oficina del Primer Ministro como jefe de las fuerzas de defensa y jefe del Estado Mayor del Ejército, el vice primer ministro Ishaq Dar, el ministro del Interior Mohsin Naqvi y el gobernador Kundi.
Por qué Shehbaz dice que era necesaria la intervención
Shehbaz describió la decisión como una medida tomada bajo una «presión extrema». Dijo que un comité político dedicó 48 horas a buscar una solución negociada y que consultó dos veces con Zardari antes de proceder. Las conversaciones entre representantes federales y provinciales del 2 y 3 de octubre terminaron sin acuerdo.
El primer ministro acusó a la administración del PTI de descuidar la educación, la atención médica, la policía y la seguridad pública. Dijo que seguían vacantes 5.000 puestos policiales, que los proyectos Safe City estaban sin terminar y que el Departamento de Lucha contra el Terrorismo carecía de suficiente capacitación, equipo y capacidad. Por lo general, los proyectos Safe City conectan cámaras de vigilancia y sistemas de control policial para ayudar a los agentes a supervisar incidentes y responder a ellos.
Shehbaz también acusó a los anteriores dirigentes provinciales de permitir el regreso de militantes después de operaciones de seguridad anteriores. Dijo que Pakistán había restablecido la paz en 2018, tras perder unas 80.000 vidas y sufrir enormes daños económicos en la lucha contra el terrorismo.
El PTI rechaza la versión del gobierno sobre su enfoque de la seguridad. Taimur Jhagra, exministro provincial de Finanzas, dijo que la administración asumió la responsabilidad de combatir el terrorismo y cuestionó la afirmación de que hubiera abandonado esa tarea.
Jhagra, dirigente del PTI, afirmó:
«Por supuesto que el gobierno provincial estaba luchando contra el terrorismo. Asumimos la responsabilidad de combatir el terrorismo, tanto individual como colectivamente. Si el problema era el terrorismo, entonces Baluchistán debería haber estado bajo estado de emergencia antes que KP».
Qué muestran las cifras de violencia
El ministro de Justicia, Azam Nazeer Tarar, dijo ante el Parlamento que Khyber Pakhtunkhwa había registrado 3.787 incidentes terroristas durante el año anterior. Informes de seguridad presentados al gabinete federal indicaron que los incidentes en la provincia aumentaron un 195% entre el 1 de marzo de 2024 y el 23 de septiembre de 2026, y que el 73% de los ataques registrados allí en 2026 tuvieron como objetivo a policías y miembros de las fuerzas de seguridad.
Un aumento del 195% significa que la cifra posterior fue casi tres veces superior a la inicial. La concentración de ataques contra miembros de las fuerzas de seguridad también ayuda a explicar por qué la dotación de personal policial, los vehículos y la capacitación ocupan un lugar destacado en la respuesta del gobierno.
El Instituto de Estudios sobre Conflictos y Seguridad de Pakistán, una organización independiente de investigación, contabilizó 908 ataques en todo el país en 2024 y 1.066 en 2025. Registró otros 1.232 durante los primeros nueve meses de 2026, es decir, 166 más que en todo 2025, un aumento de alrededor del 16%. La mayoría ocurrió en Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán.
El recuento nacional de ataques del instituto y el recuento provincial de incidentes del ministro de Justicia emplean descripciones y períodos diferentes. Es importante tener en cuenta esos límites para entender la magnitud de las cifras: uno registra ataques en todo Pakistán, mientras que el ministro citó un recuento provincial más amplio de incidentes terroristas.
El ministro de Información, Attaullah Tarar, fue más allá de criticar el desempeño provincial y acusó a la administración del PTI de tener vínculos con grupos militantes. El ministro del Interior, Naqvi, dijo que el gobierno tenía pruebas que respaldaban sus acusaciones. Cuando se anunciaron las medidas, esas pruebas no se habían hecho públicas y el PTI rechazó las acusaciones.
Dos facultades constitucionales con efectos distintos
El artículo 232 se refiere a una emergencia grave de seguridad, incluida una alteración interna que un gobierno provincial no pueda controlar. Otorga al Parlamento mayores facultades para legislar sobre asuntos provinciales. Si las leyes federales y provinciales entran en conflicto durante la emergencia, prevalece la ley federal.
El artículo 234 se refiere a la incapacidad de gobernar una provincia de conformidad con la Constitución. En virtud del régimen impuesto en Khyber Pakhtunkhwa, el ministro principal y el gabinete dejaron de ejercer sus funciones, el gobernador asumió las funciones ejecutivas provinciales y el Parlamento tomó las competencias legislativas de la asamblea provincial.
Se creó un consejo asesor de 11 miembros para apoyar a Kundi, y se nombró a Dr Muhammad Fakhr Alam Irfan secretario jefe. El gobierno federal también autorizó el despliegue de tropas y recursos del Ejército de Pakistán para ayudar a las autoridades civiles.
Hassan Abdullah Niazi, abogado constitucionalista y profesor adjunto en la Universidad de Ciencias de la Administración de Lahore, describió las instituciones electas como temporalmente incapacitadas para funcionar debido a la intervención. Según su interpretación, deben restablecerse cuando termine la emergencia.
El artículo 233, que se refiere a la facultad de suspender ciertos derechos fundamentales durante una emergencia, no figuraba en el resumen presidencial. Sin embargo, una orden aparte para determinados distritos estableció que allí no se aplicaría el requisito constitucional de separar el poder judicial del ejecutivo.
Rida Hosain, abogada constitucionalista radicada en Lahore, explicó el efecto práctico:
«La disposición constitucional que establece la separación del poder judicial y el ejecutivo ha sido suspendida, lo que permite a los funcionarios del poder ejecutivo ejercer funciones judiciales».
Aprobación parlamentaria e impugnación judicial
La Asamblea Nacional y el Senado aprobaron por separado la proclamación del estado de emergencia en virtud del artículo 232, en medio de protestas de la oposición. La resolución de la Asamblea Nacional se refirió específicamente a la segunda cláusula del artículo 232(1). El ministro de Justicia, Tarar, defendió el proceso parlamentario y dijo que se había ajustado a la Constitución.
El proceso de aprobación consta de varias etapas. Como la proclamación se emitió sin una resolución de la asamblea provincial, ambas cámaras federales debían aprobarla por separado en un plazo de 10 días, antes del 21 de octubre. También se convocó una sesión conjunta para examinar el gobierno del gobernador, y un relato posterior de la visita de Shehbaz indicó que el Parlamento había respaldado ambas medidas la semana anterior.
Es necesario prestar atención a los plazos indicados. El calendario parlamentario establecía que debía celebrarse una sesión conjunta en un plazo de 30 días, mientras que el texto citado del artículo 234 dice que el gobierno del gobernador vence después de dos meses, salvo que lo apruebe una sesión conjunta. Ese texto permite prórrogas de un máximo de dos meses cada una, hasta un total de seis meses. La emergencia en virtud del artículo 232 tiene reglas distintas de aprobación y continuidad.
El presidente del PTI, Gohar Ali Khan, presentó una petición ante el Tribunal Superior de Peshawar el 14 de octubre para solicitar la anulación de las medidas y el restablecimiento del gobierno electo. La petición sostiene que no se cumplían las condiciones para invocar los artículos 232 y 234. No se anunció una fecha para la audiencia ni un fallo.
Gohar también cuestionó por qué la intervención administrativa abarcaba toda la provincia si las medidas especiales de seguridad se centraban en 12 distritos. En una rueda de prensa, preguntó:
Si hay terrorismo y se necesita el estado de emergencia en 12 distritos, ¿por qué se impone el gobierno del gobernador en toda la provincia?
Estructura separada para 12 distritos
El gobierno federal creó una Secretaría de Desarrollo de Área para 12 distritos designados, junto con un representante de área y un consejo de desarrollo. El consejo está integrado por 48 ancianos y figuras locales destacadas y lo preside Shaukatullah Khan.
Los distritos son Dera Ismail Khan, Tank, Lakki Marwat, Bannu, Bajaur, Mohmand, Khyber, Kurram, Orakzai, Waziristán del Norte, Waziristán del Sur Alto y Waziristán del Sur Bajo. Muchos están cerca de la frontera con Afganistán o en las antiguas zonas tribales.
Un secretario jefe adicional dirige la secretaría, cuyas órdenes tienen el mismo efecto jurídico que las del gobierno provincial. Sus responsabilidades abarcan la seguridad, la protección de los residentes, la administración y el desarrollo. Este régimen crea un canal más directo para las decisiones federales en las zonas designadas.
La disputa sobre quién define la política de seguridad es anterior a la intervención. En julio de 2024, la asamblea provincial pidió que se la consultara antes de cualquier nueva operación militar. En diciembre de ese año, se opuso por unanimidad a una posible operación en algunas zonas de Khyber y Bannu. Más tarde, una gran jirga, una reunión de representantes políticos y comunitarios, pidió negociar con Afganistán y consultar a la provincia sobre la política hacia ese país.
El PTI afirma que quedó excluido de las decisiones que afectan a la provincia, algo que el gobierno federal niega. El gobernador de Sindh, Nihal Hashmi, defendió la intervención con reservas al hablar con paquistaníes en Toronto: dijo que, personalmente, prefería un gobierno democrático al estado de emergencia, pero sostuvo que la medida era constitucional y necesaria para impedir que se prestara ayuda a los enemigos del Estado.
160.000 millones de rupias, trigo y equipo policial
Shehbaz anunció 160.000 millones de rupias para proyectos de desarrollo al dirigirse al consejo del distrito. También prometió suministrar trigo de los almacenes de la Corporación de Almacenamiento y Servicios Agrícolas de Pakistán para hacer frente a la escasez, y pidió al gobernador y al secretario jefe que garantizaran un abastecimiento suficiente, también en los distritos tribales.
El primer ministro dijo que los residentes debían recibir el trigo al precio fijado por el gobierno federal y advirtió contra el acaparamiento. Para los hogares, la ayuda a los gastos diarios de alimentación dependerá de cómo se organice la distribución y de los precios de venta al público.
El apoyo a la policía incluye directrices para reforzar el Departamento de Lucha contra el Terrorismo y completar los proyectos Safe City. Kundi aprobó flexibilizar una restricción a la compra de vehículos policiales con fondos ya asignados. En una reunión del comité supremo celebrada el 12 de octubre también se había pedido más equipo, vehículos, armas y personal.
Shehbaz dijo que se habían destinado, o se estaban destinando, más de 800.000 millones de rupias a Khyber Pakhtunkhwa para combatir el terrorismo, en virtud de acuerdos relacionados con el Laudo de la Comisión Nacional de Finanzas de 2010. El laudo establece cómo se distribuyen los ingresos públicos entre el gobierno federal y las provincias.
El nuevo anuncio de 160.000 millones de rupias para desarrollo equivale a una quinta parte de los 800.000 millones citados como referencia para la financiación de la lucha contra el terrorismo desde 2010. Las dos sumas corresponden a fines y períodos distintos: una es un nuevo compromiso de desarrollo y la otra describe asignaciones de seguridad de varios años.
Detenciones e interrupciones agravan la disputa
Talal Chaudhry, ministro de Estado del Interior, confirmó el 12 de octubre que Afridi y algunos miembros de su gabinete habían sido puestos bajo detención preventiva. Esta medida permite a las autoridades mantener detenidas a personas por motivos de orden público sin esperar a que se celebre un juicio penal.
El PTI exigió la liberación de los dirigentes detenidos y que se dieran a conocer los fundamentos jurídicos de su detención. Los arrestos coincidieron con los intentos de interrumpir una marcha prevista hacia Islamabad para exigir la liberación de Imran Khan. Las interrupciones de las comunicaciones dificultaron que los dirigentes del partido se pusieran en contacto con sus colegas.
Se suspendieron los servicios de telefonía móvil e internet en Swabi, y las interrupciones también afectaron algunas zonas de Peshawar y otros lugares seleccionados. Las administraciones distritales cerraron escuelas y centros de educación superior en Peshawar, Mardan, Swabi y Nowshera el 12 de octubre. Una protesta del PTI en Bara el 14 de octubre se tornó violenta y dejó heridos a militantes del partido y policías.
Los dirigentes de la oposición Mahmood Khan Achakzai y Allama Raja Nasir Abbas prometieron el 17 de octubre emprender una lucha conjunta en defensa de la Constitución. Achakzai propuso una conferencia de todos los partidos y dijo que la renuncia de los miembros de las asambleas seguía siendo una opción. El líder de JUI-F, Maulana Fazlur Rehman, acusó al gobierno de incumplir los compromisos asumidos durante las negociaciones.
Los dirigentes del PTI, el mayor retirado Tahir Sadiq y Eman Tahir, exmiembro de la Asamblea Nacional, expresaron su oposición en una declaración conjunta difundida el 24 de octubre. Calificaron las medidas de inconstitucionales y antidemocráticas y exigieron su retirada inmediata.
Cómo se desarrolló la confrontación
La intervención se produjo tras años de desacuerdos sobre las operaciones militares y varias semanas de negociaciones políticas fallidas. Después, su aplicación avanzó rápidamente: de una decisión presidencial a las detenciones, las votaciones parlamentarias y una petición judicial.
- Julio y diciembre de 2024: La Asamblea de KP exigió consultas sobre las operaciones militares y se opuso a una posible operación en algunas zonas de Khyber y Bannu.
- 2 y 3 de octubre de 2026: Representantes federales y provinciales mantuvieron conversaciones que terminaron sin acuerdo.
- 11 de octubre: Zardari aprobó el estado de emergencia y el gobierno del gobernador en virtud de los artículos 232 y 234.
- 12 de octubre: El comité supremo examinó las medidas de seguridad y Talal Chaudhry confirmó la detención preventiva de Afridi y algunos miembros de su gabinete.
- 14 de octubre: Gohar presentó la impugnación judicial del PTI; la violencia durante una protesta en Bara dejó heridos a militantes del partido y policías.
- 17 de octubre: Dirigentes de la oposición anunciaron planes para una campaña conjunta contra la intervención.
- 24 de octubre: Tahir Sadiq y Eman Tahir exigieron que se retirara el estado de emergencia.
Shehbaz también ha hecho del bienestar público y la corrupción elementos centrales de su defensa de la intervención. Acusó a funcionarios de corrupción por 100.000 millones de rupias en relación con el Proyecto de Mejora de las Ciudades y por 37.000 millones en el caso de la Oficina de Cuentas del Distrito de Kohistan, y los acusó de favorecer a determinados grupos en contratos de oro aluvial. Estas son acusaciones en su versión de la gestión provincial.
El primer ministro expresó su pesar por la muerte de un docente y varios niños en el derrumbe del techo de una escuela en Peshawar y pidió a Kundi que visitara el lugar y garantizara una investigación. Junto con los compromisos de seguridad, esa respuesta sitúa la seguridad escolar, los servicios básicos y la ejecución de proyectos de desarrollo entre las responsabilidades que ahora recaen en la administración del gobernador.
Puntos clave
- El estado de emergencia y el gobierno del gobernador se impusieron el 11 de octubre de 2026, y la autoridad ejecutiva provincial pasó al gobernador Faisal Karim Kundi.
- Shehbaz prometió 160.000 millones de rupias para el desarrollo, el suministro de trigo y el refuerzo de las capacidades policiales.
- El PTI impugnó la intervención ante el Tribunal Superior de Peshawar y exigió el restablecimiento del gobierno electo.
- Una estructura administrativa especial abarca 12 distritos, con un consejo integrado por 48 ancianos y figuras destacadas.
- El Parlamento aprobó el estado de emergencia en medio de protestas; el proceso constitucional para instaurar el gobierno del gobernador incluye la aprobación en sesión conjunta y una duración máxima de seis meses.
- La intervención estuvo acompañada de detenciones políticas, interrupciones de las comunicaciones y cierres temporales de escuelas.
