Dos ejecuciones ponen bajo escrutinio la información sobre presos
Bangladesh ha solicitado a Arabia Saudita las sentencias judiciales y una explicación después de que dos ciudadanos bangladesíes fueran ejecutados en La Meca el 14 de octubre de 2026 sin que sus misiones diplomáticas recibieran aviso previo. Unos 7.500 bangladesíes están presos en Arabia Saudita, afirmó el viernes 23 de octubre en Daca Shama Obaed Islam, ministra de Estado de Asuntos Exteriores.
Contenido
- Dos ejecuciones ponen bajo escrutinio la información sobre presos
- Qué decían los registros penitenciarios sobre los dos ciudadanos
- Cómo avanzaron las solicitudes de explicaciones
- La notificación y la asistencia jurídica, preocupaciones centrales
- Qué muestran las cifras más amplias sobre presos
- El escrutinio alcanza a varios gobiernos sucesivos
- El regreso a casa de un fontanero termina en el aeropuerto de Daca
- Las muertes por conflictos aumentan la carga de las familias
- Trabajadores varados solicitan visas y empleo
- Puntos clave
Los dos ciudadanos ejecutados fueron identificados como Nazrul Islam Abdul Bashir y Sweety Akhtar. Un memorando confidencial del consulado de Bangladesh en Yeda indicó que estaban detenidos desde agosto de 2023 por acusaciones distintas relacionadas con ciberdelincuencia y adulterio. Un comunicado del Ministerio del Interior saudí describió sus condenas como relacionadas con un acto inmoral dentro de una mezquita en La Meca.
Bangladesh ha convocado al embajador saudí y ha solicitado formalmente las sentencias. El consulado también ha pedido detalles de los procedimientos judiciales a la oficina en La Meca del Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita.
Shama hizo estas declaraciones en el Aeropuerto Internacional Hazrat Shahjalal, mientras recibía el cuerpo de Md Shahed Ahmed, un fontanero bangladesí muerto en un ataque en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad. Su regreso puso de relieve varios problemas urgentes que afrontan los trabajadores bangladesíes en Arabia Saudita: el encarcelamiento, el acceso a asistencia diplomática, las muertes en conflictos regionales y las dificultades para reincorporarse al trabajo.
Shama, ministra de Estado responsable de Asuntos Exteriores, describió la magnitud del encarcelamiento con datos de Bangladesh:
Según la información de que dispone Bangladesh, unos 7.500 bangladesíes están presos en cárceles de toda Arabia Saudita.
Arabia Saudita envía periódicamente a Bangladesh listas de presos y personas condenadas por delitos. Shama dijo que el gobierno estaba comprobando si los dos ciudadanos ejecutados figuraban en esos registros.
Qué decían los registros penitenciarios sobre los dos ciudadanos
Una carta consular confidencial fechada el 18 de octubre ofrece un relato más detallado de los registros de detención. Indica que una lista de presos recibida por el Consulado General de Bangladesh en Yeda el 30 de septiembre registraba la detención de Nazrul el 1 de agosto de 2023 por un presunto delito contemplado en la ley saudí de ciberdelincuencia. Sweety fue detenida al día siguiente, acusada de adulterio.
Según se informó, la lista incluía ambos nombres sin indicar que alguno hubiera recibido una condena a muerte. La declaración posterior de Shama, según la cual las autoridades estaban revisando las listas, convierte la gestión de esos registros en un aspecto central de las consultas de Bangladesh.
El Ministerio del Interior saudí afirmó que las condenas a muerte fueron dictadas tras procedimientos judiciales y aprobadas antes de su ejecución. La descripción pública se refería a un acto inmoral dentro de una mezquita, mientras que los registros consulares de detención enumeraban las dos acusaciones por separado.
Las autoridades bangladesíes que esperan las sentencias desconocen cuál fue la conducta concreta, qué pruebas se presentaron, cuáles fueron los fundamentos jurídicos definitivos de las condenas a muerte y si alguno de los acusados contó con abogado o intérprete. Arabia Saudita no había indicado cuándo las entregaría.
El consulado afirmó que no conocía ningún caso anterior en que un bangladesí hubiera recibido una condena a muerte en Arabia Saudita por un delito contemplado en la ley de ciberdelincuencia o por adulterio. Por ello, los documentos judiciales solicitados son especialmente importantes para explicar cómo evolucionaron los casos desde la detención hasta la ejecución.
Cómo avanzaron las solicitudes de explicaciones
Bangladesh siguió intentando obtener información durante más de una semana después de las ejecuciones. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Shahidul Karim, dijo el 21 de octubre que Arabia Saudita no había respondido a las consultas. Dos días después, Shama afirmó que aún no se había recibido información detallada.
La secuencia conecta los registros de detención de 2023 con las solicitudes diplomáticas formuladas en octubre de 2026:
- 1 y 2 de agosto de 2023: Nazrul y Sweety fueron detenidos en días consecutivos, según el memorando consular.
- 30 de septiembre de 2026: El consulado de Yeda recibió una lista saudí de presos que incluía ambos nombres, al parecer sin registrar condenas a muerte.
- 14 de octubre: Las autoridades saudíes ejecutaron a los dos ciudadanos en la región de La Meca.
- 17 de octubre: Shama confirmó que Bangladesh había solicitado formalmente información sobre los delitos, los procedimientos y la falta de notificación.
- 18 de octubre: El consulado envió su memorando al Ministerio de Bienestar de los Expatriados y Empleo en el Exterior.
- 21 de octubre: Shahidul Karim afirmó que Arabia Saudita no había respondido.
- 23 de octubre: Shama reiteró la solicitud de las sentencias durante una intervención en el aeropuerto de Daca.
La notificación y la asistencia jurídica, preocupaciones centrales
El memorando del consulado de Yeda indicó que las autoridades saudíes no habían informado a la embajada ni al consulado de Bangladesh sobre las condenas a muerte o las ejecuciones, ni oficialmente ni por otros medios. Bangladesh se enteró de las ejecuciones después de que ocurrieran, a través de información pública que hacía referencia al comunicado del Ministerio del Interior saudí.
Shama señaló que la falta de notificación era el problema inmediato para el gobierno:
El problema es que no nos informaron de las condenas impuestas a los dos bangladesíes que fueron ejecutados.
El consulado también afirmó que ninguna de las familias había solicitado asistencia jurídica ni se había puesto en contacto con él para pedir ayuda. Según su relato, en los tribunales saudíes se ofrece asistencia de interpretación y, en ese marco, los acusados no pueden elegir a sus propios intérpretes.
Para una persona juzgada en otro país, un intérprete le ayuda a entender el lenguaje del tribunal y a comunicar sus respuestas. Un abogado puede explicar la acusación, examinar el caso y asesorar sobre las medidas jurídicas disponibles. La solicitud de Bangladesh de recibir detalles de los procedimientos incluye determinar qué asistencia recibieron los dos acusados.
El Foro de Derechos Humanos de Bangladesh ha pedido una revisión independiente de la actuación de la misión diplomática en estos casos, incluso para determinar si las autoridades hicieron un seguimiento adecuado de los registros incompletos de presos. Shama afirmó que se investigarían las denuncias de negligencia por parte de las misiones y que se tomarían medidas si se confirmaban.
Qué muestran las cifras más amplias sobre presos
La estimación de 7.500 presos abarca distintas zonas de Arabia Saudita. El memorando consular ofrece una perspectiva regional más acotada: 306 bangladesíes estaban presos en la región occidental del país, entre ellos 147 que cumplían condenas de entre un mes y 15 años.
Esas 147 personas representaban alrededor del 48 % de los 306 presos registrados en la región. El documento también mencionaba tres casos de ciberdelincuencia con penas de prisión de entre seis meses y cinco años. En conjunto, estas cifras muestran por qué las autoridades necesitan detalles de cada caso, además del número total de presos: las condenas registradas varían considerablemente.
La respuesta de Bangladesh involucra al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Ministerio de Bienestar de los Expatriados y Empleo en el Exterior y al Ministerio del Interior en asuntos jurídicos. Shama afirmó que se puede recurrir a contactos diplomáticos para solicitar una reducción de la condena o explorar la posibilidad de un indulto, es decir, una decisión oficial que perdona o reduce el castigo.
Shama explicó el enfoque del gobierno cuando se entera de que un ciudadano ha sido condenado:
Cuando nos enteramos de que un bangladesí ha sido condenado en Arabia Saudita, nos comunicamos con las autoridades saudíes por canales diplomáticos para solicitar una reducción de la condena o explorar si existe algún procedimiento para conceder un indulto.
El escrutinio alcanza a varios gobiernos sucesivos
Shama afirmó que Bangladesh respeta los sistemas judiciales de otros países, al tiempo que busca información y asistencia para sus ciudadanos. El enfoque que describió combina el reconocimiento de la jurisdicción saudí con la petición de ser informado cuando un bangladesí afronta un castigo grave.
La ministra también incorporó los casos al debate político interno de Bangladesh. Señaló que los hechos se remontan a 2023, cuando la Liga Awami estaba en el gobierno, y se refirió a la administración interina que asumió después, antes del actual gobierno del Partido Nacionalista de Bangladesh.
Dijo que el gobierno actual llevaba unos seis meses en el poder y que durante ese período no había recibido la información pertinente. Sus declaraciones atribuyeron a varias administraciones sucesivas la responsabilidad de dar seguimiento a los casos, mientras los registros consulares y el proceso de notificación siguen siendo el foco práctico de las solicitudes a Arabia Saudita.
Los próximos pasos de Bangladesh dependen de recibir las sentencias y de mantener nuevas conversaciones con las autoridades saudíes. El consulado de Yeda afirmó que presentaría otro informe cuando obtuviera los documentos judiciales.
El regreso a casa de un fontanero termina en el aeropuerto de Daca
El cuerpo de Shahed Ahmed llegó a Daca poco después de las 8:00 del 23 de octubre. Sus restos y la ayuda del gobierno fueron entregados a su esposa, Kohinur Akter Kakoli. Shama también afirmó que la familia recibiría pronto una ayuda económica del gobierno.
Shahed era originario de la aldea de Madla, en el subdistrito de Shahjahanpur, distrito de Bogura. Sus padres eran Rafiqul Islam y Shahera Begum. Trabajaba como fontanero en un proyecto en Yeda para una empresa saudí de construcción y tenía una iqama, el permiso de residencia saudí que utilizan los trabajadores extranjeros.
Había regresado a Bangladesh tras la muerte de su hermano. Después de pedir permiso para asistir al funeral, viajaba de regreso a su trabajo pasando por Riad cuando el ataque del 10 de octubre alcanzó el Aeropuerto Internacional Rey Khalid.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bangladesh atribuyó el ataque al grupo armado hutí. Indicó que también murió otro bangladesí, Md Nasrullah Badarpuri, de la aldea de Badarpur, en el subdistrito de Nangalkot, distrito de Cumilla, y que 24 bangladesíes resultaron heridos.
La muerte de Shahed muestra cómo los desplazamientos entre el hogar y el trabajo pueden exponer a los trabajadores migrantes a conflictos lejos de su lugar de trabajo. Trabajaba en Yeda; el ataque mortal ocurrió cuando transitaba por Riad.
Las muertes por conflictos aumentan la carga de las familias
Shahed fue el undécimo bangladesí muerto en conflictos de Oriente Medio cuyo cuerpo había sido repatriado durante los seis meses anteriores, dijo Shama. Durante el mes anterior, tres bangladesíes habían muerto en ataques con misiles en Arabia Saudita.
Su cuerpo fue el que regresó ese viernes. Según la ministra, el gobierno estaba organizando el regreso de los demás. Para las familias afectadas, la repatriación significa recuperar en Bangladesh los restos de sus seres queridos para darles sepultura, mientras afrontan la pérdida de alguien que trabajaba en el extranjero.
Más de cuatro millones de bangladesíes trabajan en Arabia Saudita, afirmó Shama. El tamaño de esa comunidad laboral implica que los ataques, las interrupciones de los viajes y los problemas con los documentos oficiales pueden afectar a muchos hogares bangladesíes, además de a los propios trabajadores.
La ministra pidió que terminara la guerra en Oriente Medio y expresó su esperanza de que los bangladesíes y las personas de todas las nacionalidades no volvieran a sufrir ataques de este tipo.
Trabajadores varados solicitan visas y empleo
Bangladesh está conversando con Arabia Saudita sobre la prórroga de visas e iqamas para los trabajadores que no pueden regresar a sus empleos debido al conflicto regional. Las conversaciones también abarcan la renovación de visas, la reintegración y las oportunidades laborales para los bangladesíes que han perdido su trabajo en el extranjero.
Una visa permite a una persona entrar en un país o permanecer en él bajo determinadas condiciones. La iqama acredita la residencia en Arabia Saudita. Los trabajadores varados en Bangladesh pueden necesitar que se resuelvan cuestiones relacionadas con estos documentos antes de reanudar su empleo; por tanto, las conversaciones del gobierno se refieren tanto al permiso para regresar como a la posibilidad de volver a trabajar.
Shama afirmó que las misiones de Bangladesh cuentan con oficinas de bienestar laboral donde los expatriados pueden presentar quejas. En esas oficinas trabajan funcionarios asignados por los ministerios responsables del bienestar de los expatriados o del trabajo.
La asistencia a los expatriados es responsabilidad tanto del gobierno como de sus misiones, señaló. Los compromisos de investigar posibles negligencias, solicitar documentos judiciales y negociar prórrogas de documentos constituyen ahora tres ámbitos concretos en los que los trabajadores y las familias afectados esperan medidas.
Puntos clave
- Unos 7.500 bangladesíes están presos en Arabia Saudita, según la ministra de Estado Shama Obaed Islam.
- Nazrul Islam Abdul Bashir y Sweety Akhtar fueron ejecutados en La Meca el 14 de octubre de 2026.
- Bangladesh afirma que sus misiones no recibieron aviso previo y ha solicitado las sentencias y detalles de los procedimientos.
- Un memorando consular registra acusaciones distintas cuando fueron detenidos en agosto de 2023; las autoridades esperan los documentos judiciales definitivos.
- El cuerpo de Shahed Ahmed llegó a Daca el 23 de octubre tras su muerte en el ataque al aeropuerto de Riad.
- Bangladesh también conversa sobre prórrogas de visas e iqamas, empleo y asistencia para los trabajadores afectados por el conflicto en Oriente Medio.
