El impasse de un Estado cuartel
Entre las crueles ironías de la guerra civil de Myanmar, que ya entra en su sexto año, está el hecho de que una junta militar que lucha por reclutar suficientes soldados haya bombardeado repetidamente a sus propias tropas, capturadas como prisioneros de guerra. En este Estado cuartel, todo parece sacrificable con tal de mantener en el poder a los militares y a su gobierno civil de fachada. Tras las elecciones ampliamente desacreditadas celebradas a finales de 2025, el conflicto se ha instalado en un estancamiento estratégico en el que ni el Consejo de Administración del Estado (SAC) ni la heterogénea coalición de fuerzas contra la junta pueden asestar un golpe decisivo.
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Las cifras reflejan fragmentación, no liberación. Según evaluaciones recientes, los militares controlan apenas el 21 por ciento del territorio de Myanmar, mientras que las fuerzas rebeldes y los ejércitos étnicos dominan el 42 por ciento. Sin embargo, esta ventaja territorial oculta una realidad brutal. La junta mantiene el control de la mayoría de las principales ciudades, entre ellas el centro económico de Yangón y la capital política, Naipyidó, mientras que las fuerzas de resistencia dominan amplias zonas rurales y regiones fronterizas. Más de 90.000 personas han muerto desde el golpe de febrero de 2021, y más de tres millones han sido desplazadas de sus hogares.
La guerra civil comenzó cuando las fuerzas armadas dieron un golpe de Estado contra el gobierno civil electo encabezado por la premio Nobel Aung San Suu Kyi. El ejército alegó, sin pruebas, que hubo irregularidades en las elecciones de 2020. Para los militares, permitir elecciones competitivas estaba pensado como una fachada mientras seguían actuando como siempre. No previeron que se enfrentaran de verdad a su papel profundamente arraigado en el Estado, que la Constitución les reserva la facultad de destituir a los gobiernos civiles cuando lo consideren oportuno.
La Operación 1027 y el cambio de rumbo
La dinámica del campo de batalla cambió drásticamente a finales de octubre de 2023, cuando la Alianza de las Tres Hermandades (3BTA), integrada por el Ejército de Arakán, el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar (MNDAA) y el Ejército de Liberación Nacional Ta'ang (TNLA), lanzó la Operación 1027. Esta ofensiva coordinada en el estado de Shan conquistó un territorio considerable en la frontera con China, tomó más de 180 puestos militares en cuestión de semanas y desencadenó ataques en cadena de otros grupos de resistencia en todo el país.
La ofensiva representó el desafío más serio al gobierno militar desde el golpe. Equipadas con armas avanzadas, incluidos drones adquiridos en mercados extranjeros, las fuerzas de la 3BTA demostraron un nivel de coordinación sin precedentes. Su éxito inspiró a las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF) del Gobierno de Unidad Nacional y a otras organizaciones armadas étnicas a lanzar campañas coordinadas, lo que cambió temporalmente el rumbo de la guerra.
Sin embargo, la victoria fue parcial y reversible. China, que inicialmente había dado su aprobación tácita por su frustración con las operaciones de estafas cibernéticas dirigidas contra ciudadanos chinos en la frontera, pronto intervino para restablecer el equilibrio. A principios de 2025, Pekín había negociado altos el fuego y presionado al MNDAA para que devolviera a la junta el control de la ciudad estratégica de Lashio, lo que demostró los límites de la resistencia étnica sin un respaldo sostenido de las grandes potencias.
En los últimos meses, la junta ha logrado avances limitados. Mediante ataques aéreos incesantes con aeronaves suministradas por China y Rusia, junto con nuevas capacidades de drones y oleadas de infantería reclutada por la fuerza, los militares han recuperado varias localidades, entre ellas Kyaukme, Hsipaw y Nawnghkio, en el norte del estado de Shan. Estos retrocesos muestran que, aunque la junta no puede reconquistar todo el país, conserva suficiente poder de fuego para evitar su colapso.
La apuesta calculada de Pekín
El papel de China se ha convertido en la variable decisiva del conflicto de Myanmar, aunque la influencia de Pekín no es absoluta ni unidireccional. El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, prometió recientemente 3.000 millones de dólares en ayuda a la junta, incluidos fondos asignados a un censo y a unas elecciones concebidas para ofrecer a los militares una salida política. El presidente Xi Jinping se ha reunido con el líder de la junta, Min Aung Hlaing, y los medios estatales chinos se refieren al general como el «presidente en funciones» de Myanmar, una mejora significativa respecto del trato diplomático que recibía antes.
Sin embargo, China mantiene al mismo tiempo relaciones con grupos armados étnicos a lo largo de su frontera, en una compleja dinámica entre principal y agente en la que Pekín apoya a ambos bandos para garantizar que ninguno obtenga una victoria total. El Ejército Unido del Estado Wa (UWSA), el aliado más poderoso de Pekín entre los grupos étnicos, recibe armas chinas y las transfiere a distintos grupos armados, incluidas fuerzas contra la junta. Esta estrategia de cobertura busca mantener una zona de influencia de contención y evitar tanto el colapso total de la junta como una victoria democrática unificada.
La intervención de China ha sido decisiva en momentos concretos. Cuando la Alianza de las Tres Hermandades tomó rutas comerciales fronterizas que representaban más de 1.800 millones de dólares en intercambio transfronterizo, Pekín cortó el suministro eléctrico y el servicio de internet para presionar a las partes a cumplir sus exigencias. El gobierno chino también ha bloqueado las exportaciones de tecnología de doble uso a grupos opositores y, al mismo tiempo, ha suministrado a la junta aviones de entrenamiento a reacción, vehículos aéreos no tripulados y asistencia técnica para la producción de drones.
«China se opone al caos y a la guerra en Myanmar», declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, en agosto de 2025, al resumir la principal preocupación de Pekín. «La política de Pekín es evitar el colapso del Estado».
Esta política refleja el temor de China a un colapso al estilo sirio en su frontera suroccidental, que podría interrumpir el Corredor Económico China-Myanmar y las inversiones de la Franja y la Ruta. Pekín considera que los militares son la única fuerza capaz de mantener unido al país multiétnico, pese a su inquietud por el golpe de 2021 y sus consecuencias destructivas.
La evolución de la guerra moderna
El conflicto ha evolucionado hasta convertirse en una carrera tecnológica dominada por los sistemas no tripulados. Ambos bandos utilizan ahora drones de forma generalizada, aunque la junta conserva la superioridad en aeronaves tripuladas y artillería pesada. La Fuerza Aérea de Myanmar ha recibido aviones de entrenamiento a reacción FTC-2000G de China y sigue operando aeronaves suministradas por Rusia; a finales de 2024, llevaba a cabo un promedio de casi 300 ataques aéreos al mes.
Al principio, las fuerzas de resistencia obtuvieron ventaja mediante drones comerciales adaptados para uso militar, con los que lanzaron 25.000 municiones solo durante la Operación 1027. Estos dispositivos de bajo costo permitieron realizar ataques de precisión y tácticas de enjambre contra puestos aislados. Sin embargo, la junta se adaptó con rapidez: creó unidades especializadas en drones e importó drones kamikaze de China, Rusia e Irán.
Los militares han compensado la falta de personal mediante el reclutamiento forzoso implantado en febrero de 2024. Entre 60.000 y 80.000 reclutas han ingresado al servicio, a menudo desplegados con una formación mínima en maniobras de «oleadas humanas» para abrumar las defensas rebeldes. Tres combatientes rebeldes confirmaron haber presenciado estas tácticas en el centro de Myanmar y describieron cómo los soldados de reemplazo avanzaban inmediatamente después de las bajas, a veces bajo amenaza de sus propios oficiales.
Como explicó el mayor Naung Yoe, un desertor militar que investiga el conflicto, tras el impacto de la Operación 1027 la junta sustituyó a oficiales ascendidos por favoritismo por comandantes con más experiencia. Este relevo de personal, combinado con el reclutamiento forzoso y la adquisición de drones, ha permitido a los militares estabilizar su posición pese a seguir perdiendo territorio en las zonas periféricas.
La catástrofe humanitaria
Más allá de las maniobras territoriales, la crisis humanitaria se agrava. Naciones Unidas informa que 3,6 millones de personas siguen desplazadas y que más de 500.000 tuvieron que abandonar sus hogares por primera vez desde octubre de 2023. A medida que los combates se acercan a grandes ciudades como Mandalay, las necesidades humanitarias han alcanzado niveles sin precedentes en un país donde el plan de respuesta de la ONU es el menos financiado del mundo: cuenta con menos del 30 por ciento de los fondos necesarios.
Desde hace tiempo, la junta restringe el acceso de las organizaciones internacionales de ayuda y aplica leyes que limitan la forma en que se puede prestar asistencia y quiénes pueden recibirla. Cuando los grupos de resistencia conquistan territorio, los militares suelen responder con bloqueos o ataques aéreos indiscriminados contra escuelas, hospitales y campamentos para desplazados. En noviembre de 2024, un ataque aéreo contra una aldea del estado de Chin mató a 11 civiles, entre ellos ocho niños.
Las organizaciones locales de ayuda han intervenido para prestar asistencia en las comunidades afectadas, donde las ONG internacionales no pueden operar de manera eficaz. Sin embargo, estos grupos afrontan graves limitaciones de recursos y obstáculos burocráticos, incluidos los requisitos del Gobierno de Unidad Nacional de solicitar autorización previa antes de entrar en zonas bajo su control.
«Intentamos vaciar una piscina con una cuchara y el agua no deja de entrar», dijo un trabajador internacional de ayuda que opera en Myanmar y pidió mantener el anonimato.
Thomas Kean, consultor sénior sobre Myanmar del International Crisis Group, advirtió que la nueva fase del conflicto tendría «un impacto devastador» en la población civil atrapada en el fuego cruzado, y que los regímenes desesperados recurrirían a «trampas explosivas y cosas siniestras de ese tipo, represalias y escuadrones de ataque».
Atolladeros políticos y fragmentación
La dimensión política del conflicto ha llegado a un impasse que refleja la situación militar. Las elecciones previstas por la junta, celebradas por etapas hasta finales de 2025, han sido ampliamente condenadas por no ser ni libres ni justas. La Liga Nacional para la Democracia ha sido disuelta por la fuerza y Aung San Suu Kyi sigue detenida, por lo que los comicios sirven para legitimar la continuidad del gobierno militar mediante representantes civiles.
Las comunidades de Myanmar en el extranjero han boicoteado en gran medida el proceso electoral. En Corea del Sur y Tailandia, donde viven millones de trabajadores migrantes de Myanmar, las autoridades del régimen presuntamente obligaron a quienes solicitaban la renovación del pasaporte a rellenar formularios de votación y llamaron por teléfono a personas para instarlas a participar. Activistas organizaron boicots y la mayoría de los migrantes se negó a participar en lo que consideraban una farsa.
El Gobierno de Unidad Nacional, formado por legisladores destituidos, no ha logrado unificar el movimiento de resistencia. Aunque afirma contar con 85.000 combatientes en distintas formaciones de las PDF, el GUN carece de mando y control sobre las organizaciones armadas étnicas que dominan la mayor parte del territorio y las armas. Grupos poderosos como el Ejército de Arakán y el Ejército Unido del Estado Wa mantienen agendas propias y suelen dar prioridad a las conquistas territoriales locales por encima de una revolución democrática nacional.
Los recientes altos el fuego negociados por China han erosionado aún más la confianza entre las organizaciones armadas étnicas y el movimiento más amplio de las PDF. Cuando el MNDAA llegó a un acuerdo con la junta para devolver Lashio a cambio del reconocimiento de su control sobre Kokang, incumplió el principio de negociación colectiva establecido por la Alianza de las Tres Hermandades. Este comportamiento sugiere que los grupos étnicos podrían dar prioridad a asegurar sus propias regiones autónomas por encima de un cambio de régimen nacional.
El riesgo de una fragmentación permanente
Los analistas advierten cada vez más que Myanmar corre el riesgo de una fragmentación permanente, en lugar de una victoria unificada de cualquiera de los bandos. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos describe el conflicto como una «guerra sin rumbo», en la que la violencia prolongada profundiza las divisiones y cierra las vías hacia la paz. La planificación estratégica contempla tres escenarios principales: violencia prolongada; altos el fuego parciales y excluyentes que estabilicen algunas regiones mientras intensifican el conflicto en otras; o altos el fuego inclusivos y simultáneos, que siguen siendo políticamente improbables dada la actual falta de unidad.
La propia resistencia se ha dividido por líneas étnicas e ideológicas. El Ejército de Arakán controla la mayor parte del estado de Rakhine y busca establecer acuerdos confederales en lugar de federales, mientras aplica políticas represivas contra los rohinyás que podrían alimentar nuevas insurgencias. El TNLA y el MNDAA se han enfrentado a otros grupos étnicos por el control territorial y la explotación de recursos. En el centro de Myanmar, lo que empezó como una lucha democrática se parece cada vez más al dominio de señores de la guerra, ya que las unidades de las PDF se financian con impuestos locales y actividades delictivas.
Los cambios geopolíticos han reforzado estas tendencias de fragmentación. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2025 señaló un menor interés estadounidense en las normas democráticas en el extranjero, mientras que el apoyo continuado de Rusia proporciona a la junta cobertura diplomática y equipamiento militar. La ASEAN no ha logrado formular una posición unánime eficaz. Filipinas preside actualmente los debates, pero carece de influencia para obligar a Naipyidó a hacer concesiones.
David Mathieson, analista independiente que sigue la situación de Myanmar, señaló que «la ASEAN no puede reaccionar con indignación si China está logrando más “avances” que el organismo regional; sus iniciativas en la región han sido infructuosas». Esta dinámica mantiene el conflicto congelado en un punto en el que la junta no puede ganar, pero la resistencia tampoco puede gobernar.
Puntos clave
- La guerra civil de Myanmar ha llegado a un estancamiento estratégico tras seis años: la junta controla el 21 por ciento del territorio y las fuerzas de resistencia dominan el 42 por ciento, pero ninguno de los bandos puede asestar un golpe decisivo.
- La Operación 1027, en octubre de 2023, marcó un punto álgido para las fuerzas contra la junta, pero desde entonces la intervención diplomática china ha forzado retrocesos parciales, incluida la devolución de la ciudad estratégica de Lashio al control de la junta.
- China desempeña un papel decisivo y doble: aporta 3.000 millones de dólares a la junta y negocia altos el fuego, mientras que históricamente ha armado a grupos étnicos a través del Ejército Unido del Estado Wa. Su estrategia de cobertura busca evitar el colapso total del Estado.
- Los militares se han adaptado mediante el reclutamiento forzoso de entre 60.000 y 80.000 soldados, tácticas de infantería de «oleadas humanas» y la ampliación de sus capacidades de guerra con drones, con suministros de Pekín y Moscú.
- Las condiciones humanitarias se han deteriorado drásticamente: hay 3,6 millones de personas desplazadas y el acceso de la ayuda internacional está muy restringido, lo que lleva a los trabajadores humanitarios a describir la situación como intentar vaciar una piscina con una cuchara.
- Las elecciones previstas para 2025 han sido boicoteadas por votantes en el extranjero y grupos opositores. No han dado legitimidad internacional a la junta y han dejado al descubierto la fragmentación de las fuerzas contra ella.
- Los analistas advierten de una fragmentación permanente, ya que las organizaciones armadas étnicas dan prioridad al control local por encima de la unidad nacional. Esto podría crear pequeños Estados autónomos dependientes de países vecinos, en lugar de una democracia federal unificada.
