490 casos revelan una brecha entre el daño y las sanciones
Los comités educativos de Corea del Sur revisaron 490 casos de nuevas formas de violencia escolar, que involucraron a 684 víctimas y 1.232 estudiantes identificados como agresores, desde el año académico 2024 hasta agosto de 2026. Sin embargo, 1.523 de las 1.961 medidas disciplinarias impuestas, es decir, el 77,7 %, fueron disculpas por escrito, prohibiciones de contacto o represalias y servicios dentro de la escuela.
Contenido
- 490 casos revelan una brecha entre el daño y las sanciones
- Qué significan realmente las sanciones
- La violencia va más allá de la pelea
- El acuerdo no resuelve la cuestión legal
- Cómo se acumularon los casos y los cambios de política
- La encuesta general muestra un patrón distinto
- Por qué las víctimas pueden guardar silencio
- Las consecuencias en las admisiones impulsan disputas legales
- Qué cambios se pide a las autoridades
- Puntos clave
Las cifras, divulgadas el 12 de octubre por el diputado Han Byung-do, del gobernante Partido Democrático, se conocen mientras las autoridades advierten sobre las peleas yacha: enfrentamientos físicos presentados como retos voluntarios, a veces acompañados de promesas de no denunciar las lesiones. Se puede presionar a los estudiantes para que participen, mientras otros organizan las peleas, las observan, las graban o difunden las grabaciones.
El Ministerio de Educación entregó las cifras a Han, miembro del Comité de Educación de la Asamblea Nacional. Su análisis también reveló que las medidas de tratamiento o recuperación para las víctimas aumentaron de 10,8 por cada 100 víctimas en 2024 a 19,3 entre marzo y agosto de 2026. En el mismo periodo comparativo, las suspensiones u otras medidas disciplinarias más severas bajaron de 20,6 a 12,6 por cada 100 agresores.
Esas tendencias opuestas son el motivo central de preocupación: la demanda registrada de atención a las víctimas aumentó, mientras disminuyó la tasa de medidas disciplinarias más severas. Las cifras no permiten determinar si las decisiones de cada comité estuvieron justificadas, porque no incluyen las pruebas, las lesiones ni las circunstancias de cada caso.
También es necesario distinguir entre casos, estudiantes y medidas. La cifra del 77,7 % se refiere a medidas disciplinarias, no a la proporción de casos que recibieron únicamente sanciones leves. Un estudiante puede recibir varias medidas y un caso puede involucrar a varios estudiantes.
Qué significan realmente las sanciones
Los tres niveles disciplinarios más bajos sumaron 1.523 medidas. El nivel 1 exige una disculpa por escrito; el nivel 2 prohíbe el contacto, las amenazas o las represalias contra la víctima; y el nivel 3 exige realizar servicios en la escuela. La inclusión de estas medidas en los expedientes escolares puede aplazarse si se cumplen las condiciones establecidas. Esto matiza la afirmación de que toda sanción leve queda automáticamente fuera del expediente.
El nivel 4 implica servicio comunitario, mientras que el nivel 5 supone educación especial o tratamiento psicológico. Si se incluyen esas dos categorías, el 90,2 % de todas las medidas quedó por debajo de la suspensión. Las 193 medidas restantes, es decir, el 9,8 %, consistieron en suspensiones u otras acciones más severas, como un cambio de clase o el traslado a otra escuela.
Al menos 794 de los 1.232 estudiantes, o el 64,4 %, no recibieron ninguna medida de nivel 4 o superior, el umbral que el análisis de Han identifica como sujeto a inclusión en el expediente escolar. Esta cifra de estudiantes es distinta del porcentaje de medidas disciplinarias.
La distinción importa porque los datos no muestran que todos los estudiantes quedaran sin consecuencias. Las disculpas, las restricciones de contacto, los servicios y las medidas educativas son consecuencias. La preocupación de Han es si su gravedad, registro y contenido educativo se corresponden con el daño provocado por las peleas forzadas y la difusión de videos.
La violencia va más allá de la pelea
La violencia física estuvo presente en el 88,8 % de los 490 casos revisados. La violencia verbal apareció en el 42,7 %, la coacción en el 28,8 % y la ciberviolencia en el 18,6 %. Las categorías se superponen y se identificaron aproximadamente dos formas de violencia por caso, por lo que los porcentajes no deben sumarse como si cada caso perteneciera a una sola categoría.
La ciberviolencia estuvo presente en el 14 % de los casos del año académico 2024 y en el 20 % entre marzo y agosto de 2026, un aumento de seis puntos porcentuales. Por tanto, una pelea puede generar varios daños relacionados: presión para participar, lesiones físicas, humillación verbal y una nueva exposición cuando se difunde una grabación en internet.
Los relatos sobre las peleas yacha describen enfrentamientos en estacionamientos subterráneos y callejones, lejos de la supervisión de adultos. Se les puede decir a los estudiantes que aceptar la pelea implica comprometerse a no contactar a la policía, aunque resulten heridos. En ocasiones, las grabaciones se publican en internet o se venden.
Un profesor de secundaria identificado por el apellido Seo, de 55 años, describió cómo las afirmaciones de que se trata de un juego pueden ocultar una desigualdad de poder entre estudiantes.
Los estudiantes dicen que hacen Yacha para poner a prueba su fuerza o sus habilidades, pero en realidad, a menudo se trata de un estudiante fuerte que acosa a otro o hace alarde de su poder sobre él. No es más que violencia escolar disfrazada de cultura del juego.
El acuerdo no resuelve la cuestión legal
La policía ha advertido que las peleas yacha pueden constituir delitos pese al consentimiento mutuo o a la firma de un acuerdo. La Oficina Metropolitana de Educación de Seúl también ha advertido a las familias que el consentimiento no exime a los estudiantes de recibir sanciones por violencia escolar. Prometer que no se denunciará una pelea no garantiza que no haya una investigación o revisión disciplinaria.
La ley de prevención de la violencia escolar, publicada en inglés por el Instituto de Investigación Legislativa de Corea, define la violencia escolar como un conjunto que incluye agresiones, coacción, acoso y conductas perjudiciales a través de redes de información entre estudiantes, dentro o fuera de la escuela. La definición de agresor incluye a los estudiantes que participan en actos violentos, no solo a quienes golpean.
El artículo 17 establece respuestas disciplinarias que van desde disculpas por escrito y restricciones de contacto hasta la suspensión y la expulsión. El artículo 16 contempla protecciones para las víctimas, como asesoramiento psicológico, protección temporal, tratamiento y cambios de clase. El texto en inglés del enlace corresponde a una versión anterior de la ley, por lo que sus descripciones de la estructura de los comités no deben considerarse el procedimiento vigente.
La responsabilidad penal es una cuestión distinta de la disciplina escolar. Según informó la prensa, un fallo de apelación dictado en julio absolvió a un acusado de una agresión mortal tras una pelea ocurrida en febrero de 2024 entre representantes de residentes de un complejo de apartamentos en Pyeongtaek. Uno de los participantes murió después de que ambos supuestamente firmaran un acuerdo para pelear. Ese resultado no demuestra que todas las peleas acordadas sean legales; las conclusiones penales dependen de los cargos, las pruebas y las circunstancias.
Otro caso del que informó la prensa, en Cheongju, ilustra el peligro de la coacción. En mayo de 2026, una mujer de veintitantos años murió tras ser presuntamente obligada a pelear sucesivamente con dos adolescentes. Dos personas de veintitantos años fueron detenidas bajo sospecha de coacción conjunta, y los adolescentes quedaron imputados bajo sospecha de agresión agravada. Se trata de acusaciones y medidas de investigación comunicadas por la prensa, no de determinaciones de culpabilidad.
Cómo se acumularon los casos y los cambios de política
Las cifras del Ministerio de Educación sitúan en 107 los casos de violencia relacionada con las peleas yacha revisados en el año académico 2024, en 223 los de 2025 y en 160 los del primer semestre de 2026. El aumento de 107 a 223 fue de 116 casos, o cerca del 108 %. Las tres cifras suman 490.
Los informes describen de manera ligeramente distinta el periodo más reciente. El análisis disciplinario suele referirse a marzo-agosto de 2026, mientras que un resumen habla de enero-agosto. Los 160 casos más recientes también se describen como casos del primer semestre. Estas denominaciones no deben tratarse como equivalentes al comparar periodos de información.
Los principales acontecimientos abarcan varios años:
- 2019: Una reforma de la ley de prevención de la violencia escolar cambió la responsabilidad de revisar los casos.
- 2020: La revisión de los casos pasó de las escuelas a comités dependientes de las oficinas distritales de educación.
- Febrero de 2024: Comenzó un sistema especializado de investigadores de acoso escolar.
- Año académico 2025: 147 universidades empezaron a considerar voluntariamente los antecedentes de acoso escolar en sus procesos de admisión.
- Abril de 2026: La comisaría de Sokcho elaboró materiales de prevención de las peleas yacha a través de su División de Mujeres y Jóvenes.
- Agosto de 2026: El Ministerio de Educación y la Agencia Nacional de Policía emitieron una alerta sobre las peleas yacha.
- 12 de octubre de 2026: Han publicó su análisis de los datos ministeriales sobre casos y medidas disciplinarias.
La cronología muestra que las preocupaciones más recientes han surgido en un sistema que ya estaba experimentando cambios en las investigaciones, las admisiones y la prevención. Las cifras no permiten determinar cuál de esos cambios ha influido en las decisiones disciplinarias.
La encuesta general muestra un patrón distinto
La primera ronda de la encuesta nacional sobre violencia escolar de 2026 reveló que el 2,9 % de los estudiantes participantes afirmó haber sufrido violencia escolar, frente al 2,5 % en 2025. Fue la tasa declarada más alta desde que la encuesta comenzó a incluir a todos los estudiantes elegibles en 2013.
La encuesta abarcó aproximadamente a 3,9 millones de estudiantes de cuarto a duodécimo grado. Participaron cerca de 3,19 millones, una tasa de respuesta del 81,9 %, durante cuatro semanas a partir de abril. La tasa declarada de victimización fue más alta entre los estudiantes de primaria, con el 5,7 %, seguidos por los de secundaria, con el 2,3 %, y los de bachillerato, con el 0,8 %.
El acoso verbal representó el 37,8 % de los tipos de violencia declarados; el acoso grupal, el 17,1 %; la violencia física, el 15,7 %; y la ciberviolencia, el 7 %. Estos resultados describen la violencia escolar en general. No son directamente comparables con los 490 casos de los comités, que corresponden a nuevas formas de violencia y están dominados por las agresiones físicas.
La proporción de estudiantes que admitió acosar a otros fue del 0,8 %, una reducción de 0,3 puntos porcentuales respecto a 2025. Entre las razones declaradas para ejercer violencia, considerar que se trataba de una broma o actuar sin un motivo concreto ocupó el primer lugar, con un 30,6 %. La diferencia en la percepción de una misma conducta puede ayudar a explicar la brecha entre los estudiantes que declaran haber sufrido daños y quienes reconocen haberlos causado.
Seong Yun-sook, investigadora principal del Instituto Nacional de Políticas para la Juventud que analizó la encuesta, atribuyó parte del aumento a las menores oportunidades de relacionarse en persona y a una mayor sensibilidad ante el acoso entre estudiantes y padres. Esa interpretación no significa que los cambios de percepción expliquen todos los aumentos de la violencia declarada.
Por qué las víctimas pueden guardar silencio
La condición de no denunciar que acompaña algunas peleas yacha genera presión más allá del propio enfrentamiento. La víctima puede temer que la tilden de desleal por pedir ayuda después de, supuestamente, haber aceptado participar. Grabar la pelea puede ser otra fuente de vergüenza o intimidación.
Las cifras de denuncias de otros informes muestran que el temor a empeorar la situación fue la razón más frecuente para no informar sobre el acoso, con un 24,6 %. Entre los estudiantes de bachillerato, el 20,8 % dijo que denunciar parecía inútil, frente al 13,8 % en el conjunto de estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato. Solo cerca del 2 % recurrió a cada una de las vías oficiales mencionadas, como el centro de denuncias 117 o los agentes de policía escolar.
Estas cifras describen el comportamiento general ante las denuncias, no solo el de las víctimas de los 490 casos revisados. Sin embargo, ponen de manifiesto un límite práctico de las estadísticas disciplinarias: no pueden incluir incidentes que los estudiantes nunca comunican.
Los incidentes comunicados por profesores también se concentraron durante los recreos, con un 29,8 %, y la hora del almuerzo, con un 21,2 %. En conjunto, esos periodos representaron el 51 %. Por tanto, la prevención depende en parte de lo que ocurre fuera de las clases formales, cuando los estudiantes tienen más oportunidades de reunirse sin una supervisión estrecha.
La atención en internet puede extender la audiencia mucho más allá de la escuela. Según se informó, un canal especializado en contenido sobre las peleas yacha tenía unos 500.000 suscriptores. Kim Seok-min, director de asesoramiento de la Fundación Árbol Azul, pidió que las plataformas y las organizaciones pertinentes realizaran un seguimiento conjunto, además de proteger a las víctimas con la participación de las oficinas de educación, los agentes de policía escolar y los trabajadores sociales.
Las consecuencias en las admisiones impulsan disputas legales
Los expedientes escolares tienen ahora más peso porque los antecedentes de acoso pueden afectar el acceso a la universidad. Después de que el Ministerio de Educación anunciara medidas en abril de 2023, 147 universidades incorporaron voluntariamente los antecedentes de acoso escolar a la evaluación de admisiones a partir del año académico 2025. La política anunciada por el ministerio exige que todas las universidades los tengan en cuenta en todas las vías de admisión desde el año académico 2026.
Lo que está en juego ha aumentado la presión para impugnar las decisiones o reducir los niveles disciplinarios. Según diversos informes, se presentan denuncias de represalia para hacer parecer que la responsabilidad es compartida o presionar al estudiante que presentó la primera denuncia. Estas disputas dificultan distinguir entre un conflicto realmente mutuo y una coacción presentada como acuerdo.
Kim Ju-hyeon, abogado de Sugar Square Law & Advisors, relacionó las consecuencias más estrictas en las admisiones con el aumento de las disputas.
Desde la perspectiva de los responsables de admisiones, incluso las medidas disciplinarias menores relacionadas con el acoso escolar pueden convertirse en un factor importante en las decisiones de admisión.
Los casos de acoso escolar presentados ante el Tribunal Administrativo de Seúl aumentaron de 51 en 2022 a 134 en el año que los informes sobre el tribunal describen como el anterior. Eso supone un aumento de 83 casos, o cerca del 163 %. En febrero, el número de salas especializadas aumentó de dos a cuatro. El informe no establece el año exacto de estas últimas fechas.
El sistema de investigadores implantado en febrero de 2024 recurre a docentes jubilados o agentes de policía designados por las oficinas distritales de educación. Según se informó, los investigadores reciben entre 100.000 y 200.000 wones por caso. El sistema pretendía reducir la carga administrativa de los docentes, pero sus críticos sostienen que excluirlos puede dejar de lado su conocimiento de las relaciones en el aula.
Hyun Kyung-hui, de la Unión de Docentes y Trabajadores de la Educación de Corea, pidió restablecer la capacidad de intervención de los docentes. Park Ju-hyung, profesor de la Universidad Nacional de Educación Gyeongin, propuso proteger legalmente a los docentes que investigan o median en los casos, salvo cuando haya conducta indebida intencional o negligencia grave. Seúl también ha introducido un programa de reflexión para recuperar las relaciones entre estudiantes más jóvenes de primaria, centrado en la conversación y la mediación en casos menores.
Qué cambios se pide a las autoridades
La respuesta que propone Han va más allá de endurecer los castigos para los estudiantes que pelean. Pidió directrices de revisión más detalladas que abarquen la organización de las peleas, la observación, la grabación y la distribución de videos, para que los comités puedan detectar la coacción oculta tras las afirmaciones de consentimiento.
También solicitó medidas para frenar la difusión de las grabaciones, reforzar la protección y la recuperación de las víctimas y ofrecer programas educativos y de corrección del comportamiento adecuados a estas formas de violencia. Los cambios propuestos abordan tanto la agresión inicial como a las personas o actividades en línea que contribuyen a perpetuarla.
La Agencia Nacional de Policía prevé impartir educación preventiva a través de agentes de policía escolar. El Ministerio de Educación ha dicho que trabajará con la Comisión de Comunicaciones y Medios de Corea para mejorar los procedimientos de respuesta rápida cuando se difundan videos de violencia escolar en internet. Lee Hyo-min, profesor de la Universidad de Youngsan, también pidió medidas coordinadas de prevención y protección contra nuevas victimizaciones, en lugar de depender únicamente de advertencias sobre sanciones penales.
No se ha indicado un plazo de implementación para las directrices propuestas por Han, una fecha para completar un procedimiento nacional de respuesta ante la difusión de videos ni la fecha de una votación parlamentaria. Las cifras tampoco muestran la reincidencia, la duración del tratamiento de las víctimas ni la frecuencia con la que se retiraron las grabaciones difundidas.
Las pruebas respaldan una conclusión concreta: aumentaron las medidas de atención, la ciberviolencia se hizo más común dentro de los casos revisados y las medidas disciplinarias más severas se volvieron menos frecuentes por agresor. Para determinar por qué ocurrió esto es necesario examinar más de cerca cada decisión y proteger a los estudiantes cuyo aparente consentimiento pudo ocultar presiones.
Puntos clave
- Los comités revisaron 490 casos de nuevas formas de violencia escolar, que involucraron a 684 víctimas y 1.232 estudiantes identificados como agresores.
- Los tres niveles disciplinarios más bajos representaron el 77,7 % de las medidas, no el 77,7 % de los casos.
- Al menos 794 estudiantes no recibieron ninguna medida de nivel 4 o superior.
- Las medidas de tratamiento o recuperación aumentaron de 10,8 a 19,3 por cada 100 víctimas.
- Las suspensiones u otras medidas más severas bajaron de 20,6 a 12,6 por cada 100 agresores.
- La encuesta nacional situó la tasa declarada de victimización en el 2,9 %, la más alta desde 2013.
- Han pidió directrices que aborden la organización de las peleas, la presencia de espectadores, la grabación y la distribución de videos, además de un mayor apoyo a las víctimas.
