Vietnam estudia hacer obligatorio el seguro social para conductores de aplicaciones, pero aún no define quién pagará

Una propuesta de pensiones alcanza a trabajadores fuera del empleo convencional

Vietnam estudia hacer obligatorio el seguro social para los trabajadores que no tienen relaciones laborales convencionales, incluidos los conductores que trabajan a través de plataformas digitales, mientras las autoridades afrontan una marcada brecha en la cobertura de jubilación. Según cifras del seguro social citadas por las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh, en el país hay unos 600.000 conductores de aplicaciones, pero solo alrededor de 700 participan en el seguro social voluntario.

Esas cifras apuntan a una participación de aproximadamente el 0,12 %, es decir, cerca de un conductor de cada 860. Para quienes pasan buena parte del día transportando pasajeros o entregando productos, la propuesta podría abrir una vía para acceder a una pensión. La principal cuestión financiera es cómo se repartirían las cotizaciones entre los conductores, las empresas de plataformas y el Estado.

El Gobierno presentó a la Asamblea Nacional la propuesta de reforma de la Ley de Seguro Social el 21 de octubre. La reforma permitiría ampliar la cobertura obligatoria a personas sin relaciones laborales convencionales que tengan un trabajo y unos ingresos estables y regulares. El proyecto aún no define los criterios de elegibilidad, los montos de las cotizaciones, quién sería responsable de pagarlas ni la fecha de entrada en vigor.

Los legisladores que examinan el proyecto apoyan en principio una mayor protección, pero piden una definición más clara de los trabajadores afectados y un calendario viable. A los conductores, entretanto, les preocupa una cuestión inmediata: puede ser difícil mantener una cotización para la pensión cuando el combustible, las comisiones de las plataformas, los impuestos y otros gastos ya consumen una parte considerable de sus ingresos.

¿Qué cambiaría para quienes trabajan a través de plataformas?

La mayoría de los conductores de aplicaciones firma actualmente acuerdos de colaboración con las plataformas y es considerada socia, no empleada. En general, estos acuerdos los dejan fuera del seguro social obligatorio, por lo que deben afiliarse de manera voluntaria para reunir los requisitos que les permitan recibir una pensión.

La reforma propuesta del apartado 6 del artículo 2 de la Ley de Seguro Social de 2024 facultaría al Comité Permanente de la Asamblea Nacional para decidir sobre la afiliación obligatoria de trabajadores sin relaciones laborales convencionales, incluidas las personas que trabajan a través de plataformas digitales. El Gobierno presentaría propuestas y la aplicación se ajustaría a las condiciones socioeconómicas.

El seguro social funciona mediante la recaudación de cotizaciones durante la vida laboral para financiar prestaciones conforme a las reglas del sistema. Una pensión proporciona ingresos después de la jubilación. Hacer obligatoria la afiliación incorporaría a los trabajadores que cumplan los requisitos a un sistema de cotizaciones obligatorias, en lugar de dejar la afiliación enteramente a criterio de cada persona.

El criterio propuesto por el Gobierno, basado en un trabajo estable y regular, es importante porque las condiciones del trabajo en plataformas varían. Algunos conductores dependen de él como ocupación principal, mientras que otros lo utilizan para obtener ingresos adicionales. La definición de ese criterio determinaría quién debe cotizar y quiénes seguirían dependiendo de los acuerdos voluntarios.

Por qué preocupa el proyecto a los conductores

Actualmente, las cotizaciones al seguro social voluntario equivalen al 22 % de los ingresos que cada afiliado elige como base de cotización. Esa base es el monto utilizado para calcular el pago y no necesariamente coincide con los ingresos mensuales reales de la persona.

Una encuesta realizada por organizaciones laborales y Oxfam reveló que los conductores de mototaxi por aplicación ganaban en promedio unos 7 millones de dong al mes, aunque la mayoría trabajaba entre seis y 12 horas diarias. Los conductores también señalaron que las comisiones de las plataformas, los impuestos y las tasas absorbían entre el 25 % y el 35 % de sus ingresos, antes de descontar el combustible.

Una cotización calculada sobre una base de 7 millones de dong sería de 1,54 millones de dong al mes, según la tasa del 22 % del régimen voluntario. Se trata de un ejemplo basado en la tasa y la cifra de ingresos mencionadas; de acuerdo con las normas aplicables, los conductores eligen su base de cotización. El proyecto aún no establece una tasa para la cobertura obligatoria propuesta.

Los conductores dicen que quieren protección para la jubilación, pero les preocupa tener que pagarla sin una contribución de las plataformas. La inquietud es especialmente apremiante cuando los ingresos varían de un mes a otro, mientras los gastos básicos del hogar continúan.

Tran Thi Dieu Thuy, vicepresidenta de la delegación de diputados de Ciudad Ho Chi Minh ante la Asamblea Nacional, propuso un esquema de cotización con tres partes: los conductores, las plataformas y el Estado. Un mecanismo así distribuiría el costo entre el trabajador, la empresa vinculada a su actividad y los fondos públicos.

Las largas jornadas y los riesgos viales intensifican el debate

Una encuesta a 141 conductores de Grab, Green SM y BEE reveló que el 93,6 % consideraba que conducir para una aplicación era su trabajo principal. Un 46,1 % trabajaba entre ocho y 10 horas al día, mientras que el 35,5 % trabajaba habitualmente más de 10 horas. En conjunto, estos grupos representaban el 81,6 % de las personas encuestadas.

La misma encuesta reveló que el 73,8 % había sufrido al menos una colisión o un accidente de tráfico. Más del 65 % dijo haberse enfrentado a estafas, robos o acoso mientras trabajaba. Estas experiencias hacen que la protección social sea importante tanto durante la vida laboral como después de la jubilación.

Phung Thai Quang, vicepresidente de la Federación del Trabajo de Ciudad Ho Chi Minh, dijo que el 92,9 % quería que su ocupación y situación jurídica se definieran con mayor claridad. Otro 87,9 % quería un mecanismo que le permitiera acceder al seguro social y a ayudas económicas o de otro tipo.

La cobertura de seguros también era limitada. Un 73,4 % dependía únicamente del seguro de salud del hogar o del apoyo sindical, mientras que muchos carecían de cobertura. El seguro de salud ayuda a cubrir los gastos médicos; el seguro social ofrece prestaciones económicas según sus propios requisitos. Por lo tanto, los conductores pueden contar con ayuda para la atención médica y, aun así, carecer de un historial de cotizaciones para la pensión.

Nguyen Duc Loc, director del Instituto de Estudios sobre la Vida Social, citó una encuesta aparte a 400 conductores, divididos en partes iguales entre automovilistas y motociclistas. El estudio detectó un aumento de las horas de trabajo sin un incremento correspondiente de los ingresos. También pidió más transparencia en los pagos y los gastos acordados entre conductores y plataformas.

¿Cuántos trabajadores podrían verse afectados?

En un taller celebrado en Ciudad Ho Chi Minh se mencionó una estimación de unos 400.000 conductores y repartidores que trabajan a través de plataformas tecnológicas en la ciudad. La cifra nacional citada por las autoridades de la ciudad era de unos 600.000 conductores de aplicaciones. La estimación de la ciudad incluye a los repartidores, por lo que abarca más ocupaciones que el recuento nacional de conductores.

La Agencia de Seguridad Social de Ciudad Ho Chi Minh ha pedido estudiar el número de conductores, sus condiciones de trabajo e ingresos y su afiliación a los seguros social, de salud y de desempleo. Esos datos ayudarían a las autoridades a identificar a los trabajadores que cumplen los requisitos y a calcular un esquema de cotizaciones sostenible para ellos.

Nguyen Quoc Thanh, subdirector de la agencia, describió el reto de la política pública como la necesidad de preservar la flexibilidad del trabajo en plataformas y, al mismo tiempo, ampliar el acceso a la protección. La agencia también pidió una coordinación más estrecha entre las autoridades públicas, las plataformas y las organizaciones que representan a los trabajadores.

Para un conductor, el resultado práctico dependería de las normas que se aprueben: de si su trabajo cumple los criterios de elegibilidad, de cómo se calcula la cotización y de cuánto debe pagar personalmente. Esas decisiones convertirían una promesa general de cobertura en una obligación y un derecho concretos cada mes.

Por qué la comisión parlamentaria pide normas más claras

La Comisión de Cultura y Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional apoya en términos generales ampliar la cobertura para proteger los derechos laborales y de bienestar social. Su presidente, Nguyen Dac Vinh, presentó la evaluación de la comisión el 21 de octubre y advirtió que la categoría propuesta de trabajadores era demasiado amplia para aplicarla en la práctica sin un análisis adicional.

La comisión pidió al Gobierno que siguiera la Conclusión n.º 276 del Comité Permanente de la Asamblea Nacional y especificara tanto quiénes estarían cubiertos como la fecha de aplicación. También reclamó que se examinaran cuidadosamente los efectos para los trabajadores que tendrían que afiliarse.

Si no se pueden definir los requisitos de elegibilidad y los plazos, o no se logra un acuerdo con los grupos afectados, la comisión recomendó abordar la cuestión en una revisión integral de la Ley de Seguro Social. Señaló que las disposiciones vigentes ya contemplaban los casos planteados por el Gobierno, por lo que también era necesario explicar el propósito y el alcance de la reforma.

El ministro del Interior, Nguyen Tien Hai, dijo que el Comité del Partido del Gobierno estaba preparando una nueva resolución sobre salarios y seguro social. Las disposiciones detalladas para ampliar la cobertura se elaborarían después de que el Comité Central del Partido aprobara esa resolución. Por tanto, la propuesta forma parte tanto del examen parlamentario como de un proceso más amplio de formulación de políticas.

Calendario legislativo y paquete de reformas más amplio

La propuesta para los conductores forma parte de un esfuerzo más amplio para reformar la Ley de Seguro Social de 2024. El informe del Gobierno n.º 865/TTr-CP, fechado el 7 de octubre de 2026, presenta 11 áreas principales de cambios propuestos en materia de seguros y pensiones, con el objetivo de mejorar la coherencia y la aplicación.

El calendario legislativo establece varias etapas:

• 7 de octubre de 2026: Se fechó el informe del Gobierno que presenta el paquete de reformas propuesto.
• 21 de octubre: Se presentaron a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma y la evaluación de la comisión parlamentaria.
• 9 de noviembre: Estaba previsto que la Asamblea Nacional debatiera el proyecto de ley.
• 21 de noviembre: Estaba previsto que la Asamblea Nacional examinara el proyecto para su aprobación.

Las fechas de noviembre corresponden al examen parlamentario del proyecto de ley. La fecha en que los conductores empezarían a cotizar dependería de las disposiciones de aplicación que finalmente se aprueben, incluidas las decisiones sobre los trabajadores que cumplen los requisitos y las cotizaciones.

Para los trabajadores y las plataformas, el aspecto más importante del proceso es pasar de una formulación general sobre la cobertura a reglas de pago precisas. La obligación de afiliarse afectaría los presupuestos de los hogares y los costos operativos de las plataformas, por lo que el reparto de responsabilidades es fundamental para atender la petición de la comisión de presentar una propuesta más viable.

Un plan más amplio también estudia cómo repartir los costos

Un plan de acción del Gobierno firmado por la vice primera ministra Pham Thi Thanh Tra también pide estudiar cómo repartir las cotizaciones al seguro social entre el Estado, los trabajadores y las empresas de plataformas digitales, incluidas las que ofrecen servicios de reserva de viajes y taxi por aplicación.

El plan busca establecer para 2030 un sistema de protección social casi integral que combine varios niveles de apoyo y utilice la gestión digital. Para 2045, aspira a acercarse a los estándares de los países desarrollados de ingresos altos, con financiación sostenible, gestión transparente y capacidad para responder con rapidez a nuevos riesgos.

Para las personas con bajos ingresos, el plan propone paquetes de seguros, niveles de cotización, períodos de pago y modalidades de afiliación más flexibles, junto con un apoyo financiero adecuado. También plantea ampliar el seguro contra accidentes laborales y las prestaciones por maternidad a los trabajadores de la economía informal, donde muchas personas trabajan fuera de relaciones laborales convencionales.

El plan vincula la protección durante la vida laboral con la atención en la vejez. Propone poner a prueba seguros de cuidados de larga duración en algunas localidades y realizar evaluaciones financieras antes de ampliarlos. En un primer momento, la atención médica para las personas mayores se centraría en quienes tienen 75 años o más y, después, se extendería gradualmente a quienes tienen 65 años o más.

Estas medidas sitúan el debate sobre las cotizaciones de los conductores dentro de un esfuerzo más amplio por proteger a las personas cuando dejan de percibir ingresos o aumentan sus necesidades de cuidados. Entre las prioridades prácticas figuran la atención médica esencial, la seguridad de los ingresos básicos, la ayuda durante el desempleo o la discapacidad y el apoyo a las personas mayores.

El proyecto también cambia qué bancos pueden recibir depósitos de los fondos de pensiones

El proyecto de reforma ampliaría el grupo de bancos autorizados a recibir depósitos del fondo del seguro social. Incluiría a bancos comerciales por acciones en los que el Estado, las empresas estatales o ambos posean más del 50 % del capital social. Quedarían excluidos los bancos sometidos a control especial.

Los cambios al artículo 122 mantendrían a cargo del Gobierno la definición de los criterios y procedimientos detallados para evaluar, seleccionar y supervisar a los bancos elegibles, así como para controlar los riesgos. Estas disposiciones se refieren a la gestión de los fondos acumulados del seguro social mientras se mantienen para cumplir con las obligaciones de pago de prestaciones.

La comisión parlamentaria pidió que se definieran con mayor claridad las responsabilidades del Consejo de Gestión del Seguro Social y de la agencia del seguro social. Quiere que se especifique su papel en las decisiones sobre la cartera de inversiones del fondo, la distribución del dinero entre las inversiones y los métodos utilizados, así como su rendición de cuentas ante el Gobierno.

Los principios del Comité Permanente dan prioridad a la seguridad, exigen preservar el fondo y requieren eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Para quienes cotizan, una gestión cuidadosa del fondo es tan importante como unos pagos asequibles: el dinero recaudado durante la vida laboral debe seguir disponible para financiar las prestaciones cuando corresponda pagarlas.

Puntos clave

• Vietnam estudia hacer obligatorio el seguro social para los trabajadores de plataformas y otras personas fuera de las relaciones laborales convencionales que tengan un trabajo y unos ingresos estables y regulares.
• Según cifras citadas por las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh, unos 700 de los 600.000 conductores de aplicaciones estimados participan en el seguro social voluntario.
• El proyecto aún no define qué trabajadores cumplirían los requisitos, las tasas de cotización, quién sería responsable del pago ni la fecha de aplicación.
• Tanto una propuesta de Tran Thi Dieu Thuy como un plan de acción más amplio del Gobierno abordan el reparto de los costos entre los conductores, las plataformas y el Estado.
• La comisión parlamentaria pide reglas más claras sobre la cobertura y los plazos, o que la cuestión se examine en una revisión integral de la ley.
• Estaba previsto debatir el proyecto de ley el 9 de noviembre y examinarlo para su aprobación el 21 de noviembre.
• Otras reformas conexas ampliarían el grupo de bancos autorizados a recibir depósitos del seguro social y exigirían salvaguardias y una rendición de cuentas más clara sobre la gestión del fondo.