Cuando las políticas públicas se convierten en delito
El mediático juicio en Indonesia contra Nadiem Makarim, exministro de Educación y cofundador de Gojek, representa un momento decisivo para el país archipelágico. Lo que comenzó como un ambicioso programa de digitalización para equipar con computadoras portátiles a las escuelas durante la pandemia de COVID-19 se ha convertido en un caso de corrupción que, según los fiscales, causó pérdidas al Estado de más de 2,18 billones de rupias (125 millones de dólares). El graduado de Harvard, de 41 años, que pasó de ser un icono de las empresas emergentes a integrar el gabinete del expresidente Joko Widodo, podría ser condenado a cadena perpetua si es declarado culpable de abuso de poder y corrupción.
Contenido
- Cuando las políticas públicas se convierten en delito
- El escándalo de contratación pública en el centro del caso
- La reunión por Zoom y la planificación secreta
- La inversión de Google y el conflicto de intereses
- Declaraciones de directivos de Google
- Problemas técnicos en las zonas remotas de Indonesia
- La defensa de Nadiem y sus problemas de salud
- Impacto en la inversión tecnológica y la gobernanza
- En resumen
El juicio, que comenzó en enero de 2026 tras meses de investigación, ha captado la atención mucho más allá de los tribunales de Yakarta. Inversionistas en tecnología y analistas de políticas públicas siguen de cerca el caso porque pone a prueba una cuestión preocupante: ¿dónde termina una política pública desacertada y comienza la responsabilidad penal? Para un país que busca posicionarse como el principal centro tecnológico del Sudeste Asiático, el proceso podría determinar si los emprendedores consideran que el servicio público es una oportunidad para generar impacto o un campo minado de riesgos legales.
En el centro de la controversia está la compra de 1,2 millones de computadoras portátiles Chromebook entre 2020 y 2022, un proyecto con un presupuesto estimado de 10 billones de rupias (740 millones de dólares). Los fiscales alegan que Nadiem manipuló las especificaciones de la licitación para favorecer dispositivos con el sistema operativo ChromeOS de Google, pese a que evaluaciones internas del ministerio habían determinado que esas máquinas no eran adecuadas para la infraestructura educativa de Indonesia. La Fiscalía General sostiene que no se trató de un simple error de política pública, sino de un plan deliberado para beneficiar a proveedores específicos y enriquecer al propio exministro.
El escándalo de contratación pública en el centro del caso
El programa de digitalización se puso en marcha en el momento más crítico de la pandemia de COVID-19 y buscaba acelerar la adopción de tecnología en las aulas de todo el vasto archipiélago indonesio. Con las escuelas obligadas a cerrar y los estudiantes pasando a la educación a distancia, el Ministerio de Educación se propuso distribuir computadoras portátiles en instituciones de todo el país. Sin embargo, el proceso de adquisición pronto atrajo la atención de los investigadores.
Según la acusación leída en el tribunal, los equipos técnicos del ministerio habían preferido inicialmente dispositivos con Microsoft Windows, al considerar que estos sistemas ofrecían más funciones sin conexión. En cambio, las Chromebook dependen en gran medida de aplicaciones basadas en la nube y de una conexión estable a internet. Una evaluación interna del ministerio realizada en 2018 ya había concluido que las Chromebook no eran eficaces para las escuelas indonesias, en particular en zonas remotas donde el acceso a internet sigue siendo intermitente o inexistente.
Pese a estas recomendaciones, los fiscales alegan que Nadiem dirigió la contratación hacia dispositivos con ChromeOS mediante una serie de reuniones e instrucciones. El expediente incluye señalamientos sobre una reunión por Zoom celebrada el 6 de mayo de 2020, durante la cual Nadiem presuntamente indicó a cuatro colaboradores que adquirieran computadoras portátiles basadas en ChromeOS de Google. La instrucción se habría dado un mes antes de que, en junio de 2020, se publicara un estudio que afirmaba que las Chromebook eran superiores, lo que plantea interrogantes sobre el momento y los fundamentos de la decisión.
Los investigadores han identificado pérdidas para el Estado superiores a 2,18 billones de rupias, derivadas de precios inflados y de la compra de dispositivos poco adecuados para el entorno al que estaban destinados. La Fiscalía General ha señalado a varios coacusados, entre ellos Ibrahim Arief, exvicepresidente de la plataforma de comercio electrónico Bukalapak y consultor del ministerio, y varios exdirectores del ministerio, como Sri Wahyuningsih y Mulyatsyah. A este último se le acusa de haber recibido sobornos por un total de 120.000 dólares singapurenses y 150.000 dólares estadounidenses. Otro sospechoso clave, Jurist Tan, identificado como exasesor especial de Nadiem, sigue prófugo.
La reunión por Zoom y la planificación secreta
Los fiscales han elaborado una cronología que apunta a una manipulación sistemática del proceso de contratación, iniciada incluso antes de que Nadiem asumiera oficialmente el cargo. Según documentos judiciales, en agosto de 2019 Nadiem creó un grupo de WhatsApp llamado "Mas Menteri Core Team", tres meses antes de asumir como ministro de Educación, en octubre. El grupo incluía a su exasesora especial Fiona Handayani y, presuntamente, se utilizó para hablar de planes de digitalización de los programas educativos del ministerio.
Esta planificación inicial habría culminado en la decisiva videoconferencia del 6 de mayo de 2020. Durante esa reunión por Zoom, Nadiem presuntamente indicó a cuatro personas que avanzaran con la adquisición de dispositivos con ChromeOS, según los fiscales. La instrucción se habría dado con pleno conocimiento de que esos dispositivos requerían una conexión a internet de la que carecían muchas escuelas indonesias, en particular las de zonas remotas y menos desarrolladas.
La acusación sostiene que esto formaba parte de un patrón más amplio en el que Nadiem presuntamente nombró a colaboradores cercanos como directores y beneficiarios efectivos de diversas entidades, lo que le permitió mantener el control indirecto de las decisiones empresariales incluso después de dejar sus cargos en sus empresas emergentes. Los fiscales describen su renuncia a PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), empresa matriz de Gojek, como un "encubrimiento estratégico" destinado a ocultar conflictos de intereses, y no como una verdadera desvinculación.
Además, los investigadores alegan que la contratación estuvo relacionada con Agustina Wilujeng, exvicepresidenta de la Comisión X de la Cámara de Representantes, encargada de supervisar la educación. Los fiscales afirman que recomendó a proveedores específicos, entre ellos Hendrik Tio, de Bhinneka Mentari Dimensi; Michael Sugiarto, de Tera Data Indonusa (Axioo); y Timothy Siddik, de Zyrexindo Mandiri Buana. Estas empresas presuntamente obtuvieron ganancias de miles de millones de rupias con los contratos, aunque sus representantes negaron ante el tribunal haber recibido respaldo político.
La inversión de Google y el conflicto de intereses
Quizá el aspecto más polémico del caso sean los presuntos vínculos entre la compra de Chromebook y las importantes inversiones de Google en empresas tecnológicas indonesias. Los fiscales han señalado la relación financiera de Google con Gojek, el gigante de los viajes con conductor y los pagos digitales que Nadiem cofundó en 2009 y dirigió hasta 2019.
Entre 2017 y 2021, Google invirtió aproximadamente 786 millones de dólares en PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), la empresa matriz de Gojek, a través de Google Asia Pacific. Estas inversiones coincidieron con las decisiones del Ministerio de Educación sobre la compra de computadoras portátiles. Los fiscales alegan que Nadiem se enriqueció con 809.000 millones de rupias (48,2 millones de dólares) mediante la transferencia de fondos de inversión a sociedades de su interés, y que manipuló las especificaciones de la contratación para convertir a Google en "el único controlador del ecosistema educativo en Indonesia".
La acusación sostiene que, tras reunirse presuntamente con representantes de Google Asia-Pacific y Google Indonesia en febrero y abril de 2020, el colaborador de Nadiem, Jurist Tan, propuso que Google cofinanciara con un 30% las adquisiciones de tecnologías de la información y la comunicación del ministerio. Ese supuesto acuerdo habría creado un vínculo financiero directo entre el ecosistema del proveedor y la antigua empresa del ministro.
La tesis de la Fiscalía es que, al exigir dispositivos con ChromeOS, Nadiem aseguró a Google un mercado cautivo para sus tecnologías educativas en el sistema de escuelas públicas de Indonesia. Con la compra de 1,2 millones de unidades, el ministerio habría incorporado la infraestructura educativa nacional al ecosistema de Google, generando ingresos a largo plazo mediante licencias de administración de dispositivos y servicios en la nube. Los fiscales calculan que las pérdidas incluyen 1,56 billones de rupias vinculadas al programa de digitalización y otros 44 millones de dólares relacionados con licencias de Chrome Device Management que consideran innecesarias.
Google no ha sido acusado en el caso y sostiene que concede licencias de software sin determinar los precios del hardware. El gigante tecnológico ha defendido que las Chromebook están diseñadas para las condiciones reales de las aulas, incluidas las zonas remotas, y ha señalado que, aunque están optimizadas para trabajar en la nube, conservan algunas funciones sin conexión.
Declaraciones de directivos de Google
En un giro que podría resultar decisivo para la defensa, tres exdirectivos de Google declararon en abril de 2026 y negaron expresamente que hubiera relación alguna entre las inversiones de la empresa y las decisiones de compra del Ministerio de Educación. Las declaraciones se hicieron por videoconferencia desde Singapur. Scott Beaumont, expresidente de Google Asia Pacific, y Caesar Sengupta, exvicepresidente y director general, encabezaron la comparecencia virtual.
Beaumont negó categóricamente los señalamientos ante el tribunal.
dijo ante el panel de tres jueces. También afirmó que Google nunca pidió inversiones ni pagos al Gobierno de Indonesia en relación con la política sobre las Chromebook.No hubo ninguna relación entre la inversión de Google en GoTo y ninguna de las conversaciones con el Ministerio de Educación,
Sengupta reafirmó esta postura y explicó que Google operaba como inversionista minoritario en el ecosistema tecnológico de Indonesia, sin controlar las decisiones de las empresas ni las políticas gubernamentales. Rechazó específicamente la acusación de que se hubieran pagado 809.000 millones de rupias a Nadiem y calificó la afirmación de "falsa y no refleja lo que hicimos".
William Florence, otro exdirectivo de Google, también declaró en apoyo de la versión de la defensa. En conjunto, sus declaraciones debilitan la tesis central de la Fiscalía, que vincula el calendario de las inversiones con las decisiones de compra. Sengupta subrayó que la estrategia de inversión de Google se centraba en apoyar el crecimiento de la economía digital de Indonesia, no en influir en políticas concretas de compras gubernamentales.
Las declaraciones de los directivos coinciden con el argumento de la defensa de Nadiem: las decisiones sobre las compras las tomaron los equipos técnicos y los funcionarios, y no el propio ministro; además, la inversión de Google en Gojek fue una actividad normal de mercado, sin relación con las compras de computadoras portátiles del Ministerio de Educación.
Problemas técnicos en las zonas remotas de Indonesia
El caso pone de relieve importantes desafíos de infraestructura que afectaron al programa de distribución de computadoras portátiles desde su inicio. Las Chromebook, que funcionan principalmente mediante aplicaciones basadas en la nube y el sistema operativo ChromeOS de Google, requieren una conexión fiable a internet para funcionar de manera eficaz. Esta dependencia resultó problemática en Indonesia, un archipiélago de más de 17.000 islas donde el acceso a internet de banda ancha sigue siendo desigual.
Según las declaraciones presentadas ante el tribunal, el propio personal técnico del ministerio había identificado estas limitaciones en 2018, dos años antes de que comenzara la compra a gran escala. La evaluación interna concluyó que las Chromebook no eran compatibles con las necesidades educativas de las zonas remotas, donde los estudiantes no tenían acceso a internet en casa ni en la escuela. Pese a estas advertencias, la compra siguió adelante y se adquirieron dispositivos que, según los fiscales, en gran medida no servían para el propósito previsto.
Harli Siregar, portavoz de la Fiscalía General, reveló que los investigadores probaron unas 1.000 de las Chromebook distribuidas y concluyeron que tenían un "rendimiento deficiente" en entornos educativos reales. La falta de correspondencia entre la tecnología y la infraestructura representó lo que los investigadores calificaron de "importantes pérdidas para el Estado", porque los dispositivos no podían cumplir su función educativa principal.
Google ha respondido que las Chromebook están diseñadas para las condiciones reales de las aulas, incluidas las zonas remotas, y que pueden funcionar sin conexión. Sin embargo, sus críticos señalan que, aunque los dispositivos pueden utilizarse sin internet, su utilidad se reduce considerablemente cuando no hay conexión, lo que prácticamente los convierte en costosos pisapapeles en las regiones sin un servicio fiable. La compra siguió adelante pese a estas limitaciones conocidas, lo que, según los fiscales, apunta a una indiferencia deliberada ante los resultados educativos reales en favor de otros intereses.
La defensa de Nadiem y sus problemas de salud
Durante todo el proceso, Nadiem ha mantenido su inocencia y ha negado sistemáticamente todos los cargos. Su estrategia legal se centra en varios argumentos clave: que se desvinculó de sus participaciones en la empresa al asumir el cargo, que su patrimonio personal en realidad se redujo más de un 50% durante su gestión ministerial y que las decisiones de compra las tomaron equipos técnicos, no el propio ministro.
En sus comparecencias ante el tribunal, Nadiem ha sostenido que la compra de las Chromebook permitió ahorrar fondos públicos, en lugar de causar pérdidas. Afirma que las computadoras portátiles se compraron por debajo de los precios de mercado mediante el sistema de catálogo electrónico de Indonesia, que describe como transparente y competitivo. Las licencias de software se proporcionaron de forma gratuita, lo que redujo aún más los costos.
dijo durante una audiencia.Este programa no causó pérdidas, sino que generó ahorros presupuestarios porque el precio fue inferior al del mercado,
Nadiem también ha destacado que algunos testigos admitieron haber recibido pagos ilícitos, pero no lo implicaron directamente. Tras una audiencia en febrero, señaló que muchos testigos habían reconocido haber recibido gratificaciones, pero todos afirmaron que nunca me informaron ni recibieron de mí instrucciones de aceptar dinero.
El juicio ha afectado visiblemente la salud del exministro. En abril de 2026, rompió a llorar tras una audiencia y dijo a los periodistas:
Sus padres y conductores de mototaxi de Gojek han asistido regularmente a las audiencias para expresarle su apoyo moral.Quiero que todo esto termine pronto porque estoy muy cansado.
Su abogado, Ari Yusuf Amir, ha planteado ante el tribunal sus preocupaciones médicas y ha dicho que los médicos han recomendado a Nadiem someterse a tratamiento. También ha indicado que pedirá al tribunal que desestime los cargos, con el argumento de que la Fiscalía carece de pruebas sólidas. El juicio, que comenzó en enero tras dos aplazamientos por la enfermedad de Nadiem, debería llegar a una sentencia en mayo de 2026, unos ocho meses después de su detención inicial en septiembre de 2025.
Impacto en la inversión tecnológica y la gobernanza
El caso trasciende los tribunales y repercute en el sector tecnológico de Indonesia y en la comunidad internacional de inversionistas. Para un país que busca consolidarse como el principal centro de la economía digital del Sudeste Asiático, el juicio plantea preguntas incómodas sobre los riesgos que implica para los líderes del sector privado entrar en el servicio público.
Achmad Hidayat, economista y especialista en políticas públicas de la Universidad UPN Veteran Jakarta, señala que el caso ha inquietado a algunos integrantes de la diáspora tecnológica de Indonesia.
observa.Lo que ven los inversionistas y los profesionales de la tecnología no es solo un caso legal,
Esta percepción podría disuadir al talento emprendedor que Indonesia necesita para alcanzar sus ambiciones en la economía digital.Ven una señal de que las decisiones controvertidas de política pública en Indonesia pueden convertirse fácilmente en un riesgo penal.
El proceso pone de manifiesto una tensión fundamental de la gobernanza: la necesidad de experimentar con políticas públicas y, al mismo tiempo, rendir cuentas. En muchos sectores impulsados por la innovación, los responsables de formular políticas deben probar nuevos enfoques sin garantías de éxito. Hidayat advierte que, si cada decisión desacertada se interpreta como un delito, el resultado no será una buena gobernanza, sino una burocracia paralizada por el miedo.
Leigh McKiernon, fundador de la firma de asesoría StratEx, señala que, aunque las leyes de Indonesia parecen sólidas sobre el papel, su interpretación puede cambiar según las circunstancias políticas. Cita el caso paralelo de Thomas Lembong, exministro de Comercio durante el gobierno de Widodo, quien en 2024 afrontó cargos de corrupción por las políticas de importación de azúcar sin refinar de 2015 a 2017, pese a que no había pruebas de que se hubiera beneficiado personalmente.
explica McKiernon.Aunque el marco legal tiene sentido sobre el papel, hay antecedentes de personas que creían estar actuando dentro de la ley y que después se encontraron en problemas,
Para los inversionistas extranjeros, esta incertidumbre influye en sus decisiones sobre dónde invertir capital. McKiernon recomienda a las empresas actuar con cautela al asociarse con entidades gubernamentales, realizar una debida diligencia exhaustiva y colaborar con asesores jurídicos locales experimentados que conozcan el entorno regulatorio y la dinámica política de Indonesia.
Pese a estas preocupaciones, Indonesia sigue siendo uno de los mercados más grandes y atractivos del Sudeste Asiático. El resultado del juicio contra Nadiem podría determinar si el país logra atraer a la próxima generación de talento tecnológico al servicio público o si la intersección entre tecnología y gobernanza se convierte en un terreno vedado para los innovadores.
En resumen
- El exministro de Educación y cofundador de Gojek, Nadiem Makarim, afronta cargos de corrupción por la compra de 1,2 millones de computadoras portátiles Chromebook para las escuelas indonesias entre 2020 y 2022.
- Los fiscales alegan que el Estado sufrió pérdidas de 2,18 billones de rupias (125 millones de dólares) y que Nadiem se enriqueció con 809.000 millones de rupias (48 millones de dólares) vinculados a las inversiones de Google en su antigua empresa.
- Entre las pruebas clave figuran una reunión por Zoom del 6 de mayo de 2020, en la que Nadiem presuntamente ordenó comprar dispositivos con ChromeOS, y un grupo de WhatsApp creado tres meses antes de que asumiera el cargo.
- Los exdirectivos de Google Scott Beaumont y Caesar Sengupta declararon en abril de 2026 y negaron que hubiera relación entre la inversión de 786 millones de dólares de Google en Gojek y las compras de computadoras portátiles del Ministerio de Educación.
- El juicio pone de relieve los riesgos que afrontan los emprendedores tecnológicos que ingresan al servicio público de Indonesia. Analistas advierten que criminalizar los errores de política pública podría desalentar la innovación y la inversión.
- Si es declarado culpable, Nadiem podría ser condenado a cadena perpetua. Se espera que el juicio, iniciado en enero de 2026, llegue a una sentencia en mayo de 2026.
