El nuevo Código Penal de Indonesia: un legado colonial reemplazado por una polémica moderna

Comienza una nueva era jurídica en el Sudeste Asiático

Indonesia ha puesto oficialmente en vigor una amplia reforma de su sistema de justicia penal, lo que marca el fin de una era colonial y el comienzo de una etapa jurídicamente compleja para la tercera democracia más grande del mundo. El 2 de enero de 2026, el nuevo Código Penal (KUHP) reemplazó oficialmente el código penal colonial neerlandés, vigente desde 1918. Aunque el Gobierno presenta la medida como un esfuerzo necesario de descolonización que adapta la legislación a los valores y la cultura contemporáneos de Indonesia, la transición ha generado un intenso debate. La legislación, que tardó años en elaborarse y finalmente fue ratificada en 2022 tras un período de transición de tres años, comprende cientos de artículos que abarcan casi todos los aspectos de la vida pública y privada.

La entrada en vigor del código representa un cambio profundo en la forma en que el Estado regula a sus ciudadanos. Las autoridades sostienen que las nuevas leyes ofrecen un marco jurídico finalmente independiente de influencias extranjeras y más acorde con el tejido social singular del archipiélago. Sin embargo, sus críticos consideran que la legislación supone un retroceso que amenaza con erosionar libertades civiles conquistadas con esfuerzo. El alcance del código ha sido objeto de escrutinio por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos, expertos jurídicos y socios diplomáticos, que temen que las definiciones imprecisas y las severas sanciones puedan utilizarse para reprimir la disidencia y controlar la moralidad.

En el centro de la controversia está la tensión entre la soberanía nacional y las normas internacionales de derechos humanos. El Gobierno sostiene que el nuevo código refleja la voluntad del pueblo indonesio y sus normas religiosas y culturales. Sin embargo, la aplicación práctica de estas leyes preocupa a activistas, periodistas y grupos minoritarios, que temen que la legislación otorgue a las autoridades amplias herramientas para imponer la conformidad y silenciar las críticas.

De la autorización a la notificación de las protestas públicas

Uno de los cambios más inmediatos y polémicos afecta al derecho de reunión. Con el nuevo código, organizar un desfile, una concentración o una manifestación en la vía pública sin notificar a la policía constituye un delito que puede castigarse con hasta seis meses de prisión. Esta disposición convierte lo que antes era una infracción administrativa en un acto delictivo y cambia fundamentalmente las decisiones de las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos que planean acciones públicas.

Las autoridades indonesias han defendido esta disposición haciendo hincapié en la diferencia entre notificar y pedir autorización. El viceministro de Derecho y Derechos Humanos, Edward Hiariej, destacó que el Gobierno no prohíbe expresar opiniones, sino que exige avisar con antelación para gestionar el orden público. Citó un caso concreto ocurrido en Sumatra Occidental, donde murió un paciente en estado crítico porque una ambulancia quedó atrapada en el tráfico provocado por una protesta no anunciada. El Gobierno sostiene que la notificación es esencial para que la policía pueda desviar el tráfico y proteger el derecho de otras personas a utilizar las vías públicas.

«Es obligatorio avisar para que la policía pueda planificar y desviar el tráfico, y así proteger el derecho de los demás a circular».

Pese a estas garantías, activistas y especialistas en derecho sostienen que penalizar las protestas no notificadas genera un «efecto disuasorio». Afirman que la amenaza de prisión para quienes organicen una manifestación espontánea desalentará a los ciudadanos de ejercer su derecho a la libertad de expresión, especialmente en respuesta a medidas repentinas del Gobierno o a situaciones de emergencia. Los críticos señalan que la definición de lo que constituye una alteración del interés público es subjetiva, lo que otorga a las fuerzas del orden un amplio margen de discrecionalidad para detener a manifestantes.

Andreas Harsono, investigador de Human Rights Watch, criticó la disposición y la calificó de «artículo comodín» que puede interpretarse de forma laxa para alcanzar a cualquiera. Usman Hamid, director ejecutivo de Amnistía Internacional Indonesia, expresó una opinión similar y afirmó que es peligroso que las personas que ejercen su derecho a expresar opiniones mediante manifestaciones terminen en prisión. Se teme que estas leyes se apliquen selectivamente contra los críticos del Gobierno, mientras se ignoran las protestas que coinciden con los intereses del Estado.

Legislación moral y penalización de la conducta privada

Más allá de las reuniones públicas, el nuevo código se inmiscuye profundamente en la vida privada de los ciudadanos indonesios y suscita un intenso debate sobre el papel del Estado en la regulación de la moralidad. Entre las disposiciones que más atención internacional han recibido están las que penalizan las relaciones sexuales fuera del matrimonio y la convivencia en pareja. Según el artículo 411, las relaciones sexuales consentidas fuera del matrimonio pueden castigarse con hasta un año de prisión, mientras que el artículo 412 penaliza a las parejas que viven juntas como marido y mujer sin estar legalmente casadas, con penas de hasta seis meses de prisión.

El Gobierno ha intentado disipar las preocupaciones al señalar que estos delitos requieren una denuncia. Esto significa que solo puede iniciarse un proceso judicial si el cónyuge, uno de los padres o un hijo de la persona acusada presenta una denuncia formal ante la policía. El mecanismo buscaba impedir que la policía realizara redadas en domicilios y tranquilizar al sector turístico, al garantizar que los visitantes extranjeros no serían objeto de medidas arbitrarias. Sin embargo, los críticos sostienen que esta disposición simplemente traslada la facultad de iniciar procesos del Estado a familiares o vecinos que podrían actuar por rencor.

Las consecuencias para la comunidad LGBT son especialmente graves. Como Indonesia no reconoce legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, cualquier relación sexual consentida entre personas del mismo sexo queda, en la práctica, incluida en la prohibición de las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es la primera vez en la historia de Indonesia que la legislación nacional penaliza explícitamente las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo. Human Rights Watch ha señalado que esto, en la práctica, convierte en ilegales todas las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y expone a las personas LGBT al chantaje y la extorsión.

Además, las leyes afectan de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables que se casan mediante ceremonias religiosas o tradicionales, en lugar de hacerlo ante el Estado. Millones de parejas, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas, no tienen certificados oficiales de matrimonio. Según estimaciones de investigadores, hasta la mitad de las parejas indonesias podrían carecer de estos documentos debido al costo y la complejidad del registro. Sus uniones, antes aceptadas socialmente, podrían exponerlas ahora, técnicamente, a procesos penales en virtud del nuevo código.

Impacto en los derechos de las mujeres y la salud reproductiva

Defensores de los derechos de las mujeres han expresado seria preocupación por el impacto del código en la salud reproductiva y la autonomía corporal. El nuevo código mantiene la penalización del aborto, con excepciones limitadas: solo permite el procedimiento en casos de violación o emergencia médica, y únicamente durante las primeras 14 semanas de embarazo. Además, restringe la difusión de información sobre anticonceptivos a menores de edad y penaliza proporcionar información sobre cómo obtener un aborto.

Estas disposiciones contradicen los datos de salud pública y las normas internacionales. Las leyes restrictivas sobre el aborto no reducen el número de abortos, sino que los empujan a la clandestinidad y los vuelven inseguros. En Indonesia, se estima que se practican 1,7 millones de abortos al año, la mayoría fuera del sistema formal de atención sanitaria. La tasa de mortalidad materna sigue siendo elevada, con aproximadamente 140 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Al restringir el acceso a procedimientos médicos seguros y a la información, las nuevas leyes amenazan con elevar esta tasa.

La Organización Mundial de la Salud y diversos organismos de derechos humanos han pedido que se despenalice el aborto para proteger los derechos de las mujeres a la vida, la salud y a no sufrir tratos crueles o degradantes. Al presentar los asuntos de salud reproductiva como cuestiones de cumplimiento moral y no de salud pública, el nuevo código menoscaba la capacidad de las mujeres y las niñas para tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y su futuro. Esto puede acarrear diversas consecuencias negativas, como el abandono de los estudios por parte de las niñas, un aumento de los matrimonios infantiles y daños duraderos a la salud física.

Ampliación de las facultades policiales y penas de trabajo comunitario

Junto con el Código Penal sustantivo se aprobó un nuevo Código de Procedimiento Penal (KUHAP), que establece cómo se investigan y procesan los delitos. Esta reforma procesal ha generado sus propias preocupaciones, en particular por la ampliación de las facultades policiales. Organizaciones de la sociedad civil han criticado el KUHAP por eliminar la obligación de obtener órdenes judiciales para efectuar detenciones y mantener a personas bajo custodia, lo que permitiría a la policía privar de libertad a individuos sin supervisión de los tribunales.

Expertos jurídicos advierten que la falta de controles judiciales podría dar lugar a abusos y facilitar que las fuerzas del orden silencien a sus críticos mediante detenciones arbitrarias. La Fundación Indonesia de Asistencia Jurídica (LBH) sostiene que el nuevo código otorga a la policía un «poder absoluto», socava la independencia de otros investigadores y abre la puerta a la manipulación de casos. Esta ampliación de facultades preocupa especialmente dadas las dificultades que ya existen para exigir responsabilidades a la policía en Indonesia.

Por otra parte, el nuevo código introduce penas alternativas destinadas a aliviar la presión sobre el sistema penitenciario del país, que está gravemente superpoblado. Los jueces pueden ahora condenar a los infractores a realizar entre 8 y 240 horas de trabajo comunitario, en lugar de enviarlos a prisión por delitos menores cuya pena máxima sea de cinco años. Como las cárceles funcionan casi al doble de su capacidad, la medida busca introducir una reforma humanitaria.

Sin embargo, analistas han expresado preocupación por la posibilidad de que el trabajo comunitario se aplique de forma desigual. Existe el riesgo de que los infractores con más recursos, que cuentan con una mejor representación legal, consigan penas que no impliquen privación de libertad, mientras que los acusados más pobres, sin contactos ni recursos, terminen en prisión. Esta desigualdad podría reforzar la percepción pública de que el sistema de justicia castiga la pobreza en lugar del delito. Para aplicar la medida con éxito se necesitarán una supervisión rigurosa y directrices claras que eviten que se abuse de la discrecionalidad judicial en beneficio político o económico.

Libertad religiosa en medio de las leyes sobre blasfemia

El nuevo Código Penal también actualiza las normas sobre religión, un asunto delicado en el país con la mayor población musulmana del mundo. Aunque el artículo 305 ofrece un atisbo de esperanza para las minorías religiosas al penalizar la profanación de lugares de culto y objetos religiosos con penas de hasta cinco años de prisión, el contexto más amplio de la regulación religiosa sigue siendo preocupante.

El código amplía de uno a seis artículos las leyes vigentes sobre blasfemia. Aunque la pena máxima de prisión se reduce a tres años, el nuevo código incluye un artículo que, en la práctica, prohíbe la apostasía y penaliza persuadir a alguien para que abandone su religión. Esto supone un importante retroceso para la libertad de religión y de creencias en Indonesia. El código también reconoce «toda norma consuetudinaria vigente» en el país, lo que podría interpretarse como una validación jurídica de cientos de normativas locales inspiradas en la sharía que discriminan a mujeres y minorías.

Los defensores de las minorías siguen dudando de que las nuevas protecciones para los lugares de culto vayan a aplicarse de manera sistemática. La historia muestra que las autoridades a menudo no protegen a las minorías frente a la intimidación de grupos radicales y que, en ocasiones, incluso se ponen del lado de la mayoría para mantener el orden. Aunque la ley promete proteger los lugares de culto, en la práctica suelen imponerse trabas administrativas que impiden a las minorías construirlos o renovarlos.

«Todo depende de la aplicación de la ley. También depende de si los gobiernos locales respetan la Constitución o priorizan los acuerdos políticos».

Como señaló Bonar Tigor Naipospos, del Instituto Setara para la Democracia y la Paz, la eficacia del nuevo código dependerá por completo de la voluntad política de aplicarlo de manera justa. Sin un compromiso con la protección de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos, las nuevas leyes podrían no impedir el acoso y la exclusión de los grupos vulnerables.

Resistencia interna y preocupación internacional

Pese a la defensa del nuevo código por parte del Gobierno, que lo presenta como producto de la soberanía nacional, la legislación enfrenta una fuerte resistencia dentro y fuera del país. En Indonesia, coaliciones de la sociedad civil han declarado una «emergencia jurídica» y sostienen que el código viola la Constitución indonesia y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Organizaciones de asistencia jurídica preparan recursos judiciales para impugnar el código ante el Tribunal Constitucional, con el argumento de que vulnera las libertades de expresión, información y religión.

El Gobierno ha afirmado que acoge favorablemente estos desafíos y los considera una parte saludable del proceso democrático. El ministro de Derecho, Supratman Andi Agtas, reconoció que las nuevas facultades conllevan riesgos de abuso, pero destacó la necesidad de supervisión pública. Sin embargo, los críticos sostienen que la redacción imprecisa de los artículos permite a quienes están en el poder utilizarlos indebidamente para penalizar las críticas legítimas a las políticas gubernamentales.

En el plano internacional, las reacciones han sido críticas. Human Rights Watch describió el código como «desastroso para los derechos», mientras que la Comisión Internacional de Juristas lo calificó de importante retroceso. También se han expresado preocupaciones en círculos diplomáticos. Durante el proceso de redacción, gobiernos extranjeros, incluido el de Estados Unidos, instaron a Indonesia a reconsiderar las disposiciones que amenazaban las libertades civiles.

Existe preocupación por que la reducción del espacio cívico en Indonesia forme parte de una tendencia regional más amplia. En países vecinos se han observado restricciones similares a la libertad de expresión y de reunión, donde se utilizan leyes de lesa majestad y normas contra la desinformación para frenar la disidencia. Mientras Indonesia se adapta a este nuevo panorama jurídico, el equilibrio entre mantener el orden público y preservar las libertades democráticas sigue siendo precario.

Puntos clave

• El nuevo Código Penal de Indonesia (KUHP) reemplazó oficialmente el código penal colonial neerlandés el 2 de enero de 2026, tras un período de transición de tres años.
• Organizar una protesta callejera sin avisar a la policía constituye ahora un delito castigado con hasta seis meses de prisión, aunque el Gobierno afirma que la medida busca garantizar la seguridad vial.
• Las relaciones sexuales fuera del matrimonio y la convivencia en pareja están penalizadas, con penas de hasta un año y seis meses de prisión, respectivamente, aunque para iniciar un proceso se requiere la denuncia de un familiar.
• El código penaliza, en la práctica, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo porque Indonesia no reconoce legalmente el matrimonio entre ellas.
• Las nuevas restricciones al aborto y a la difusión de información sobre anticonceptivos generan preocupación por los derechos de las mujeres en materia de salud y el posible aumento de la mortalidad materna.
• El nuevo Código de Procedimiento Penal (KUHAP) amplía las facultades policiales para detener sin orden judicial, lo que suscita temores de detenciones arbitrarias.
• Se han introducido penas de trabajo comunitario para reducir la superpoblación carcelaria, aunque preocupa que se apliquen de manera desigual según los recursos económicos de los acusados.
• Se han ampliado las leyes sobre blasfemia y el código reconoce «normas consuetudinarias vigentes» que podrían discriminar a las minorías religiosas.
• Grupos nacionales e internacionales de derechos humanos han presentado recursos judiciales y condenado el código por vulnerar la libertad de expresión y las libertades civiles.