Dos extranjeros son los primeros acusados en virtud de la nueva y estricta ley contra tirar basura en Malasia

Un caso histórico en Johor Bahru sienta un precedente para la limpieza nacional

En un avance significativo para la aplicación de las normas ambientales en Malasia, dos ciudadanos extranjeros se convirtieron en las primeras personas acusadas en virtud de las nuevas leyes contra tirar basura, recientemente aprobadas en el país. Los casos, vistos por el Tribunal de Sesiones de Johor Bahru la mañana del 23 de enero, marcan el inicio de una etapa más estricta en la aplicación de las normas de limpieza pública, tras la entrada en vigor en todo el país, el 1 de enero, de la Ley de Gestión de Residuos Sólidos y Limpieza Pública de 2007 (Ley 672). Los procesos han puesto de relieve las severas sanciones ahora disponibles para las autoridades, incluidas multas considerables y órdenes obligatorias de servicio comunitario.

Los acusados, identificados como Sultan Md, ciudadano bangladesí de 28 años, y Anita Lukman, ciudadana indonesia de 49 años, enfrentaron cargos por incidentes separados ocurridos en las primeras horas del día de Año Nuevo. Se les acusa de tirar basura en espacios públicos de Jalan Ibrahim Sultan, en Stulang Laut, una zona concurrida del centro de Johor Bahru. Los procesos judiciales destacaron el compromiso del Gobierno de utilizar plenamente sus nuevas facultades legales para combatir el persistente problema de arrojar residuos en espacios públicos.

La primera declaración de culpabilidad y la sentencia

Anita Lukman, trabajadora ocasional, se declaró culpable del cargo de eliminación inadecuada de residuos sólidos. Según documentos judiciales, arrojó una colilla de cigarrillo y una botella de bebida a la acera alrededor de las 00:41 del 1 de enero, sin utilizar los contenedores de basura habilitados en las inmediaciones. La fiscalía, a cargo de Siti Adora Rahtiman, funcionaria de la Corporación de Gestión de Residuos Sólidos y Limpieza Pública (SWCorp), solicitó una sentencia que sirviera de disuasión tanto para la acusada como para la población en general.

Anita, que no contó con representación legal, pidió entre lágrimas clemencia a la jueza del Tribunal de Sesiones Nor Aziati Jaafar. Explicó su precaria situación económica y señaló que es madre soltera y mantiene a dos hijos en edad escolar, de ocho y 15 años. Subrayó que no poder trabajar debido a problemas legales o a sanciones económicas afectaría directamente la educación de sus hijos.

«Solo ayudo a una amiga con trabajos ocasionales, y mis hijos corren el riesgo de dejar de ir a la escuela si no envío suficiente dinero a casa».

Pese a su petición, el tribunal impuso un castigo conforme a la nueva legislación. La jueza Nor Aziati ordenó a Anita pagar una multa de 500 ringgit (unos 160 dólares de Singapur). Además de la sanción económica, fue condenada a seis horas de servicio comunitario. El tribunal especificó que deberá cumplirlas en un plazo de seis meses, con un máximo de dos horas de trabajo al día. El incumplimiento de la orden de servicio comunitario podría acarrear una multa mucho mayor, de entre 2.000 y 10.000 ringgit. Si no paga la multa, podría ser encarcelada durante 15 días.

La necesidad de un intérprete retrasa el segundo caso

El segundo caso, que involucra a Sultan Md, trabajador de una fábrica, no llegó a la etapa de declaración el mismo día. Sultan fue acusado de un delito similar: se le imputa haber tirado basura en la misma zona alrededor de la 01:27 del 1 de enero, poco menos de una hora después del presunto delito de Anita. Sin embargo, el proceso encontró un obstáculo cuando Sultan solicitó un intérprete de bangla y afirmó que no comprendía plenamente la naturaleza de los cargos en su contra.

La jueza Nor Aziati accedió a la solicitud, al reconocer el derecho del acusado a un juicio justo y a comprender plenamente el proceso judicial. El tribunal aplazó la audiencia de seguimiento hasta el 28 de enero para poder disponer de un intérprete cualificado. Se espera con gran interés el resultado del caso de Sultan, ya que permitirá conocer mejor cómo gestionan los tribunales los casos de personas que no hablan inglés en el marco del nuevo sistema de aplicación rápida de la ley.

Alcance de la nueva legislación

Los cargos contra estas dos personas constituyen una aplicación práctica de la Ley de Gestión de Residuos Sólidos y Limpieza Pública de 2007, en concreto de su artículo 77A(1), cuya aplicación plena comenzó el 1 de enero. Esta legislación supone un cambio importante en el enfoque de Malasia respecto a la limpieza municipal: deja atrás las simples advertencias o las multas menores y adopta medidas más punitivas y orientadas a la rehabilitación. La ley se aplica en varios estados, entre ellos Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perlis y Kedah, así como en los territorios federales de Kuala Lumpur y Putrajaya.

Según las disposiciones modificadas, los infractores pueden recibir multas de hasta 2.000 ringgit. Sin embargo, el aspecto más singular de la nueva ley es la introducción de la orden de servicio comunitario. Esta permite al tribunal condenar a los infractores a realizar labores supervisadas de limpieza pública durante un período máximo de seis meses, con un total de hasta 12 horas de trabajo. La medida busca vincular directamente el castigo con el delito y obligar a los infractores a contribuir físicamente a la limpieza del entorno que ensuciaron.

De las multas a la rehabilitación

La introducción del servicio comunitario como sanción por tirar basura es una estrategia deliberada del Gobierno para inculcar responsabilidad cívica, ante la ineficacia que históricamente han demostrado las sanciones económicas. Khalid Mohamed, director ejecutivo de SWCorp, ha subrayado que este enfoque refleja una estrategia progresista de aplicación de la ley. Se centra en la rendición de cuentas y la educación, en lugar de limitarse a imponer castigos económicos. El objetivo es propiciar un cambio de conducta duradero al hacer que los infractores afronten directamente las consecuencias de tirar basura.

El ministro de Vivienda y Gobierno Local, Nga Kor Ming, afirmó anteriormente que las sanciones más estrictas son necesarias para fomentar una cultura de limpieza comparable a la de otros países desarrollados. El Gobierno espera que la exposición pública de las sentencias actúe como un fuerte elemento de disuasión social y desaliente a quienes podrían tirar basura e ignorar multas menores.

En qué consiste el servicio comunitario

Para mostrar cómo se aplican estas órdenes en la práctica, SWCorp ha realizado simulaciones. Los infractores condenados a servicio comunitario deben presentarse ante los funcionarios para registrar su asistencia y someterse a controles básicos de salud. Se les entrega equipo de seguridad estándar, incluidas mascarillas, guantes y chalecos de alta visibilidad con las palabras «Orden de servicio comunitario».

Durante el servicio, se les proporcionan escobas de paja, recogedores y pinzas para recoger basura. Deben retirar residuos de las aceras, barrer calles, limpiar desagües, lavar baños públicos e incluso cortar el césped o pintar edificios. El trabajo se realiza bajo la supervisión directa de funcionarios de SWCorp y, a menudo, a la vista del público. Se colocan conos y letreros en la zona para informar que la limpieza se lleva a cabo por orden judicial, lo que añade un componente de vergüenza social al castigo.

SWCorp ha asegurado a la población que la seguridad y la salud de los infractores son prioritarias. Se proporcionan mascarillas para preservar en cierta medida su anonimato y las sesiones duran un máximo de cuatro horas. Se asigna un supervisor por cada cinco infractores para garantizar que el trabajo se realice de forma correcta y segura. El tipo de trabajo concreto se determina según la sentencia y las capacidades físicas de cada persona, de modo que la tarea sea viable y, al mismo tiempo, constituya un castigo.

Aplicación nacional de la ley y estadísticas

Los casos de Johor Bahru no son hechos aislados, sino parte de una amplia campaña nacional contra estas infracciones, conocida como «Ops Cegah». Desde comienzos de año, SWCorp aplica las nuevas normas con firmeza. Las estadísticas publicadas por la entidad indican que entre el 1 y el 22 de enero se emitieron 418 notificaciones por tirar basura en todo el país.

Johor ha sido uno de los focos de atención debido a la relevancia de estos primeros cargos, pero también se han registrado importantes actividades de control en otros estados. Kuala Lumpur encabeza la lista, con 127 notificaciones, seguida de Kedah, con 99, y Negeri Sembilan, con 61. Johor registró 58 durante ese período, mientras que Pahang y Melaka sumaron 30 y 24, respectivamente. Del total de notificaciones emitidas en el país, 315 fueron para ciudadanos locales y 103 para extranjeros, lo que indica que la ley se aplica por igual, independientemente de la nacionalidad.

Operativos de civil y vigilancia

Para sorprender a los infractores en el momento de cometer la falta, los agentes encargados de hacer cumplir la ley han recurrido a tácticas poco convencionales. En Johor, en particular en los alrededores de Johor Bahru Sentral, cerca de la calzada, los agentes han cambiado el uniforme por ropa de civil. Vestidos con camisetas, pantalones vaqueros, gorras de béisbol y gafas de sol, se mezclan con la multitud de pasajeros. Estos agentes de civil se apoyan en las barandillas, miran el teléfono y toman café mientras vigilan en secreto posibles infracciones por tirar basura.

Cuando se comete una infracción, como arrojar una colilla a los arbustos, los agentes registran la acción con sus teléfonos antes de acercarse para detener al infractor. Este método ha resultado eficaz, ya que muchas personas son sorprendidas. Zainal Fitri Ahmad, director de SWCorp en Johor, señaló que muchas de las personas sorprendidas tiraban basura pese a estar muy cerca de los contenedores, una conducta que calificó de decepcionante. Los operativos continúan y la entidad también trabaja con los ayuntamientos locales para utilizar cámaras de circuito cerrado de televisión y vigilar los puntos donde más se tira basura.

Implicaciones para extranjeros y turistas

Las estadísticas indican que una cuarta parte de los infractores son extranjeros, lo que pone de relieve la importancia de estas leyes para la comunidad expatriada y los turistas. Solo en Johor, 28 de las 55 personas sorprendidas desde el 1 de enero eran extranjeras. Entre ellas hay cinco turistas singapurenses a quienes sorprendieron arrojando colillas. El mensaje de las autoridades es claro: los visitantes también deben cumplir las leyes de Malasia.

A los extranjeros sorprendidos tirando basura se les entrega una notificación de infracción y se les informa de la fecha de una posterior comparecencia ante el tribunal. A diferencia de las infracciones de tránsito menores, que podrían resolverse de inmediato, estos casos requieren acudir al tribunal. Aunque en la etapa inicial no se prohíbe a los extranjeros salir del país, las autoridades cuentan con medidas estrictas para garantizar que cumplan con sus obligaciones. Si una persona extranjera no se presenta en la fecha fijada por el tribunal o no completa el servicio comunitario impuesto, SWCorp enviará un informe al Departamento de Inmigración.

Esto da lugar a medidas de control que pueden impedir que la persona vuelva a entrar en Malasia. Zainal Fitri confirmó que la falta de comparecencia quedará registrada en el sistema de inmigración, por lo que quienes reincidan o eludan la justicia afrontarán consecuencias la próxima vez que intenten cruzar la frontera. La cooperación entre SWCorp y el Departamento de Inmigración garantiza que la ley también tenga consecuencias para quienes se encuentran temporalmente en el país.

En resumen

• Dos ciudadanos extranjeros, una mujer indonesia y un hombre bangladesí, son los primeros acusados en Johor Bahru en virtud de la nueva ley contra tirar basura de Malasia.
• Anita Lukman fue multada con 500 ringgit y condenada a seis horas de servicio comunitario tras declararse culpable de arrojar una colilla y una botella a la calle.
• La nueva Ley de Gestión de Residuos Sólidos y Limpieza Pública de 2007 (Ley 672) permite imponer multas de hasta 2.000 ringgit y hasta 12 horas de servicio comunitario por tirar basura.
• Desde el 1 de enero se han emitido 418 notificaciones en todo el país; Kuala Lumpur registra el mayor número de casos.
• SWCorp utiliza agentes de civil y sistemas de vigilancia para sorprender a los infractores; 103 de las notificaciones se emitieron a extranjeros.
• Los extranjeros que no comparezcan ante el tribunal o no completen el servicio comunitario serán denunciados al Departamento de Inmigración y podrían tener prohibida la entrada al país.