Un tribunal de Pakistán devuelve a una niña de 13 años al presunto secuestrador y desata protestas

Fallo sobre custodia genera alarma en Faisalabad

Un tribunal paquistaní devolvió la custodia de una niña de 13 años al hombre acusado de secuestrarla, pese a que hay registros de edad contradictorios, denuncias de que la presionaron para que afirmara ser mayor de edad y dudas sobre la validez de sus documentos de conversión y matrimonio.

La decisión, emitida por un tribunal de sesiones de Faisalabad el 25 de julio de 2026, provocó la condena de defensores de los derechos humanos y grupos de apoyo a la comunidad cristiana. Según informes, la niña, cuyo nombre no se ha divulgado en el caso de Faisalabad, también fue devuelta al acusado como su supuesta esposa. El hombre obtuvo la libertad bajo fianza.

Defensores de los derechos humanos advierten que el fallo podría exponer a la niña a nuevos episodios de violencia, intimidación y abuso sexual. Instan a las autoridades de Punjab a intervenir, protegerla y asegurarse de que se examinen debidamente los registros oficiales de nacimiento y otras pruebas antes de tomar una decisión definitiva sobre la custodia.

El caso también ha reavivado la preocupación general por el secuestro, la conversión forzada y el matrimonio de niñas de comunidades religiosas minoritarias en Pakistán. Activistas afirman que los presuntos responsables suelen recurrir a certificados de conversión, documentos matrimoniales y declaraciones registradas ante un tribunal para presentar un secuestro como un matrimonio voluntario.

El caso de Faisalabad comenzó el 12 de junio, cuando Mohsin Liaquat presuntamente secuestró a la niña. Su familia denunció el hecho en la comisaría de Raza Abad, y la policía registró una denuncia penal en virtud del artículo 365 B del Código Penal de Pakistán. Esa disposición se refiere al secuestro o rapto de una mujer con fines de matrimonio o explotación sexual.

La policía arrestó al acusado unas dos semanas después y recuperó a la niña, que estaba bajo su custodia. Primero quedó bajo la protección de la Unidad de Violencia de Género de la Policía de Faisalabad y luego fue trasladada a Dar ul Aman, un refugio gubernamental para mujeres y niñas en situación de riesgo.

Los documentos contradictorios se volvieron centrales en el caso

Según el relato presentado por defensores de los derechos humanos, el 27 de junio la niña declaró ante el tribunal que la familia del acusado la había preparado y presionado para que dijera que era mayor de edad. La supuesta presión es fundamental en la disputa, porque la declaración de una niña bajo la custodia o influencia de un presunto secuestrador no puede considerarse una prueba de consentimiento libre sin garantías cuidadosas.

Según se informó, la parte del acusado presentó un certificado de conversión religiosa y un certificado de matrimonio que indicaban que la niña había nacido en junio de 2008. Su familia cuestiona esa fecha. Afirma que contradice los registros familiares, incluido el hecho de que sus padres se casaron en 2012.

Ante las pruebas contradictorias, el tribunal ordenó un examen médico para determinar la edad de la niña y dispuso que permaneciera en Dar ul Aman mientras continuaba el proceso. Los grupos de derechos humanos afirman que esa decisión era coherente con la necesidad de proteger a una niña mientras se examinaban las pruebas.

Por eso, quedaron consternados cuando el tribunal de sesiones concedió posteriormente la custodia al acusado y aceptó su afirmación de que era el esposo de la niña. Activistas sostienen que el tribunal no dio suficiente peso a los registros oficiales de nacimiento y otras pruebas documentales, y que dio demasiado valor a documentos que, según denuncian, fueron falsificados.

Ashiknaz Khokhar, activista de derechos humanos, dijo que los tribunales deben verificar cuidadosamente las pruebas documentales en casos que involucran a víctimas menores de edad. Khokhar sostuvo que la declaración o el supuesto consentimiento de una menor no pueden ser el único factor para decidir la custodia cuando la niña podría haber sido sometida a amenazas, coacción o control.

Joseph Janssen, presidente de Voice for Justice, dijo que abogados presentes en el tribunal amenazaron a la niña con castigarla por apostasía si rechazaba el islam. Janssen calificó la supuesta conducta de grave abuso de la autoridad legal y religiosa. Instó a Maryam Nawaz Sharif, primera ministra de Punjab, a actuar ante lo que describió como una injusticia, una violación de una menor y la separación de una niña de sus padres.

Por qué la conversión puede dificultar la protección

El sistema jurídico de Pakistán contempla protecciones para la infancia, las mujeres y las minorías religiosas. En la práctica, activistas afirman que puede ser difícil hacer cumplir esas protecciones cuando se presenta a una niña secuestrada como una conversa al islam y una mujer casada.

La conversión religiosa puede desviar la atención de una audiencia de las acusaciones originales de secuestro, confinamiento y abuso. Entonces pueden preguntarle a la niña si desea quedarse con el hombre que se la llevó, aunque sea menor de edad y haya podido sufrir amenazas de él o de sus familiares.

Abogados de derechos humanos afirman que primero se debe determinar si la niña fue secuestrada, si tenía la edad legal para casarse, si su conversión fue libre de coacción y si puede hablar de forma segura e independiente. Sostienen que se debe entrevistar a la presunta víctima sin la presencia del acusado ni de sus partidarios, y garantizarle acceso a un abogado independiente, un tutor y atención psicológica.

Pakistán es parte de acuerdos internacionales que exigen proteger a los niños del secuestro, el matrimonio forzado y la explotación. La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce la libertad de pensamiento, conciencia y religión de los niños, y también exige que el interés superior del niño guíe las decisiones que los afectan. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege la libertad religiosa y prohíbe la coacción en asuntos de creencias.

Defensores de los derechos humanos afirman que estas garantías no permiten que un adulto acusado de secuestro obtenga la custodia con solo presentar un certificado de conversión o apoyarse en la declaración de una niña vulnerable. También rechazan la idea de que la pubertad física demuestre la madurez mental necesaria para un matrimonio válido.

La ley de Punjab establece un estándar más estricto

El fallo se produce poco después de que Punjab aprobara la Ley de Punjab de 2026 para la Prevención del Matrimonio Infantil. La ley fija en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio y establece que el matrimonio con una persona menor de edad es un delito no excarcelable bajo fianza. También dispone que los tribunales deben situar el interés superior de los niños en el centro de los procesos relacionados con el matrimonio.

Lala Robin Daniel, activista de derechos humanos, dijo que las investigaciones deficientes y las decisiones judiciales inconsistentes están socavando el propósito de las nuevas leyes de protección infantil. Sostuvo que el matrimonio infantil y las relaciones sexuales derivadas de ese matrimonio deben tratarse como delitos, en lugar de quedar protegidos por afirmaciones de vínculo matrimonial.

La disputa jurídica refleja una distinción que ha generado confusión en casos anteriores. Una ley puede imponer sanciones penales a quien se case con una persona menor de edad sin declarar automáticamente inválido el matrimonio. Críticos afirman que este vacío puede permitir que un acusado invoque derechos conyugales o solicite la custodia, incluso cuando enfrenta acusaciones de haber secuestrado a la niña y obligado a casarse.

Abogados y representantes de minorías religiosas piden una ley que penalice expresamente la conversión religiosa forzada y aclare que un menor no puede dar un consentimiento válido para convertirse o casarse bajo amenazas, confinamiento o manipulación. También reclaman procedimientos más estrictos para verificar los registros de nacimiento, los expedientes escolares, los documentos de identidad nacional y los documentos familiares.

Estas garantías son especialmente importantes en comunidades donde el registro de nacimientos puede ser tardío o incompleto. La falta de un certificado no debe convertirse en una autorización para que un adulto afirme que una niña es mayor de edad, dicen los activistas. Al mismo tiempo, los documentos cuestionados deben examinarse mediante un proceso transparente, en lugar de aceptarse porque respaldan la versión del adulto.

Un caso distinto aumenta la presión internacional

El fallo de Faisalabad se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por otro caso, el de Maria Shahbaz, una niña cristiana de Lahore. Según informes, Shahbaz tenía 13 años cuando fue secuestrada en julio de 2025, convertida al islam y casada con un hombre musulmán mucho mayor, identificado en informes de grupos que defienden sus derechos como Shehryar Ahmad, de 30 años.

Ese caso ha seguido un calendario judicial distinto al del proceso de Faisalabad. El Tribunal Constitucional Federal de Pakistán dictaminó anteriormente que Shahbaz podía permanecer con el hombre, mientras su familia sostenía que los registros oficiales demostraban que era menor de edad y que el certificado de matrimonio era falso. Se programó una audiencia para el 24 de julio sobre una petición de revisión, en la que la familia solicitó un nuevo examen de las pruebas y que la niña siguiera bajo su custodia.

El abogado Muhammad Saqib Jillani ha sostenido que la cuestión principal no es si una mujer cristiana puede casarse con un hombre musulmán. Afirma que las preguntas centrales son si una niña menor de la edad legal para casarse puede contraer un matrimonio válido y si una declaración registrada en virtud del artículo 164 del Código de Procedimiento Penal puede demostrar consentimiento voluntario en circunstancias que incluyen presunto secuestro y coacción.

La resolución del Parlamento Europeo del 9 de julio citó el caso de Shahbaz e instó a Pakistán a investigar las denuncias relacionadas con niñas de minorías secuestradas y convertidas por la fuerza. Pidió a las autoridades que proporcionaran a las víctimas representación legal independiente, apoyo psicológico y acceso a sus familias. También reclamó un mecanismo nacional para recibir denuncias de familias cuyas hijas desaparecen o presuntamente son convertidas contra su voluntad.

Voice for Justice ha informado de 210 casos de niñas cristianas menores de edad presuntamente secuestradas, convertidas por la fuerza, casadas y sometidas a abusos sexuales entre 2019 y 2025. El informe señaló que el 89 % de los casos registrados ocurrieron en Punjab. Por separado, grupos de defensa de derechos calculan que más de 1.000 niñas menores de edad son obligadas a convertirse y casarse en Pakistán cada año, aunque es difícil establecer cifras precisas porque muchas familias enfrentan amenazas, presión social o inacción policial.

Las familias enfrentan una difícil lucha por protección

Los informes de otros casos muestran por qué una orden judicial que devuelve a una niña a un presunto secuestrador puede tener consecuencias duraderas. En algunos casos, la policía se ha negado a intervenir después de que una niña escapara porque el acusado seguía afirmando que era su esposa. Otras familias han denunciado amenazas tras presentar denuncias o cuestionar certificados de matrimonio falsificados.

Líderes cristianos y grupos de derechos humanos afirman que las familias de minorías suelen carecer del dinero y el apoyo jurídico necesarios para continuar las apelaciones en varios niveles judiciales. Además, una niña puede quedar aislada de sus familiares durante el proceso, lo que dificulta que hable con libertad o reciba asesoramiento psicológico.

El padre Lazar Aslam, director de la Comisión Capuchina para la Justicia, la Paz y la Ecología, ha descrito este patrón como una fuente de temor para las minorías religiosas. Él y otros representantes de la comunidad han instado al gobierno a garantizar el regreso seguro de las niñas secuestradas y procesar a quienes utilizan la conversión como pretexto para el secuestro.

Los grupos que reclaman medidas afirman que la protección debe continuar después de recuperar a una niña. Para que una víctima pueda reconstruir su vida, necesita alojamiento seguro, atención médica y psicológica, educación y protección contra represalias. Devolver a una niña a un adulto acusado de secuestrarla, advierten, frustra el propósito del rescate.

En el caso de Faisalabad, activistas piden al gobierno provincial, a la policía y a los tribunales superiores que revisen la orden de custodia, verifiquen la edad de la niña con todos los registros disponibles, investiguen la supuesta falsificación de documentos y examinen las denuncias de amenazas en el tribunal. Janssen dijo que planteará el caso ante organismos internacionales, incluidos las Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, a menos que la niña regrese con su familia.

Qué puede determinar el caso

La disputa ya no se limita a una orden de custodia. Pone a prueba si las normas de Pakistán sobre matrimonio infantil, reforzadas recientemente, se aplicarán cuando se recurre a la conversión religiosa y a un supuesto matrimonio para impugnar la petición de protección de una familia.

Una revisión creíble tendría que separar la cuestión de las creencias religiosas de las acusaciones de secuestro y abuso. También tendría que determinar la edad de la niña mediante registros fiables, evaluar si sus declaraciones fueron hechas libremente y garantizar que toda entrevista se realice sin presiones del acusado ni de su familia.

Defensores de los derechos humanos afirman que el gobierno debería establecer un procedimiento especializado para los casos que involucran a niñas de minorías, mejorar las investigaciones policiales, sancionar a los funcionarios que ignoren las denuncias y tipificar la conversión forzada como un delito específico. También piden que los tribunales consideren el bienestar de la niña como la prioridad, en lugar de permitir que un supuesto matrimonio determine la custodia antes de resolver las acusaciones penales subyacentes.

Según las organizaciones que apoyan a la familia, la decisión de julio sobre la custodia ha dejado a la niña en una situación vulnerable. Para ellas, la prioridad inmediata es su seguridad. La preocupación más amplia es si las instituciones jurídicas protegerán a los niños independientemente de su religión, género o ingresos familiares.

Puntos clave

• Un tribunal de sesiones de Faisalabad concedió la custodia de una niña de 13 años al hombre acusado de secuestrarla.
• El acusado también obtuvo la libertad bajo fianza y fue presentado como el supuesto esposo de la niña.
• Grupos de derechos humanos cuestionan documentos que indicaban que la niña era adulta y ponen en duda la validez de su conversión y matrimonio.
• Activistas afirman que la declaración de una niña no puede demostrar consentimiento libre cuando puede haber amenazas o coacción.
• La ley de Punjab de 2026 fija en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio y establece que el matrimonio infantil es un delito no excarcelable bajo fianza.
• El Parlamento Europeo ha instado a Pakistán a proteger a las niñas de minorías e investigar las denuncias de secuestro, conversión forzada y matrimonio infantil.