La política sobre el cannabis medicinal coincide con una campaña más amplia contra las drogas
Tailandia prevé endurecer los controles y las sanciones relacionados con el cannabis, en el marco de una campaña más amplia contra las drogas que se dirige a 21 provincias y 82 distritos. En una reunión de la Junta de Control de Estupefacientes celebrada el 22 de octubre de 2026, el primer ministro Anutin Charnvirakul respaldó el uso medicinal, ordenó inspecciones más estrictas de los negocios autorizados y pidió controles más rigurosos de las exportaciones.
Contenido
- La política sobre el cannabis medicinal coincide con una campaña más amplia contra las drogas
- Cómo llegó Tailandia a esta situación
- Qué cambiaría el proyecto de ley sobre cannabis
- Inspecciones más estrictas para las tiendas autorizadas
- Las exportaciones, bajo un escrutinio más estricto
- Las propuestas sobre posesión presentan descripciones contradictorias
- Detención más prolongada y mayor acceso a datos
- El tratamiento sigue formando parte del plan
- Una campaña en 21 provincias
- Puntos clave
La tercera reunión anual de la junta también aprobó un plan de acción contra las drogas para el ejercicio fiscal de 2027 y una campaña propuesta de seis meses. Sus decisiones se tomaron después de que el 21 de octubre se presentaran dos proyectos de ley ante el Parlamento, que ampliarían el acceso de los investigadores a la información y aumentarían de tres a siete días el período máximo de detención de sospechosos de delitos relacionados con drogas.
Los negocios de cannabis afrontan varios cambios relacionados: la aplicación de las condiciones vigentes de las licencias, una propuesta de ley sobre cannabis y modificaciones de las leyes generales sobre estupefacientes. El 22 de septiembre, el gabinete aprobó un proyecto de Ley sobre Cannabis y Cáñamo para limitar el mercado al uso medicinal y eliminar gradualmente las ventas para fines recreativos.
Anutin, quien también es ministro del Interior y líder del Partido Bhumjaithai, dijo que la política del Gobierno debía separar el tratamiento médico del consumo recreativo. En un comunicado publicado en el sitio web del Gobierno Real de Tailandia, expuso el principio que, según dijo, debía orientar esas decisiones.
«Las políticas sobre drogas deben basarse en pruebas científicas, hechos y el interés público»,
La reunión de octubre respaldó medidas para reducir y prevenir todas las formas de actividad recreativa relacionada con el cannabis, al tiempo que se apoya su uso medicinal. Sus recomendaciones de política se remitirán al Consejo de Estado, el órgano consultivo jurídico del Gobierno, para que las examine junto con el proyecto de ley sobre cannabis del Ministerio de Salud Pública. Para los operadores de tiendas, la presión inmediata se traduce en inspecciones más estrictas; las leyes propuestas modificarían las condiciones que deberán cumplir los negocios para seguir funcionando.
Cómo llegó Tailandia a esta situación
Tailandia legalizó por primera vez el cannabis medicinal en 2018 y despenalizó la planta en 2022. Anutin defendió la despenalización cuando era ministro de Salud Pública. Después, los negocios relacionados con el cannabis se expandieron rápidamente, con tiendas que atendían un mercado recreativo cuyo crecimiento superó al de las normas que lo regulaban.
Se calcula que la industria generó 28.000 millones de baht en ingresos durante el primer año tras la despenalización. A finales de diciembre de 2025, Tailandia registraba 18.433 establecimientos de cannabis en todo el país, una cifra que muestra la magnitud de la actividad comercial que ahora afronta restricciones más estrictas.
Las propuestas más recientes son resultado de varias etapas de decisiones sobre políticas y medidas de aplicación:
- 2018: Tailandia legalizó el cannabis medicinal.
- 2022: Se despenalizó el cannabis, lo que dio paso a un rápido crecimiento de los negocios minoristas.
- 3 de julio de 2026: Anutin presidió la segunda reunión anual de la junta, que aprobó en principio una operación coordinada contra las drogas.
- 22 de septiembre de 2026: El gabinete aprobó el proyecto de Ley sobre Cannabis y Cáñamo.
- 21 de octubre de 2026: Anutin y legisladores de Bhumjaithai presentaron dos proyectos de ley para modificar las leyes sobre estupefacientes.
- 22 de octubre de 2026: La junta respaldó controles más estrictos sobre el cannabis y los planes más amplios de aplicación de la ley.
El proyecto de ley sobre cannabis y los dos proyectos de ley sobre estupefacientes todavía deben ser examinados y aprobados por el Parlamento. No se anunció una fecha para esas votaciones ni para la entrada en vigor de las sanciones más severas propuestas para el cannabis.
Qué cambiaría el proyecto de ley sobre cannabis
El ministro de Salud Pública, Pattana Promphat, dijo que el proyecto de ley sobre cannabis era resultado de un estudio de sus efectos normativos y de consultas públicas. El sistema propuesto exigiría licencias de tres años para el cultivo, la producción, la venta, la importación y la exportación de flores y extractos de cannabis.
Las ventas se limitarían a mayores de 20 años para tratamientos a cargo de profesionales autorizados o para investigaciones médicas. Los cultivadores tendrían que registrar sus lugares de cultivo para que las autoridades pudieran hacer un seguimiento. Otras partes específicas de la planta, como las raíces, los tallos, las ramas, las hojas y las semillas, podrían venderse sin licencia cuando se destinaran a tratamientos médicos.
El proyecto de ley prohibiría la publicidad, incluida la promoción del consumo de cannabis y de los equipos relacionados. La producción, la importación, la exportación y la venta ilegales conllevarían sanciones penales y multas, mientras que las personas que hicieran un uso indebido del cannabis solo afrontarían multas.
Los dispensarios existentes podrían funcionar con sus licencias actuales hasta 2028. Cuando estas vencieran, las tiendas situadas fuera de centros médicos tendrían que cumplir las condiciones de la nueva ley para optar a una renovación. Para los negocios cuya actividad se basara en atender a clientes recreativos, esto supondría cambiar su oferta para adaptarse al mercado medicinal.
Inspecciones más estrictas para las tiendas autorizadas
Anutin ordenó al Ministerio de Salud Pública y a otros organismos responsables que inspeccionaran los establecimientos autorizados y emprendieran acciones legales cuando los operadores incumplieran las condiciones de sus licencias. Entre las medidas disponibles figura la revocación, lo que significa que un negocio podría perder su permiso de funcionamiento.
Tras la reunión del 22 de octubre, Anutin dijo que las tiendas debían vender productos medicinales y advirtió contra la venta de flores de cannabis en formas como los productos para fumar enrollados. Afirmó que las flores seguían sujetas al control de estupefacientes y que las tiendas infractoras podrían perder sus licencias de inmediato.
Anutin también dijo que creía que las licencias actuales de las tiendas debían renovarse cada año y pidió que se realizaran inspecciones antes de la renovación, en lugar de aprobarlas automáticamente. Sus declaraciones se referían a la aplicación de las normas vigentes, mientras que el proyecto de ley sobre cannabis propone un sistema de licencias de tres años.
Pattana dijo que más de 10.000 tiendas de cannabis y lugares de cultivo se habían incorporado a un sistema de seguimiento del Gobierno. Esa cifra incluye tanto tiendas como instalaciones de cultivo, mientras que las 18.433 registradas en diciembre de 2025 correspondían a establecimientos. Las autoridades prevén utilizar el registro y las inspecciones para identificar qué negocios cumplen las normas.
Las exportaciones, bajo un escrutinio más estricto
Se ha ordenado al Departamento de Aduanas que refuerce la recopilación de información, inspeccione con más atención los productos que salen del país y realice controles aleatorios. Anutin dio estas instrucciones tras las preocupaciones por el contrabando de drogas al extranjero a través de empresas de transporte de carga.
Los tallos, las hojas y los cogollos de cannabis deben cumplir la legislación tailandesa sobre exportaciones, dijo. El cannabidiol, conocido habitualmente como CBD, puede utilizarse en productos médicos o cosméticos conforme a los requisitos y las autorizaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos. El CBD es un compuesto presente en el cannabis; la autorización para fabricar o exportar un producto depende de las normas y licencias aplicables.
Anutin describió los requisitos de exportación en su comunicado gubernamental:
«Las exportaciones de tallos, hojas y cogollos de cannabis deben cumplir estrictamente la legislación tailandesa, mientras que los extractos de cannabidiol (CBD) podrían exportarse sujetos a los requisitos de licencias y las normas establecidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)»,
El contrabando transfronterizo ya se había tratado en la reunión de la junta del 3 de julio. La Junta Nacional de Estupefacientes de Indonesia, conocida como BNN, había anunciado la detención de 12 personas en una importante red de contrabando de flores de cannabis que, según afirmó, se originaba en Tailandia. En aquella reunión, Anutin dijo que, en principio, no se permitían las exportaciones de productos distintos de los medicinales y que los países de destino aplicarían sus propias leyes.
Las propuestas sobre posesión presentan descripciones contradictorias
Los dos proyectos de ley presentados el 21 de octubre modificarían el Código de Estupefacientes y la Ley de Procedimiento en Causas por Estupefacientes. Anutin y legisladores de Bhumjaithai los entregaron al presidente de la Cámara, Sophon Zaram, y solicitaron que se examinaran con urgencia.
Se ha descrito la modificación propuesta del Código de Estupefacientes como una presunción de que la posesión de cantidades superiores a las establecidas legalmente para uso personal constituye posesión con fines de distribución. Esa presunción establece una hipótesis jurídica inicial para los investigadores sobre el motivo por el que alguien posee las drogas, por lo que la cantidad resulta determinante para la acusación.
Las descripciones de la propuesta discrepan en un punto fundamental. La que se basa en un umbral mantendría un criterio de cantidad, mientras que otra afirma que toda persona sorprendida en posesión de drogas sería considerada traficante. En cambio, el 22 de octubre Anutin describió una disposición según la cual la posesión de incluso una sola pastilla daría lugar a una acusación de consumo de drogas. La redacción definitiva que apruebe el Parlamento determinará cómo se clasifica la posesión.
La junta también examinó un reglamento ministerial relacionado que eliminaría siete drogas de categoría 1 de las disposiciones que presumen que ciertas cantidades se poseen para consumo personal. La propuesta seguiría el proceso legal correspondiente. Esto es importante porque la clasificación de una persona como consumidora o traficante afecta tanto a las posibles sanciones como al acceso al tratamiento.
Detención más prolongada y mayor acceso a datos
La modificación propuesta del procedimiento ampliaría de tres a siete días el período máximo durante el cual las autoridades pueden retener a un sospechoso de delitos relacionados con drogas. Son cuatro días adicionales y más del doble del límite actual. Anutin dijo que los investigadores necesitaban ese tiempo extra para reunir pruebas y ampliar las investigaciones.
La Policía de la Oficina de Supresión de Estupefacientes podría solicitar órdenes del Tribunal Penal para acceder a información a través de distintos formatos o canales. El procedimiento propuesto para solicitar autorización judicial es una parte específica de la iniciativa más amplia destinada a facilitar más información a los investigadores.
El proyecto de ley sobre el Código de Estupefacientes también permitiría a los funcionarios de la Oficina de la Junta de Control de Estupefacientes obtener información de bases de datos centrales para investigaciones, tratamiento y rehabilitación. Los funcionarios podrían ordenar la suspensión o eliminación de contenido en línea que promoviera el consumo de drogas.
Otras disposiciones aumentarían las sanciones por involucrar a menores en delitos relacionados con drogas y abordarían el uso de sistemas informáticos para fomentar el consumo. En conjunto, las propuestas van más allá de la incautación de sustancias e incluyen a las personas, las comunicaciones y los sistemas de información vinculados a la actividad relacionada con drogas.
El tratamiento sigue formando parte del plan
Anutin dijo que las medidas contra la posesión, incluidas las infracciones relacionadas con pequeñas cantidades, debían considerarse junto con el tratamiento y la rehabilitación. La modificación propuesta del Código de Estupefacientes aclararía los procedimientos de rehabilitación y permitiría a familiares o cuidadores llevar a una persona para que recibiera tratamiento voluntario.
En la reunión del 22 de octubre, expresó su preocupación por la capacidad de las prisiones y los hospitales para hacer frente a la demanda que generaría actuar contra personas que poseyeran incluso una sola pastilla. Según relató, altos funcionarios de Salud Pública y Justicia y el secretario general de la junta dijeron que sus organismos podían gestionar la carga de trabajo.
Anutin también ordenó estudiar por qué algunas personas vuelven a cometer delitos relacionados con drogas después de la rehabilitación. Esa instrucción centra la atención en lo que ocurre después del tratamiento, además de en las detenciones y el ingreso en centros de atención.
La operación anterior de la junta, en julio, abarcó siete ámbitos, entre ellos la cooperación internacional, la seguridad fronteriza, las medidas contra las redes de tráfico y los funcionarios públicos implicados, la reducción de los daños a las comunidades, la atención a pacientes psiquiátricos afectados por las drogas, una iniciativa de tratamiento en distritos y la seguridad comunitaria. Las decisiones de octubre amplían esa combinación de medidas de aplicación de la ley y tratamiento.
Una campaña en 21 provincias
La junta aprobó un proyecto de plan de acción para el ejercicio fiscal de 2027 y respaldó una campaña propuesta de seis meses. Designó zonas de acción urgente en 21 provincias y 82 distritos, conforme a la sección 5(10) del Código de Estupefacientes.
Las unidades de mando previstas actuarían contra las drogas, las sustancias precursoras y los productos químicos en las fronteras del norte, el noreste y el oeste, así como en el sur. Las sustancias precursoras son ingredientes que pueden utilizarse para fabricar drogas. Las unidades estarían dirigidas por comandantes militares regionales, directores regionales de seguridad interna o funcionarios designados.
La campaña buscaría reducir el tráfico y el suministro de drogas, y actuar contra los funcionarios públicos implicados en delitos o que permitieran que se cometieran. Anutin también advirtió a los comandantes sobre el uso de informantes sin su autorización y dijo que esos acuerdos podían facilitar beneficios indebidos y perjudicar a la población.
Por otra parte, el Consejo de Seguridad Nacional reunió a organismos de seguridad, inteligencia y administración para coordinar una estrategia para las provincias de la frontera sur. Anutin instruyó a los organismos a vigilar la evolución de la situación, reforzar la vigilancia y compartir información de inteligencia para evitar una escalada y proteger a los residentes.
En su comunicado gubernamental, describió el objetivo de esa coordinación:
«El objetivo es asegurar que todos los organismos tengan una comprensión común y trabajen juntos de manera coordinada conforme al mismo plan estratégico»,
Para los operadores de negocios de cannabis, los cambios más inmediatos son las inspecciones y los controles más rigurosos de las exportaciones. Para las personas sospechosas de otros delitos relacionados con drogas, los principales cambios propuestos se refieren a la detención, el acceso a información personal y el tratamiento jurídico de la posesión. Las decisiones del Parlamento sobre los proyectos de ley determinarán hasta dónde llegarán esas facultades.
Puntos clave
- Tailandia prevé reforzar los controles sobre el cannabis, con énfasis en el uso medicinal y en las medidas contra el incumplimiento de las condiciones de las licencias.
- El gabinete aprobó el proyecto de Ley sobre Cannabis y Cáñamo el 22 de septiembre de 2026; todavía debe ser examinado por el Parlamento.
- Dos proyectos de ley presentados el 21 de octubre ampliarían las facultades de investigación y aumentarían de tres a siete días el período máximo de detención de sospechosos de delitos relacionados con drogas.
- Las descripciones difieren sobre cómo las propuestas en materia de posesión distinguirían entre consumidores de drogas y traficantes.
- La reunión de la junta del 22 de octubre respaldó medidas urgentes contra las drogas en 21 provincias y 82 distritos.
- Se ha ordenado a los funcionarios de aduanas reforzar los controles de las exportaciones, mientras que el tratamiento y la rehabilitación siguen formando parte del plan del Gobierno.
