Tailandia acelera el impulso a los vehículos eléctricos con una meta de 300.000 unidades y un plan de renovación de taxis

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Tailandia acelera el impulso a los vehículos eléctricos con una meta de 300.000 unidades y un plan de renovación de taxis

El Gobierno presenta un ambicioso plan para electrificar el sector del transporte

El Gobierno tailandés prepara un ambicioso plan de acción para incorporar 300.000 vehículos eléctricos a las carreteras del país mediante una combinación de incentivos fiscales, la ampliación de los programas de renovación de vehículos y ayudas específicas para los operadores del transporte público. El viceministro de Transporte, Siripong Angkasakulkiat, expuso la estrategia tras mantener conversaciones con el Departamento de Transporte Terrestre, lo que apunta a una aceleración significativa de la transición del país para dejar atrás los vehículos de gasolina.

Contenido
  1. El Gobierno presenta un ambicioso plan para electrificar el sector del transporte
  2. Una estrategia de incentivos duales para vehículos privados y comerciales
  3. Un paso más sobre los marcos actuales de política para vehículos eléctricos
  4. Atención a las flotas comerciales e impulso a la fabricación de baterías
  5. Desarrollo de infraestructura y liderazgo regional
  6. Perspectivas críticas y desafíos de implementación
  7. Inversión extranjera y consideraciones sobre la cadena de suministro
  8. Implicaciones económicas y ambientales
  9. Puntos clave

La iniciativa representa la fase más reciente de la estrategia integral de Tailandia para la electromovilidad. Se apoya en marcos existentes, como las políticas EV3.0 y EV3.5, y aborda al mismo tiempo las carencias específicas en la electrificación de las flotas comerciales. Si el gabinete aprueba las medidas, podrían entrar en vigor en junio mediante un decreto real, lo que podría transformar el panorama automotor de la segunda economía más grande del Sudeste Asiático.

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Una estrategia de incentivos duales para vehículos privados y comerciales

La propuesta del Ministerio de Transporte se centra en dos medidas complementarias para reducir las barreras financieras que enfrentan los propietarios de vehículos de distintos sectores. En primer lugar, el Gobierno prevé ampliar la política vigente de renovación de automóviles para incluir, además de los vehículos privados, a los operadores del transporte público, con especial énfasis en el sector de los taxis. La ampliación busca sustituir unos 27.000 taxis diésel por alternativas eléctricas o híbridas y abordar tanto la contaminación del aire en las ciudades como los altos costos del combustible que soportan los conductores comerciales.

En segundo lugar, el Departamento de Transporte Terrestre trabaja con el Ministerio de Finanzas para reducir drásticamente las tasas anuales de impuestos a los vehículos. Según la propuesta, los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos podrían pagar hasta un 80 por ciento menos de impuesto anual, o quedar totalmente exentos durante un período inicial de transición. Estos incentivos fiscales se dirigen al costo total de propiedad y abordan una de las principales preocupaciones de los consumidores que consideran pasar de los motores de combustión interna convencionales a otras opciones.

Los taxis de gasolina se han convertido en uno de los focos de la iniciativa. El Gobierno ofrece un pago fijo de 5.040 baht por vehículo en el marco del programa de ayuda para el combustible diésel. Para recibirlo, los operadores de taxis deben prestar al menos 2.500 kilómetros de servicio durante el período de ayuda de 42 días. El cumplimiento se controla mediante una aplicación especializada del Departamento de Transporte Terrestre. Esta condición garantiza que las ayudas lleguen a operadores comerciales activos y no a vehículos fuera de servicio, y maximiza el impacto ambiental y económico de los subsidios.

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Un paso más sobre los marcos actuales de política para vehículos eléctricos

Las nuevas medidas complementan los incentivos vigentes de Tailandia para los vehículos eléctricos de batería, que ya han demostrado ser eficaces para estimular el crecimiento del mercado. La política EV3.0, lanzada en 2022, y su sucesora, la EV3.5, aprobada para el período 2024-2027, sentaron las bases de la actual expansión mediante subsidios, reducciones del impuesto especial y ajustes de los aranceles de importación.

En el marco de la política EV3.5, vigente desde el 1 de enero de 2024, el Gobierno ofrece subsidios de entre 25.000 y 100.000 baht por vehículo, según la capacidad de la batería y el año de compra. La política también reduce del 8 al 2 por ciento el impuesto especial para los automóviles eléctricos de pasajeros con un precio inferior a 7 millones de baht y permite reducir hasta un 40 por ciento los aranceles de importación de los vehículos completamente ensamblados que ingresen al país en 2024 y 2025. Sin embargo, estos beneficios están sujetos a requisitos estrictos de ensamblaje local: para 2026, los fabricantes deberán producir localmente un vehículo por cada dos importados, y para 2027, uno por cada tres.

Narit Therdsteerasukdi, secretario general de la Junta de Inversiones de Tailandia y secretario del Comité Nacional de Política para Vehículos Eléctricos, explicó la visión general en una rueda de prensa reciente.

Las medidas aprobadas hoy completarán los conjuntos de medidas conocidos como EV3 y EV3.5, adoptados anteriormente para el sector de los automóviles de pasajeros, al centrarse esta vez en los grandes vehículos comerciales. Creemos que esto aumentará significativamente la adopción de camiones y autobuses eléctricos, reducirá la contaminación de los sectores del transporte y la manufactura, y ayudará a las empresas a cumplir sus objetivos de cero emisiones netas.

Las estadísticas hasta enero de 2024 indican que 14 fabricantes han registrado 78.554 automóviles eléctricos en el programa EV3, lo que demuestra una sólida participación de la industria en los programas de incentivos.

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Atención a las flotas comerciales e impulso a la fabricación de baterías

Las recientes aprobaciones del Comité Nacional de Política para Vehículos Eléctricos revelan un giro estratégico hacia la electrificación de los vehículos comerciales y la producción nacional de baterías. El comité autorizó deducciones fiscales especiales para las empresas que sustituyan sus flotas de camiones y autobuses por vehículos eléctricos de batería. La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Las empresas que compren camiones y autobuses eléctricos fabricados en el país podrán deducir gastos equivalentes al doble del precio real del vehículo, mientras que las que compren vehículos importados podrán deducir un importe equivalente a 1,5 veces su precio.

Entre los vehículos comerciales elegibles figuran los camiones portacontenedores, los vehículos para transporte de líquidos, los que transportan sustancias peligrosas, los camiones especiales, las grúas de remolque y los autobuses eléctricos con o sin aire acondicionado. Estos incentivos buscan abordar la importante contribución del transporte pesado a las emisiones urbanas y respaldar el objetivo de la política tailandesa 30@30: que el 30 por ciento de los vehículos fabricados en el país sean eléctricos para 2030.

En paralelo a los incentivos para la adopción, el Gobierno impulsa la capacidad de fabricación de celdas de batería mediante el Fondo de Mejora de la Competitividad. Para optar a la promoción de inversiones, los fabricantes de baterías deben demostrar una densidad energética de al menos 150 vatios-hora por kilogramo y una vida útil de al menos 1.000 ciclos. Las empresas deben presentar sus propuestas antes de finales de 2027. El Gobierno destaca que la producción local de baterías garantizará la sostenibilidad y la resiliencia del ecosistema nacional de vehículos eléctricos.

Desarrollo de infraestructura y liderazgo regional

La aceleración de la adopción de vehículos eléctricos en Tailandia se produce en un contexto regional más amplio, en el que los países de la ASEAN compiten por ocupar posiciones dominantes en la cadena de suministro de la movilidad eléctrica. Actualmente, Tailandia es el principal productor de automóviles del Sudeste Asiático y uno de los diez mayores centros de manufactura del mundo, lo que le proporciona una sólida base industrial para la transición.

Los gigantes energéticos PTT y EGAT lideran la expansión de la infraestructura de carga. La filial de PTT, Arun Plus, tiene como objetivo instalar más de 7.000 puntos de carga para 2030, mientras que el proyecto Elex de EGAT se centra en redes de carga rápida en autopistas para facilitar los viajes de larga distancia. Los ministerios de Energía y de Transporte coordinan sus acciones para garantizar que la instalación de estaciones de carga avance al ritmo de la adopción de vehículos y reducir la preocupación por la autonomía, que de otro modo podría disuadir a posibles compradores.

Sin embargo, las comparaciones regionales muestran tanto oportunidades como desafíos. Tailandia ha alcanzado una penetración de vehículos eléctricos de aproximadamente el 20 por ciento, mientras que Singapur ha superado el 40 por ciento de las nuevas matriculaciones, gracias a subsidios de hasta 40.000 dólares singapurenses por vehículo. Malasia, por su parte, ha registrado un crecimiento interanual del 100 por ciento, pero enfrenta incertidumbre normativa tras el vencimiento, a finales de 2025, de las exenciones fiscales para los vehículos eléctricos importados. Esto pone de relieve la importancia decisiva de mantener incentivos estables a largo plazo.

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Perspectivas críticas y desafíos de implementación

Pese a los objetivos optimistas, el diseño del programa propuesto de renovación de vehículos y quiénes se beneficiarán en última instancia han sido objeto de escrutinio. Algunos críticos advierten que los incentivos canalizados a través de los fabricantes de automóviles podrían ser absorbidos parcialmente en etapas anteriores de la cadena de suministro, lo que distorsionaría los precios del mercado en lugar de beneficiar directamente a los consumidores. Como las tasas de financiación de vehículos eléctricos ya se acercan a cero en algunos segmentos, la tasa de préstamo propuesta del 3,5 por ciento para el programa de renovación podría aportar un incentivo adicional limitado frente a las ofertas actuales del mercado.

Los defensores del medioambiente también han cuestionado el efecto neto en las emisiones de carbono si la transición no va acompañada de reformas en la matriz de generación eléctrica de Tailandia. Actualmente, más de la mitad de la electricidad del país proviene del gas natural, lo que plantea dudas sobre la reducción total de emisiones que puede lograrse únicamente mediante la electrificación de los vehículos. Además, la falta de planes integrales para gestionar los vehículos retirados y las baterías de vehículos eléctricos al final de su vida útil podría generar futuros desafíos ambientales.

La definición de qué se considera un vehículo antiguo apto para entregar a cambio de otro sigue sin estar clara, lo que crea riesgos para la implementación. Sin sistemas transparentes de desguace, los vehículos podrían desviarse al mercado de segunda mano y socavar el objetivo ambiental de retirar de circulación los vehículos con altas emisiones. El Gobierno también ha limitado a ciudadanos tailandeses las licencias de conducir del transporte público. La medida reafirma la protección del empleo nacional, pero podría reducir el número de operadores comerciales calificados para conducir vehículos eléctricos.

Inversión extranjera y consideraciones sobre la cadena de suministro

La estructura de incentivos de Tailandia ha atraído con éxito importantes inversiones extranjeras en manufactura. Las automotrices chinas BYD y Great Wall Motor se han comprometido conjuntamente a invertir 1.440 millones de dólares en instalaciones de producción locales. La fábrica de BYD en Rayong aspira a alcanzar una capacidad de producción anual de 150.000 unidades a partir de 2024, mientras que Changan Automobile ha anunciado planes para fabricar vehículos eléctricos de batería e híbridos enchufables a gran escala.

Sin embargo, los analistas advierten que los incentivos excesivos o introducidos con demasiada rapidez pueden saturar el mercado y provocar escasez de mano de obra, con el consiguiente aumento de los costos y la presión sobre los recursos locales. Michael Ignatiadis, director de Estrategia de Manufactura para Asia-Pacífico de JLL, señala que los mercados con incentivos resultan especialmente atractivos en las etapas iniciales de inversión, pero los fabricantes deben tener en cuenta el riesgo de que estos se reduzcan o eliminen en el futuro si cambian las condiciones del mercado.

La política también exige que los productos fabricados en Tailandia utilicen al menos un 40 por ciento de materiales y componentes de origen local. El requisito busca respaldar a las industrias nacionales y ayudar a los fabricantes a reducir su dependencia de las cadenas de suministro chinas y evitar posibles complicaciones arancelarias. Este umbral de contenido local coincide con requisitos similares en Indonesia en el marco del programa PPN DTP, que vincula la reducción del IVA directamente con el porcentaje de componentes nacionales.

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Implicaciones económicas y ambientales

El impulso del Gobierno para incorporar 300.000 vehículos eléctricos adicionales representa más que una política ambiental: supone un giro económico estratégico para mantener el liderazgo automotor de Tailandia ante las tendencias mundiales de electrificación. El sector automotor, al que a menudo se denomina el Detroit de Asia, contribuye de manera significativa a los ingresos por exportaciones y al empleo manufacturero. Por eso, la transición a la producción de vehículos eléctricos es fundamental para la competitividad industrial a largo plazo.

Los incentivos fiscales ya han facilitado la matriculación de más de 134.000 vehículos, con un costo superior a 19.000 millones de baht, lo que demuestra la magnitud del compromiso fiscal del Gobierno. Las nuevas medidas buscan aprovechar esta base y llegar al mercado de vehículos usados y a las flotas comerciales, segmentos que los programas de incentivos anteriores abordaron de forma menos integral.

También están en marcha proyectos piloto de redes eléctricas inteligentes y de integración de vehículos a la red. EGAT y Nissan prueban sistemas que permiten a los vehículos eléctricos devolver energía a la red durante los períodos de mayor demanda. Estas iniciativas buscan reducir la presión sobre la red eléctrica y aumentar el valor de tener un vehículo eléctrico más allá del transporte.

Puntos clave

  • El Ministerio de Transporte busca incorporar 300.000 vehículos eléctricos nuevos mediante reducciones fiscales y la ampliación de los programas de renovación de vehículos, que podrían entrar en vigor en junio mediante un decreto real
  • El impuesto anual para los vehículos eléctricos e híbridos podría reducirse un 80 por ciento o eliminarse por completo durante el período de transición
  • El programa de renovación se dirige específicamente a sustituir 27.000 taxis diésel por modelos eléctricos; los operadores de taxis de gasolina reciben 5.040 baht por vehículo en el marco de los programas de ayuda vigentes
  • Tailandia mantiene el objetivo de su política 30@30: que el 30 por ciento de los vehículos fabricados en el país sean eléctricos para 2030, con miras a alcanzar el uso de vehículos sin emisiones para 2035
  • La política EV3.5 ofrece subsidios de entre 50.000 y 100.000 baht por vehículo hasta 2027, además de reducciones arancelarias de hasta el 40 por ciento para los fabricantes que cumplan los requisitos
  • Los nuevos incentivos de la Junta de Inversiones ofrecen deducciones fiscales dobles para los camiones y autobuses eléctricos fabricados en el país que compren las flotas comerciales
  • Los fabricantes de celdas de batería pueden acceder a subvenciones del Fondo de Mejora de la Competitividad si cumplen requisitos estrictos de densidad energética y vida útil
  • Más de 55.000 operadores de transporte y 206.000 vehículos se han registrado para recibir ayuda para el combustible diésel, lo que indica una participación significativa del sector comercial
  • Los críticos advierten sobre posibles distorsiones de precios, beneficios ambientales inciertos si no se reforma el sector eléctrico y planes insuficientes para gestionar los vehículos y las baterías retirados
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