Promesas rotas en la costa de Java
Supriyanto está en la costa de su pueblo pesquero, en Cirebon, Java Occidental, y observa las columnas blancas que se elevan desde la central eléctrica de carbón Cirebon-1, de 660 megavatios, que domina el litoral. La instalación, operada por Cirebon Electric Power, comenzó a generar electricidad en 2012 en virtud de un contrato de 30 años que parecía garantizar décadas de actividad industrial. Una segunda instalación de 1.000 megavatios empezó a operar junto a la central original en 2023, lo que agravó la presión ambiental sobre la región. El comerciante de mejillones verdes, de 32 años, dependía antes de los pescadores locales para recolectar mariscos en estas aguas, pero esos días quedaron atrás, junto con la vida marina. Como muchos indonesios, usa un solo nombre. Se pregunta por qué la instalación debe permanecer en su comunidad.
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Antes había productos de nuestro propio pueblo; ahora ya no los hay. ¿Por qué tiene que estar aquí?
Estaba previsto que la central Cirebon-1 entrara en sus últimos años de funcionamiento antes de su cierre, programado para principios de 2035. Esta jubilación anticipada era un pilar central de la estrategia de Indonesia para reducir su dependencia de la energía generada con carbón, respaldada por un paquete de financiación internacional de 20.000 millones de dólares anunciado con gran despliegue durante la cumbre del G20 de 2022. La revocación de esa decisión a finales de 2024 conmocionó a la comunidad y sembró serias dudas sobre el compromiso de Yakarta con sus promesas de transición energética.
Para Sarjum, padre de tres hijos de 46 años que vive en otro pueblo cercano, la central ha destruido su negocio de comercio de productos del mar. El agua caliente que vierte la instalación ha alterado las condiciones marinas y ha ahuyentado a los peces de las zonas de pesca tradicionales. El padre de tres hijos explica que se ha visto obligado a buscar otro trabajo para mantener a su familia.
«La central eléctrica vertía agua caliente. Por eso no vienen los peces».
El consorcio que opera Cirebon Power sostiene que todas las aguas residuales se descargan limpias y a temperaturas similares a las del agua de mar. Sin embargo, los pescadores locales cuentan otra historia, marcada por la disminución de las capturas y la desaparición de sus medios de vida. Las mujeres de los pueblos pesqueros, que antes extraían la carne de las almejas para venderla, ahora afrontan una caída de los recursos marinos: una crisis económica silenciosa que se desarrolla junto con las emisiones, más visibles, de las chimeneas.
El acuerdo emblemático se desmorona
La central Cirebon-1 tiene una importancia histórica por ser la primera central eléctrica de carbón de Indonesia propiedad de un productor independiente de energía. Su selección para una jubilación anticipada representaba más que un hito ambiental: era un caso de prueba para la Asociación para una Transición Energética Justa, un marco internacional concebido para canalizar fondos de países ricos y ayudar a las economías emergentes a ecologizar sus redes eléctricas. Indonesia fue el segundo país en firmar un acuerdo de este tipo, después de Sudáfrica; posteriormente, Vietnam y Senegal se sumaron a la iniciativa.
La asociación incluye un complejo modelo de refinanciación en el que el Banco Asiático de Desarrollo paga por adelantado a los acreedores existentes para convertirse en el nuevo prestamista, con tasas de interés más bajas, a condición de que el deudor acepte cerrar las operaciones una vez pagada la deuda. Esta estructura innovadora debía demostrar que la jubilación anticipada de centrales de carbón podía ser viable desde el punto de vista financiero y, al mismo tiempo, proteger los intereses de los inversionistas, creando un modelo para operaciones similares en el Sudeste Asiático.
En virtud del plan original anunciado en la COP28, el Banco Asiático de Desarrollo, Cirebon Electric Power, la Autoridad de Inversiones de Indonesia y la compañía eléctrica estatal PLN se comprometieron a acortar el contrato de compraventa de electricidad y poner fin al suministro en diciembre de 2035, seis años y medio antes de la fecha prevista originalmente, julio de 2042. Se estimó que el paquete de refinanciación tendría un valor de entre 230 y 300 millones de dólares, incluida una compensación a los accionistas por los dividendos futuros que dejarían de percibir.
Sin embargo, la asociación ha tenido dificultades para convertir sus compromisos en acciones. Aunque la financiación total ha aumentado a 21.800 millones de dólares, solo se han puesto a disposición unos 3.400 millones, según declaraciones del Gobierno indonesio. La situación empeoró cuando Washington se retiró por completo de la iniciativa, lo que dejó a Alemania y Japón a cargo del liderazgo conjunto. Bhima Yudhistira Adhinegara, director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos y Jurídicos, describe el marco como bloqueado, en parte porque los países socios mantienen sus propios programas de transición energética, como la Comunidad de Asia para las Cero Emisiones de Japón.
«Eso significa que cada país no está dando prioridad a la propia asociación».
El experto sostiene que es necesario reformular el acuerdo y prestar más atención a los efectos en las comunidades locales.
Limitaciones técnicas y económicas
Detrás del cambio de política hay complejos desafíos técnicos y preocupaciones económicas. En diciembre, el Gobierno indonesio anunció que Cirebon-1 seguiría operativa, aludiendo a su larga vida útil potencial y a su tecnología supercrítica, que quema carbón con mayor eficiencia que las instalaciones más antiguas. Las autoridades señalaron que buscarían cerrar centrales menos eficientes, una decisión que refleja la profunda preocupación por los precios de la electricidad y la estabilidad de la red.
Las centrales supercríticas funcionan a temperaturas y presiones más altas que las instalaciones de carbón convencionales, lo que les permite lograr una mayor eficiencia térmica y emitir menos dióxido de carbono por megavatio hora. Sin embargo, siguen emitiendo cantidades importantes de contaminantes y gases de efecto invernadero en comparación con las alternativas renovables. El argumento del Gobierno de que la tecnología más moderna justifica prolongar las operaciones choca con los estudios científicos sobre el clima, que exigen retirar rápidamente los combustibles fósiles para cumplir los objetivos mundiales de temperatura.
PLN, la empresa estatal de electricidad, debe mantener por regulación un margen de reserva del 30% en la red de transmisión, un colchón de seguridad que ayuda a absorber las fluctuaciones de la demanda. Retirar Cirebon-1 exigiría incorporar diversas fuentes de energía renovable e invertir en almacenamiento de energía y tecnología de redes inteligentes para garantizar una integración fluida y evitar apagones. El Instituto Lowy estima que PLN necesita invertir 1.300 millones de dólares en infraestructura para modernizar el sistema, integrar las energías renovables y garantizar la estabilidad a largo plazo.
Fabby Tumiwa, director ejecutivo del Instituto para la Reforma de los Servicios Esenciales, cree que el Gobierno temía un aumento de los precios de la electricidad porque la financiación para reemplazar la capacidad de generación aún no está asegurada.
«Todavía no están disponibles todos los fondos para construir la infraestructura que sustituya a la central de carbón».
Este temor a las pérdidas del Estado y a los aumentos de precios para los consumidores parece haber prevalecido sobre los compromisos ambientales, pese a que optimizar la red es una inversión pendiente desde hace tiempo para la competitividad económica de Indonesia, y no un mero costo del cierre.
Costos sanitarios y ambientales
Mientras las autoridades sopesan los cálculos económicos, las comunidades que viven alrededor de Cirebon-1 asumen directamente el costo de que siga operativa. Muchos residentes afirman que los problemas respiratorios han aumentado desde que la central empezó a funcionar en 2012. Un estudio del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio vinculó las emisiones de contaminantes atmosféricos de la instalación con más de 400 muertes al año, aunque el propietario de la central afirma que cumple todos los límites de emisiones exigidos.
El estudio de CREA identificó las partículas en suspensión, el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno como las principales causas de las 400 muertes anuales estimadas. Entre las poblaciones vulnerables, los niños y las personas mayores afrontan mayores riesgos de padecer enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Estas consecuencias para la salud afectan de manera desproporcionada a las comunidades pesqueras de bajos ingresos, que carecen de acceso a servicios médicos o a otras oportunidades laborales.
El daño ambiental va más allá de la calidad del aire. Además de afectar a las poblaciones de peces con sus vertidos de agua caliente, la presencia de la central ha alterado todo el ecosistema marino que antes sustentaba la recolección local de almejas y mejillones. Las instalaciones combinadas vierten ahora aguas residuales térmicas y contaminantes atmosféricos que, según los residentes, han provocado la desaparición de los mejillones verdes y la reducción de las poblaciones de peces que antes daban sustento a decenas de familias.
El cambio de política ha erosionado la confianza entre las comunidades locales y el Gobierno. Mohammad Aan Anwaruddin, activista local que ha hecho campaña por el cierre de la central, expresó el sentimiento generalizado de traición.
«Ya no creemos lo que dice el Gobierno».
Sin embargo, la situación genera dolorosas divisiones en la comunidad. Sopian Suputra, guardia de seguridad de la central, representa la otra cara de este dilema.
«No soy un hipócrita. Soy el sostén de mi familia y me gano la vida allí para mantener a mi esposa y a mis hijos».
Su testimonio muestra cómo el empleo en la instalación da estabilidad económica a algunas familias, mientras destruye los medios de vida de otras.
Confianza de los inversionistas y alternativas
La cancelación de la jubilación anticipada de Cirebon-1 tiene consecuencias importantes para la capacidad de Indonesia de atraer inversión privada a su transición energética. Tiza Mafira, directora de la sección de Indonesia de la Iniciativa de Política Climática, advierte que, como el acuerdo de Cirebon se estructuró en torno a la financiación privada, su cancelación podría debilitar la confianza del sector privado en acuerdos similares con centrales propiedad de PLN o productores independientes que venden electricidad a la empresa estatal.
Dinita Setyawati, analista de energía para Asia de Ember, afirma que el cambio de rumbo del Gobierno transmite señales contradictorias sobre su compromiso de abandonar los combustibles fósiles. La medida pone de relieve la urgente necesidad de financiar la construcción de centrales eléctricas más limpias que puedan satisfacer las crecientes necesidades energéticas de Indonesia. Según Setyawati, una transición energética impulsada por el mercado, que incluya la desregulación de la distribución eléctrica y subsidios estratégicos, podría ser más eficaz que el modelo actual de asociación.
Los modelos de transición impulsados por el mercado exigirían poner fin al monopolio de PLN sobre la distribución de electricidad, de modo que los productores privados de energías renovables pudieran vender directamente a consumidores y usuarios industriales. Esa desregulación podría acelerar el despliegue de la energía solar y eólica sin requerir grandes inversiones estatales en infraestructura de red, aunque pondría en cuestión el modelo actual de empresa estatal, que ha dominado el sector eléctrico indonesio desde la independencia.
Pese al compromiso asumido en 2024 por el presidente Prabowo Subianto de eliminar las centrales eléctricas de combustibles fósiles en un plazo de 15 años, las tendencias actuales apuntan en otra dirección. La empresa eléctrica estatal PLN prevé 16,6 gigavatios de nueva capacidad de generación a carbón y gas para 2034, mientras que las centrales de carbón de uso propio que abastecen a instalaciones industriales añadirán otros 31 gigavatios, según estudios de CREA. Esta expansión contradice el discurso sobre la eliminación gradual de estos combustibles y sugiere que, sin reformas estructurales de la financiación y la gestión de la red, las asociaciones climáticas internacionales tendrán dificultades para competir con las necesidades inmediatas de seguridad energética y crecimiento económico.
Reformar la transición
Para rescatar la transición energética de Indonesia es necesario abordar las barreras legales y financieras que frenaron el acuerdo de Cirebon-1. Una cuestión regulatoria fundamental es si los 1.300 millones de dólares en costos del sistema de red pueden considerarse gastos admisibles en virtud del Reglamento Presidencial 112/2022. Reconocer esas inversiones en infraestructura como prioridades nacionales estratégicas, en lugar de pérdidas estatales, aliviaría la presión sobre PLN y aclararía la vía financiera a seguir.
El Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Energía y el Ministerio de Empresas Estatales deben emitir instrucciones claras por escrito para que PLN realice las inversiones necesarias en la red. Además, el Ministerio de Energía debería establecer una hoja de ruta formal para la jubilación anticipada, mientras PLN incorpora los planes de cierre a su Plan Empresarial de Suministro Eléctrico, para garantizar que estas medidas reflejen una estrategia nacional más amplia y no sean proyectos piloto aislados.
Los socios internacionales también deben coordinar mejor sus iniciativas, que compiten entre sí. Japón impulsa su Comunidad de Asia para las Cero Emisiones, Estados Unidos se retira de los puestos de liderazgo y los países europeos ofrecen acuerdos bilaterales: esta fragmentación de la financiación climática complica la toma de decisiones de Indonesia. Una estrategia unificada que priorice la inversión en la red junto con el cierre de centrales, y que tenga en cuenta las necesidades económicas tanto de las comunidades pesqueras como de los trabajadores de las plantas, es la única vía viable.
Para las comunidades pesqueras de Cirebon, el tiempo se agota. Sarjum promete seguir haciendo campaña por el cierre, preocupado por la salud de sus hijos y nietos.
«Creo que está matando lentamente a la población de Cirebon».
Mientras Indonesia sopesa sus opciones, el humo sigue elevándose sobre Java Occidental, un recordatorio visible de que las transiciones energéticas no son meros ejercicios técnicos de gestión de redes y financiación, sino decisiones que determinan la supervivencia de las comunidades y la credibilidad de los compromisos climáticos internacionales.
Puntos clave
- Indonesia revocó sus planes de cerrar la central de carbón Cirebon-1 en 2035, alegando su eficiencia técnica y preocupaciones por los costos
- La central era un proyecto emblemático de la Asociación para una Transición Energética Justa, dotada con 21.800 millones de dólares, de los cuales solo se han desembolsado 3.400 millones
- Las comunidades pesqueras locales afirman que los vertidos de agua caliente y la disminución de las poblaciones marinas han destruido sus medios de vida
- Estudios sanitarios vinculan la central con más de 400 muertes prematuras al año por contaminación atmosférica
- La decisión amenaza la confianza de los inversionistas privados en los proyectos de transición energética de Indonesia
- Indonesia sigue proyectando 16,6 gigavatios de nueva capacidad de generación con combustibles fósiles pese a sus compromisos de eliminar gradualmente el carbón
