Estados Unidos alerta sobre la ley de redes revisada de Corea del Sur
El Gobierno de Trump ha intensificado sus críticas a la reciente revisión de Corea del Sur de la Ley de Redes de Información y Comunicaciones, y advierte que la legislación, dirigida contra la información falsa y manipulada, podría perjudicar a las empresas tecnológicas estadounidenses y socavar la libertad de expresión. La disputa marca otro punto de tensión entre los dos aliados en torno a las regulaciones digitales, y Washington califica el enfoque de Corea como una barrera no arancelaria en los servicios digitales.
Sarah Rogers, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para la Diplomacia Pública, lanzó una dura advertencia sobre la enmienda en una publicación en redes sociales el martes. Sostuvo que, aunque la ley busca abordar las preocupaciones por los deepfakes y el contenido difamatorio, su alcance va mucho más allá de esos objetivos legítimos.
«La enmienda propuesta por Corea del Sur a su Ley de Redes, que supuestamente se centra en reparar el daño causado por deepfakes difamatorios, va mucho más allá y pone en peligro la cooperación tecnológica», escribió Rogers. «Es comprensible que los deepfakes preocupen, pero es mejor ofrecer a las víctimas recursos civiles que conceder a los reguladores una licencia invasiva para censurar en función de los puntos de vista».
El proyecto de ley revisado fue aprobado por la Asamblea Nacional, liderada por el gobernante Partido Democrático de Corea, y recibió el visto bueno en una reunión del Gabinete el mes pasado. Está previsto que entre en vigor en julio.
La ley revisada busca frenar la difusión de contenido ilegal en las redes de telecomunicaciones, incluida la información manipulada o falsa, e imponer sanciones más severas por las infracciones. La ley exige que los grandes operadores de plataformas establezcan sus propias normas contra la información falsa y adopten medidas necesarias, como retirar ese contenido y suspender las cuentas de los usuarios que lo publiquen.
La legislación permite a los tribunales imponer indemnizaciones de hasta cinco veces el daño demostrado cuando una persona difunde información ilegal o falsa y manipulada de forma consciente e intencional. También permite a los grandes operadores de plataformas adoptar medidas voluntarias, como retirar contenido, restringir el acceso, suspender cuentas, desmonetizar contenido y cancelar servicios.
La ley define la información falsa como contenido «total o parcialmente falso» y la información manipulada como contenido «alterado de tal manera que podría inducir a la audiencia a creer que es verídico».
Un día después de la declaración de Rogers, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos envió una declaración escrita a periodistas coreanos en Estados Unidos en la que afirmó que Washington tiene «serias preocupaciones» por la revisión de la ley. El portavoz dijo que la legislación «perjudica la actividad comercial de las plataformas en línea con sede en Estados Unidos y socava la libertad de expresión».
Corea debería evitar imponer «barreras innecesarias a los servicios digitales», añadió el portavoz, y subrayó que Estados Unidos se opone a la censura y mantiene su compromiso de trabajar con Corea para promover un entorno digital libre y abierto.
Los críticos sostienen que estas definiciones carecen de claridad y podrían dejar, en la práctica, que el Gobierno o las autoridades correspondientes determinen qué es verdad. Esta preocupación coincide con la referencia del Departamento de Estado de Estados Unidos a conceder a los reguladores una «licencia invasiva para censurar en función de los puntos de vista».
La respuesta de Estados Unidos parece reflejar la preocupación de que la definición legal de «información falsa o manipulada» sea demasiado amplia o pueda aplicarse de manera arbitraria. Es poco habitual que Washington reaccione públicamente de inmediato ante una ley interna aprobada por un aliado cercano; en el caso de Corea, se trata de la primera vez que el Gobierno estadounidense se pronuncia sobre la legislación interna del país.
Las declaraciones de Estados Unidos se producen mientras Washington sostiene que Seúl está impulsando regulaciones digitales que discriminarían a empresas tecnológicas y plataformas estadounidenses como Meta y Google. Estados Unidos ya ha cuestionado el intento de Corea de imponer tarifas por el uso de redes a proveedores estadounidenses de contenido como Google y Netflix, y de regular las plataformas en línea monopolísticas para prevenir prácticas injustas contra los pequeños comerciantes.
Además, Estados Unidos ha criticado la reticencia de Corea a exportar datos cartográficos de alta precisión a empresas extranjeras, entre ellas Google. Washington ha calificado estas medidas de «barreras no arancelarias»: regulaciones que funcionan como restricciones comerciales sin recurrir a los aranceles tradicionales.
Una hoja informativa conjunta sobre las negociaciones comerciales entre los dos países, publicada en noviembre, señaló que ambos «se comprometen a garantizar que las empresas estadounidenses no sean objeto de discriminación ni enfrenten barreras innecesarias en las leyes y políticas relativas a los servicios digitales, incluidas las tarifas por el uso de redes y las regulaciones de las plataformas en línea».
El mes pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones de visado a cinco funcionarios de la Unión Europea implicados en la redacción de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), a quienes acusó de haber «organizado esfuerzos para coaccionar a las plataformas estadounidenses con el fin de que censuren, desmoneticen y supriman puntos de vista estadounidenses a los que se oponen».
Las cláusulas de la ley coreana se basaron en la DSA de la Unión Europea, que impone multas elevadas a las plataformas de redes sociales que operan en Europa si no controlan el contenido ilegal y la información falsa. El proyecto de ley original citaba expresamente la DSA como modelo y señalaba que buscaba «imponer obligaciones legales a las grandes plataformas para garantizar respuestas rápidas a la información ilegal y falsa».
Los analistas afirman que este enfoque choca con la reciente política de Washington, que busca oponerse con firmeza a las regulaciones extranjeras que podrían limitar a las empresas tecnológicas estadounidenses. Los críticos advierten que, si plataformas como YouTube, X o Google se ven presionadas a restringir contenido en Corea en virtud de la ley, esto podría limitar de hecho las operaciones de las empresas estadounidenses.
La controversia en torno a la ley coreana de redes surge en un momento en que crece la preocupación de Estados Unidos por lo que los analistas denominan «ataques no arancelarios» contra las empresas tecnológicas estadounidenses. Según la Information Technology and Innovation Foundation, se trata de restricciones operativas discriminatorias y mecanismos de extracción de ingresos que apuntan específicamente a las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos.
Los gobiernos extranjeros están empleando estas nuevas armas comerciales contra las principales empresas tecnológicas estadounidenses. En lugar de ser impuestos y regulaciones legítimos, funcionan como restricciones operativas discriminatorias que extraen recursos, fuerzan transferencias de tecnología y reducen las ventajas competitivas, sin que existan alternativas nacionales viables que proteger.
El Gobierno de Trump ha buscado restablecer la libertad de expresión y poner fin a la censura como parte de su enfoque de política digital. Las recientes críticas a las regulaciones de la Unión Europea y Corea reflejan este cambio estratégico más amplio.
Ahora la atención se centra en si el Gobierno de Trump planteará objeciones similares a la ley revisada de Corea, ya que sus funcionarios han reaccionado con mucha sensibilidad a las regulaciones de servicios digitales del país. Estados Unidos ya ha demostrado su disposición a actuar contra funcionarios extranjeros implicados en la redacción de regulaciones digitales que considera perjudiciales para sus intereses.
Victor Cha, politólogo coreano-estadounidense y director de la cátedra sobre Corea en el Center for Strategic and International Studies, dijo al JoongAng Ilbo que la reciente hoja informativa conjunta de Estados Unidos y Corea busca evitar que la legislación y la regulación se utilicen como herramientas de proteccionismo de mercado, un asunto que claramente preocupa al Gobierno de Trump.
Las declaraciones de Cha sugieren que la ley coreana podría contravenir el espíritu de ese acuerdo entre los dos países.
La enmienda también establece un «Centro de Transparencia» dependiente de la Comisión de Comunicaciones y Medios de Corea para apoyar las iniciativas de verificación de datos. Los partidos de oposición lo han criticado y lo consideran un «organismo de vigilancia favorable al Gobierno».
Jang Sang-sik, director de análisis de tendencias comerciales de la Asociación de Comercio Internacional de Corea, advirtió que los responsables de formular políticas deberían establecer reglas claras y previsibles para el proyecto de ley, acordes con los estándares internacionales.
«Estoy de acuerdo con el objetivo de que la legislación reduzca el daño a los consumidores causado por la información falsa o manipulada», afirmó. «Sin embargo, como también se aplicaría a las plataformas globales que operan en Corea, unas definiciones o normas de aplicación vagas podrían llevar a las grandes empresas tecnológicas a autocensurarse en exceso o a reducir la cooperación digital. Por eso es fundamental garantizar la claridad de los procedimientos y su alineación con las normas internacionales».
Los expertos señalan que la falta de definiciones claras podría llevar a las plataformas a actuar con excesiva cautela y retirar contenido legítimo para evitar posibles sanciones. Esta autocensura excesiva podría restringir la expresión legítima y la innovación, además de incentivar a las plataformas a evitar por completo los temas controvertidos.
La ley coreana también afronta críticas dentro del país. Una polémica revisión de la Ley de Redes de Información y Comunicaciones de Corea del Sur, impulsada en la Asamblea Nacional por el gobernante Partido Democrático, enfrenta una creciente reacción en contra, no solo de los conservadores, sino también de sectores más amplios del progresismo.
Aliados progresistas más pequeños, entre ellos el Partido Progresista, el Partido de la Renta Básica y el Partido Socialdemócrata, se opusieron al proyecto de ley o se abstuvieron, y advirtieron que podría vulnerar las garantías constitucionales de la libertad de expresión.
«Los criterios para determinar qué constituye un daño al interés público no están claros», dijo en un comunicado Sohn Sol, portavoz principal del Partido Progresista. «Existe un grave riesgo de que la ley se utilice indebidamente como herramienta para suprimir de forma arbitraria las expresiones críticas con quienes están en el poder».
Las Naciones Unidas también están examinando una petición presentada por grupos cívicos coreanos sobre la ley. Un grupo de trabajo de abogados y activistas ha solicitado al relator especial de la ONU sobre la libertad de opinión y de expresión que envíe un llamamiento urgente al Gobierno coreano.
Funcionarios de la ONU respondieron que están al tanto del asunto y estudian qué medidas podrían adoptar. Si los relatores especiales consideran válidas las preocupaciones, podrían enviar una carta formal a Seúl.
En 2021, una intervención similar de un relator de la ONU durante la polémica por las revisiones a la ley de arbitraje de los medios de comunicación de Corea, que buscaban imponer a los medios una sanción cinco veces mayor por publicar noticias falsas o engañosas, contribuyó a que el Partido Democrático retirara el proyecto de ley en medio de las críticas nacionales e internacionales.
El principal partido de oposición, Poder Popular, ha dicho que buscará recursos legales, entre ellos presentar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, y ha calificado la ley de «una orden inconstitucional de silencio que asfixia la democracia liberal».
Como está previsto que la ley entre en vigor en julio, varios acontecimientos podrían influir en su aplicación. El relator especial de la ONU podría emitir conclusiones que presionen al Gobierno coreano para que reconsidere o modifique la ley. Los recursos legales internos podrían llegar al Tribunal Constitucional. Y la presión diplomática de Estados Unidos podría intensificarse si el Gobierno de Trump determina que la ley incumple los compromisos asumidos por Corea en materia de barreras al comercio digital.
Los partidarios de la ley sostienen que las medidas son necesarias para desmantelar operaciones de noticias falsas motivadas por el lucro y proteger al público de la información engañosa perjudicial. Jung Cheong-rae, líder del Partido Democrático, dijo que «no se puede dejar sin control una libertad irresponsable que alimenta el caos y se lucra con la agitación maliciosa».
Sin embargo, las crecientes críticas nacionales e internacionales sugieren que la ley podría enfrentar importantes dificultades de aplicación. La relación entre Estados Unidos y Corea sigue siendo sólida en materia de seguridad, pero las disputas sobre el comercio digital se han convertido en una nueva fuente de fricción entre los aliados.
Estados Unidos lleva tiempo criticando la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, aprobada en 2022, que permite a las autoridades imponer multas a las plataformas que no frenen el contenido ilegal, los discursos de odio y la información falsa. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, criticó los esfuerzos de los funcionarios sancionados para «coaccionar a las plataformas estadounidenses con el fin de que censuren, desmoneticen y supriman puntos de vista estadounidenses a los que se oponen».
La disputa por la ley coreana de redes se produce mientras Estados Unidos desarrolla lo que los analistas denominan un enfoque «tecnonacionalista» de la política. Esta tendencia consiste en considerar la interdependencia tecnológica con ciertos países como una amenaza para la seguridad, la prosperidad y los valores de Estados Unidos. Entre las preocupaciones están la posibilidad de que sirva como instrumento de espionaje, desinformación, vigilancia y competencia económica.
Corea del Sur se ha ganado la reputación de ser un importante centro mundial de tecnologías de la información y las comunicaciones. Gracias a su infraestructura de TIC de vanguardia, que ofrece algunas de las velocidades de internet más rápidas del mundo, y a sus consumidores familiarizados con la tecnología, el país alberga grandes empresas mundiales de electrónica y tecnologías de la información, como Samsung Electronics, SK Hynix, LG Electronics y Naver.
Sin embargo, el país enfrenta dificultades para equilibrar la innovación digital con el control regulatorio. Según un informe publicado por el Servicio Nacional de Inteligencia, Corea del Sur recibió un promedio diario de 1,2 millones de intentos de piratería informática en 2022. Este alto nivel de conectividad, junto con la importante propiedad intelectual del país, lo ha convertido en un objetivo prioritario de ciberataques.
La ciberseguridad y la protección de datos son preocupaciones legítimas para cualquier Gobierno. La pregunta que plantean los críticos de la ley coreana de redes es si este enfoque logra el equilibrio adecuado entre atender esas preocupaciones y preservar las libertades fundamentales y la apertura de los mercados digitales.
Puntos clave
- El Gobierno de Trump ha criticado la revisión de la Ley de Redes de Información y Comunicaciones de Corea del Sur y advierte que perjudica a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses y socava la libertad de expresión
- Sarah Rogers, subsecretaria de Estado de Estados Unidos, dijo que la ley concede a los reguladores una «licencia invasiva para censurar en función de los puntos de vista»
- La ley coreana apunta a la información falsa y manipulada, permite a los tribunales imponer indemnizaciones de hasta cinco veces el daño y faculta a los operadores de plataformas para retirar contenido y suspender cuentas
- Los críticos sostienen que las definiciones de información «falsa» y «manipulada» de la ley son demasiado amplias y podrían dar lugar a una aplicación arbitraria
- La ley se inspiró en la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que también ha recibido críticas de Estados Unidos
- El mes pasado, Estados Unidos impuso restricciones de visado a cinco funcionarios de la Unión Europea implicados en la redacción de la DSA
- La disputa se enmarca en tensiones más amplias entre Estados Unidos y Corea por las regulaciones digitales, incluidas las tarifas por el uso de redes y las restricciones a la exportación de datos
- Una hoja informativa conjunta publicada en noviembre comprometió a ambos países a garantizar que las empresas estadounidenses no enfrenten «barreras innecesarias» en los servicios digitales
- La ley también enfrenta oposición interna en Corea, incluso de partidos progresistas que advierten que podría utilizarse para suprimir el discurso político
- La ONU está examinando una petición de grupos cívicos coreanos sobre la ley
- La ley entrará en vigor en julio, por lo que aún hay tiempo para posibles enmiendas, recursos legales o negociaciones diplomáticas
