Directiva de octubre vincula las actualizaciones sobre ataques con la verificación oficial
El regulador de televisión de Pakistán renovó las restricciones a la cobertura de explosiones, tiroteos y atentados terroristas y ordenó a los canales satelitales transmitir únicamente información verificada por el departamento gubernamental o el organismo encargado de hacer cumplir la ley competente. La directiva del 13 de octubre de 2026 restablece una prohibición emitida el 20 de febrero de 2023 y advierte a las emisoras que podrían enfrentar acciones legales.
Contenido
- Directiva de octubre vincula las actualizaciones sobre ataques con la verificación oficial
- Más que una restricción a las imágenes en directo
- Cómo funcionarían la verificación y los retrasos en la emisión
- La advertencia legal y sus antecedentes
- Organizaciones de periodistas cuestionan el control oficial
- Estado de excepción y deterioro de la situación de seguridad
- Tensiones políticas en torno a la orden
- La controversia en Karachi muestra qué necesitan los espectadores
- Otras normas afectan la cobertura fuera de las principales ciudades
- Puntos clave
La Autoridad Reguladora de Medios Electrónicos de Pakistán (PEMRA) se refiere tanto a las emisiones y retransmisiones como a la cobertura en directo. Su texto también abarca incidentes descritos en términos generales como «desafortunados» o «desagradables», por lo que los editores deben decidir hasta dónde se extienden esas expresiones más allá de los ataques enumerados específicamente.
La instrucción se emite en medio del estado de excepción en Jaiber Pastunjuá y de un fuerte aumento de la violencia. Informes de seguridad presentados al gabinete federal indican que los incidentes terroristas en la provincia aumentaron un 195% entre el 1 de marzo de 2024 y el 23 de septiembre de 2026. Según esos informes, durante 2026 la policía y el personal de seguridad fueron blanco del 73% de los atentados terroristas registrados allí.
Organizaciones de periodistas afirman que una cobertura responsable exige verificar la información, pero cuestionan que los organismos oficiales sean quienes controlen el acceso a ella durante una crisis. Su preocupación se centra en lo que ocurre cuando una redacción dispone de información de testigos o de sus propias investigaciones antes de que las autoridades la confirmen.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), en su comunicado sobre las restricciones del 16 de octubre, instó a las autoridades a retirarlas. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) hizo lo mismo el 21 de octubre y pidió consultas con los sindicatos de periodistas y las organizaciones de medios. Ambos grupos advirtieron que la combinación de verificación oficial y amenazas de sanciones podría limitar la cobertura independiente cuando los espectadores necesitan información urgente.
Más que una restricción a las imágenes en directo
La directiva de PEMRA se aplica a los titulares de licencias de televisión satelital que emiten noticias, programas de actualidad y contenidos en idiomas regionales. Entre los incidentes contemplados menciona explosiones, detonaciones, disparos y atentados terroristas, y ordena a los canales abstenerse de transmitirlos, retransmitirlos o cubrirlos en directo.
La orden también permite a los canales difundir información verificada por el departamento competente o por un organismo encargado de hacer cumplir la ley. Para los espectadores, esto significa que las actualizaciones pueden continuar, pero la información que reciban debe cumplir el requisito de verificación oficial.
Una retransmisión es material que se vuelve a emitir después de su primera transmisión. Incluirla junto con la cobertura en directo amplía el alcance de la instrucción más allá de las imágenes que llegan a una redacción mientras ocurre un ataque. Los editores deben tener en cuenta tanto las imágenes que reciben como el material que, de otro modo, podrían volver a emitir en boletines posteriores.
La descripción de PEMRA de los incidentes como «desafortunados» o «desagradables» genera incertidumbre porque la directiva no define esas expresiones. Por tanto, sus normas de cobertura combinan ejemplos concretos, como los atentados terroristas, con términos cuyos límites más amplios no están claros.
Cómo funcionarían la verificación y los retrasos en la emisión
Se instruye a los canales de televisión a utilizar eficazmente un retraso de emisión y a establecer un consejo editorial independiente. Un retraso crea un breve intervalo entre la recepción de imágenes o sonido y su transmisión, lo que da al personal de la redacción la oportunidad de detener el material antes de que lo vean los espectadores.
La orden de octubre deja abiertos varios detalles operativos: la duración del retraso, el proceso y el tiempo de respuesta de la verificación oficial, así como la composición y los procedimientos de los consejos editoriales. Tampoco establece un plazo para que las autoridades publiquen actualizaciones. Estas lagunas son importantes durante una noticia de última hora, cuando puede ser necesario tomar decisiones en cuestión de minutos.
En consecuencia, una redacción tendría varias tareas simultáneas: evaluar si el material está sujeto a las restricciones, obtener la verificación oficial exigida, comprobar el retraso de transmisión y aplicar la supervisión editorial. Instalar un retraso aborda el momento de la transmisión; los requisitos independientes sobre cobertura y verificación siguen determinando qué se puede emitir.
La advertencia legal y sus antecedentes
PEMRA advirtió que las infracciones darían lugar a medidas conforme a los artículos 29A, 30 y 33 de la Ordenanza de PEMRA de 2002, en su versión modificada. La directiva menciona esas disposiciones sin detallar las sanciones previstas en cada una ni anunciar una sanción específica contra algún canal en virtud de la instrucción renovada.
El regulador también cita el fallo del Tribunal Supremo en el caso de oficio propio n.º 28 de 2018 y la orden del Tribunal Superior de Islamabad del 5 de septiembre de 2022 en la solicitud CMA n.º 102 de 2022. Un caso de oficio propio es aquel que un tribunal examina por iniciativa propia. PEMRA vincula estas referencias judiciales con las salvaguardias editoriales y el uso obligatorio de un mecanismo de retraso.
La directiva de octubre es una instrucción renovada para hacer cumplir las restricciones, no su primera introducción. Según el CPJ, en febrero de 2023 PEMRA acusó a los canales de transmitir información sin verificar y especulativa durante ataques de grupos armados. Esa queja anterior ayuda a explicar el énfasis del regulador en la verificación, mientras que el debate actual se centra en quién controla ese proceso.
Organizaciones de periodistas cuestionan el control oficial
Waliullah Rahmani, representante del CPJ para Afganistán y Pakistán, dijo que la instrucción corría el riesgo de ir más allá de las precauciones de seguridad y convertirse en un mecanismo de control de la cobertura. En el comunicado del 16 de octubre, afirmó:
«Impedir que los periodistas informen de forma independiente sobre incidentes de seguridad importantes y exigirles que dependan de información autorizada por organismos estatales y de seguridad puede convertir salvaguardias legítimas en materia de seguridad en un sistema de control oficial de la información y censura».
La Unión Federal de Periodistas de Pakistán (PFUJ), afiliada a la FIP, afirmó que las emisoras ya seguían procedimientos operativos estándar para la cobertura en directo. Expresó su preocupación por la posibilidad de que PEMRA utilizara la notificación renovada para señalar a determinados medios.
La FIP, en su comunicado sobre la directiva del 21 de octubre, reconoció la necesidad de informar de manera responsable, pero pidió que se retirara la orden. La federación afirmó:
«Exigir a las emisoras que dependan únicamente de información autorizada por organismos oficiales, bajo amenaza de acciones legales, puede silenciar la cobertura independiente en momentos de crisis».
La FIP instó a PEMRA a consultar a los sindicatos y las organizaciones de medios sobre las pautas de cobertura. El Ministerio de Información y Radiodifusión de Pakistán no respondió a la solicitud de comentarios del CPJ.
Estado de excepción y deterioro de la situación de seguridad
El gobierno federal impuso el estado de excepción y el gobierno directo del gobernador en Jaiber Pastunjuá el 11 de octubre. El gobierno directo del gobernador traslada la administración provincial al gobernador y a las autoridades federales, en lugar de mantener el liderazgo provincial electo habitual.
La proclamación presidencial citó el aumento de los ataques contra infraestructuras, instalaciones gubernamentales y organismos encargados de hacer cumplir la ley, y describió las amenazas a la vida y los bienes. Alegó que el gobierno provincial no había respondido de manera eficaz. El gobierno federal también acusó a la administración provincial de «desentenderse deliberadamente» de la lucha contra el terrorismo.
Las cifras de seguridad presentadas al gabinete federal muestran por qué la cobertura de los ataques se ha vuelto un asunto tan urgente. Un aumento del 195% significa que el nivel registrado casi se triplicó durante el período citado. La policía y el personal de seguridad fueron blanco de casi tres de cada cuatro atentados terroristas registrados en la provincia durante 2026.
El Centro de Estudios sobre Seguridad y Paz registró 186 incidentes violentos en Jaiber Pastunjuá durante el tercer trimestre de 2026, equivalentes al 48% de los ataques en todo el país. Su informe también situó en 829 las muertes vinculadas a la violencia en Baluchistán, frente a 265, es decir, 564 más y más del triple de la cifra de comparación.
Las cifras del gabinete miden los incidentes terroristas y sus objetivos, mientras que las de Baluchistán contabilizan las muertes vinculadas a la violencia. En conjunto, describen una crisis de seguridad que afecta tanto a la frecuencia de los incidentes como al número de personas fallecidas.
Tensiones políticas en torno a la orden
El partido Tehreek-e-Insaf de Pakistán (PTI) había anunciado una marcha hacia Islamabad para exigir la liberación de su fundador, Imran Khan, encarcelado. Semanas de tensión entre el partido y el gobierno federal precedieron al estado de excepción en Jaiber Pastunjuá.
Una protesta de simpatizantes del PTI en Bara contra el estado de excepción y el gobierno directo del gobernador se tornó violenta: los participantes incendiaron edificios gubernamentales y se enfrentaron con la policía antidisturbios. Los disturbios hicieron coincidir la cobertura de las protestas políticas y las operaciones de seguridad cuando PEMRA renovó su instrucción.
Estas son las principales fechas en que se desarrollaron los acontecimientos legales, políticos y mediáticos:
- 5 de septiembre de 2022: el Tribunal Superior de Islamabad emitió la orden sobre las salvaguardias para las emisiones que PEMRA citaría posteriormente.
- 20 de febrero de 2023: PEMRA emitió la prohibición anterior sobre la cobertura de ataques.
- 11 de octubre de 2026: el gobierno federal impuso el estado de excepción y el gobierno directo del gobernador en Jaiber Pastunjuá.
- 13 de octubre de 2026: PEMRA renovó las restricciones a la cobertura y la advertencia de sanciones.
- 16 de octubre de 2026: el CPJ instó a las autoridades a revocar las restricciones.
- 21 de octubre de 2026: la FIP pidió retirar la orden y consultar a las organizaciones de periodistas.
La controversia en Karachi muestra qué necesitan los espectadores
Un enfrentamiento anterior por la cobertura de un presunto atentado suicida cerca del aeropuerto internacional Jinnah de Karachi ilustra lo que está en juego en la práctica. El ataque del 6 de octubre causó tres muertes, entre ellas las de dos ciudadanos chinos, y dejó decenas de heridos. Posteriormente, PEMRA envió notificaciones a varios canales de televisión para que explicaran su cobertura.
La Asociación de Editores de Medios Electrónicos y Directores de Noticias (AEMEND) condenó esas notificaciones por considerarlas ilegales y un intento de presionar a las emisoras. Afirmó que los canales habían transmitido las posturas del gobierno y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, al tiempo que informaban a los residentes sobre los cierres de carreteras y la reapertura de las rutas al tránsito.
Esas actualizaciones muestran cómo la cobertura de un ataque puede influir en las decisiones cotidianas. Los espectadores quizá necesiten saber si pueden llegar a un aeropuerto, qué carreteras están cerradas o cuándo se puede reanudar el tránsito. AEMEND sostuvo que los canales habían proporcionado esa información de forma responsable y conforme a las normas.
La asociación tenía previsto celebrar una reunión especial de su comité ejecutivo para considerar acciones judiciales y otras respuestas. El presidente de la PFUJ, Afzal Butt, y su secretario general, Arshad Ansari, exigieron que se retiraran las notificaciones y advirtieron que habría protestas y sentadas si continuaba la presión. Una notificación que exige explicaciones inicia un proceso regulatorio en el que un canal debe responder a las acusaciones antes de que se tome una decisión posterior.
Otras normas afectan la cobertura fuera de las principales ciudades
La directiva sobre televisión también se suma a los requisitos de registro que el Ministerio de Información y Radiodifusión introdujo en agosto. Según el CPJ, esas pautas abarcan a los periodistas extranjeros y a sus colaboradores en Pakistán, así como a las personas que trabajan con medios internacionales.
Las pautas exigen registrarse ante el ministerio y obtener un certificado antes de realizar tareas periodísticas fuera de Islamabad, Lahore y Karachi. Por tanto, quienes trabajan fuera de esas ciudades se enfrentan a un requisito administrativo, además de las restricciones renovadas que afectan a la cobertura de los canales satelitales.
Las dos medidas regulan distintas etapas del trabajo periodístico. El requisito del certificado se refiere a la realización de tareas fuera de las tres ciudades; la directiva de PEMRA se refiere a lo que los canales satelitales pueden transmitir sobre ataques e incidentes relacionados.
Para las redacciones que cubren la violencia en Jaiber Pastunjuá y Baluchistán, el acceso a los lugares y la autorización para emitir información son preocupaciones prácticas. La cuestión central sigue siendo si las normas de seguridad pueden proteger a los espectadores y las operaciones de seguridad sin menoscabar la capacidad de los periodistas para informar de forma independiente.
Puntos clave
- La directiva de PEMRA del 13 de octubre de 2026 renueva las restricciones emitidas por primera vez el 20 de febrero de 2023.
- La instrucción abarca las emisiones, las retransmisiones y la cobertura en directo de ataques e incidentes descritos en términos generales como «desagradables».
- Los canales deben recurrir a la verificación oficial, aplicar retrasos de emisión y contar con consejos editoriales independientes.
- El CPJ, la FIP y la PFUJ advierten que los requisitos podrían limitar la cobertura independiente.
- La directiva se emite tras la declaración del estado de excepción en Jaiber Pastunjuá y un fuerte aumento de los incidentes terroristas registrados.
- PEMRA advierte de acciones legales en virtud de tres artículos de la ordenanza que la rige.
