Un veredicto histórico y polarizador sacude Bangladesh
El Tribunal Internacional de Crímenes de Daca condenó a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina tras declararla culpable de crímenes contra la humanidad relacionados con la represión letal de la revuelta estudiantil del año pasado. El tribunal juzgó en ausencia a la dirigente, de 78 años. Vive exiliada en India desde la caída de su gobierno, en agosto de 2024. Una misión de investigación de las Naciones Unidas estima que hasta 1.400 personas murieron durante las semanas de protestas, la mayoría por disparos de las fuerzas de seguridad. El fallo ha provocado júbilo entre algunas familias de las víctimas y protestas marcadas por el dolor en varias zonas de Daca, al tiempo que se endurecen las medidas de seguridad en el país. También plantea urgentes interrogantes diplomáticos para India, donde Hasina se ha refugiado y cuyas autoridades enfrentan una delicada decisión sobre una posible extradición.
Contenido
- Un veredicto histórico y polarizador sacude Bangladesh
- El veredicto y los cargos
- Cómo se desarrolló la revuelta estudiantil de 2024
- El tribunal, bajo escrutinio: imparcialidad, transparencia y pena de muerte
- Cómo funcionan los juicios en ausencia en Bangladesh
- Tensión en las calles: protestas, medidas de seguridad y riesgo de disturbios
- Hasina en el exilio: rechazo, estrategia y la cuestión de India
- Los cálculos de India y las repercusiones regionales
- La Liga Awami y las próximas elecciones
- La economía y la industria de la confección: lo que está en juego
- Próximos pasos legales y posibles escenarios políticos
- Lo que debe saber
Hasina rechaza los cargos y denuncia que el tribunal es ilegítimo. La administración interina encabezada por Muhammad Yunus, laureado con el Premio Nobel de la Paz, calificó el fallo de histórico y pidió calma, y advirtió contra cualquier intento de aprovecharlo para promover disturbios violentos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bangladesh ha pedido a Nueva Delhi que entregue a Hasina y al exministro del Interior Asaduzzaman Khan, también condenado a muerte. India ha indicado que abordará el asunto de manera constructiva, pero los obstáculos jurídicos y políticos hacen improbable una extradición a corto plazo. El tribunal impuso una condena de cinco años al exjefe de la Policía Chowdhury Abdullah Al Mamun, quien colaboró como testigo de la acusación. Con las elecciones nacionales previstas para febrero, la decisión llega en un momento de profunda polarización e inquietud pública.
El veredicto y los cargos
El tribunal, integrado por tres jueces, declaró culpable a Hasina de incitación, de ordenar asesinatos y de no impedir atrocidades durante los disturbios de julio y agosto de 2024. Los jueces dictaron una única pena de muerte. La fiscalía sostuvo que las fuerzas de seguridad y los grupos progubernamentales actuaron siguiendo instrucciones de los máximos dirigentes para despejar las calles con munición real y empleando la fuerza de manera desproporcionada. La acusación enumeró incidentes emblemáticos, entre ellos el tiroteo contra el estudiante universitario Abu Sayeed, el asesinato de seis manifestantes desarmados en el centro de Daca y los incendios provocados en un suburbio industrial. El tribunal escuchó que las unidades policiales emplearon armas letales y, en algunos casos, equipos especializados, incluidos drones y helicópteros, durante las operaciones en las calles.
El exministro del Interior Asaduzzaman Khan recibió la misma pena que Hasina tras ser declarado culpable de cargos similares. El tribunal declaró culpable de cargos menores al exinspector general de la Policía Chowdhury Abdullah Al Mamun, y tuvo en cuenta su colaboración y su testimonio sobre las cadenas de mando y el uso de fuerza letal contra multitudes civiles. El proceso se transmitió ampliamente y la sala, abarrotada, estalló en aplausos y oraciones cuando se anunciaron las condenas a muerte. En el exterior, la Policía antidisturbios cerró las calles y dispersó a las multitudes que se habían congregado para esperar el resultado.
Aunque se denomina Tribunal Internacional de Crímenes, es un órgano judicial nacional que aplica la legislación bangladesí a los crímenes contra la humanidad. Su competencia abarca el asesinato, la persecución, la tortura y otros actos inhumanos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. En el caso de Hasina, la fiscalía afirmó contar con documentos y testimonios que apuntaban a una coordinación desde su oficina durante las semanas cruciales en que las protestas alcanzaron su punto máximo y las fuerzas de seguridad abrieron fuego.
El fiscal jefe Mohammad Tajul Islam presentó a Hasina como la arquitecta de la represión. Al exponer sus argumentos, describió la postura del Estado sobre el papel que desempeñó durante los disturbios.
Como fiscal jefe de Bangladesh, considero a Sheikh Hasina la mente maestra y principal arquitecta de las atrocidades desatadas contra manifestantes desarmados en julio y agosto del año pasado.
La defensa, a cargo de un abogado designado por el Estado porque Hasina no compareció, sostuvo que los cargos carecían de fundamento y que el tribunal no era independiente. Los jueces rechazaron esas objeciones y dictaron la condena más severa del país contra un exjefe de Gobierno desde la independencia, en 1971.
Cómo se desarrolló la revuelta estudiantil de 2024
El movimiento que derrocó a Hasina comenzó el pasado julio en los campus universitarios, impulsado por el descontento con un sistema de cuotas en la función pública vigente desde hacía décadas. Desde hacía tiempo, un tercio de los empleos públicos estaba reservado para los descendientes de veteranos de la guerra de independencia de 1971. Los estudiantes sostenían que esa política se había convertido en una vía injusta para el clientelismo y la corrupción, que cerraba oportunidades a candidatos cualificados sin conexiones políticas. Las manifestaciones se extendieron desde los principales campus de Daca a ciudades de todo el país. Los enfrentamientos se agravaron cuando la Policía empleó la fuerza para dispersar las marchas y grupos de la oposición salieron a las calles.
A mediados de julio, lo que había comenzado como una protesta en los campus se había convertido en un desafío nacional al prolongado control del poder de Hasina. Las fuerzas de seguridad dispararon contra las multitudes, testigos grabaron escenas caóticas y las redes sociales difundieron imágenes de estudiantes heridos y familias afligidas. Organizaciones de derechos humanos acusaron a las autoridades de cometer abusos sistemáticos, entre ellos disparar munición real contra los manifestantes y propinar fuertes palizas durante las detenciones. El 5 de agosto de 2024, en medio de la creciente ola de protestas y enfrentamientos, Hasina dimitió y huyó a India, al otro lado de la frontera. Los líderes de las protestas y las Fuerzas Armadas respaldaron al laureado con el Nobel Muhammad Yunus para encabezar un gobierno interino encargado de estabilizar el país y preparar elecciones creíbles.
La muerte de jóvenes dio a la revuelta su nombre perdurable, la revolución de julio, y dejó una serie de imágenes que movilizaron a la opinión pública. Durante los meses que duró el juicio, los familiares de las víctimas llenaron las audiencias y dijeron a los periodistas que buscaban justicia para sus seres queridos, que nunca regresaron a casa.
Golam Rahman, cuyo hijo Golam Nafis recibió un disparo durante los disturbios, explicó por qué el fallo es importante para las familias en duelo antes de que se anunciara.
Para las familias de los mártires, la pena de muerte es el único veredicto que puede advertir a los gobernantes del futuro que hay límites que no pueden cruzar.
Tras asumir el poder, la administración interina tomó medidas para reducir el sistema de cuotas que había contribuido a desencadenar las protestas callejeras. Ese cambio de política alivió algunas reivindicaciones estudiantiles, pero las secuelas de la violencia perduraron. Muchos sobrevivientes sufrieron heridas graves y largas hospitalizaciones. Miles de familias siguen buscando respuestas sobre quiénes deben rendir cuentas por los días en que los disparos atravesaron las multitudes.
El tribunal, bajo escrutinio: imparcialidad, transparencia y pena de muerte
Bangladesh creó el Tribunal Internacional de Crímenes en 2009 para juzgar las atrocidades vinculadas a la guerra de independencia de 1971. A lo largo de los años, organizaciones de derechos humanos criticaron sus procedimientos y advirtieron sobre la injerencia política y las deficiencias en las garantías procesales. El tribunal conserva la facultad de imponer la pena capital, una postura que preocupa a los grupos que se oponen a la pena de muerte en cualquier circunstancia. Tras la caída del gobierno de Hasina en 2024, el tribunal, reconstituido, centró su atención en los crímenes vinculados a la revuelta que puso fin a su mandato.
El caso contra Hasina avanzó con rapidez. Los cargos formales se presentaron a mediados de 2025, después de que los investigadores reunieran declaraciones de testigos, documentos oficiales y pruebas en video. La fiscalía llamó a 54 testigos y el pliego de acusación tenía miles de páginas. El tribunal determinó que el conjunto de las pruebas, incluida la colaboración del exjefe de la Policía, demostraba la responsabilidad de mando al más alto nivel. En julio de este año, mientras se encontraba en India, Hasina recibió una breve condena de prisión por desacato al tribunal, por unas declaraciones que, según los jueces, socavaban el proceso.
Cómo funcionan los juicios en ausencia en Bangladesh
Según las normas del tribunal, el proceso puede continuar si la persona acusada no comparece o se considera que está prófuga. El tribunal debe nombrar a un abogado que la represente y permitirle interrogar a los testigos y presentar argumentos. Quienes apoyan este procedimiento sostienen que impide que acusados poderosos bloqueen la justicia al permanecer en el extranjero. Sus críticos argumentan que la ausencia del acusado dificulta el examen de las pruebas y menoscaba la confianza pública. En este caso, los jueces concluyeron que Hasina contó con representación adecuada y que las pruebas cumplían el estándar legal necesario para declararla culpable.
Es posible apelar ante la Corte Suprema de Bangladesh. Sin embargo, el procedimiento del tribunal suele exigir que la persona condenada se entregue o quede bajo custodia antes de presentar una apelación. Esa condición complica la vía judicial de Hasina mientras permanezca en India. La fiscalía también ha solicitado la cooperación de Interpol, pero las gestiones para obtener una notificación roja contra figuras de alto perfil vinculadas a la represión de 2024 avanzan con lentitud.
Tensión en las calles: protestas, medidas de seguridad y riesgo de disturbios
Daca y otros centros urbanos se prepararon para posibles disturbios en las horas previas al veredicto. La Policía informó de varias explosiones de bombas caseras y de vehículos incendiados en los últimos días. El lunes, se congregaron multitudes cerca del tribunal y en lugares simbólicos de la capital. Las fuerzas de seguridad establecieron cordones, restringieron la circulación y emplearon gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes que intentaron atravesar las barricadas. El Batallón de Acción Rápida y unidades del Ejército apoyaron a la Policía para controlar las principales intersecciones y los complejos gubernamentales.
Uno de los focos de tensión fue la casa de Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, un lugar de gran importancia nacional. Los manifestantes llevaron maquinaria de construcción e intentaron dañar lo que queda del inmueble. Las fuerzas de seguridad respondieron con cargas de porras y gases lacrimógenos. Los comercios bajaron las persianas y el tráfico se detuvo durante horas en vías principales, como Mirpur Road y Panthapath. Se informó de que varios manifestantes y agentes resultaron heridos mientras volaban ladrillos y la Policía hacía retroceder a la multitud con escudos y porras.
Las autoridades advirtieron que responderían con firmeza a cualquier intento de incitar a la violencia o cometer actos de vandalismo. El gobierno interino pidió a la ciudadanía que mantuviera la calma y evitara las concentraciones multitudinarias. En el tribunal, algunas familias de las víctimas lloraron y rezaron después de que se leyeran las condenas. El país afronta ahora un periodo tenso antes de las elecciones, ante el temor de que los enfrentamientos entre facciones devuelvan las calles a las escenas de inestabilidad del año pasado.
La opinión pública sigue profundamente dividida. Muchos estudiantes que lideraron la revuelta dicen que las condenas confirman que quienes ordenaron el uso de fuerza letal rendirán cuentas. Otros temen que el veredicto profundice la fractura política y complique la organización de elecciones creíbles en un país donde la desconfianza en las instituciones es elevada.
Hasina en el exilio: rechazo, estrategia y la cuestión de India
Desde su refugio en India, Hasina publicó un comunicado en el que rechazó la autoridad del tribunal y acusó al liderazgo interino de organizar un juicio espectáculo para destruir la Liga Awami, que dominó la política durante más de 15 años. Se presenta como la última primera ministra elegida democráticamente que resiste a una administración interina antidemocrática.
En su respuesta al fallo, Hasina afirmó que el proceso carecía de credibilidad y había sido orquestado por una autoridad no elegida.
Este veredicto procede de un tribunal amañado, establecido y presidido por un gobierno no elegido y sin mandato democrático.
Bangladesh ha pedido formalmente a India que extradite a Hasina y al exministro del Interior. Nueva Delhi no ha prometido hacerlo. Funcionarios indios han dicho que dialogarán con Daca sobre la solicitud. India y Bangladesh tienen un tratado de extradición, pero estos acuerdos suelen incluir excepciones para delitos considerados políticos. Hasina es una aliada de larga data de los dirigentes indios, y las sensibilidades políticas en ambos países hacen improbable su traslado a corto plazo. Aun así, la presión de Daca continuará mientras el gobierno de Yunus busca hacer cumplir las decisiones judiciales.
El hijo de Hasina, Sajeeb Wazed, ha adoptado un tono desafiante al hablar de la situación de su madre en India y del futuro de la Liga Awami.
Mi madre estará a salvo en Delhi, pero no se quedará de brazos cruzados. Está decidida a responder.
Sus declaraciones reflejan una estrategia más amplia de los dirigentes de la Liga Awami en el exilio para cuestionar la legitimidad del tribunal y movilizar el apoyo de los simpatizantes del partido. Si no se produce la extradición, las opciones legales de Hasina dentro de Bangladesh son limitadas, salvo que regrese o sea detenida, lo que supondría su ingreso inmediato en prisión y probablemente aceleraría la presentación de apelaciones.
Los cálculos de India y las repercusiones regionales
Nueva Delhi enfrenta un delicado equilibrio. Bangladesh es un vecino clave para el comercio, la conectividad y la seguridad fronteriza. Los dirigentes indios también mantienen desde hace tiempo vínculos personales y políticos con Hasina. Rechazar abiertamente la solicitud de Daca podría tensar las relaciones con el gobierno interino y fortalecer a los críticos de Hasina dentro del país. Cooperar con rapidez podría interpretarse en India como el abandono de una aliada que durante años contribuyó a estrechar los lazos en materia de seguridad y economía.
India también debe tener en cuenta la opinión pública en ambos países. Adoptar una postura dura contra Hasina podría provocar la ira de sus simpatizantes y repercutir en la política interna de Bangladesh antes de las elecciones. Una postura ambigua deja margen de maniobra y mantiene abiertas las vías de comunicación con quienes surjan como próximos dirigentes elegidos en Daca. Por ahora, parece más probable que se estudien los pasos legales caso por caso, sin asumir un compromiso firme sobre la extradición.
La Liga Awami y las próximas elecciones
La Liga Awami, en otro tiempo la fuerza política dominante de Bangladesh, está ahora marginada. Se le ha prohibido participar en las próximas elecciones y muchos de sus altos cargos están detenidos o escondidos en el extranjero. Sus simpatizantes insisten en que el partido seguirá siendo una fuerza política. Los veredictos modificarán sus estrategias mientras evalúan si movilizarse en las calles, pese al riesgo de una nueva represión y a las consecuencias legales de infringir las normas de emergencia.
El mandato del gobierno interino es celebrar elecciones creíbles y restablecer la estabilidad. Las autoridades afirman haber abordado algunas de las causas de los disturbios al reducir las cuotas de empleo y comprometerse a realizar reformas. Sin embargo, excluir de las urnas a un partido entero puede agudizar las divisiones. La atención internacional, ya intensa tras el veredicto, probablemente se centrará en si Bangladesh abre espacio a una participación amplia y logra contener la violencia política.
Si los simpatizantes de la Liga Awami intentan organizar protestas multitudinarias, las fuerzas de seguridad podrían volver a enfrentarse a ellos. La administración interina ha advertido que actuará para impedir incendios provocados, bloqueos y ataques contra bienes públicos. Las próximas semanas pondrán a prueba la capacidad de Bangladesh para mantener el orden público y, al mismo tiempo, abrir lo suficiente el espacio político para que los votantes consideren legítimas las elecciones.
La economía y la industria de la confección: lo que está en juego
La economía de Bangladesh depende en gran medida de las exportaciones de prendas de vestir. El país es uno de los mayores productores de ropa del mundo y marcas internacionales se abastecen de las fábricas concentradas en los alrededores de Daca y Chittagong. Los disturbios del año pasado obligaron a cerrar temporalmente muchas instalaciones, interrumpieron las rutas de transporte y sometieron a presión la logística. Los compradores tomaron nota y los proveedores perdieron producción. Otra ronda de inestabilidad política podría afectar los calendarios de producción y los salarios de los millones de trabajadores que impulsan el sector.
Los propietarios de fábricas observan si hay señales de que la situación de seguridad seguirá siendo controlable. A los trabajadores les preocupa su ingreso y seguridad si regresan las manifestaciones y los enfrentamientos en las zonas industriales. El equipo económico interino se ha centrado en contener la inflación, garantizar el suministro de combustible y estabilizar la moneda. Esos esfuerzos podrían verse puestos a prueba si se extienden los disturbios o si las marcas internacionales suspenden sus pedidos en respuesta a nuevas imágenes de violencia en las calles.
Próximos pasos legales y posibles escenarios políticos
Según las normas del tribunal, una persona condenada normalmente debe entregarse o ser detenida para presentar una apelación ante la Corte Suprema. Esto significa que Hasina no tiene una vía práctica de apelación, salvo que regrese a Bangladesh o sea extraditada. Las gestiones para solicitar una notificación de Interpol siguen en curso, pero suelen llevar tiempo; además, incluso con una notificación, la detención y la extradición dependen de la disposición del país anfitrión a actuar. Si Hasina permanece en India, no se podrá ejecutar la condena. Aun así, el fallo influye en la política nacional al apartar a una figura central del panorama electoral inmediato y endurecer las posturas a ambos lados de la división.
El fallo del tribunal es la primera gran sentencia sobre la represión de 2024 y hay otros casos en preparación contra funcionarios y agentes. Cada decisión reforzará la pretensión del gobierno interino de exigir responsabilidades o aumentará la preocupación por la aplicación selectiva de la justicia. A pocas semanas de las elecciones, el veredicto da más urgencia a los llamamientos a garantizar campañas transparentes, una gestión electoral creíble y espacio para la reunión pacífica. Lo que está en juego es mucho para la ciudadanía, que quiere tanto seguridad como voz en la elección de sus próximos gobernantes.
Lo que debe saber
- El tribunal de Bangladesh condenó a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina por crímenes contra la humanidad vinculados a la represión de las protestas de 2024.
- Hasina fue juzgada en ausencia y vive exiliada en India, que enfrenta presiones para estudiar la solicitud de extradición de Daca.
- El exministro del Interior Asaduzzaman Khan también fue condenado a muerte. El exjefe de la Policía Chowdhury Abdullah Al Mamun recibió una pena de cinco años de prisión tras colaborar con la justicia.
- Una misión de investigación de las Naciones Unidas estima que hasta 1.400 personas murieron durante los disturbios, la mayoría por disparos de las fuerzas de seguridad.
- Se han reforzado las medidas de seguridad en Daca, donde se informó de gases lacrimógenos, cordones policiales y enfrentamientos en torno al veredicto.
- Hasina calificó al tribunal de amañado y rechazó el fallo por considerarlo motivado políticamente.
- El tribunal, creado en 2009 para juzgar crímenes de guerra de 1971, ha recibido críticas por las garantías procesales y el uso de la pena de muerte.
- Para apelar ante la Corte Suprema normalmente es necesario entregarse o quedar bajo custodia, lo que limita las opciones de Hasina mientras permanezca en India.
- Las elecciones están previstas para febrero y se ha prohibido a la Liga Awami participar. Las tensiones podrían aumentar si sus simpatizantes intentan organizar protestas multitudinarias.
- La economía de Bangladesh, impulsada por la industria de la confección, es vulnerable a la inestabilidad; otra ola de disturbios podría interrumpir la actividad de las fábricas y las cadenas de suministro.
