Seis jóvenes malasios buscan que el compromiso nacional sea vinculante
Seis jóvenes malasios piden al Tribunal Superior de Kuala Lumpur que obligue al gobierno a cumplir su promesa de mantener al menos la mitad del país cubierta de bosques. En su demanda citan estimaciones según las cuales se han destinado entre 4,27 y 4,51 millones de hectáreas de bosque natural a la conversión para uso comercial, lo que podría reducir la cobertura forestal a entre el 47,4% y el 49,6% del territorio de Malasia.
Contenido
- Seis jóvenes malasios buscan que el compromiso nacional sea vinculante
- Una visita a Johor convirtió el problema en algo personal
- Cómo se incorporó a la política nacional la promesa del 50%
- Qué miden realmente las cifras forestales
- Por qué importan las competencias estatales en una demanda federal
- Qué puede revelar al público la información oficial sobre las reservas
- La primera prueba legal es obtener permiso para continuar
- ¿Pueden los derechos constitucionales proteger a las generaciones futuras?
- Los bosques vinculan las finanzas públicas con la preocupación personal
- Puntos clave
La estimación del gobierno para 2024 sitúa la cobertura forestal en alrededor del 54,6%. La controversia va más allá de esas cifras: los demandantes quieren que el tribunal determine si las promesas reiteradas del gobierno generan obligaciones exigibles, qué protección pueden reclamar los jóvenes y cómo deben actuar las autoridades federales cuando los estados tienen el control de los bosques.
Amira Aliya, que tenía 18 años cuando se presentó el caso, se sumó a otros cinco demandantes de entre 20 y 30 años bajo la campaña Mana Hutan Kami, que significa «¿Dónde está nuestro bosque?». La acción cuestiona al gobierno malasio y al ministro de Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental.
La política forestal nacional de Malasia reitera el compromiso de conservar al menos el 50% del territorio del país como bosques y cobertura arbórea. Aprobado por el Gabinete el 11 de noviembre de 2020 y por el Consejo Nacional de Tierras el 29 de enero de 2021, el documento también explica una dificultad central para la demanda: los bosques están bajo jurisdicción estatal.
Los demandantes, representados por los abogados Datuk Ambiga Sreenevasan y Lim Wei Jiet, solicitan que se declare que sus derechos han sido vulnerados y que se dicte una orden vinculante para exigir medidas al gobierno. Entre las acciones que piden figuran trabajar a través del Consejo Nacional de Tierras y presentar informes de avance cada 90 días.
Una visita a Johor convirtió el problema en algo personal
La preocupación de Aliya tomó forma durante una visita en agosto de 2024 a un hogar de asistencia social en Johor. Fue para enseñar habilidades básicas para la vida a jóvenes de familias afectadas por abusos y situaciones desfavorecidas, pero vio cómo las inundaciones alteraban necesidades cotidianas.
La cocina, la lavandería y el espacio común del hogar estaban al aire libre. Durante las lluvias, los residentes y cuidadores tenían dificultades para llegar a los espacios de los que dependían. Aliya, estudiante y organizadora de actividades ambientales, describió el problema en términos prácticos:
La infraestructura de ese hogar no está preparada para las temporadas de lluvia
Aliya ya había organizado talleres sobre compostaje de residuos de alimentos a través del club de medioambiente y naturaleza de su escuela. Las repetidas inundaciones monzónicas le hicieron sentir que las iniciativas individuales eran demasiado limitadas para abordar las presiones que afectaban a las comunidades cercanas.
Los seis demandantes tienen experiencias en distintas partes de Malasia. Entre ellos están la activista climática Abe Lim, de 30 años, de Kuala Lumpur; la trabajadora de una ONG Sitti Fatimah, de 25 años, de Sabah; la estudiante de posgrado Winona Elisha Jemak, de 23 años, de Sarawak; y los estudiantes de Johor Lee Yu Dong, de 20 años, Adom Teh, de 20, y Aliya, de 18. Las edades corresponden al momento en que se anunció la demanda.
Cómo se incorporó a la política nacional la promesa del 50%
El entonces primer ministro Mahathir Mohamad asumió el compromiso forestal de Malasia en 1992, en torno a la Cumbre de la Tierra de Río. Defendió el derecho del país a utilizar madera para su desarrollo económico y, al mismo tiempo, prometió mantener la mitad del territorio bajo cobertura forestal.
La política forestal recoge el compromiso de mantener al menos un 50% de bosques y cobertura arbórea, con la condición de que los países desarrollados mantengan el 30% de su territorio como bosque. La estrategia de acción reitera el objetivo del 50% de Malasia.
La promesa nunca se convirtió en una obligación legal independiente. Sin embargo, se ha repetido en documentos de planificación y políticas nacionales, incluso en la 80.ª sesión del Consejo Nacional de Tierras, presidida por el primer ministro Anwar Ibrahim. Los demandantes sostienen que esta reiteración otorga fuerza jurídica al compromiso.
Lim Wei Jiet, uno de los abogados de los demandantes, resumió su postura en términos sencillos:
Si usted promete algo, debe cumplir su parte del acuerdo
La política también establece medidas concretas: mejorar los procedimientos para cambiar el uso del suelo forestal, reemplazar las áreas retiradas de las reservas forestales permanentes, declarar nuevas áreas forestales y actualizar periódicamente la información sobre bosques y cobertura arbórea. Estas medidas vinculan la promesa general con las decisiones sobre zonas concretas.
Qué miden realmente las cifras forestales
La estimación de los demandantes se refiere a bosques naturales destinados a la conversión. Si esas áreas se excluyeran del cálculo forestal, entre el 47,4% y el 49,6% del territorio nacional seguiría cubierto por bosques. Ese rango previsto se sitúa entre 0,4 y 2,6 puntos porcentuales por debajo del mínimo prometido.
El análisis de RimbaWatch, citado por los demandantes, utiliza conjuntos de datos geoespaciales para identificar bosques amenazados. Su medición de los bosques naturales excluye las plantaciones industriales. El gobierno utiliza categorías más amplias de bosques y cobertura arbórea, por lo que la definición es un elemento central de la controversia.
Abe Lim, investigadora del clima y demandante, explicó que los bosques naturales contienen capas de vegetación y relaciones ecológicas desarrolladas durante siglos. En general, una plantación tiene una combinación de especies más uniforme y árboles de edades similares. En una entrevista radial en abril, advirtió:
Si tratamos las plantaciones y los bosques naturales como si fueran intercambiables, corremos el riesgo de crear una imagen pública muy, muy engañosa
El Departamento Forestal de Malasia Peninsular ha cuestionado anteriormente las definiciones de bosque, deforestación y plantaciones forestales utilizadas por RimbaWatch. En respuesta a una estimación anterior que señalaba que se planeaba talar alrededor de 2,34 millones de hectáreas, el departamento afirmó que la pérdida prevista era demasiado alta debido a las diferencias en las definiciones.
Ese cálculo anterior utilizó cifras del gobierno que indicaban 18,33 millones de hectáreas de bosque, o el 55,2% del territorio nacional, en 2017. Proyectaba una reducción a unos 15,6 millones de hectáreas, o el 47,35%. El departamento señaló que Malasia informa sobre sus recursos forestales cada cinco años a través de la Evaluación de los Recursos Forestales coordinada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y reiteró el compromiso del 50%.
Por tanto, la disputa judicial abarca tanto los planes de uso del suelo como los métodos de medición: qué áreas deben contabilizarse para cumplir la promesa nacional y cómo deben las autoridades registrar la conversión de bosques naturales en plantaciones.
Por qué importan las competencias estatales en una demanda federal
El artículo 74(2) de la Constitución Federal, junto con la Lista II del Noveno Anexo, sitúa los bosques bajo jurisdicción estatal. La política forestal nacional establece que los estados controlan sus recursos forestales y elaboran sus propias leyes y políticas forestales.
La función ejecutiva del gobierno federal se describe como la prestación de asesoramiento, asistencia técnica, capacitación e investigación. Por tanto, una orden judicial dirigida al gobierno federal operaría dentro de un sistema en el que muchas decisiones sobre terrenos forestales corresponden a las autoridades estatales.
La solicitud de los demandantes para que se actúe a través del Consejo Nacional de Tierras aborda esa división de responsabilidades. Piden coordinación nacional para mantener el mínimo prometido, en lugar de depender únicamente de impugnaciones a proyectos específicos de tala.
La propia política forestal reconoce las consecuencias de la conversión. Define la deforestación como la tala permanente para usos como la agricultura, la industria, la minería, las carreteras, las represas, las ciudades y la vivienda. También advierte que los ecosistemas de selva tropical son frágiles y difíciles de restaurar después de perturbaciones continuas.
Qué puede revelar al público la información oficial sobre las reservas
El conjunto de datos sobre reservas forestales del Departamento de Estadística de Malasia, actualizado hasta 2024, registra la superficie de las reservas forestales permanentes por estado. Se trata de zonas declaradas legalmente, cuyas cifras se calculan a partir de los mapas oficiales de las reservas.
El conjunto de datos describe las reservas forestales permanentes según la Ley Forestal Nacional de 1984 y su gestión conforme a la Política Forestal Nacional de 1978, modificada en 1992. Sus cuatro funciones principales son la protección, la producción, la recreación y la investigación. Por tanto, una reserva puede tener distintos fines, incluida la producción de madera conforme a las normas de gestión.
La superficie de las reservas registrada para Johor fue de 432.184 hectáreas en 2014 y de 332.749 hectáreas en 2017. El departamento explica que las cifras de Malasia Peninsular anteriores a 2017 incluían reservas propuestas que aún no habían sido declaradas oficialmente; desde 2017, solo se contabilizaron las reservas declaradas. Quienes comparen esos años deben tener en cuenta este cambio en la cobertura de los datos.
Para las comunidades que buscan hacer seguimiento de las decisiones sobre los bosques, el conjunto de datos ofrece un registro de los límites legales de las reservas. El cálculo nacional que plantea la demanda aborda una cuestión más amplia sobre los bosques en distintas categorías de terrenos, incluidas las zonas destinadas a la conversión para uso comercial.
La primera prueba legal es obtener permiso para continuar
El Tribunal Superior debe decidir primero si concede autorización para la revisión judicial, es decir, el permiso para presentar la impugnación. Una cuestión central es la legitimación procesal: si los demandantes tienen una relación suficiente con el daño alegado para presentar el caso.
Una disputa aparte sobre el bosque de Bukit Cherakah, en Selangor, muestra hasta qué punto esa cuestión puede ser decisiva. En abril de 2026, el Tribunal Federal dictaminó que dos ONG ambientales no tenían legitimación para impugnar la retirada de la protección de la reserva porque se habían creado después de la decisión. Un informe de julio todavía describía el asunto como pendiente ante el Tribunal Federal.
Kiu Jia Yaw, presidente del Comité de Medio Ambiente y Cambio Climático del Consejo del Colegio de Abogados de Malasia, no participa en el caso de los jóvenes. A título personal, dijo que el fallo sobre Bukit Cherakah mostraba la necesidad de reforzar el reconocimiento de los derechos ambientales en el sistema jurídico de Malasia.
También se han descrito de manera distinta las fechas de presentación y audiencia del caso. El anuncio de los demandantes indicó que la demanda de revisión judicial se presentó el 28 de febrero de 2026, mientras que el relato de Aliya situó la presentación en abril. La audiencia se programó inicialmente para el 14 de mayo y después se indicó que tendría lugar el 27 de julio; el relato de Aliya señala el 20 de octubre. No se confirmó cuál es la fecha vigente de la audiencia ni se explicó el motivo de esos cambios.
- 1992: Malasia asume el compromiso de mantener al menos la mitad de su territorio bajo cobertura forestal.
- 11 de noviembre de 2020 y 29 de enero de 2021: El Gabinete y el Consejo Nacional de Tierras aprueban la política forestal nacional.
- Agosto de 2024: Aliya visita el hogar de asistencia social afectado por las inundaciones en Johor.
- 28 de febrero de 2026: El anuncio de los demandantes sitúa en esa fecha la presentación de la demanda de revisión judicial.
- 20 de octubre: Fecha de la audiencia para obtener autorización según el relato de Aliya.
¿Pueden los derechos constitucionales proteger a las generaciones futuras?
Los demandantes invocan el derecho a la vida establecido en el artículo 5(1) y la igualdad prevista en el artículo 8(1) de la Constitución Federal. También apelan a la expectativa legítima, el argumento de que deben cumplirse las promesas públicas reiteradas, y a la confianza pública, el principio de que los recursos públicos deben gestionarse en beneficio de las personas de hoy y del futuro.
La Constitución de Malasia no reconoce expresamente el derecho a un medioambiente saludable. Datuk Dr Shad Saleem Faruqi, profesor emérito de Derecho de la Universiti Malaya, explicó que los demandantes deben vincular la protección ambiental con los derechos constitucionales existentes.
Los fallos judiciales de Malasia ofrecen enfoques distintos. En Tan Tek Seng, en 1996, un caso relativo a un despido laboral, el tribunal interpretó que el derecho a la vida incluía los medios de subsistencia. En Kajing Tubek, también resuelto en 1996, los tribunales se negaron a detener un proyecto hidroeléctrico en Sarawak que desplazaría a miles de indígenas, al considerar que el proyecto había avanzado conforme a la ley.
Los jóvenes sostienen que la destrucción de los bosques impone una carga desigual a quienes vivirán más tiempo con sus efectos. En su declaración jurada afirman:
El deterioro ambiental de hoy impone costos futuros a quienes no tuvieron ninguna responsabilidad en causarlo
Kiu señaló que la equidad entre generaciones ya figura en el derecho climático internacional, el derecho de familia de Malasia y el derecho consuetudinario, o adat. Explicó que el adat exige que las personas utilicen el medioambiente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para disfrutarlo.
Los demandantes piden al tribunal que aplique esas ideas a la responsabilidad del gobierno sobre los bosques. Su argumento incorpora el abastecimiento de agua, los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria y las condiciones que heredarán las generaciones futuras a la interpretación del derecho a la vida.
Los bosques vinculan las finanzas públicas con la preocupación personal
La exposición económica de Malasia amplía el alcance del caso más allá de la conservación. Un estudio de 2022 del Banco Negara Malaysia y el Banco Mundial concluyó que el 54% de los préstamos bancarios estaba vinculado a industrias dependientes de la naturaleza, mientras que el 87% estaba expuesto a sectores que contribuyen al deterioro ambiental. Por tanto, la política forestal afecta tanto a las empresas y los préstamos como a las comunidades cercanas a los lugares de tala.
Las finanzas de los estados también forman parte del debate. Se informó que el fondo de Transferencias Fiscales Ecológicas ascendía a 250 millones de ringgit y estaba aumentando, con el objetivo de apoyar la conservación ecológica. Dr Lim Teckwyn, profesor asociado de ciencias ambientales en la Universidad de Nottingham Malasia, sostuvo que compensar de manera significativa a los estados por conservar los bosques podría requerir cientos de miles de millones de ringgit.
Aliya describe lo que está en juego en términos más personales. El calor y el deterioro ambiental le han dificultado imaginar su futuro y el de algunos de sus compañeros, incluso en lo referente a tener hijos. Le preocupa que los esfuerzos individuales se vean desbordados por los daños causados por empresas poderosas.
Su hermana, Amira Aisya, integrante de la asamblea de Johor, dio un ejemplo de acción a través de las instituciones públicas. Tras ser elegida, logró impulsar la creación de un Comité de Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Desastres en la asamblea estatal.
La campaña judicial de Aliya ha recibido miles de comentarios en redes sociales, incluidos relatos sobre la pérdida de bosques desde Penang hasta Borneo y solicitudes para donar o apoyar el caso. Para ella, emprender acciones legales ofrece una manera de responder a la sensación de impotencia. Dijo:
Debemos entender que todavía podemos hacer algo. Que esto no es el final
Puntos clave
- Seis demandantes de entre 18 y 30 años impugnan al gobierno por el compromiso de Malasia de mantener al menos un 50% de cobertura forestal.
- Su demanda cita entre 4,27 y 4,51 millones de hectáreas destinadas a la conversión, lo que podría reducir la cobertura de bosque natural a entre el 47,4% y el 49,6%.
- El gobierno estimó que la cobertura forestal rondaba el 54,6% en 2024; las definiciones de bosque, plantaciones y cobertura arbórea son centrales en la controversia.
- Los demandantes solicitan medidas gubernamentales vinculantes, coordinación a través del Consejo Nacional de Tierras e informes de avance cada 90 días.
- La legitimación procesal, los derechos constitucionales y la división de competencias entre los gobiernos federal y estatales son cuestiones jurídicas centrales.
- La política forestal nacional reitera el compromiso del 50% y establece medidas para gestionar la conversión y reemplazar las áreas retiradas de las reservas.
