Detenciones y censura en internet mientras se extienden las protestas en Indonesia

Qué desencadenó las protestas

Indonesia vive sus mayores disturbios callejeros en años, después de que el malestar por los beneficios de los legisladores coincidiera con una respuesta contundente de las fuerzas de seguridad y un incidente mortal ampliamente difundido. Affan Kurniawan, un conductor de mototaxi de 21 años, murió el 28 de agosto cuando un vehículo policial blindado lo atropelló cerca de una multitud en Yakarta. Organizaciones de derechos humanos informan de entre ocho y once muertes desde el inicio de las protestas, el 25 de agosto, además de cientos y hasta más de mil personas heridas y miles de detenidas. Human Rights Watch calcula que desde finales de agosto se han producido más de 3.000 detenciones en todo el país. Las manifestaciones, que en pocos días se extendieron más allá de Yakarta, expresan el descontento por los generosos beneficios de los legisladores en un contexto de aumento del costo de vida y escaso crecimiento salarial.

Según organizaciones de seguimiento de derechos humanos, el video del incidente con el vehículo se difundió rápidamente en las redes sociales y contribuyó a impulsar manifestaciones en casi cincuenta ciudades. Estudiantes, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil se congregaron frente a edificios parlamentarios y en centros urbanos. La policía utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a las multitudes. El presidente Prabowo Subianto retiró algunos beneficios para los legisladores e instó a la calma. También advirtió contra los saqueos y calificó algunos actos de violencia de traición y terrorismo. El gobierno desplegó soldados para proteger lugares sensibles en Yakarta, y medios de comunicación informaron de la presencia de francotiradores en puntos clave y de puestos de control en toda la capital.

Pese a la tensión, los estudiantes siguieron congregándose en ciudades como Yogyakarta, Bandung y Makassar. En varias regiones, multitudes saquearon o incendiaron edificios de gobiernos locales tras enfrentamientos. Los mercados financieros bajaron al inicio de la jornada bursátil y luego recuperaron parte de las pérdidas. Las plataformas que habían sido fundamentales para organizar las protestas afrontaron nuevas restricciones. TikTok suspendió su función de transmisiones en vivo en Indonesia durante los disturbios. Al mismo tiempo, la policía comenzó a arrestar a usuarios de redes sociales a quienes acusó de incitar a la violencia.

Se amplía la represión en internet

La policía afirma que ha detenido a más de cuarenta personas mientras busca a presuntos instigadores de los disturbios en Yakarta y otras regiones. Al menos once fueron detenidas por publicaciones en redes sociales que, según las autoridades, incitaron a las protestas o a la violencia. Entre las personas arrestadas estaba Laras Faizati Khairunninsa, responsable de comunicaciones de una organización vinculada a la secretaría de la ASEAN en Yakarta. La Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, conocida como Bareskrim, la acusó de incitar al odio contra personas y grupos y de promover acciones multitudinarias mediante publicaciones y videos.

En una rueda de prensa, el jefe de la Dirección de Delitos Cibernéticos de la policía mostró capturas de pantalla que, según dijo, procedían de la cuenta de Instagram de Laras. En una imagen aparecía cerca de la sede de la Policía Nacional, un lugar que las autoridades describieron como una instalación nacional vital. El funcionario alegó que la publicación animaba a la gente a incendiar el edificio y atacar a quienes estaban dentro. La policía afirma que el contenido se publicó desde un lugar cercano a su sede, lo que, según sostiene, representaba una amenaza para la institución.

Esa misma semana, la policía de Yakarta detuvo a seis personas que, según afirma, animaron en sus cuentas de redes sociales a estudiantes menores de edad a realizar acciones anárquicas durante las protestas del 25 y el 28 de agosto. Entre las personas detenidas figuran los defensores de los derechos humanos Delpedro Marhaen y Muzaffar Salim, de la Fundación Lokataru, y Syahdan Husein, del movimiento en línea Gejayan Memanggil, que ha contribuido a organizar acciones estudiantiles en Yogyakarta. El Instituto de Asistencia Jurídica de Yakarta informó que perdió el acceso a su cuenta de TikTok, que la plataforma marcó como suspendida permanentemente después de que el grupo publicara un mensaje de solidaridad en el que instaba a la gente a mantenerse a salvo.

Qué permite la ley y por qué preocupa a sus críticos

La policía invoca una combinación de legislación penal y la Ley de Información y Transacciones Electrónicas para justificar estos arrestos. La Ley ITE, aprobada por primera vez en 2008 y enmendada varias veces, regula la expresión en internet. Se ha utilizado en casos relacionados con discursos de odio, difamación e incitación. Sus críticos sostienen que sus términos imprecisos y sus interpretaciones amplias hacen que sea propensa a utilizarse contra la expresión pacífica. Indonesia es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege la libertad de expresión y de reunión, aunque permite restricciones limitadas para la incitación directa a la violencia. Los tribunales deben evaluar la intención, la probabilidad y la relación directa con el daño. Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional restringió el uso de algunas cláusulas de difamación de la Ley ITE, pero la gente sigue enfrentando cargos por publicaciones críticas.

La Ley ITE y el procedimiento penal, en síntesis

Expertos legales y grupos de la sociedad civil también señalan las reformas en curso de las normas de procedimiento penal de Indonesia y de las leyes sobre la policía y las fuerzas armadas, que amplían las facultades del Estado. Un informe de seguimiento de la alianza CIVICUS describió cambios propuestos que aumentarían la capacidad de vigilancia, incluidos acuerdos de interceptación de comunicaciones entre la Fiscalía General y los operadores de telecomunicaciones sin garantías sólidas. También señaló una reforma de la ley militar que amplía el papel de las fuerzas armadas en instituciones civiles. Según los defensores de derechos, estas medidas, combinadas con la aplicación agresiva de la Ley ITE, aumentan el riesgo de que el activismo en internet se trate como una amenaza a la seguridad y no como participación cívica.

Grupos de derechos digitales afirman que los arrestos recientes responden a un patrón. Defensores de los derechos humanos y periodistas han sufrido acoso, divulgación de datos personales y ataques digitales. Organizaciones por la libertad de prensa afirman que la posición de Indonesia en las clasificaciones cayó en 2025. La combinación de presión legal, vigilancia e investigaciones policiales rápidas ha reforzado la sensación de que cualquier publicación crítica puede provocar una visita de la policía.

Uso de la fuerza en las calles

Mientras la policía afirma que sigue la pista de los instigadores en internet, la respuesta más visible del Estado se ha producido en las calles. Testigos y grupos de derechos humanos describen un uso generalizado de gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a las multitudes en varias ciudades. En Yakarta, un vehículo policial blindado atropelló mortalmente a un conductor de mototaxi cerca de una multitud el 28 de agosto. Siete agentes están siendo investigados por ese caso. Un estudiante murió en Yogyakarta tras una presunta paliza durante enfrentamientos frente a la sede de la policía. En otras ciudades, empleados públicos y un miembro de una unidad policial de la función pública murieron durante incendios provocados y actos de violencia colectiva tras los enfrentamientos.

Amnistía Internacional ha calificado de excesiva la respuesta policial y ha pedido que se esclarezcan plenamente los hechos. La organización afirma que las armas de control de multitudes pueden aumentar rápidamente los riesgos cuando se utilizan sin formación y supervisión estrictas. Montse Ferrer, directora de Investigación Regional de Amnistía Internacional, instó a las autoridades a iniciar una investigación independiente e imparcial sobre las muertes y la gestión de las protestas.

«Nadie debería morir mientras ejerce su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Las autoridades de Indonesia deben garantizar sin demora una investigación independiente e imparcial sobre estas muertes y los incidentes violentos».

Human Rights Watch ha pedido al gobierno que ponga fin a la detención arbitraria de manifestantes y ajuste la actuación policial a las directrices de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y de armas menos letales. La organización sostiene que los militares no deberían encargarse de hacer cumplir la ley en el ámbito civil, porque los soldados reciben formación para el combate y tienen más probabilidades de usar la fuerza de manera indebida en entornos civiles.

Desinformación, vigilancia y presión sobre las plataformas

Los disturbios se han desarrollado en un entorno digital ya sometido a tensiones. CIVICUS informó de divulgación de datos personales y ciberataques contra críticos durante protestas anteriores en 2025. Durante la última ola de manifestaciones, defensores de los derechos digitales documentaron interrupciones del acceso a internet y restricciones a las transmisiones en directo. TikTok suspendió su función de transmisiones en vivo en Indonesia durante el momento más álgido de los disturbios. Algunos activistas afirman que sus publicaciones tuvieron menos alcance o que sus cuentas fueron restringidas después de compartir información sobre las protestas o imágenes de la actuación policial. En ocasiones, las autoridades han aludido a injerencias extranjeras sin presentar pruebas, una afirmación que los grupos de derechos humanos consideran un intento de desacreditar a las voces locales.

El acuerdo de Indonesia sobre interceptación de comunicaciones entre la Fiscalía General y los operadores de telecomunicaciones, que carece de garantías claras, aumenta los temores de vigilancia. Periodistas y grupos de derechos humanos describen un efecto disuasorio: cada vez más personas evitan publicar sátiras, memes o críticas contundentes. Nenden Sekar Arum, de la Red por la Libertad de Expresión del Sudeste Asiático, advirtió que la situación es preocupante porque cualquiera podría ser objeto de medidas por lo que escribe en internet.

Raíces económicas y políticas del descontento

La frustración pública va más allá de una sola política. Los legisladores aprobaron una asignación mensual para vivienda de unos 50 millones de rupias para cada uno de los 580 miembros de la Cámara de Representantes, una cifra muy superior al salario mínimo en Yakarta. Los manifestantes señalan la creciente brecha entre los privilegios de la clase política y los salarios estancados de muchos trabajadores. Los precios de los alimentos han subido y el desempleo juvenil es elevado. Las familias describen una economía en la que muchos jóvenes recurren al trabajo por encargo para llegar a fin de mes, mientras los legisladores amplían sus beneficios.

El malestar por esos beneficios se sumó a las quejas por las subidas de impuestos propuestas y el costo de los programas populistas. Una iniciativa de comidas escolares gratuitas se vio empañada por denuncias de intoxicación alimentaria. Un movimiento conocido como Indonesia Gelap atrajo apoyos con llamamientos a la integridad en el gasto público y a la rendición de cuentas de la policía. La muerte de Affan Kurniawan, el conductor de una plataforma de transporte, se convirtió en un símbolo de las protestas porque muchas personas se identificaron con un joven obligado a recurrir al trabajo por encargo para hacer frente al aumento de los costos.

Los grupos estudiantiles afirman que las concesiones del gobierno no respondieron a sus principales demandas. En Makassar, Syamry, líder de un sindicato estudiantil, criticó la respuesta oficial ante los periodistas.

«La declaración del presidente de ayer no atendió las demandas de los estudiantes y la sociedad civil».

Debido proceso e imparcialidad en los arrestos

Los defensores de derechos cuestionan la rapidez con que se señaló como sospechosos a críticos en internet. Dimas Bagus Arya, de la Comisión para las Personas Desaparecidas y las Víctimas de la Violencia, cuestionó si la policía había seguido los pasos preliminares, como citar a las personas en calidad de testigos antes de designarlas sospechosas. Expertos legales afirman que el debido proceso comienza con el interrogatorio de testigos y que una persona solo pasa a tener la condición de sospechosa cuando hay indicios razonables respaldados por pruebas. La rapidez de algunos arrestos ha suscitado preocupación por que los investigadores estén dando prioridad al efecto disuasorio por encima del procedimiento.

Julius Ibrani, de la Asociación de Asistencia Jurídica de Indonesia, calificó los arrestos de criminalización de la expresión. Nenden Sekar Arum advirtió que la campaña parece una amplia ofensiva contra cualquiera que critique al gobierno en internet. Ambos sostienen que el miedo llevará a la gente a autocensurarse y a sustituir las críticas por el silencio.

KontraS y organizaciones aliadas están solicitando la liberación o, al menos, la suspensión de la detención de las personas arrestadas. Los abogados preparan recursos ante los tribunales si los sospechosos no quedan en libertad pronto, una vía habitual en Indonesia cuando las familias y sus representantes legales alegan que no se siguieron los procedimientos al designar a alguien como sospechoso.

Qué dicen las autoridades

El presidente Prabowo Subianto ha intentado equilibrar las concesiones con el mantenimiento del orden público. Anunció una reducción de los beneficios controvertidos, pero también ordenó a la policía y a las fuerzas armadas actuar con firmeza contra quienes participan en disturbios. Tras visitar a agentes heridos, prometió ascensos para decenas de policías lesionados durante los disturbios. En una intervención televisada defendió a las fuerzas de seguridad, aunque reconoció que algunos agentes podrían haber cometido errores.

«Puede que algunos agentes de policía se hayan equivocado, pero no olviden a las decenas de agentes que se sacrificaron».

La Dirección de Delitos Cibernéticos de la policía afirma que se centra en contenidos que cruzan un límite claro. Las autoridades sostienen que las publicaciones que animan a atacar una instalación nacional vital van más allá de la expresión protegida y constituyen un delito. El derecho internacional no protege la incitación directa a la violencia. El debate gira en torno a cuán claro, inmediato y probable debe ser el peligro, y a si la aplicación de la ley es coherente o selectiva.

Qué proponen los grupos de derechos humanos

Los líderes de la sociedad civil presentan un plan para reducir las tensiones que comienza por esclarecer la verdad y exigir responsabilidades. Usman Hamid, director de Amnistía Internacional Indonesia, pidió la creación de un equipo conjunto de investigación de los hechos, integrado por líderes comunitarios y expertos, para identificar a quienes instigaron los incendios y los daños y verificar el papel de las fuerzas de seguridad en los incidentes violentos.

«Por eso la policía debería mostrarnos quiénes instigaron realmente los disturbios y dañaron instalaciones públicas».

Human Rights Watch insta al gobierno a liberar a los manifestantes pacíficos, poner fin a las detenciones arbitrarias e investigar el uso excesivo de la fuerza. CIVICUS pide a las autoridades que pongan fin a las restricciones en internet, detengan la divulgación de datos personales y los ciberataques contra críticos, y actualicen la formación policial de acuerdo con las normas internacionales. Los abogados defensores de derechos también exigen plazos claros para las investigaciones sobre las muertes, incluido el caso de Affan Kurniawan.

En síntesis

• Las protestas comenzaron el 25 de agosto por los beneficios de los legisladores y las dificultades económicas, y en pocos días se extendieron por todo el país.
• El video de un vehículo policial blindado que atropelló en Yakarta a un conductor de 21 años el 28 de agosto avivó la indignación.
• Los grupos de derechos humanos informan de entre 8 y 11 muertes, desde cientos hasta más de 1.000 personas heridas y más de 3.000 detenciones.
• La policía arrestó a más de 40 presuntos instigadores y a al menos 11 personas por publicaciones en redes sociales.
• Entre los detenidos de alto perfil hay trabajadores de la Fundación Lokataru y un coordinador de Gejayan Memanggil.
• Las autoridades utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma y desplegaron soldados y francotiradores en algunas zonas.
• Amnistía Internacional y Human Rights Watch piden investigaciones independientes y moderación a las fuerzas de seguridad.
• Entre las preocupaciones por la represión digital figuran la divulgación de datos personales, los ciberataques, las restricciones a internet y la suspensión de las transmisiones en vivo de TikTok en Indonesia.
• Los críticos sostienen que la Ley ITE y los cambios legales más amplios permiten extralimitarse y desalientan la expresión en internet.
• El presidente Prabowo redujo algunos beneficios, pero advirtió que respondería con firmeza a los disturbios y elogió a los policías heridos.
• Los grupos de derechos humanos piden un equipo conjunto de investigación de los hechos y la liberación de los manifestantes pacíficos, así como el respeto del debido proceso en todos los casos.