El precio del entretenimiento
Imagine que se enfrenta a un pelotón de fusilamiento por el delito de ver un programa de televisión. En Corea del Norte, esto no es ficción distópica, sino una realidad documentada. Un informe exhaustivo publicado por Amnistía Internacional revela que ciudadanos, incluidos adolescentes, son ejecutados públicamente por consumir contenido surcoreano, como la exitosa serie de Netflix «El juego del calamar», el drama romántico militar «Descendientes del sol» o música K-pop de grupos como BTS. Las conclusiones, basadas en entrevistas detalladas con 25 norcoreanos que escaparon entre 2012 y 2020, dibujan un panorama desgarrador de un Estado en guerra con la influencia cultural de su vecino del sur.
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El informe pone de manifiesto una brutal contradicción en el corazón de la sociedad norcoreana. Aunque el consumo de medios extranjeros está muy extendido y a menudo se realiza abiertamente incluso entre funcionarios y agentes de seguridad, las consecuencias para los ciudadanos comunes sorprendidos accediendo a este contenido van desde años en campos de trabajos forzados hasta la ejecución pública. La severidad del castigo no depende de la naturaleza de la infracción, sino de la riqueza y los contactos del acusado. Quienes no tienen dinero se enfrentan a la muerte; quienes cuentan con recursos pueden comprar su libertad.
Sarah Brooks, directora regional adjunta de Amnistía Internacional, describió la situación como un sistema de represión entrelazado con la corrupción. Subrayó que las autoridades penalizan el acceso a la información, en violación del derecho internacional, y luego permiten que los funcionarios se lucren con el temor de quienes temen ser castigados. Esto crea un sistema judicial de dos niveles en el que el mismo acto, ver un drama surcoreano, puede resultar en una advertencia o una condena a muerte.
Una ley escrita con sangre
En 2020, Corea del Norte promulgó la Ley contra el Pensamiento y la Cultura Reaccionarios, que estableció por escrito severas penas por acceder a medios extranjeros. La ley define el contenido surcoreano como una ideología podrida que paraliza el sentido revolucionario del pueblo y establece entre cinco y 15 años de trabajos forzados por el simple hecho de ver o poseer dramas, películas o música surcoreanos. Para quienes son acusados de distribuir grandes cantidades de contenido u organizar proyecciones grupales, la ley prescribe la pena de muerte.
Esta legislación surgió cuando Pyongyang intensificó el cierre de fronteras y los controles internos durante la pandemia de COVID-19, y representó una escalada formal de las restricciones vigentes desde la fundación del Estado. La ley de 2020 se suma a décadas de prohibiciones, pero añade marcos legales específicos que permiten a las autoridades imponer la pena capital por delitos culturales. La Comisión de Investigación de Naciones Unidas documentó patrones similares en un informe histórico de 2014, que concluyó que los crímenes de lesa humanidad cometidos por Corea del Norte, entre ellos tortura, ejecuciones y trabajos forzados, no tenían parangón en el mundo contemporáneo.
A pesar de estas medidas draconianas, el informe de Amnistía sugiere que el consumo de medios surcoreanos sigue siendo generalizado en toda la sociedad norcoreana. Los entrevistados describieron un secreto a voces: los trabajadores ven programas extranjeros abiertamente, los funcionarios del partido los ven con orgullo, los agentes de seguridad los consumen en secreto y la policía los ve sin temor. Todo el mundo sabe que los demás los ven, incluso quienes llevan a cabo las redadas.
La economía de la corrupción
En este marco represivo ha surgido una sofisticada economía de sobornos que determina quién vive y quién muere. Choi Suvin, de 39 años, quien escapó de Corea del Norte en 2019, ofreció un testimonio que ilustra el costo económico de sobrevivir. Explicó que las personas sorprendidas por el mismo acto afrontan destinos muy distintos, determinados únicamente por sus recursos económicos.
A las personas las detienen por el mismo acto, pero el castigo depende por completo del dinero. Quienes no tienen dinero venden sus casas para reunir 5.000 o 10.000 dólares y pagar para salir de los campos de reeducación.
Kim Joonsik, de 28 años, quien huyó en 2019, fue sorprendido viendo dramas surcoreanos tres veces, pero solo recibió advertencias porque su familia mantenía vínculos con funcionarios. Señaló que los estudiantes de secundaria de familias adineradas suelen evitar por completo los castigos legales. Sin embargo, a finales de la década de 2010 vio cómo tres amigas de secundaria de sus hermanas recibían condenas de varios años en campos de trabajos forzados porque sus familias no podían pagar sobornos. Estas sumas, equivalentes a varios años de ingresos medios, obligan a las familias a elegir entre la vivienda y la supervivencia, y crean un mercado de clemencia que deja a los pobres expuestos a los pelotones de fusilamiento.
El Grupo 109 y la aplicación de la ley
La aplicación de estas leyes está a cargo de una unidad especializada conocida como el Grupo 109, que opera en todo el país y realiza registros domiciliarios sin orden judicial e inspecciones callejeras de bolsos y teléfonos móviles. Quince entrevistados de distintas regiones mencionaron esta unidad, lo que apunta a un enfoque sistemático de vigilancia que abarca todo el país. El grupo representa la punta de lanza del aparato norcoreano de control de la información y busca activamente pruebas del consumo de medios extranjeros.
Se ha documentado que los miembros del Grupo 109 piden sobornos directamente a los detenidos y sus familias. Un desertor citó a unos agentes que explicaban que no querían castigar con severidad, pero necesitaban sobornar a sus propios superiores para salvar sus vidas. Esta corrupción circular sugiere que el propio mecanismo de aplicación de la ley funciona con los mismos incentivos económicos que determinan las sentencias, lo que crea un sistema depredador en el que las detenciones generan ingresos en vez de justicia.
El carácter arbitrario de la aplicación de la ley se intensificó durante las campañas periódicas de represión ordenadas por Kim Jong Un a finales de la década de 2010. En esos períodos, los funcionarios recibían presiones para demostrar resultados, lo que alteraba temporalmente la habitual economía de sobornos. Kim Gayoung, quien salió de Corea del Norte en junio de 2020, relató la experiencia de su primo, que trabajaba en el Comité Popular. Según contó, durante las redadas intensivas nadie ayudaba a los detenidos, ni siquiera a cambio de sobornos o gracias a sus contactos, porque la presión de las autoridades superiores era demasiado fuerte.
Aulas de crueldad
Además de castigar a las personas, Corea del Norte utiliza las ejecuciones públicas como instrumento de terror masivo y educación ideológica. El informe de Amnistía documenta la asistencia forzada y sistemática a las ejecuciones, y señala que los escolares son convocados específicamente como público. Kim Eunju, de 40 años, quien huyó en 2019, recordó que a los 16 y 17 años la llevaron con sus compañeros de secundaria a ver cómo ejecutaban a personas por ver o distribuir medios surcoreanos.
Ejecutaban a personas por ver o distribuir medios surcoreanos. Es educación ideológica: si usted los ve, esto también le sucederá.
Choi Suvin presenció una ejecución pública en Sinuiju, en la provincia de Pyongan del Norte, en 2017 o 2018. Las autoridades obligaron a decenas de miles de residentes de la ciudad a reunirse y observar cómo ejecutaban a una persona acusada de distribuir medios extranjeros. Explicó que las autoridades ejecutan a personas para lavar el cerebro y educar a la población, y utilizan la violencia estatal como herramienta pedagógica. Las ejecuciones se llevan a cabo mediante pelotones de fusilamiento; un testigo describió a un pelotón de 10 personas que disparó aproximadamente 30 veces contra el condenado. Los testigos afirman que a veces las autoridades introducen sustancias en la boca de las víctimas para impedirles pronunciar sus últimas palabras, mientras que las asambleas escolares funcionan como público obligatorio de estos asesinatos patrocinados por el Estado.
Las escuelas también sirven de escenario para humillaciones públicas que no llegan a la ejecución. Kim Yerim, de 26 años, quien escapó en 2019, presenció cómo 10 estudiantes de último año de secundaria eran sometidos durante horas a sesiones públicas de crítica por ver televisión extranjera. Las autoridades reunieron a estudiantes de primaria y secundaria para que observaran cómo funcionarios de la Liga de la Juventud y de organizaciones del Partido reprendían a los acusados y los señalaban como personas de espíritu corrompido y sin preparación ideológica.
Contrabando digital y penetración cultural
A pesar de los riesgos, la cultura surcoreana sigue penetrando en Corea del Norte a través de sofisticadas redes de contrabando. El contenido llega principalmente en memorias USB desde China y se ve en notetels, dispositivos portátiles que funcionan como computadoras portátiles con televisores incorporados. Las redes de contrabando han avanzado rápidamente desde el punto de vista tecnológico: desertores norcoreanos en Corea del Sur envían globos con memorias USB y folletos a través de la zona desmilitarizada, lo que da lugar a un juego del gato y el ratón entre activistas por la información y guardias fronterizos.
Los entrevistados mencionaron títulos recientes concretos que llegan al público norcoreano con más rapidez que en décadas anteriores, entre ellos «Aterrizaje de emergencia en tu corazón», conocida por su ambientación norcoreana, y «Descendientes del sol», con temática militar. La ironía de que norcoreanos vean «Aterrizaje de emergencia en tu corazón», un romance que retrata la vida en su propio país desde una perspectiva surcoreana, ilustra las complejas dinámicas culturales en juego. Según se ha informado, el fenómeno mundial «El juego del calamar», que retrata una competencia distópica en la que participantes sin dinero afrontan consecuencias mortales, ha dado lugar a ejecuciones cuando copias de contrabando llegaron a estudiantes norcoreanos.
En 2021, Radio Free Asia documentó la ejecución de un estudiante en la provincia de Hamgyong del Norte por distribuir «El juego del calamar», mientras que quienes solo la vieron recibieron condenas de cadena perpetua o trabajos forzados. Ese mismo año, The Korea Times informó sobre adolescentes castigados por escuchar a BTS. Una persona entrevistada que tenía vínculos familiares en la provincia de Yanggang dijo haber oído que algunas personas, incluidos estudiantes de secundaria, fueron ejecutadas por ver «El juego del calamar». Estos ejemplos concretos demuestran que el régimen no apunta únicamente al contenido político, sino también al entretenimiento puro, pues considera la influencia cultural una amenaza existencial para su control ideológico.
La estructura de la represión
La represión actual forma parte de una estructura más amplia que ha permanecido prácticamente sin cambios durante décadas. Un informe de Amnistía Internacional de 2011 utilizó imágenes satelitales para documentar campos de prisioneros políticos donde se calcula que había 200.000 personas; las instalaciones mostraban una expansión considerable durante la década anterior. Las imágenes revelaron seis grandes complejos de campos extendidos por valles montañosos remotos de las provincias de Pyongan del Sur, Hamgyong del Sur y Hamgyong del Norte. Una comparación de imágenes mostró que entre 2001 y 2011 se añadieron 15 torres de vigilancia solo en el campo de Yodok.
Una evaluación de derechos humanos de Naciones Unidas de 2024 concluyó que la situación de los derechos humanos en Corea del Norte no ha mejorado durante la última década y que, en muchos aspectos, ha empeorado. El informe citó el agravamiento de la escasez de alimentos, que afecta a más del 40% de la población, los trabajos forzados generalizados y las severas restricciones a la circulación y la expresión. El Informe por país sobre prácticas de derechos humanos de 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos documentó la persistencia de la brutalidad y señaló las ejecuciones, los abusos físicos y las detenciones arbitrarias como herramientas centrales del control estatal. En agosto de 2024, según se informó, dos mujeres fueron ejecutadas públicamente en la ciudad nororiental de Chongjin tras ser declaradas culpables de intentar ayudar a personas a huir del país, mientras que, presuntamente, hasta 30 funcionarios estatales fueron ejecutados por corrupción relacionada con las graves inundaciones de julio.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó en 2024 un informe que identificó seis tipos de trabajo forzado, entre ellos los empleos asignados por el Estado, el servicio militar obligatorio y el envío de escolares a jornadas de trabajo. El informe indicó que el trabajo forzado en las cárceles, donde los detenidos trabajan bajo amenazas de violencia física, podría constituir el crimen de lesa humanidad de esclavitud. Antiguos reclusos describen que recibían diariamente tres comidas de 200 gramos de gachas de maíz; si no completaban el trabajo, les retiraban la comida. También relatan torturas, como el confinamiento en celdas cúbicas demasiado pequeñas para estar de pie o acostarse.
Respuesta internacional y llamados a la acción
Amnistía Internacional ha formulado demandas concretas al Gobierno norcoreano y pide derogar todas las leyes que penalizan el acceso a la información, incluida la Ley contra el Pensamiento y la Cultura Reaccionarios de 2020. La organización reclama abolir la pena de muerte para todos los delitos, imponer una moratoria inmediata a todas las ejecuciones, incluidas las públicas, y ofrecer protecciones específicas a los niños para evitar que queden expuestos a la violencia estatal. El informe también pide poner fin a las detenciones arbitrarias y garantizar que la ley se aplique por igual, independientemente de la riqueza o la condición social.
La comunidad internacional afronta importantes dificultades para influir en la conducta interna de Corea del Norte. El régimen ha negado sistemáticamente la existencia de campos de prisioneros políticos y ha rechazado ofertas de ayuda humanitaria mientras empeora la escasez de alimentos. Las relaciones diplomáticas entre Corea del Norte y Corea del Sur se han vuelto cada vez más tensas, lo que reduce los canales de presión y diálogo. Los cierres fronterizos por la COVID-19 han hecho que las fugas sean extremadamente inusuales desde 2020 y han interrumpido el flujo de testimonios que documentan estos abusos.
Sarah Brooks destacó que el temor del Gobierno a la información ha encerrado efectivamente a toda la población en una jaula ideológica y ha sofocado su acceso a las opiniones y los pensamientos de otros seres humanos. Subrayó que el sistema arbitrario basado en el miedo y la corrupción viola principios fundamentales de justicia y derechos humanos reconocidos internacionalmente, y debe desmantelarse para que los norcoreanos puedan disfrutar de las libertades que les corresponden.
En síntesis
- Amnistía Internacional entrevistó a 25 norcoreanos que escaparon entre 2012 y 2020 y documentó ejecuciones y condenas a campos de trabajos forzados por ver medios surcoreanos.
- La Ley contra el Pensamiento y la Cultura Reaccionarios de Corea del Norte, promulgada en 2020, establece de cinco a 15 años de trabajos forzados por poseer medios extranjeros y la pena de muerte por distribuirlos.
- Los castigos varían según la riqueza: algunas familias pagan entre 5.000 y 10.000 dólares en sobornos para evitar la ejecución, mientras que ciudadanos pobres se enfrentan a pelotones de fusilamiento por las mismas infracciones.
- El Grupo 109, una unidad especializada, realiza registros sin orden judicial en todo el país en busca de medios extranjeros, dentro de una economía de aplicación de la ley basada en la corrupción.
- Se obliga a escolares a asistir a ejecuciones públicas como parte de la educación ideológica; los testigos describen pelotones de 10 tiradores que disparan 30 veces.
- Entre el contenido popular figuran «El juego del calamar», «Aterrizaje de emergencia en tu corazón», «Descendientes del sol» y música K-pop de BTS, introducidos de contrabando desde China en memorias USB.
- Se calcula que 200.000 personas están recluidas en campos de prisioneros políticos; las imágenes satelitales muestran que las instalaciones se ampliaron durante la última década.
- La ONU informa que 10,7 millones de norcoreanos, más del 40% de la población, padecen desnutrición.
