Filipinas sopesa un acuerdo petrolero con China pese a las advertencias sobre riesgos para su soberanía

La emergencia energética impulsa conversaciones controvertidas

Filipinas avanza por un delicado equilibrio diplomático mientras el presidente Ferdinand Marcos Jr. sopesa una exploración petrolera conjunta con China en el disputado mar de China Meridional. Sus críticos advierten que la medida podría comprometer la soberanía nacional y recompensar a Pekín por años de hostigamiento marítimo. Las conversaciones se reanudaron en la 11.ª Reunión del Mecanismo de Consulta Bilateral, celebrada el mes pasado, en la que ambos países reconocieron la importancia de la cooperación energética ante una crisis mundial de suministro provocada por el conflicto en Oriente Medio.

Marcos declaró una emergencia energética nacional después de que los precios del petróleo se dispararan entre febrero y marzo. Durante ese período, Filipinas registró el mayor aumento del precio de la gasolina de todos los países del mundo. El alza ha presionado la economía y obligado al Gobierno a poner en marcha el plan de recuperación UPLIFT, que contempla 238.000 millones de pesos filipinos en subsidios para trabajadores del transporte, agricultores y hogares de bajos ingresos. Con el yacimiento de gas de Malampaya cerca de agotarse y el país importando más del 90 % del petróleo que necesita, el Gobierno considera que las reservas aún sin explotar del mar de Filipinas Occidental podrían ser un salvavidas.

En una entrevista con Bloomberg Television, Marcos afirmó que la guerra en Oriente Medio podría impulsar a ambas partes a alcanzar un acuerdo sobre el desarrollo conjunto. Reconoció que las disputas territoriales han obstaculizado históricamente esa cooperación y declaró: “Es algo de lo que llevamos mucho tiempo hablando, pero las disputas territoriales se interponen”. Posteriormente, la secretaria de Asuntos Exteriores, Theresa Lazaro, indicó que, aunque no se ha emitido ninguna orden formal para reanudar las conversaciones, esta podría llegar próximamente.

Legisladores exigen transparencia y advierten de un precedente peligroso

Legisladores de la oposición han reaccionado con duras críticas y han cuestionado tanto la transparencia de las negociaciones como la conveniencia de asociarse con un país que sigue hostigando a embarcaciones filipinas en aguas disputadas. Chel Diokno, miembro de la Cámara de Representantes, expresó preocupación por el carácter reservado de las conversaciones y sostuvo que la transparencia debe ser un principio rector de nuestra política exterior y energética. Anunció que planea encabezar audiencias de supervisión para garantizar que cualquier acuerdo no contravenga la Constitución.

Perci Cendana, también miembro de la Cámara, describió el posible acuerdo como una recompensa a la mala conducta. Se refirió al aumento de la agresividad de la Guardia Costera china contra las patrullas filipinas en el mar de Filipinas Occidental, que comprende las zonas del mar de China Meridional incluidas en la zona económica exclusiva de Manila. “Estamos enviando un mensaje equivocado y alentando a los países más poderosos a intensificar las disputas para obtener concesiones”, afirmó Cendana. “En lugar de exigir que se cumpla el derecho internacional, nos estamos adaptando a las violaciones de China”.

El senador J.V. Ejercito expresó una postura similar y cuestionó cómo podría Filipinas llegar a un acuerdo de exploración conjunta con alguien que intenta faltarle al respeto a su soberanía, socavarla y anexionarse su territorio. “La confianza es la base misma de cualquier relación”, añadió. “Lo siento, pero siempre he sido consecuente al decir que no confío en el Gobierno chino”.

Antecedentes históricos y obstáculos legales

El escepticismo ante las negociaciones actuales se nutre en gran medida de décadas de intentos fallidos de cooperación y complicaciones legales. En 2018, el presidente Rodrigo Duterte firmó un memorando de entendimiento con el presidente chino, Xi Jinping, para desarrollar conjuntamente petróleo y gas. Sin embargo, la iniciativa se enfrentó a acusaciones similares: que socavaba el laudo arbitral internacional de 2016, que invalidó las amplias reclamaciones de China en el mar de China Meridional.

Los intentos de cooperación anteriores generaron aún más controversia. Durante el Gobierno de Arroyo, la Corporación Nacional de Petróleo de Filipinas firmó en 2004 un acuerdo con la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China para realizar estudios sísmicos en aguas disputadas. En 2005, el acuerdo se amplió para incluir a Vietnam, bajo el nombre de Acuerdo Conjunto de Estudios Sísmicos Marinos. El pacto se desmoronó en medio de acusaciones de corrupción y cuestionamientos constitucionales relacionados con la norma 60/40, que exige que entidades filipinas posean al menos el 60 % del capital de los proyectos de recursos naturales y que el Gobierno retenga el 60 % de las ganancias netas. En 2023, el Tribunal Supremo de Filipinas anuló formalmente el acuerdo de 2005 porque incluía empresas de propiedad totalmente extranjera, lo que creó un importante obstáculo legal para cualquier pacto futuro.

Expertos en derecho señalan que cualquier nuevo acuerdo de desarrollo conjunto tendría que ajustarse a estas restricciones constitucionales y, a la vez, tener en cuenta el laudo arbitral de 2016, que concluyó que no había fundamento jurídico para los derechos históricos de China dentro de la línea de nueve trazos. En la práctica, la decisión del tribunal significa que Filipinas y China no tienen derechos marítimos superpuestos en el mar de Filipinas Occidental, lo que complica el marco legal para el desarrollo conjunto conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Patrones de coerción y falta de buena fe

Los críticos señalan que existe un historial documentado de coerción china en el mar de China Meridional que socava la confianza en Pekín como socio fiable. Una investigación académica del Centro Belfer de la Universidad de Harvard identifica patrones sistemáticos de conducta china, entre ellos la expulsión, en 2011, de embarcaciones filipinas que exploraban en busca de petróleo cerca del banco Reed y el bloqueo, en 2012, de buques de la Armada filipina en el banco Scarborough.

Los incidentes recientes han intensificado la preocupación. El 25 de agosto, embarcaciones chinas rodearon y embistieron al buque BRP Datu Sanday, de la Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos, durante una misión humanitaria cerca del banco Sabina. Al día siguiente, China desplegó unos 40 buques para bloquear una misión que llevaba suministros al personal apostado en el banco Second Thomas. En abril de 2026, las autoridades filipinas acusaron a embarcaciones chinas de transportar cianuro cerca del banco Second Thomas y advirtieron que la sustancia podría usarse para sabotear las poblaciones locales de peces y el arrecife que sostiene al buque de guerra encallado BRP Sierra Madre.

Estas acciones se producen en un contexto de hostigamiento cotidiano. La Guardia Costera filipina ha documentado 189 protestas contra China en los últimos años, por ataques con cañones de agua, maniobras peligrosas y obstrucción de la navegación. El Instituto Stratbase, un centro de estudios con sede en Manila, afirmó que China no es un socio fiable ni un actor responsable y advirtió que una alianza petrolera expondría al país a riesgos innecesarios.

No cabe esperar que un Estado que ignora sistemáticamente el derecho internacional y viola los derechos soberanos de Filipinas cumpla ningún acuerdo.

En su comunicado, el Instituto Stratbase instó al Gobierno a rechazar de plano el acuerdo y, en su lugar, desarrollar los recursos energéticos mediante alianzas con países afines.

Implicaciones geopolíticas y estrategias alternativas

El debate sobre la cooperación petrolera coincide con cambios geopolíticos más amplios en el Indopacífico. Mientras Marcos ha fortalecido las relaciones de seguridad con Estados Unidos y ha promovido una política de transparencia para dar a conocer la agresividad china, la crisis energética ha impulsado un reajuste. El presidente dijo a Bloomberg que sin duda se producirá un reajuste de las relaciones bilaterales con China, y mencionó una profunda reestructuración de las alianzas mundiales.

Sin embargo, este posible acercamiento genera fricciones con otros países que reclaman territorios y con los aliados. Malasia ha expresado preocupación por las leyes marítimas filipinas, en particular por la legislación que reafirma las reclamaciones históricas sobre el estado malasio de Sabah. Analistas regionales señalan que las reclamaciones superpuestas entre países del sudeste asiático dificultan una oposición unificada a la expansión china. Malasia suele responder con moderación a las incursiones chinas para proteger sus vínculos económicos, que representan casi 100.000 millones de dólares en comercio anual.

Algunos observadores proponen otras vías para garantizar la seguridad energética. En lugar de asociarse con un país que reclama los mismos territorios y mantiene una actitud hostil, Filipinas podría desarrollar sus recursos en cooperación con Japón, Corea del Sur o empresas energéticas occidentales dispuestas a operar dentro de los límites constitucionales filipinos. La Guardia Costera filipina también ha adoptado medidas unilaterales para afirmar la soberanía y ha inaugurado su primer centro de mando permanente en las islas Spratly, desde donde vigilará las aguas disputadas.

El Departamento de Asuntos Exteriores ha intentado disipar las preocupaciones y ha asegurado que cualquier posible exploración conjunta de petróleo y gas se ajustará estrictamente a la Constitución y las leyes vigentes de Filipinas. El Departamento subrayó que Filipinas conserva sus derechos soberanos sobre los recursos naturales dentro de su zona económica exclusiva y que cualquier acuerdo se basaría en la primacía de la soberanía filipina. Sin embargo, los críticos sostienen que el entendimiento provisional de 2024 sobre las misiones de reabastecimiento en el banco Second Thomas, negociado por la secretaria Lazaro, ya sentó un precedente preocupante al crear acuerdos reservados que dejan de lado el laudo arbitral de 2016.

El dilema entre energía y seguridad

Detrás de la controversia política hay una cruda realidad económica. Filipinas afronta el inminente agotamiento del yacimiento de gas de Malampaya, que abastece una parte importante de la energía de Luzón, la isla más poblada del país. El banco Reed, situado dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas pero reclamado por China, contiene reservas comercialmente viables de gas natural que podrían compensar ese descenso. Históricamente, las grandes empresas internacionales han evitado la zona por temor a ofender a China, lo que ha dejado a Manila pocas opciones para desarrollarla.

Durante la visita de Estado a Pekín en 2023, Marcos y Xi acordaron mantener abiertas las vías de comunicación sobre la exploración conjunta, pero las conversaciones se estancaron a medida que las tensiones aumentaron en 2024 y 2025. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha expresado su disposición a trabajar con instituciones filipinas de investigación científica para impulsar la cooperación práctica en el ámbito marítimo, pero Pekín rechaza sistemáticamente cualquier marco que implique reconocer la soberanía filipina en zonas disputadas.

Analistas señalan que China considera el mar de China Meridional de importancia estratégica tanto por sus recursos como por su valor para el despliegue militar. La Administración de Información Energética de Estados Unidos calcula que la región alberga 190 billones de pies cúbicos de gas natural y 11.000 millones de barriles de petróleo. El control de estas aguas permitiría a China interceptar potencialmente la ayuda de Estados Unidos a Taiwán en caso de conflicto, lo que convierte la cooperación energética en un asunto políticamente delicado tanto para Washington como para Manila.

Puntos clave

• El presidente Marcos Jr. sopesa una exploración petrolera conjunta con China en el mar de China Meridional para hacer frente a una emergencia energética nacional provocada por las interrupciones del suministro desde Oriente Medio.
• Legisladores de la oposición y expertos en seguridad advierten que el acuerdo podría socavar el laudo arbitral de 2016 y recompensar la coerción china, incluido el hostigamiento reciente de embarcaciones filipinas en los bancos Sabina y Second Thomas.
• En 2023, el Tribunal Supremo de Filipinas anuló un acuerdo de estudios sísmicos conjuntos firmado en 2005 con China y Vietnam, y estableció obstáculos constitucionales que exigen que entidades filipinas mantengan una participación del 60 % en proyectos de recursos.
• Los intentos históricos de cooperación energética durante los Gobiernos de Arroyo y Duterte fracasaron por acusaciones de corrupción, preocupaciones sobre la soberanía y el incumplimiento de la norma constitucional 60/40.
• El Departamento de Asuntos Exteriores sostiene que cualquier nuevo acuerdo respetaría la legislación y la soberanía filipinas, mientras que los críticos exigen transparencia y audiencias de supervisión para impedir concesiones que validen las reclamaciones chinas de la línea de nueve trazos.
• Entre las estrategias alternativas figuran desarrollar los recursos del banco Reed con socios no chinos o mediante medidas unilaterales de la Guardia Costera filipina para afirmar la soberanía, en lugar de cooperar bilateralmente con Pekín.