Cuatro nominaciones revelan desacuerdos sobre cómo se mide el mérito
El Consejo Judicial de Nepal recomendó a cuatro jueces para cubrir vacantes en la Corte Suprema, entre ellos jueces que ocupan los puestos quinto, 13.º y 16.º en la clasificación de los jueces de los tribunales superiores, sin dejar constancia en su decisión de las puntuaciones de las evaluaciones comparativas. Dos integrantes del consejo, compuesto por cinco miembros, presentaron disensos por escrito. Desde entonces, la comisión parlamentaria de audiencias ha decidido abrir durante 10 días un período para recibir quejas públicas contra los nominados.
Contenido
- Cuatro nominaciones revelan desacuerdos sobre cómo se mide el mérito
- Qué exige la ley, además de la antigüedad
- Una lista de 30 personas, pero sin una comparación documentada
- Quiénes quedaron fuera y por qué importan las clasificaciones
- Los dos disensos plantearon objeciones distintas
- El Colegio de Abogados cuestiona la exclusión de abogados, mujeres y madhesis
- Una disputa por la transparencia con una larga historia
- Las promesas de reforma quedan bajo escrutinio más allá de estas nominaciones
- El Parlamento abre un plazo para recibir quejas, mientras las fechas varían
- Puntos clave
Los candidatos son Ratna Bahadur Bagchand, presidente del Tribunal Superior de Pokhara; Chandra Bahadur Saru, del Tribunal Superior de Patan; Janak Pandey, de la sala de Hetauda del Tribunal Superior de Patan; y Gokarna Dangi, de la sala temporal de Birgunj del Tribunal Superior de Janakpur. Bagchand ocupa el primer lugar entre los presidentes de tribunales y es el único de ellos incluido en la lista.
La jueza de mayor antigüedad de la Corte Suprema, Sapana Pradhan Malla, objetó todo el proceso de recomendación. Mahesh Kumar Nepal, integrante del consejo, apoyó a Bagchand y Saru, pero discrepó de las nominaciones de Pandey y Dangi. La distinción es importante: el desacuerdo en el consejo se refirió tanto al procedimiento de selección como a candidatos concretos, y no a una única objeción compartida por ambos miembros disidentes.
La disputa central no es si la antigüedad debe determinar siempre los ascensos. La Ley del Consejo Judicial de 2016 permite tomar en cuenta varias cualidades, además de los años de servicio. La cuestión es si el consejo puede demostrar por qué prefirió a estos cuatro candidatos frente a otros, aplicando los criterios que establece la ley.
Esa explicación sigue incompleta. El secretario del Consejo Judicial, Ram Prasad Bhattarai, dijo que se presentaron a los miembros los registros de evaluación, pero que las comparaciones numéricas no quedaron consignadas en la decisión de recomendación. La diferencia entre contar con registros de evaluación y explicar una selección está ahora en el centro de la controversia.
Qué exige la ley, además de la antigüedad
El artículo 5 de la Ley del Consejo Judicial de 2016 establece varios criterios para recomendar a jueces de la Corte Suprema y de los tribunales superiores. Entre ellos figuran la antigüedad, la experiencia, el conocimiento de la materia, la eficiencia, la honestidad, la imparcialidad, la conducta profesional y ética, la reputación pública y las contribuciones a la justicia y al derecho.
En el caso de jueces en ejercicio o retirados, la evaluación también incluye informes de inspección, evaluaciones de desempeño, la proporción de casos resueltos cada año y si los tribunales superiores confirmaron, revocaron parcialmente o revocaron por completo sus decisiones. Para los candidatos procedentes del ejercicio de la abogacía u otros ámbitos habilitados, son pertinentes la continuidad profesional, las contribuciones a la justicia y al derecho, y los antecedentes de servicio.
Estos criterios permiten al consejo ir más allá de una lista de antigüedad. Un candidato de menor antigüedad no queda automáticamente excluido si la experiencia, la capacidad, la integridad y otras cualidades pertinentes justifican su selección. A la vez, la antigüedad sigue siendo un criterio legal que el consejo no puede simplemente ignorar sin abordarlo.
Por tanto, la disputa gira en torno a la calidad de la comparación. Citar el artículo 5 establece el marco legal aplicado, pero no explica por sí solo cómo se desempeñó un candidato frente a otro. El número de decisiones y los resultados de las apelaciones pueden contribuir a esa evaluación, aunque ninguna de esas cifras, por sí sola, determina la calidad judicial. Una explicación convincente vincularía las pruebas con la decisión adoptada.
Una lista de 30 personas, pero sin una comparación documentada
Bhattarai dijo que la secretaría del consejo preparó una lista de 30 personas que reunían la formación y la experiencia necesarias para ser nombradas en la Corte Suprema. También presentó una lista separada de jueces. El material entregado en una reunión celebrada el lunes a partir de las 13:30 incluía informes anuales de trabajo, informes de inspección y registros de evaluación del desempeño.
El presidente de la Corte Suprema y los otros cuatro integrantes del consejo revisaron la lista. Según las versiones de las deliberaciones, la ministra de Justicia, Sobita Gautam, sugirió que los demás miembros propusieran candidatos porque ella no conocía a muchos de los jueces. Entonces, el presidente de la Corte Suprema, Manoj Kumar Sharma, propuso los cuatro nombres que finalmente fueron aprobados.
Los miembros del consejo dieron versiones distintas de lo ocurrido después. Algunos dijeron que se debatieron otros posibles candidatos y que la decisión respetó las directrices constitucionales y legales. Uno de ellos sostuvo que muchos jueces de tribunales superiores habían sido nombrados el mismo día y, por tanto, tenían una experiencia similar, de modo que la antigüedad y otras cualidades permitían diferenciarlos.
Otro miembro alegó que las recomendaciones respondían a una selección personal, no a una comparación objetiva de los antecedentes. Bhattarai confirmó que la decisión citaba apartados del artículo 5, pero dijo que cualquier puntuación habría sido asignada confidencialmente por los miembros y que no quedó registrada en la decisión. Su versión no demuestra que no hubiera una evaluación. Sí confirma que la decisión escrita no incluía las puntuaciones comparativas que se reclaman.
Quiénes quedaron fuera y por qué importan las clasificaciones
El lugar de Bagchand a la cabeza de la lista de presidentes de tribunales contrasta con las otras tres nominaciones. Saru ocupa el quinto lugar entre los jueces de tribunales superiores, Pandey el 13.º y Dangi el 16.º. Los presidentes de tribunales y los demás jueces de tribunales superiores figuran en listas de antigüedad separadas, por lo que esos puestos no deben tratarse como una única clasificación conjunta.
Se menciona específicamente a cuatro presidentes de tribunales que quedaron fuera: Rajan Prasad Bhattarai, Lal Bahadur Kunwar, Hari Prasad Bhandari y Rajeshwar Tiwari. Los informes discrepan sobre el número total de excluidos. Algunos señalan a estos cuatro, mientras que otro afirma que no se recomendó a otros cinco presidentes de tribunales.
Entre los demás jueces de tribunales superiores que quedaron fuera figuraban Dinesh Prasad Yadav, que ocupa el primer lugar, así como Krishna Lal Bhattarai, Yamuna Bhattarai y Tek Narayan Kunwar. Las cifras de las clasificaciones muestran que la antigüedad no fue decisiva. Por sí solas, no demuestran que los candidatos seleccionados tuvieran menos capacidad.
Lo que falta es una explicación documentada de por qué, en cada selección, la experiencia, el desempeño, la integridad u otro criterio legal prevalecieron sobre la antigüedad. Sin esa explicación, el público no puede distinguir una excepción justificada a la antigüedad de una decisión arbitraria. Las objeciones apuntan a esa falta de pruebas, no demuestran una conducta indebida por parte de ninguno de los nominados.
Los dos disensos plantearon objeciones distintas
La jueza Sapana Pradhan Malla, la jueza de mayor antigüedad de la Corte Suprema que integra el consejo, dijo que las recomendaciones carecían de un proceso de evaluación transparente, objetivo, inclusivo y creíble. En su disenso escrito también cuestionó la falta de razones claras para dejar de lado la antigüedad y la exclusión de mujeres, madhesis y profesionales del derecho.
Malla sostuvo que era necesaria una representación adecuada de los jueces de carrera por su experiencia judicial, memoria institucional y madurez profesional. En su disenso, rechazó un enfoque que excluyera a esos jueces de la representación:
«No puede justificarse ni aceptarse un enfoque que niegue o excluya de la representación a esos jueces de carrera», escribió.
El disenso de Mahesh Kumar Nepal fue más limitado. Se opuso a las recomendaciones de Pandey y Dangi, pero apoyó las de Bagchand y Saru. Presentar su objeción como un rechazo a los cuatro candidatos distorsionaría las diferencias dentro del consejo.
También hay diferencias en la forma de describir la representación de los jueces de carrera. Se ha señalado que los nominados son jueces de carrera, y sus partidarios dijeron que las elecciones respondían a las demandas de ascenso dentro del servicio judicial y de los tribunales inferiores. Sin embargo, Malla sostuvo que las recomendaciones no garantizaban una representación adecuada de los jueces de carrera. No basta con señalar que los cuatro nominados trabajan actualmente en tribunales superiores para resolver esas posturas: la controversia también se refiere a qué trayectorias profesionales y niveles de experiencia deberían estar representados.
El Colegio de Abogados cuestiona la exclusión de abogados, mujeres y madhesis
La Asociación de Abogados de Nepal también planteó sus objeciones en un comunicado emitido el 7 de octubre por su secretario general, Kedar Prasad Koirala. Sostuvo que las recomendaciones carecían de una base objetiva y de transparencia, y no respetaban los criterios legales de antigüedad, experiencia, eficiencia, honestidad, imparcialidad y conducta profesional.
La asociación señaló el artículo 129(5) de la Constitución, que permite considerar a profesionales del derecho que reúnan los requisitos para ser nombrados en la Corte Suprema, y el artículo 42(1), relativo a la inclusión. En esta ronda no se recomendó a ningún candidato procedente del ejercicio de la abogacía. La asociación también objetó la ausencia de mujeres y madhesis.
El presidente de la asociación, el profesor doctor Vijay Prasad Mishra, dijo que no habían consultado al Colegio de Abogados. La organización afirmó que había solicitado repetidamente una representación respetuosa de los abogados en conferencias nacionales y reuniones de comités. Las versiones de las deliberaciones del consejo también mencionan pedidos para que se considerara a Dinesh Prasad Yadav y Yamuna Bhattarai en representación de los madhesis y las mujeres.
Estas objeciones plantean una cuestión distinta de la antigüedad: si la selección tuvo debidamente en cuenta la inclusión constitucional y la diversidad de trayectorias profesionales habilitadas. El derecho a ser considerado no implica por sí solo el derecho a ocupar una de estas cuatro vacantes. La acusación del Colegio de Abogados de que el proceso vulneró principios constitucionales no constituye una decisión judicial.
Una disputa por la transparencia con una larga historia
La controversia actual se produce tras años de críticas a los nombramientos realizados sin criterios uniformes y visibles. En su artículo académico de 2018, publicado en la revista Kathmandu School of Law Review, Bishal Khanal sostuvo que dejar de lado la antigüedad debería ser excepcional y basarse en reglas transparentes, creíbles y convincentes.
Khanal registró que Ek Raj Acharya, presidente del Tribunal de Apelación, renunció después de que lo dejaran fuera del nombramiento a la Corte Suprema en 2015. También analizó la recomendación de 80 jueces de tribunales superiores en enero de 2017, que fue impugnada por abogados porque faltaron dos miembros del consejo y, presuntamente, se ignoraron los requisitos constitucionales de inclusión.
La disputa histórica es distinta de la actual. Según las versiones, los cinco miembros asistieron a las últimas deliberaciones; el problema es el desacuerdo sobre la evaluación y la selección, no la ausencia de integrantes del consejo. Por tanto, la crítica de Khanal al uso de la doctrina de la necesidad para nombramientos rutinarios aporta contexto histórico, pero no constituye una conclusión jurídica directa sobre estas nominaciones.
El artículo también sostuvo que no se habían elaborado ni aplicado de manera uniforme criterios de desempeño e integridad. Se trata de una valoración académica, no de un fallo vinculante, pero identifica la misma distinción que ahora está bajo escrutinio: enumerar cualidades deseables no equivale a aplicar un procedimiento uniforme para medirlas.
Los intentos de introducir criterios para los nombramientos tampoco han prosperado. La Corte Suprema anuló los criterios elaborados durante el mandato del presidente de la Corte Suprema Khil Raj Regmi. Los estándares para los nombramientos en tribunales superiores, preparados durante el liderazgo de Hari Krishna Karki, no fueron aplicados por la dirección posterior. Según las versiones de las últimas deliberaciones, no se debatió un nuevo marco sistemático.
Las promesas de reforma quedan bajo escrutinio más allá de estas nominaciones
En una audiencia parlamentaria el 19 de mayo, Sharma se comprometió a que las recomendaciones del Consejo Judicial se basaran de forma visible en el mérito. Su plan de acción proponía identificar formas objetivas de medir las cualificaciones, la capacidad, la experiencia y la integridad judicial, con el objetivo de que los nombramientos fueran transparentes y previsibles.
La última decisión se evalúa a la luz de ese compromiso. Sus partidarios afirman que el consejo obtiene y examina periódicamente las decisiones de los jueces y no promueve a candidatos cuando detecta problemas. Sus críticos sostienen que el seguimiento habitual no explica por qué, en esta ronda, se eligió a determinados candidatos y no a otros.
Otra recomendación al Tribunal Superior, el 15 de septiembre, ha avivado el debate. Himlal Belbase, que antes había sido juez del Tribunal de Distrito de Kaski, fue nombrado en el Tribunal Superior de Janakpur y se retiró el 20 de septiembre tras solo cuatro días en el cargo, al alcanzar la edad obligatoria de jubilación de 63 años. La brevedad de su nombramiento provocó críticas sobre el propósito y el momento de los ascensos.
Belbase había autorizado anteriormente una modificación de los cargos en el caso de delincuencia organizada y blanqueo de dinero contra Rabi Lamichhane, presidente del Partido Rastriya Swatantra. Las sugerencias de que su ascenso fue una recompensa por esa decisión siguen siendo acusaciones, no hechos probados.
La asignación de jueces a los tribunales ha generado otra controversia. El 7 de octubre, las audiencias de 38 casos ante la Sala Constitucional no pudieron celebrarse después de que el juez Hari Prasad Phuyal se negara a participar. Las disputas sobre la composición de esa sala son distintas de las cuatro nominaciones, pero ambas cuestiones se refieren a si las razones detrás de las decisiones sobre el personal judicial son suficientemente visibles.
El Parlamento abre un plazo para recibir quejas, mientras las fechas varían
Bodha Narayan Shrestha, presidente de la Comisión Parlamentaria de Audiencias, dijo que en una reunión celebrada el lunes en Singha Durbar se aprobó un aviso de 10 días para recibir quejas contra los cuatro nominados. Se encargó a la secretaría publicar el aviso en medios de difusión pública. Otra versión señala que la publicación estaba prevista para el 9 de Kartik.
La cronología no coincide plenamente entre los informes. Varios sitúan las recomendaciones el 6 de octubre, mientras que otro señala el 18 de septiembre. Las versiones en nepalí datan la decisión el martes 20 de Ashoj de 2083. No deben combinarse estas versiones como si confirmaran una única fecha.
- 19 de mayo: Sharma prometió en su audiencia parlamentaria que las recomendaciones de nombramientos se basarían de forma visible en el mérito.
- 15 de septiembre: El consejo recomendó tres nombramientos para tribunales superiores, entre ellos el de Belbase.
- 20 de septiembre: Belbase se retiró tras cuatro días en su nuevo cargo.
- 6 de octubre, según varios informes: El consejo recomendó a los cuatro candidatos a la Corte Suprema. Otro informe señala el 18 de septiembre.
- 7 de octubre: La Asociación de Abogados de Nepal presentó sus objeciones.
- Un lunes posterior: La comisión de audiencias aprobó un aviso de 10 días para recibir quejas; una versión indica que se publicaría el 9 de Kartik.
El período para presentar quejas ofrece al público una vía para formular objeciones antes del examen parlamentario. Por sí solo, no determina si debe rechazarse alguna nominación. El nombramiento por parte del presidente se produce después del proceso de audiencia parlamentaria. No se ha confirmado aquí una fecha para la audiencia, un resultado definitivo ni la fecha de cierre del plazo para presentar quejas.
El consejo también decidió crear una comisión con un mandato de tres meses para examinar la carga de trabajo de los tribunales y las necesidades de personal, incluidos los puestos de jueces en los tribunales superiores y de distrito. Por separado, se ha debatido una propuesta para aumentar de 21 a 25 el número de puestos en la Corte Suprema, pero no se ha aprobado. Ninguna de estas revisiones de personal explica las selecciones actuales.
Puntos clave
- Ratna Bahadur Bagchand, Chandra Bahadur Saru, Janak Pandey y Gokarna Dangi fueron recomendados para cubrir cuatro vacantes en la Corte Suprema.
- Bagchand ocupa el primer lugar entre los presidentes de tribunales; Saru, Pandey y Dangi ocupan los puestos quinto, 13.º y 16.º entre los jueces de tribunales superiores.
- Sapana Pradhan Malla se opuso a todo el proceso. Mahesh Kumar Nepal discrepó únicamente de las nominaciones de Pandey y Dangi.
- El consejo examinó los registros de evaluación, pero su secretario dijo que las puntuaciones comparativas no quedaron consignadas en la decisión.
- La Asociación de Abogados de Nepal cuestionó la falta de transparencia y de representación de abogados, mujeres y madhesis.
- La comisión parlamentaria de audiencias aprobó un aviso público de 10 días para recibir quejas. Los informes discrepan sobre la fecha de las recomendaciones y no se ha confirmado un resultado definitivo de la audiencia.
