Una iniciativa ciudadana busca cambiar el control del mayor fondo de bienestar de Tailandia
El equipo Seguridad Social Progresista de Tailandia presentó una iniciativa legislativa ante el Parlamento el 17 de noviembre de 2026. Busca reunir más de 10.000 firmas para modificar un fondo de bienestar que supera los 3 billones de baht. Sus propuestas sacarían a la Oficina de Seguridad Social de la administración pública convencional, contratarían a un director ejecutivo profesional y darían a los cotizantes más control sobre las decisiones que afectan a sus prestaciones.
Contenido
- Una iniciativa ciudadana busca cambiar el control del mayor fondo de bienestar de Tailandia
- ¿Qué cambiaría al salir de la administración pública?
- Una junta más pequeña, con versiones distintas sobre sus integrantes
- Qué podrían recibir los trabajadores según la propuesta
- Por qué importa la disputa electoral
- Cómo la inversión y el gasto se volvieron centrales para la reforma
- Cuatro proyectos parlamentarios plantean distintos modelos de supervisión
- La disputa por el acceso al dinero de la jubilación
- Décadas de propuestas llegan a un nuevo momento decisivo
- Puntos clave
El profesor asociado Sustarum Thammaboosadee, representante electo de los trabajadores asegurados que espera su nombramiento en la Junta de Seguridad Social, encabezó la presentación junto con 23 votantes habilitados para organizar la petición. La iniciativa se dirigió al presidente de la Cámara de Representantes, Sophon Saram, y fue recibida en su nombre por San Piya, jefe del grupo de coordinación política y quejas del Parlamento.
La campaña sitúa la gestión de las contribuciones mensuales de los trabajadores en el centro de una disputa legislativa más amplia. Otros cuatro proyectos de ley sobre seguridad social, presentados por el gabinete, el Partido Pheu Thai y el Partido del Pueblo, figuraban en la agenda parlamentaria; estaba previsto que la propuesta del gabinete llegara a la Cámara el 18 de noviembre.
Sustarum dijo que el fondo tenía un presupuesto administrativo anual superior a 5.000 millones de baht y afectaba a más de 20 millones de personas aseguradas. Descripciones más detalladas de la propuesta de reforma sitúan la afiliación por encima de los 24 millones, en más de 500.000 centros de trabajo. Su objetivo más amplio es brindar protección social a una población trabajadora de más de 40 millones de personas, preservando los derechos médicos vigentes.
La tarea inmediata es de procedimiento: el Parlamento debe examinar el proyecto ciudadano antes de que pueda comenzar el proceso formal de recolección de firmas. Los organizadores también quieren que la campaña influya en los proyectos rivales que ya se encaminan al debate.
¿Qué cambiaría al salir de la administración pública?
La enmienda propuesta consta de 52 artículos. Convertiría a la Oficina de Seguridad Social en una entidad jurídica con una forma especial de organización pública, en lugar de un departamento gubernamental o una empresa estatal. Un secretario general contratado mediante un proceso profesional actuaría como director ejecutivo, rendiría cuentas ante la junta y atendería los intereses de las personas aseguradas.
Sustarum describió la propuesta como un traslado de la toma de decisiones hacia los trabajadores y empleadores, con la oficina aún bajo control público. Sostuvo que el control burocrático convencional había ralentizado las mejoras de las prestaciones, debilitado la rendición de cuentas y permitido la interferencia estatal en las decisiones de inversión.
El texto en inglés de la Ley de Seguridad Social, promulgada en 1990 y publicado por el Ministerio de Trabajo, muestra la estructura jurídica que los reformistas quieren cambiar. Los artículos 19 y 20 sitúan la oficina dentro de un ministerio y establecen que su secretario general y sus adjuntos sean funcionarios públicos ordinarios.
Los artículos 25 y 26 exigen la aprobación del Ministerio de Finanzas para las normas que rigen los ingresos, pagos, custodia e inversiones del fondo. El artículo 27 exige que los estados financieros anuales se presenten a la Oficina del Auditor General en un plazo de seis meses desde el final del año calendario, para su auditoría y certificación antes de presentarlos al ministro.
Los trabajadores, los empleadores y el gobierno contribuyen al fondo, que paga prestaciones por enfermedad, discapacidad, desempleo y vejez, entre otras necesidades. Sacar a la oficina de la administración pública cambiaría quién gestiona este dinero compartido y con qué rapidez pueden aplicarse las decisiones.
Una junta más pequeña, con versiones distintas sobre sus integrantes
La propuesta ciudadana detallada reduciría la junta de 21 a 13 miembros, ocho puestos menos, una reducción de aproximadamente el 38%. Prevé tres representantes del gobierno, cuatro de los trabajadores y cuatro de los empleadores. Esos 11 miembros elegirían a un presidente y a un secretario general para completar la junta.
En su anuncio, Sustarum pidió que todos los miembros de la junta fueran elegidos directamente, sin excepciones; la propuesta detallada mantiene a los representantes del gobierno y la elección del presidente y el secretario general. La redacción definitiva determinará con precisión qué cargos elegirán directamente los votantes.
La junta actual tiene siete representantes del gobierno, siete de las personas aseguradas y siete de los empleadores. La versión en inglés de la ley publicada por el ministerio recoge una estructura anterior, con cinco representantes de los empleadores y cinco de los trabajadores nombrados por el ministro, además de funcionarios. Desde entonces, las elecciones se han vuelto centrales en el debate de reforma, que comenzó con la primera elección directa de la junta, a fines de 2023.
La propuesta ciudadana también exigiría que los miembros de la junta declaren sus activos y pasivos conforme a las normas aplicables a los altos cargos públicos, supervisadas por la Comisión Nacional Anticorrupción. Al menos 20.000 personas aseguradas podrían presentar información para solicitar la destitución de un miembro; después, la decisión tendría que contar con el apoyo de al menos dos tercios de los miembros en funciones de la junta.
La petición de destitución sería un mecanismo permanente de rendición de cuentas, distinto de las 10.000 firmas que se buscan para presentar el proyecto de ley.
Qué podrían recibir los trabajadores según la propuesta
El proyecto ciudadano concedería prestaciones médicas desde el primer día de trabajo. Ampliaría la cobertura a los empleados temporales del gobierno, los trabajadores domésticos y las personas con formas de empleo más recientes. Las definiciones revisadas también abarcarían el trabajo que se lleva a casa para terminarlo.
Las personas con discapacidad podrían acceder a una compensación más amplia. La propuesta eliminaría la redacción que vincula la discapacidad con la incapacidad para trabajar, lo que permitiría que quienes hayan perdido una extremidad o capacidad física, pero aún puedan tener un empleo, reúnan los requisitos de manera más justa.
El proyecto permitiría recibir al mismo tiempo las prestaciones de vejez y desempleo, con algunas condiciones. Para las personas aseguradas que no tienen un empleo convencional, propone que las contribuciones del gobierno igualen, como mínimo, las contribuciones correspondientes que aportan los afiliados asegurados.
Sustarum citó el sistema de salud universal de Tailandia como modelo para ampliar la protección social. Su objetivo declarado va más allá de sumar afiliados: incluye mantener los derechos médicos que las personas ya tienen y ampliar la protección frente a la pérdida de ingresos y la vejez.
Kritsadatsiradej Thongsopon, docente de administración social de la Universidad de Thammasat, apoyó la gestión profesional durante un impulso reformista anterior, en febrero de 2025. Explicó por qué el aumento de afiliados debe considerarse junto con los pagos futuros:
«Si nos centramos solo en atraer personas al sistema de seguridad social, eso no necesariamente aumentará los ingresos disponibles de los fondos. A medida que se sumen más personas, es probable que también aumente la tasa de pagos. Por eso, debe haber gestores profesionales que administren las contribuciones de los afiliados y permitan que los fondos crezcan más», afirmó.
Kritsadatsiradej también propuso dar a los representantes de los trabajadores más puestos que a los representantes del gobierno o de los empleadores; un equilibrio distinto del de cuatro puestos para los trabajadores y cuatro para los empleadores que describe el proyecto ciudadano.
Por qué importa la disputa electoral
El equipo Seguridad Social Progresista obtuvo los 14 puestos electivos en la elección de la junta del 11 de octubre: siete en representación de las personas aseguradas y siete de los empleadores. En conjunto, esos puestos representan dos tercios de los 21 miembros de la junta.
El proceso de nombramiento se estancó mientras se examinaban las impugnaciones electorales. El 16 de noviembre, Malakalun Horprathum, portavoz de la Oficina de Seguridad Social, dijo que dos quejas se referían a los requisitos o a las características prohibidas de uno de los representantes electos de las personas aseguradas. Sustarum describió una investigación sobre ese representante y otro representante de los empleadores, y exigió que se divulgaran con más claridad las acusaciones y las pruebas.
La oficina dijo que la revisión cumplía los requisitos legales y protegía la transparencia y la confianza pública. El comité electoral tenía 30 días para examinar las impugnaciones presentadas antes del plazo del 12 de noviembre. Si un candidato quedaba inhabilitado, un suplente podía reemplazarlo antes de que la lista revisada siguiera su curso para el nombramiento.
Sustarum sostuvo que las demoras ya estaban perjudicando la capacidad de trabajo de la nueva junta. Su equipo temía que la junta saliente, en funciones provisionales, aprobara unos 1.900 millones de baht en gastos administrativos y de personal para 2027 antes de que asumieran sus reemplazos electos.
La oficina esperaba llegar a una conclusión a fines de noviembre. Por tanto, la disputa tiene una consecuencia práctica inmediata: determina qué junta examinará el próximo presupuesto, mientras el Parlamento considera cambios de más largo plazo en las facultades de la institución.
Cómo la inversión y el gasto se volvieron centrales para la reforma
La evaluación del proyecto de ley del Consejo de Consumidores de Tailandia vincula las normas de gobernanza con las prestaciones que podrían recibir los trabajadores. Cita las preocupaciones de Sustarum sobre la compra del edificio SKYY9 Centre en 2022, por unos 7.000 millones de baht, frente a algunas valoraciones de entre 3.000 y 4.000 millones de baht.
El consejo también recoge sus críticas a los gastos de publicidad, incluidos calendarios, camisetas y sombreros, por un valor de entre 50 y 60 millones de baht. Sitúa esas preocupaciones junto a una propuesta de presupuesto de 400 millones de baht para ampliar las prestaciones de cirugía de las muelas del juicio.
Según esas cifras, el gasto en publicidad equivale a entre el 12,5% y el 15% del presupuesto dental propuesto. Esa comparación ayuda a explicar por qué los reformistas se centran tanto en las decisiones cotidianas de compra como en las grandes inversiones: ambas utilizan dinero destinado a apoyar a los cotizantes.
El consejo citó una declaración de Sustarum según la cual la proporción de proyectos evaluados como expuestos a riesgos de corrupción cayó del 11,59% en 2024 al 1,59% en 2025. Señaló que las cifras deben analizarse teniendo en cuenta los criterios de evaluación de cada año. Sustarum atribuyó a los representantes electos el aumento del escrutinio público de las actividades del fondo.
Las exigencias de transparencia del grupo son anteriores al proyecto actual. En febrero de 2025, pidió que se publicaran las actas de las reuniones, que estas se transmitieran en directo y que se reformara el personal. Su agenda más reciente incluye la publicación de las inversiones del fondo, la reducción del límite de gasto administrativo del 10% al 3% de las contribuciones anuales y el recorte de un presupuesto propuesto de 1.500 millones de baht para tecnología de la información a un máximo de 300 millones.
El artículo 24 de la ley publicada permite destinar hasta el 10% de las contribuciones anuales a gastos administrativos. El límite propuesto del 3% reduciría en siete puntos porcentuales la proporción permitida.
Cuatro proyectos parlamentarios plantean distintos modelos de supervisión
La agenda de la Cámara incluye un proyecto del gabinete, uno del Partido Pheu Thai propuesto por Thongtham Wechayachai y dos del Partido del Pueblo vinculados a Rukchanok Srinork y Sahasawat Khumkhong. Sus diferencias abarcan tanto las prestaciones como el equilibrio entre representantes electos, gestores profesionales y el gobierno.
La propuesta del gabinete crearía un comité de auditoría de siete personas con al menos 10 años de experiencia pertinente en ámbitos como contabilidad, finanzas y derecho. El Consejo de Consumidores dice que el ministro de Trabajo nombraría a ese comité. También destaca que se propone un mandato de tres años para los miembros electos de la junta, sin posibilidad de un segundo mandato consecutivo. Sustarum sostiene que esto interrumpiría su trabajo incluso si los votantes quisieran reelegirlos.
Los proyectos del Partido del Pueblo separarían el fondo de la oficina, le otorgarían personalidad jurídica y reducirían la junta a 13 miembros. Prevé comités especializados de medicina, inversión, riesgos, auditoría, gobernanza y apelaciones, además de mecanismos para que los cotizantes puedan solicitar la destitución de los representantes que eligieron.
La propuesta de Pheu Thai añadiría un comité de gestión del fondo compuesto por 13 especialistas y un mecanismo de auditoría. También incorporaría al secretario general de la Comisión de Bolsa y Valores a la representación gubernamental en la junta, lo que aportaría conocimientos de los mercados financieros.
Rukchanok dijo el 17 de noviembre que el primer ministro había respaldado el proyecto financiero de su partido, lo que permitía que avanzara en la Cámara. El día anterior, diputados del Partido del Pueblo habían pedido que se aceptaran todos los proyectos para examinarlos conjuntamente y que su propuesta sustitutiva se utilizara como texto principal.
La disputa por el acceso al dinero de la jubilación
Las tres medidas de acceso a la jubilación del proyecto del gabinete se han convertido en un segundo gran punto de desacuerdo. Permitirían que los cotizantes que reúnan los requisitos tuvieran más opciones sobre cómo y cuándo usar las prestaciones de vejez:
- Las personas de 55 años o más que hayan cotizado durante 180 meses podrían elegir entre una pensión mensual y un pago único.
- Las personas que hayan cotizado al menos 60 meses y vivan en zonas afectadas por desastres graves podrían solicitar parte de su prestación de vejez antes de cumplir 55 años.
- Las personas que hayan cotizado al menos 60 meses podrían utilizar parte de su prestación de vejez como garantía para obtener un préstamo de una entidad financiera participante.
El proyecto del gabinete también ampliaría de 60 a un máximo de 65 años la edad de cobertura para los empleados contemplados en el artículo 33, aumentaría la compensación por discapacidad y mantendría las ayudas por hijos durante seis meses después de que termine la condición de asegurado.
Rukchanok y Thanaporn Wichan, también diputado del Partido del Pueblo, advierten que los retiros cuantiosos podrían reducir el efectivo disponible del fondo y debilitar la protección para la jubilación. Las pensiones de la seguridad social siguen un modelo de prestaciones definidas: los pagos se ajustan a fórmulas y condiciones establecidas por ley, y las contribuciones se agrupan para cubrir las obligaciones con todos los afiliados.
Rukchanok citó las objeciones formuladas en 2022 por el Banco de Tailandia, la agencia nacional de planificación económica y el Consejo de Estado. Dijo que su propio proyecto deja la decisión sobre las prestaciones en manos de una junta electa, con la aprobación del gabinete, lo que permitiría tomar decisiones futuras conforme a reglas específicas.
Boonyakorn Damrongrat, asesor del ministro de Trabajo, dijo que las medidas del gabinete habían sido sometidas a cálculos actuariales, consultas con los organismos pertinentes y un análisis del impacto regulatorio. Los cálculos actuariales estiman ingresos y pagos futuros a partir de supuestos sobre cuestiones como la jubilación, la esperanza de vida y el uso de las prestaciones. El ministerio también negó que el proyecto buscara concentrar el poder.
Diputados de la oposición plantearon otra preocupación concreta: el proyecto del gabinete sobre seguridad social mantenía en 98 días las disposiciones sobre maternidad, mientras que la legislación de protección laboral había ampliado la licencia por maternidad a 120 días.
Décadas de propuestas llegan a un nuevo momento decisivo
Las peticiones para reorganizar la Oficina de Seguridad Social comenzaron en 1995, cinco años después de la entrada en vigor de la ley. En 2001 se realizaron estudios sobre un modelo de organización pública; en 2006, sobre la posibilidad de trasladar la gestión de inversiones fuera de la administración pública; y en 2008 y 2016, sobre una reforma institucional más amplia.
La campaña más reciente reúne esas propuestas de larga data con una victoria electoral, una petición ciudadana y proyectos parlamentarios rivales. La secuencia inmediata es la siguiente:
- 11 de octubre de 2026: El equipo Seguridad Social Progresista obtuvo los 14 puestos electivos de la junta.
- 3 de noviembre: El gabinete aprobó la enmienda sobre seguridad social del Ministerio de Trabajo.
- 5 de noviembre: Se anunciaron los candidatos más votados de cada categoría electiva.
- 12 de noviembre: Venció el plazo para presentar impugnaciones electorales.
- 16 de noviembre: Los reformistas pidieron explicaciones a la Oficina de Seguridad Social sobre los nombramientos, mientras diputados del Partido del Pueblo reclamaban que los proyectos se examinaran conjuntamente.
- 17 de noviembre: La iniciativa legislativa ciudadana se presentó ante el Parlamento.
- 18 de noviembre: Estaba previsto que la Cámara examinara el proyecto del gabinete.
El personal parlamentario dijo que el proyecto ciudadano se revisaría antes de que el presidente decidiera si se enmarca en los capítulos III y V de la Constitución de 2017, relativos a los derechos y libertades y a las obligaciones del Estado. Después se haría la invitación formal a firmar conforme al procedimiento establecido. No se anunció una fecha para concluir el examen.
Para los cotizantes, las próximas decisiones afectan al acceso a la atención médica, los ingresos durante el desempleo, las prestaciones de jubilación y el derecho a elegir a quienes supervisan su dinero. Para los legisladores, la cuestión central es cómo combinar prestaciones más amplias con una gestión profesional y una supervisión responsable del fondo.
Puntos clave
- Los reformistas buscan más de 10.000 firmas para un proyecto ciudadano sobre seguridad social presentado el 17 de noviembre de 2026.
- La propuesta crearía una organización pública especial, contrataría a un director ejecutivo profesional y reduciría la junta de 21 a 13 miembros.
- Entre las prestaciones propuestas figuran la cobertura médica desde el primer día de trabajo y una protección más amplia para los trabajadores domésticos y los empleados temporales del gobierno.
- Las impugnaciones electorales están retrasando los nombramientos, después de que el equipo reformista ganara los 14 puestos electivos de la junta.
- Los proyectos rivales difieren en cuanto a los nombramientos del comité de auditoría, las facultades de la junta y el acceso al dinero de la jubilación.
- Estaba previsto que la Cámara examinara el proyecto del gabinete el 18 de noviembre y que la revisión electoral concluyera a fines de ese mes.






