Las jubilaciones alcanzan a altos mandos mientras continúan los procesos disciplinarios
El Ministerio del Interior de Bangladesh informó a una comisión parlamentaria de que 147 agentes de policía con rango de superintendente adjunto o superior fueron jubilados obligatoriamente por interés público tras el levantamiento popular de 2024. Otros 73 agentes con rango de inspector se jubilaron en las mismas condiciones, por lo que los cambios administrativos se extendieron más allá de los altos mandos policiales.
Contenido
- Las jubilaciones alcanzan a altos mandos mientras continúan los procesos disciplinarios
- ¿Qué ocurrió con los agentes acusados de abandonar sus puestos?
- Los casos penales y las sentencias del tribunal añaden otro nivel
- Cómo se desarrollaron los cambios
- Por qué los legisladores cuestionaron los nuevos destinos
- Agentes cuestionan la imparcialidad de algunas decisiones
- Los traslados y las disputas por los ascensos afectan a la labor policial diaria
- Recuperar la moral y exigir responsabilidades
- La delincuencia ha disminuido respecto a 2025, pero la presión sigue siendo alta
- Puntos clave
El ministerio también informó de procesos disciplinarios contra 62 agentes del cuerpo de policía del Servicio Civil de Bangladesh, acusados de abandonar sus puestos después del 5 de agosto de 2024. La mitad, es decir, 31 agentes, fueron destituidos, mientras que los procesos contra los otros 31 continúan. Se trata de procedimientos internos laborales en los que las autoridades deciden si un agente debe recibir una sanción disciplinaria.
Las cifras se presentaron en la quinta reunión de la comisión parlamentaria permanente del Ministerio del Interior, presidida por Zainul Abedin y a la que asistió el ministro del Interior, Salahuddin Ahmed. El ministerio respondía a la recomendación de la comisión de investigar a los agentes acusados de desempeñar papeles polémicos o perjudiciales durante el levantamiento.
El examen reúne dos demandas urgentes: apartar a los agentes responsables de faltas y mantener a la policía en condiciones de proteger al público. Los miembros de la comisión preguntaron por qué algunos agentes que habían sido objeto de acusaciones o sanciones recibían nuevos destinos, mientras que agentes en activo y retirados expresaron su preocupación por decisiones que consideraban injustas.
Cifras de la Jefatura de Policía citadas en otros informes sitúan las jubilaciones obligatorias en 141 agentes de distintos rangos, frente a los 147 altos mandos mencionados por el ministerio y los 73 inspectores que este enumeró por separado. Los informes del examen no han publicado un desglose conciliado que explique las diferencias entre los totales, su alcance y los posibles solapamientos entre las categorías disciplinarias.
¿Qué ocurrió con los agentes acusados de abandonar sus puestos?
El ministerio ofreció información más detallada sobre 57 agentes con rango de superintendente adjunto o superior que fueron suspendidos por ausentarse o huir de sus lugares de trabajo en relación con los acontecimientos del 5 de agosto de 2024. Todos fueron sometidos a procesos disciplinarios. De esos 57, 28 fueron destituidos y uno se jubiló por interés público.
El ministerio también enumeró a 29 agentes suspendidos tras ser arrestados en casos penales, denuncias ante los tribunales o procesos ante el Tribunal Internacional de Crímenes relacionados con el levantamiento. Dos de ellos, ambos subinspectores generales, se jubilaron posteriormente por interés público.
La Jefatura de Policía registró un grupo más amplio de 137 agentes que se habían ausentado de sus lugares de trabajo después del levantamiento. Ochenta regresaron, por lo que 57 seguían ausentes. El recuento abarcaba desde el rango de subinspector general hasta el de agente. Otro recuento disciplinario incluyó a 93 agentes suspendidos temporalmente por presunta fuga, conforme al Reglamento de Disciplina y Apelación de los Funcionarios Públicos de 2018.
La suspensión, la destitución y la jubilación tienen efectos prácticos distintos. La suspensión aparta temporalmente a un agente de sus funciones habituales mientras se tramita un caso. La destitución pone fin a la relación laboral como sanción disciplinaria. La jubilación obligatoria también pone fin al servicio mediante una decisión administrativa que las autoridades describen como tomada por interés público.
Los casos penales y las sentencias del tribunal añaden otro nivel
El ministerio indicó que se habían tomado medidas contra 13 agentes con rango de superintendente adjunto o superior tras las sentencias dictadas en 2025 en cuatro casos vistos por los tribunales internacionales de crímenes 1 y 2. Cinco agentes condenados fueron destituidos, mientras que los procesos disciplinarios contra otros ocho continuaban.
Entre los inspectores, cinco fueron destituidos o separados del cargo por conductas relacionadas con el levantamiento. Los procesos contra otros 30 inspectores seguían en curso, además de las 73 jubilaciones obligatorias. El ministerio indicó que también se estaban tomando medidas contra otros inspectores vinculados a los acontecimientos, conforme al reglamento del servicio.
En toda la fuerza policial, 1.490 agentes han sido señalados como acusados en casos relacionados con disparos contra manifestantes, según las cifras generales de la policía. Sesenta y ocho habían sido arrestados. Los tribunales penales tramitan las acusaciones de delitos y determinan las penas; las autoridades disciplinarias deciden las consecuencias laborales. Por tanto, un agente puede afrontar ambos procesos.
Cómo se desarrollaron los cambios
Los cambios en la policía se extienden desde el levantamiento hasta los posteriores procesos judiciales y la llegada al poder de un gobierno del Partido Nacionalista de Bangladesh en 2026. La secuencia ayuda a explicar por qué varias rondas de medidas administrativas se superponen ahora.
- Noviembre de 2023: El gobierno anterior ascendió a 140 superintendentes de policía a subinspectores generales adjuntos mediante medidas extraordinarias, porque no había suficientes vacantes regulares.
- Julio y agosto de 2024: El levantamiento popular y sus consecuencias dieron lugar a acusaciones de disparos policiales contra manifestantes, ataques contra instalaciones policiales y una interrupción generalizada de las labores policiales.
- 2025: Los tribunales internacionales de crímenes 1 y 2 dictaron sentencias en cuatro casos citados en el examen laboral del ministerio.
- 12 y 17 de febrero de 2026: Tras las elecciones nacionales se formó el gobierno del BNP. Un recuento policial registró 56 jubilaciones obligatorias antes de las elecciones y 85 después de que el gobierno asumiera el poder.
- 3 de mayo, 5 de julio y 23 de julio de 2026: Tres rondas de jubilaciones que afectaron a 17, 33 y 17 agentes, respectivamente, sumaron 67 salidas.
- 13 de agosto: En su primera reunión, la comisión parlamentaria recomendó investigar y tomar medidas disciplinarias contra los agentes vinculados a conductas polémicas durante el levantamiento.
La fecha de la quinta reunión de la comisión requiere aclaración. Se indica que tuvo lugar el jueves 15 de agosto, aunque las estadísticas delictivas examinadas abarcan hasta septiembre de 2026. Por ello, el momento en que se realizó el examen parlamentario no está claro.
Por qué los legisladores cuestionaron los nuevos destinos
La integrante de la comisión Shirin Sultana preguntó cómo agentes acusados de conductas polémicas durante el levantamiento, algunos de ellos sancionados disciplinariamente, conseguían destinos en comisarías de Narsingdi y de la zona de Daca. Pidió que se investigara y se tomaran medidas contra los agentes implicados.
Otro miembro, Monowar Hossain, afirmó que algunos agentes mencionados en la comisión que investiga las desapariciones forzadas, así como otros que habían recibido sanciones disciplinarias, seguían en sus puestos. Pidió al secretario del Interior y al inspector general de policía que abordaran el asunto.
Estas preocupaciones se centran en quién ejerce ahora la autoridad policial, no simplemente en cuántos agentes se han marchado. Un destino en una comisaría pone al agente en contacto directo con residentes que buscan protección, denuncian delitos o presentan quejas. Por tanto, la exigencia de supervisión de la comisión va más allá de las listas de jubilaciones y abarca los destinos y la supervisión actuales.
Agentes cuestionan la imparcialidad de algunas decisiones
Algunos agentes en activo y retirados alegan que los procesos y las medidas administrativas han afectado a personas que estaban en otro lugar durante los incidentes, que no figuraban en los turnos de servicio correspondientes o que trabajaban en otras unidades. También sostienen que las rivalidades internas y la influencia política determinaron quiénes fueron incluidos en los casos.
La exsubinspectora general adjunta Rebecca Sultana cuestionó los motivos de su jubilación obligatoria. Afirmó que un informe falso la situó en el desalojo de la ex primera ministra Khaleda Zia de su residencia en el acantonamiento, aunque ella trabajaba en la Jefatura de Policía. También alegó que las rivalidades por los ascensos contribuyeron a su destitución. La Jefatura de Policía no había ofrecido una explicación detallada e individual de las decisiones que la afectaban a ella y a varios otros agentes cuya jubilación fue cuestionada por sus colegas.
El inspector general adicional Khandoker Rafiqul Islam rechazó la sugerencia de que se estuvieran tomando medidas de forma arbitraria. Al explicar la postura de la policía sobre la verificación de las acusaciones, dijo:
«No tomamos medidas contra nadie sin verificar debidamente la información que aparece en los medios de comunicación o en otros lugares».
El exinspector general Md Abdul Quayyum también pidió que las decisiones se basaran en investigaciones y pruebas, y afirmó que no se debería sancionar ni negar un ascenso a agentes inocentes. El desacuerdo se centra en la calidad de las investigaciones individuales y en los motivos expuestos para las decisiones administrativas.
Los traslados y las disputas por los ascensos afectan a la labor policial diaria
Los frecuentes traslados han aumentado la incertidumbre dentro de la fuerza. Entre los ejemplos figuran la retirada del superintendente de Feni poco después de su nombramiento y el traslado del superintendente de Panchagarh antes de que asumiera el cargo. Los jefes de policía de distrito necesitan tiempo para conocer la delincuencia local, establecer contactos y coordinar a sus equipos.
Omar Faruk, profesor de criminología y ciencias policiales de la Universidad de Ciencia y Tecnología Mawlana Bhashani, afirmó que los cambios reiterados debilitan la capacidad de adaptación de los agentes, especialmente cuando pasan de la policía rural a la metropolitana o viceversa. Respaldó los procesos judiciales contra agentes acusados de delitos concretos, pero se opuso a las jubilaciones indiscriminadas que podrían prescindir de una experiencia profesional considerable.
Las disputas por los ascensos son anteriores al levantamiento. De los 140 superintendentes ascendidos a subinspectores generales adjuntos en noviembre de 2023 mediante plazas supernumerarias, solo 29 habían pasado desde entonces a puestos regulares. Los 111 restantes, alrededor de cuatro de cada cinco, siguen esperando. Un ascenso supernumerario concede a un agente un rango superior aunque no haya una vacante ordinaria en ese rango.
Recuperar la moral y exigir responsabilidades
La policía afrontó este período con pérdidas graves. Según una estimación de las Naciones Unidas citada en los informes sobre la transición policial, unas 1.400 personas murieron durante el levantamiento. Cuarenta y cuatro agentes de policía murieron durante el levantamiento y después, mientras que cientos de comisarías e instalaciones policiales fueron vandalizadas o saqueadas.
El miembro de la comisión Abdul Baten preguntó si había formación especial y una partida presupuestaria específica para abordar los daños a la moral y al bienestar psicológico de la policía, además de las pérdidas de vehículos e infraestructura. El secretario principal del Interior, Monzur Morshed Chowdhury, afirmó que continuaba la formación periódica para mejorar la moral.
El secretario también dijo que grupos multitudinarios habían obstaculizado las labores policiales después del levantamiento. Describió medidas legales y administrativas inmediatas contra los responsables de agredir a agentes dentro de las comisarías. Su respuesta abordó la formación y la protección, pero no especificó si habría una partida presupuestaria independiente.
La Asociación del Servicio de Policía de Bangladesh afirmó en un comunicado del 9 de agosto que la moral se estaba recuperando gradualmente. El exinspector general Ashraful Huda describió los cambios como una parte previsible de la transición y pidió a las autoridades que protegieran a los agentes inocentes de las sanciones. Tanto su postura como las preocupaciones de la comisión apuntan a una misma necesidad práctica: decisiones que los agentes y el público puedan entender a partir de pruebas individuales y motivos explícitos.
La delincuencia ha disminuido respecto a 2025, pero la presión sigue siendo alta
La secretaría parlamentaria indicó que la comisión examinó las cifras delictivas de enero a septiembre de 2025 y 2026, así como las de julio a septiembre de ambos años. Las categorías incluyeron robos con violencia, homicidios, violaciones, violencia contra mujeres y niños, secuestros, hurtos, drogas y casos relacionados con armas y explosivos.
Los miembros de la comisión expresaron su satisfacción por la mejora descrita en ese examen. Las cifras de la Jefatura de Policía para otra comparación, de enero a julio, mostraron descensos respecto a 2025 en varias categorías, mientras que los robos con violencia, los homicidios, la violencia contra mujeres y niños, los secuestros y los hurtos seguían por encima de los niveles registrados en los mismos meses de 2024. Una mejora respecto a un año difícil puede coexistir con un nivel de delitos registrados superior al de antes del levantamiento.
La comisión examinó los avances en la lucha contra la extorsión, los robos callejeros, el consumo de drogas, las pandillas juveniles y la delincuencia organizada. Recomendó un mayor uso de tecnología moderna y debatió una iniciativa para crear una unidad policial especializada en delitos informáticos. El ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, explicó las actividades de prevención del delito después de que el miembro Nurul Islam preguntara por la delincuencia reciente en Daca.
Para los residentes, la prueba práctica es si la policía puede investigar las denuncias y actuar de manera constante contra los responsables. Para la fuerza, esa labor se desarrolla ahora junto con procesos disciplinarios en curso, decisiones de jubilación cuestionadas y destinos aún sin resolver.
Puntos clave
- El Ministerio del Interior enumeró a 147 altos mandos y 73 inspectores jubilados obligatoriamente tras el levantamiento de 2024.
- De los 62 agentes del cuerpo de policía que afrontaban procesos disciplinarios por presunto abandono del servicio, 31 fueron destituidos y otros 31 seguían sujetos a procedimientos.
- Cinco altos mandos fueron destituidos tras ser condenados en cuatro casos ante los tribunales; los procesos disciplinarios contra otros ocho continuaban.
- Los legisladores cuestionaron los nuevos destinos de agentes acusados de faltas o sancionados anteriormente.
- Los responsables policiales defendieron los procedimientos de verificación, mientras algunos agentes cuestionaron las pruebas en las que se basaron las medidas en su contra.
- La delincuencia disminuyó respecto a 2025 en varias categorías, pero algunos indicadores importantes seguían por encima de los niveles comparables de 2024.
