Una ofensiva contra la defensa del clima
Las autoridades de India han iniciado una investigación de alto perfil contra destacados activistas climáticos, a quienes acusan de socavar la seguridad nacional con sus campañas ambientales. La Dirección de Ejecución (ED, por sus siglas en inglés), organismo de investigación financiera dependiente del Ministerio de Finanzas, allanó recientemente las viviendas y oficinas de Harjeet Singh y su esposa, Jyoti Awasthi. La pareja cofundó Satat Sampada, una organización centrada en el desarrollo sostenible y la acción climática. El organismo afirma que ambos recibieron cerca de US$667.000 en financiación extranjera para promover el Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles (FFNPT, por sus siglas en inglés), una iniciativa internacional que busca eliminar gradualmente el uso de carbón, petróleo y gas.
Contenido
- Una ofensiva contra la defensa del clima
- En qué consiste el Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles
- Acusaciones de injerencia extranjera
- Los acusados rechazan los cargos
- Un patrón más amplio de presión sobre la sociedad civil
- El contexto mundial de la financiación climática
- Consecuencias para la gobernanza ambiental
- Lo que hay que saber
La medida ha causado conmoción en la comunidad ambiental de India y ha suscitado preocupación por el retroceso del espacio para la sociedad civil en la democracia más poblada del mundo. La ED sostiene que, aunque la organización de Singh se presentaba como una empresa que comercializaba productos orgánicos, en realidad servía de fachada para canalizar fondos extranjeros con el fin de influir en los debates nacionales sobre políticas públicas. Los investigadores afirman que promover un tratado para acabar con el uso de combustibles fósiles podría exponer a India a demandas en tribunales internacionales y comprometer la seguridad energética y el desarrollo económico del país.
La operación condujo al arresto de Singh, no por las acusaciones financieras mencionadas inicialmente, sino por poseer botellas de bebidas alcohólicas en cantidades que, según se informó, superaban los límites permitidos por las leyes locales sobre impuestos especiales. Un tribunal de distrito de Ghaziabad le concedió la libertad bajo fianza al día siguiente. Los allanamientos también se dirigieron a la residencia de Sanjay Vashisht, director de Climate Action Network South Asia, aunque la ED no ha confirmado públicamente detalles sobre su caso.
En qué consiste el Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles
En el centro de esta controversia está la Iniciativa del Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles. Esta campaña mundial pide un acuerdo internacional vinculante que detenga la exploración de nuevas reservas de combustibles fósiles y gestione la transición global para dejar atrás el carbón, el petróleo y el gas. El concepto establece paralelismos con la no proliferación nuclear y plantea que la expansión descontrolada de los combustibles fósiles supone una amenaza existencial para la humanidad.
La iniciativa ha obtenido un importante respaldo internacional. Cuenta con el apoyo de 18 gobiernos nacionales, entre ellos los de las naciones insulares del Pacífico Vanuatu y Tuvalu, además de Colombia y Pakistán. También la respaldan la Organización Mundial de la Salud, el Parlamento Europeo y cientos de ciudades y gobiernos subnacionales. Cabe destacar que Calcuta, en India, figura entre los gobiernos locales que apoyan la iniciativa.
Tzeporah Berman, fundadora y presidenta de la Iniciativa del FFNPT, defendió la propuesta en un comunicado. Afirmó que el tratado expresa con claridad el principio de responsabilidades históricas comunes pero diferenciadas ante la crisis climática. Según Berman, la propuesta busca apoyar a los países en desarrollo, incluida India, mediante la cooperación internacional, la diversificación económica y la transferencia de tecnología, en lugar de penalizarlos por sus necesidades de desarrollo.
Sin embargo, la ED de India ve el tratado de otra manera. El organismo sostiene que, aunque se presenta como una medida climática, su adopción podría exponer a India a responsabilidades legales ante instancias como la Corte Internacional de Justicia. Teme que pueda limitar la capacidad del país para utilizar los combustibles fósiles necesarios para el crecimiento económico y para sacar a millones de personas de la pobreza, pese a los compromisos de India con las energías renovables.
Acusaciones de injerencia extranjera
La investigación de la ED se centra en las transacciones financieras de Satat Sampada Private Limited (SSPL). El organismo sospecha que la organización recibió cerca de 6 crores de rupias en remesas extranjeras sospechosas desde 2021. Al parecer, esos fondos se clasificaron como «honorarios de consultoría» o «ventas de productos agrícolas» y procedían de organizaciones como Climate Action Network y Stand.Earth.
Los investigadores sostienen que estas entidades extranjeras, a su vez, recibieron fondos de ONG incluidas en la categoría de «referencia previa», como Rockefeller Philanthropy Advisors. Según la legislación india, las personas y organizaciones deben obtener un permiso específico del Ministerio del Interior para recibir fondos de donantes designados de esa manera. La ED afirma que el cotejo de las declaraciones presentadas por los remitentes en el extranjero indica que el dinero estaba destinado en realidad a promover la agenda del FFNPT en India, y no a actividades comerciales legítimas.
La ED afirmó en un comunicado de prensa: «Aunque se presenta como una iniciativa climática, su adopción podría exponer a India a demandas en instancias internacionales como la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y comprometer gravemente la seguridad energética y el desarrollo económico del país».
Los funcionarios del organismo también examinaron los viajes que Singh hizo a Pakistán y Bangladesh en 2025. Preguntaron cómo se financiaron esas visitas y afirmaron que, durante su estancia en Bangladesh, Singh se reunió con personas ajenas al propósito declarado de su viaje, en un periodo de protestas contra India. La atención del organismo a estos vínculos internacionales pone de relieve la sensibilidad del gobierno ante la influencia extranjera en asuntos de política nacional.
Los acusados rechazan los cargos
Harjeet Singh y Jyoti Awasthi han rechazado enérgicamente las acusaciones y las han calificado de «infundadas, parciales y engañosas». En un comunicado difundido a través de Satat Sampada, explicaron que fundaron la organización en 2016 con sus propios ahorros y préstamos garantizados con su vivienda. Señalaron que los servicios de consultoría y gestión de la organización crecieron de forma natural en 2021, después de que Singh dejara su empleo a tiempo completo para centrarse en su trabajo.
Singh, un experimentado activista con más de dos décadas de trayectoria en la política climática internacional, destacó su apoyo constante a la posición de India en el escenario mundial. Dijo a medios de comunicación que ha elogiado repetidamente el extraordinario avance de India en energías renovables y ha sostenido que los países desarrollados deben brindar más apoyo financiero a los países en desarrollo para facilitar la transición ecológica.
«Nunca he trabajado con el gobierno», dijo Singh en una entrevista, al rechazar la acusación de la ED de que influía en la toma de decisiones gubernamentales. «Lamentablemente, el gobierno de India no logra entender el punto de vista de la sociedad civil y de activistas como nosotros, que en realidad coincidimos con lo que dice el gobierno».
Sobre los fondos extranjeros, Singh aclaró que SSPL presta servicios de consultoría como cualquier otra empresa y que los ingresos derivados de esos servicios son ingresos comerciales legítimos. Él y su esposa sostienen que han cooperado plenamente con la investigación y han proporcionado toda la información y las pruebas documentales pertinentes. Instaron a los medios de comunicación a informar con responsabilidad y evitar especulaciones, y reiteraron su confianza en el debido proceso y el Estado de derecho.
Un patrón más amplio de presión sobre la sociedad civil
Este incidente no es un caso aislado, sino parte de una tendencia más amplia de creciente presión sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los grupos de la sociedad civil en India. Durante el gobierno del primer ministro Narendra Modi, el gobierno ha endurecido la regulación de la financiación extranjera. En 2020, India aprobó la Ley de Enmienda de la Regulación de las Contribuciones Extranjeras, que restringió considerablemente la capacidad de los grupos de la sociedad civil para recibir donaciones del extranjero.
Las cifras son contundentes. En los últimos años se han suspendido casi 17.000 licencias para recibir financiación extranjera, lo que ha provocado el cierre de numerosas organizaciones de la sociedad civil. Los críticos sostienen que estas regulaciones suelen utilizarse para atacar a grupos que cuestionan las políticas gubernamentales o trabajan en asuntos considerados delicados, como la protección ambiental y los derechos humanos.
En 2021, el arresto de la joven activista climática Disha Ravi, acusada de sedición por apoyar las protestas de los agricultores, provocó la condena internacional. Casi cinco años después, sigue en libertad bajo fianza, con condiciones que le impiden viajar al extranjero. El reciente señalamiento de Singh y otras personas sugiere que los organismos estatales ven con creciente sospecha el activismo climático, sobre todo cuando está vinculado a redes internacionales.
Funcionarios de la ED no identificados, citados por los medios, han indicado que también están bajo investigación otros activistas «cuyas campañas climáticas podrían ser contrarias a la seguridad energética de India». Esta advertencia apunta a una posible ampliación de la investigación que podría desalentar la defensa del medioambiente en todo el país.
El contexto mundial de la financiación climática
La tensión entre la soberanía nacional y la acción climática mundial se desarrolla en medio de intensas negociaciones internacionales. En la cumbre COP28 de Dubái, los países acordaron por primera vez una transición para dejar atrás los combustibles fósiles en los sistemas energéticos de manera «justa, ordenada y equitativa». El acuerdo reconoció que los países desarrollados deben aumentar considerablemente la financiación climática y el apoyo a los países en desarrollo, teniendo en cuenta sus distintas capacidades y responsabilidades históricas.
Harjeet Singh lleva años siendo una figura conocida en estas negociaciones de las COP. Ha trabajado con ONG internacionales como ActionAid y Climate Action Network y ha defendido de manera constante los derechos del Sur Global. En la COP30, celebrada en Belém, Brasil, elogió al gobierno de India por devolver la presión a las naciones ricas y dejar claro que alcanzar la meta de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C exige que los países del Norte Global alcancen las cero emisiones netas mucho antes de lo previsto actualmente.
Según se informó, la investigación sobre Singh comenzó a partir de información de inteligencia recibida durante esa misma COP30. Este momento sugiere una desconexión entre las batallas diplomáticas en los foros internacionales y el control interno del discurso ambiental. Mientras India participa en negociaciones mundiales sobre financiación climática y la transición para dejar atrás los combustibles fósiles, activistas en el país son objeto de investigaciones por impulsar precisamente estos debates.
Consecuencias para la gobernanza ambiental
Los allanamientos han suscitado críticas generalizadas de organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos. Global Witness, una organización que vigila los abusos contra el medioambiente y los derechos humanos, condenó los allanamientos y los calificó de intento de silenciar la disidencia. Los activistas sostienen que la posibilidad de recibir financiación extranjera es crucial para que las organizaciones independientes exijan responsabilidades a los gobiernos y promuevan políticas sostenibles.
También preocupa el mensaje que esto transmite a la comunidad internacional sobre el compromiso de India con el diálogo abierto en torno al cambio climático. Como país vulnerable a los efectos del clima, India necesita una participación sólida de la sociedad civil para aplicar estrategias de adaptación y mitigación a nivel local. Señalar a quienes trabajan por la justicia climática podría obstaculizar los propios objetivos ambientales a largo plazo del país.
Además, equiparar las comprobaciones habituales del cumplimiento financiero con acusaciones de amenazas a la seguridad nacional sienta un precedente preocupante. Sugiere que defender cambios de políticas acordes con el consenso científico mundial, como reducir la dependencia de los combustibles fósiles, podría presentarse como una actuación contraria al interés nacional.
Lo que hay que saber
- La Dirección de Ejecución allanó la vivienda del activista Harjeet Singh por las acusaciones de uso indebido de US$667.000 en fondos extranjeros para promover el Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles.
- Singh fue arrestado y posteriormente quedó en libertad bajo fianza; la causa inmediata del arresto, según se indicó, fue la posesión de bebidas alcohólicas en cantidades superiores al límite legal.
- El Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles es una iniciativa mundial respaldada por 18 gobiernos y la OMS para eliminar gradualmente el carbón, el petróleo y el gas.
- La ED sostiene que el tratado podría perjudicar la seguridad energética de India y exponer al país a demandas en tribunales internacionales.
- Singh y su esposa, cofundadora de la organización, rechazan los cargos y afirman que las acusaciones son infundadas y que su organización presta servicios legítimos de consultoría.
- La investigación forma parte de una ofensiva más amplia contra la sociedad civil en India, donde se han suspendido casi 17.000 licencias para recibir financiación extranjera.
