Seis contratistas podrían ser sancionados por pactar licitaciones de mantenimiento
La Comisión de Comercio Justo de Japón se prepara para ordenar a cinco empresas de construcción que adopten medidas para evitar nuevas manipulaciones de licitaciones y paguen recargos conjuntos de unos 500 millones de yenes por contratos de mantenimiento de las líneas ferroviarias de operación pública de Tokio. Los presuntos acuerdos abarcan las cuatro líneas del metro Toei, la línea de tranvía Toden Arakawa y la línea de transporte Nippori-Toneri.
Contenido
- Seis contratistas podrían ser sancionados por pactar licitaciones de mantenimiento
- ¿Qué empresas se enfrentan a las órdenes propuestas?
- Cómo habría funcionado la asignación de contratos
- Qué cubrían los contratos y cuál era su valor
- Por qué se prevé que una empresa evite las sanciones
- El papel de Tokio es una parte independiente de la investigación
- De los contratos a las medidas propuestas: cronología
- Qué aún no se ha decidido
- Puntos clave
Se espera que la comisión determine que seis empresas infringieron la Ley Antimonopolio al coordinar quiénes ganarían los contratos antes de que se presentaran las ofertas. Se prevé que una sexta empresa, Tokyu Kidoh Kogyo, quede exenta tanto de la orden correctiva como del recargo por haber informado de la conducta antes de que comenzara la investigación.
El caso también alcanza al organismo público responsable de adjudicar los contratos. Los investigadores examinan si la oficina de transporte del Gobierno Metropolitano de Tokio participó en los presuntos acuerdos. Si se confirma esa participación, Tokio podría recibir una exigencia aparte para que adopte medidas de mejora, en virtud de la ley japonesa contra la participación del Gobierno en la manipulación de licitaciones.
Las sanciones propuestas aún no son definitivas. Según se ha informado, la comisión notificó a las empresas las medidas que propone y escuchará sus argumentos antes de tomar una decisión final. La diferencia es importante: la investigación ha avanzado hacia la imposición de sanciones, pero las empresas aún tienen la oportunidad de responder.
¿Qué empresas se enfrentan a las órdenes propuestas?
Se espera que las cinco empresas que reciban órdenes sean Totetsu Kogyo, Tsuboi, Hayakawa Kensetsu, Nisshin Kogyo y Sankikensetsu. Totetsu Kogyo está vinculada a East Japan Railway y cotiza en el mercado Prime de la Bolsa de Tokio. Sankikensetsu forma parte del grupo de construcción ferroviaria de Kyushu Railway.
Totetsu Kogyo tiene su sede en el distrito de Shinagawa, en Tokio; Tsuboi, en el distrito de Chuo, y Hayakawa Kensetsu, en el distrito de Taito. Nisshin Kogyo tiene su sede en Kawasaki, mientras que Sankikensetsu tiene su sede en Fukuoka. Tokyu Kidoh Kogyo, la sexta empresa, también tiene su sede en Kawasaki y forma parte del grupo ferroviario Tokyu.
La presunta infracción consiste en una restricción injustificada de la competencia, prohibida por la Ley Antimonopolio. En este caso, eso significa que las empresas supuestamente limitaron la competencia al acordar quién recibiría determinados contratos, en lugar de presentar ofertas independientes.
Las órdenes correctivas previstas exigirían medidas para evitar que la conducta se repita. Los recargos son sanciones económicas previstas por la ley de competencia. Los 500 millones de yenes mencionados en los informes son el monto conjunto previsto para las cinco empresas, no una sanción de esa cuantía para cada una. Los informes no han dado a conocer el desglose por empresa.
Cómo habría funcionado la asignación de contratos
La conducta sospechosa habría comenzado a más tardar en marzo de 2020. Según las acusaciones, los representantes de las empresas coordinaban quiénes serían los ganadores antes de las licitaciones de obras de mantenimiento y se repartían los contratos por línea ferroviaria, de modo que cada empresa pudiera obtener de forma reiterada trabajos en las rutas que prefería.
La red implicada comprende las líneas de metro Asakusa, Mita, Shinjuku y Oedo; la línea Toden Arakawa, también conocida como Tokyo Sakura Tram, y la línea de transporte automatizado Nippori-Toneri. Por tanto, el alcance va más allá del sistema de metro mencionado en las acusaciones iniciales.
Según se ha informado, la mayoría de los contratos de determinadas líneas se adjudicó a una empresa en particular. Algunas licitaciones recibieron ofertas de varias empresas pese a la presunta coordinación, mientras que otras recibieron una sola oferta. Una licitación con varios participantes puede parecer competitiva sin serlo realmente si estos ya acordaron quién sería el ganador.
Sin embargo, una sola oferta no demuestra por sí misma que hubiera colusión. La acusación central es que las empresas se coordinaron antes de presentar sus ofertas, no simplemente cuántas participaron. Los informes tampoco señalan qué empresa tenía asignada cada línea ni ofrecen una lista completa de los contratos afectados.
Qué cubrían los contratos y cuál era su valor
La oficina de transporte contrata trabajos como la sustitución de rieles envejecidos y de los cambios de vía, los equipos que permiten que los trenes pasen de una vía a otra. Se trata de compras para el mantenimiento de una red ya operativa, no de contratos para construir una nueva línea ferroviaria.
En las licitaciones descritas en la investigación, la oficina establece públicamente los requisitos técnicos e invita a las empresas interesadas a presentar solicitudes. Las empresas seleccionadas tras un proceso de evaluación pueden presentar sus ofertas. Ese procedimiento permite a la oficina comprobar si los contratistas cuentan con las capacidades necesarias, pero la presunta coordinación se refiere a lo que ocurrió entre los licitadores antes de presentar sus propuestas.
Según se ha informado, los precios ganadores de los contratos anuales oscilaron entre decenas de millones de yenes por empresa y montos del orden de 200 millones de yenes. Dos adjudicaciones de 2024 ofrecen una imagen más concreta del gasto bajo investigación.
En abril de 2024, Totetsu Kogyo ganó un contrato de 259,6 millones de yenes para renovar los rieles entre las estaciones de Azabu-Juban y Roppongi, en la línea Oedo. En junio de ese año, Tokyu Kidoh Kogyo recibió un contrato de 170 millones de yenes para trabajos en la línea Mita.
Las dos adjudicaciones suman 429,6 millones de yenes. El contrato de la línea Oedo fue 89,6 millones de yenes más alto que el de la línea Mita, es decir, alrededor de un 53% más. Esta comparación muestra la magnitud de algunas compras, pero no demuestra que ninguno de los contratos tuviera un precio excesivo. Las cifras publicadas no indican cuánto habrían costado esos proyectos con ofertas independientes.
Por qué se prevé que una empresa evite las sanciones
Se prevé que Tokyu Kidoh Kogyo figure entre las empresas que, según la comisión, infringieron la Ley Antimonopolio, pero que evite tanto la orden correctiva como el recargo. Según se ha informado, esto se debe a que comunicó voluntariamente la conducta antes de que la comisión iniciara la investigación.
El sistema de clemencia de Japón incentiva a las empresas a revelar conductas de cártel al permitir que quienes cumplen los requisitos obtengan una reducción o una exención de las sanciones económicas. El tratamiento previsto para Tokyu Kidoh muestra por qué determinar la participación en una infracción e imponer una sanción son cuestiones distintas.
La exención prevista no debe interpretarse como una conclusión de que la empresa no participó. Los informes señalan que las seis empresas están sujetas a la conclusión de infracción prevista, mientras identifican a cinco como destinatarias de las órdenes propuestas.
No se han publicado los detalles precisos de la información proporcionada por Tokyu Kidoh. Tampoco se ha informado qué pruebas presentó ni cómo contribuyeron a las conclusiones propuestas. La distinción establecida es que informó antes de la investigación y que se prevé que reciba el trato contemplado en el sistema de clemencia.
El papel de Tokio es una parte independiente de la investigación
La comisión inspeccionó la oficina de transporte y las seis empresas el 11 de noviembre de 2025. La inspección de la oficina incorporó a la investigación la conducta de la autoridad encargada de las compras, además de la de los contratistas.
Los investigadores examinan si la oficina participó en la presunta colusión. La divulgación de información confidencial sobre las licitaciones es una de las posibles formas de participación mencionadas en los informes, pero en este caso aún no se ha confirmado como una conclusión.
Si se confirma la participación del Gobierno, la comisión podría exigir a Tokio que adopte medidas de mejora en virtud de la ley destinada a impedir que funcionarios públicos faciliten la manipulación de licitaciones. Esto daría lugar a una respuesta independiente del Gobierno Metropolitano, que incluiría una investigación interna y medidas para evitar que la conducta se repita.
En 2019, Tokio recibió una exigencia de mejora por una manipulación de licitaciones relacionada con servicios de gestión de instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Ese caso anterior constituye un precedente concreto dentro del mismo Gobierno Metropolitano. Por sí solo, no demuestra que hubiera irregularidades en los contratos de mantenimiento ferroviario ni que participaran los mismos funcionarios o se siguieran las mismas prácticas.
De los contratos a las medidas propuestas: cronología
La secuencia de hechos publicada abarca varios años. Distingue entre el presunto inicio de la coordinación, las adjudicaciones identificadas, las inspecciones y la etapa actual de las medidas administrativas propuestas.
- 2019: Tokio recibió una exigencia de mejora por la participación del Gobierno en la manipulación de licitaciones para la gestión de instalaciones de tratamiento de aguas residuales.
- A más tardar en marzo de 2020: Ya estaba en marcha la presunta coordinación de las licitaciones de mantenimiento ferroviario.
- Abril de 2024: Totetsu Kogyo ganó el contrato de 259,6 millones de yenes para renovar los rieles de la línea Oedo.
- Junio de 2024: Tokyu Kidoh Kogyo ganó un contrato de 170 millones de yenes para la línea Mita.
- 11 de noviembre de 2025: La comisión inspeccionó la oficina de transporte y seis empresas de construcción.
- Etapa actual de las medidas: Según se ha informado, las empresas recibieron notificación de las órdenes propuestas; la decisión final se tomará después de considerar sus argumentos.
Los informes que indican que los acuerdos comenzaron hace varios años son compatibles con la acusación más precisa de que ya estaban vigentes en marzo de 2020. Esa fecha no necesariamente marca el comienzo de la conducta: señala el momento más tardío para el que, según se ha informado, ya existían los presuntos acuerdos.
Qué aún no se ha decidido
El siguiente paso del procedimiento es que la comisión examine las respuestas de las empresas y luego tome una decisión final. No se ha dado a conocer una fecha exacta para las audiencias ni para las órdenes definitivas. Tampoco se ha informado cuándo concluirá la investigación sobre la posible participación de la oficina de transporte.
Quedan sin respuesta varias cuestiones financieras. Los informes no indican el valor total ni el número de contratos afectados, el recargo propuesto para cada empresa ni una estimación de los costos adicionales para Tokio. Por tanto, los recargos previstos, de unos 500 millones de yenes, no deben interpretarse como un cálculo de las pérdidas para el presupuesto público.
El caso se refiere a la competencia en las compras públicas. Las acusaciones publicadas no demuestran que el mantenimiento fuera deficiente, que hubiera fallos de seguridad ferroviaria ni que se interrumpieran los servicios para los pasajeros. Mantener esos asuntos separados evita convertir una acusación sobre la adjudicación de los contratos en una afirmación sin fundamento sobre cómo se realizaron los trabajos.
El resultado final dependerá de dos decisiones distintas: si la comisión confirma las infracciones y sanciones propuestas contra las empresas, y si determina que hubo participación del Gobierno que requiera medidas correctivas por parte de Tokio. La primera decisión se acerca a una resolución formal; la segunda sigue bajo investigación.
Puntos clave
- Se prevé que la comisión determine que seis contratistas infringieron la Ley Antimonopolio al coordinar licitaciones de mantenimiento ferroviario en Tokio.
- Cinco empresas se enfrentan a órdenes correctivas y recargos conjuntos de unos 500 millones de yenes.
- Se prevé que Tokyu Kidoh Kogyo evite esas órdenes tras informar voluntariamente de la conducta antes de que comenzara la investigación.
- Los presuntos acuerdos abarcan cuatro líneas del metro Toei, el tranvía Toden Arakawa y la línea Nippori-Toneri.
- La conducta habría existido a más tardar en marzo de 2020; las inspecciones se realizaron el 11 de noviembre de 2025.
- Se investiga la posible participación de la oficina de transporte de Tokio, pero aún no se ha llegado a una conclusión al respecto.
- Las órdenes definitivas se emitirán después de considerar los argumentos de las empresas. No se ha dado a conocer una fecha exacta para la decisión.
