Un cobro de 300 baht podría consumir los ingresos de un día
Una contribución del paciente del 10% sobre una factura médica de 3.000 baht costaría 300 baht, lo mismo que los ingresos de un día completo para alguien que recibe esa cantidad y la mitad de la ayuda de 600 baht que reciben algunas personas mayores. Este cálculo está en el centro de una campaña comunitaria contra los cambios a la Ley de Seguridad Sanitaria Nacional de Tailandia de 2002.
Contenido
- Un cobro de 300 baht podría consumir los ingresos de un día
- Qué cambiaría la enmienda propuesta
- La ley vigente ya contempla cobros
- Por qué los activistas dicen que los pacientes ya contribuyen
- Las experiencias de los pacientes muestran que hay más que la factura del hospital
- ¿Quién decide los beneficios y los presupuestos?
- La disputa se ha repetido durante varios años
- La presión financiera es real, pero las cifras antiguas necesitan contexto
- Las alternativas se centran en la prevención y los tres fondos
- Puntos clave
Wimon Thawinpong, líder comunitaria del distrito Sai Mai de Bangkok, participó el 5 de octubre de 2026 en una marcha contra la enmienda. En declaraciones publicadas el 12 de octubre, instó a los legisladores a detener los cambios que podrían obligar a quienes usan el régimen de Cobertura Universal, conocido comúnmente como la tarjeta dorada, a pagar más cuando reciben tratamiento.
Su advertencia se refiere a la decisión que afrontan los hogares con poco dinero después de comprar alimentos y cubrir otras necesidades: pagar el tratamiento o preservar los ingresos familiares. Teme que algunos pacientes soporten la enfermedad en lugar de buscar atención. El cálculo del 10% era un ejemplo de ese riesgo, no la confirmación de un cobro aprobado.
La disputa también gira en torno a quién controla el gasto sanitario, cuánta influencia conservan los pacientes y si la presión financiera debe abordarse mediante la financiación hospitalaria, reformas en las compras o cobros en el momento de recibir tratamiento. Un aviso oficial de 2012 muestra que la historia jurídica es más compleja que una simple división entre atención gratuita y de pago: la ley vigente ya permitía un cobro limitado de 30 baht con exenciones.
Qué cambiaría la enmienda propuesta
En julio de 2026, el comité de salud pública del Senado propuso modificar la Ley de Seguridad Sanitaria Nacional y planteó posibles contribuciones de los pacientes. Se esperaba que la propuesta llegara al Parlamento en septiembre u octubre. El 26 de agosto, el Consejo de Consumidores de Tailandia organizó una rueda de prensa para oponerse a ella en el hotel Amari Don Muang, en Bangkok.
Los activistas advirtieron que los cambios podrían debilitar el acceso al tratamiento sin cargos adicionales. También cuestionaron posibles cambios en la Junta de Seguridad Sanitaria Nacional y en la redacción utilizada para describir los servicios cubiertos. Se trata de preocupaciones sobre una propuesta, no de pruebas de que el Parlamento haya aprobado un sistema de pago concreto.
Los testimonios no establecen una tasa de contribución definitiva, un límite máximo de pago, una lista completa de exenciones ni una votación parlamentaria confirmada. Esos detalles importan: una tarifa fija, un porcentaje de la factura y un cobro limitado a determinados servicios expondrían a los pacientes a costos distintos.
La ley vigente ya contempla cobros
El aviso de pago de 2012 de la Junta de Seguridad Sanitaria Nacional ofrece una referencia jurídica concreta. Emitido en virtud del párrafo dos del artículo 5 de la Ley de Seguridad Sanitaria Nacional, estableció una contribución de 30 baht por cada consulta que reuniera los requisitos y que incluyera tratamiento y entrega de medicamentos.
El aviso se aplicaba a proveedores designados, entre ellos hospitales del Ministerio de Salud Pública de nivel de hospital comunitario o superior, otros hospitales estatales, hospitales universitarios y hospitales privados de nivel equivalente. Fue firmado el 27 de julio de 2012 por Witthaya Buranasiri, entonces ministro de Salud Pública y presidente de la junta, y entró en vigor el 1 de septiembre de ese año.
Las exenciones abarcaban la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la atención de emergencias críticas y urgentes, las personas pobres, otros grupos designados por el ministro de Salud Pública y los servicios en centros por debajo del nivel de hospital comunitario.
Este documento establece que la ley de 2002 ya permitía una modalidad definida de pago por parte de los pacientes. No establece lo que cada paciente debe pagar hoy ni lo que exigiría la enmienda de 2026. La distinción fundamental está entre aquel cobro fijo histórico con exenciones y una posible contribución calculada como proporción del costo del tratamiento.
Por qué los activistas dicen que los pacientes ya contribuyen
Wimon sostiene que los beneficiarios de la tarjeta dorada ya contribuyen a financiar los servicios públicos mediante los impuestos, incluido el impuesto al valor agregado sobre las compras cotidianas. A su juicio, exigir otro pago en el hospital trasladaría una mayor carga a quienes menos pueden asumirla.
También señala la asignación de fondos del régimen por cada persona que reúne los requisitos. Este enfoque, conocido como capitación, presupuesta una cantidad fija por persona cubierta, en lugar de tratar la contribución de cada persona como una cuenta médica separada. La agrupación de recursos permite que el dinero asociado a quienes necesitan poco tratamiento ayude a quienes enferman gravemente.
Wimon considera que esa puesta en común hace innecesarios los cobros adicionales a los pacientes. Sin embargo, sus declaraciones no ofrecen una evaluación financiera actual que demuestre que el presupuesto es suficiente. Su argumento sobre el riesgo compartido y los impuestos debe distinguirse de una conclusión verificada sobre las finanzas hospitalarias.
Recuerda que, antes de la existencia del régimen, algunos pacientes vendían tierras de cultivo, viviendas y otros bienes para pagar las facturas médicas. Le preocupa que los cobros más altos vuelvan a obligar a los hogares a elegir entre proteger sus medios de vida y recibir atención.
Las experiencias de los pacientes muestran que hay más que la factura del hospital
Los testimonios de pacientes publicados el 27 de junio de 2017 ilustran por qué incluso los cobros relativamente modestos pueden ser importantes. Nimjin Jareno, entonces una mujer desempleada de 60 años, contó que tenía diabetes, hipertensión y asma, y que acudía al hospital cada tres meses. Para quien recibe tratamiento periódico, el pago es un gasto recurrente, no un costo único de una emergencia.
Nimjin apoyaba la ayuda voluntaria de quienes tienen más recursos, en lugar de las contribuciones obligatorias. Al referirse a una caja de donaciones en un hospital que ofrecía desayunos a pacientes con diabetes, dijo:
«Pero debería ser una decisión personal. Quienes tienen más deberían ayudar a quienes tienen menos».
Boonlern Jaremnoerwittayakul, entonces propietario de una tienda de comestibles de 76 años con hipertensión, dijo que veía a un médico cada tres o cuatro meses. Recordó un tratamiento ocular que habría costado 9.000 baht, pero por el que pagó 30 baht con la tarjeta. Este es su relato de un caso concreto, no un tarifario aplicable a todos los pacientes.
Waraporn Thongchalee, vendedora de roti y café, contó que recibió atención de emergencia sin pagar después de cortarse con un cuchillo. El guardia de seguridad Wiracha Sirinai dijo que los gastos de transporte, comida y otros costos ya influían en su decisión de ir al hospital o comprar medicamentos en una farmacia.
Esta preocupación también estuvo presente en la campaña de agosto de 2026. Laphit Roekdee, secretario de la Fundación Phayao para el Desarrollo, advirtió que las personas que viven lejos de los hospitales tendrían que afrontar los cobros a pacientes además de los gastos de transporte. Incluso una tarifa hospitalaria baja puede resultar difícil de pagar cuando el viaje ya consume una parte considerable de los ingresos familiares.
¿Quién decide los beneficios y los presupuestos?
Meena Duangrasi, presidenta del centro de protección de los derechos de los usuarios de la tarjeta dorada en Surin, advirtió que una junta modificada podría incluir a más proveedores de servicios y una proporción menor de representantes públicos. Le preocupa que esto reduzca la influencia de los pacientes en los servicios, las políticas y el gasto.
También cuestionó una posible distinción entre los beneficios básicos y otros tratamientos. Si algunos medicamentos o servicios quedan fuera de un paquete básico, teme que se exija a los pacientes contribuir incluso cuando esa atención sea médicamente necesaria. Para determinar si ese riesgo se convierte en una obligación legal, sería necesario conocer la redacción precisa de una enmienda aprobada.
Chalom Ketjinda, farmacéutico y vicepresidente de la asociación de consumidores de Songkhla, recordó que 50.000 firmas de ciudadanos ayudaron a que un proyecto de ley sobre la tarjeta dorada entrara en el proceso legislativo en 2002. Instó a aumentar la financiación por persona que reúne los requisitos, apoyar al personal médico y mantener la participación pública mediante los fondos locales de salud, en lugar de tratar a los defensores de los pacientes y a los trabajadores de la salud como partes enfrentadas.
La disputa se ha repetido durante varios años
La campaña de 2026 sigue a debates anteriores sobre enmiendas y contribuciones de los pacientes. La cronología muestra que han surgido preocupaciones similares en diferentes contextos políticos, aunque las propuestas no deben considerarse un único proyecto de ley continuo.
- 2002: La Ley de Seguridad Sanitaria Nacional estableció el marco jurídico en el centro de la disputa.
- 27 de julio de 2012: La Junta de Seguridad Sanitaria Nacional emitió su aviso de pago de 30 baht, vigente desde el 1 de septiembre.
- Junio de 2017: Las audiencias sobre las enmiendas se enfrentaron a protestas; tres de las cuatro fueron suspendidas después de que activistas se retiraran o se manifestaran en contra.
- 12 de febrero de 2019: Se informó que los líderes de cuatro grandes partidos se oponían a una propuesta para que los pacientes pagaran entre el 10% y el 20% de los costos del tratamiento.
- Julio y agosto de 2026: El comité del Senado propuso enmiendas, seguido por el acto de oposición del Consejo de Consumidores del 26 de agosto.
- Octubre de 2026: Wimon participó en la marcha del 5 de octubre y expresó nuevas objeciones, publicadas el 12 de octubre.
En 2017, el primer ministro Prayut Chan-o-cha dijo que la tarjeta dorada no sería eliminada. El ministro de Salud Pública, Piyasakol Sakolsatayadorn, dijo que la enmienda apuntaba a la mala gestión financiera de algunos proveedores médicos, no a los titulares de la tarjeta. Esas garantías diferían de los temores expresados por los manifestantes y los pacientes; ninguna establece el contenido de la propuesta separada de 2026.
Las cifras de cobertura también varían. Wimon mencionó más de 45 millones de beneficiarios, mientras que la campaña de agosto de 2026 citó 47 millones. El testimonio de pacientes de junio de 2017 y el debate político de febrero de 2019 hablaron de unos 48 millones, mientras que otro análisis financiero de junio de 2017 mencionó unos 49 millones. Estas estimaciones fechadas no deben interpretarse como una tendencia verificada sin datos de afiliación comparables.
La presión financiera es real, pero las cifras antiguas necesitan contexto
Las cifras históricas de gasto muestran por qué la financiación sigue siendo parte del debate. El presupuesto de Cobertura Universal aumentó de 55.300 millones de baht en 2003 a 165.000 millones en el año fiscal 2017. El aumento fue de 109.700 millones de baht, o alrededor del 198%, por lo que el presupuesto posterior casi triplicaba el inicial.
Un informe financiero de junio de 2017 también describió una asignación de emergencia de 5.000 millones de baht para cinco hospitales con problemas de liquidez. La liquidez significa disponer de dinero suficiente para cubrir los gastos inmediatos. Un régimen puede proteger a los pacientes de las facturas mientras algunos proveedores tienen dificultades para pagar sus costos operativos.
El mismo informe situó en el 14% la proporción de personas de 60 años o más en 2016 y proyectó que llegaría a una cuarta parte en 2025. Indicó que el gasto en asistencia social para personas mayores fue de 270.000 millones de baht en 2014, con una proyección de 680.000 millones para 2024. Ese total más amplio de asistencia social incluía pensiones y subsidios, no solo atención sanitaria de la tarjeta dorada.
Se trataba de cifras históricas y proyecciones, no de resultados verificados para 2026. Explican la preocupación de larga data por financiar la atención de una población envejecida, pero no demuestran que las contribuciones de los pacientes sean necesarias ahora.
Un paciente entrevistado en 2017 dijo que la asignación por persona había aumentado de 1.500 a 3.200 baht. Ese recuerdo no constituye una tasa de financiación oficial actual. Para evaluar el presupuesto de hoy se necesitarían las asignaciones actuales, los costos de tratamiento y las cuentas de los proveedores, aspectos que no quedan establecidos aquí.
Las alternativas se centran en la prevención y los tres fondos
La oposición a los cobros a pacientes atravesó las líneas partidistas en febrero de 2019. Pheu Thai, Palang Pracharath, el Partido Demócrata y Future Forward rechazaron las contribuciones propuestas del 10% al 20%, aunque presentaron distintos enfoques para mejorar la atención de salud.
Khunying Sudarat Keyuraphan, entonces presidenta del comité estratégico de Pheu Thai, defendió la prevención, la promoción de la salud y una mejor gestión presupuestaria. En un seminario en Bangkok, dijo:
«El partido orientará sus esfuerzos hacia la prevención y la promoción de la salud, así como hacia una mayor participación pública en el sistema de atención de salud».
Suvit Maesincee, entonces vice líder de Palang Pracharath, propuso reducir los costos de medicamentos y suministros mediante cambios en las compras y acercar los tres principales fondos de atención de salud. Estos fondos cubren a los funcionarios públicos, los trabajadores afiliados a la seguridad social y las personas cubiertas por la Cobertura Universal. También apoyó que los pacientes pudieran recibir servicios en cualquier hospital.
Abhisit Vejjajiva, entonces líder de los Demócratas, pidió financiación suficiente para la Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria y sostuvo que cualquier carga adicional debía recaer en quienes producen bienes que contribuyen a las enfermedades, no en los pacientes. Thanathorn Juangroongruangkit, líder de Future Forward, dijo que el presupuesto nacional anual de 2,33 billones de baht era suficiente para financiar el régimen. Esa era una postura política basada en el presupuesto citado en aquel momento, no una evaluación fiscal actual.
En agosto de 2026, Sunthorn Suriyo, presidente del centro de protección de los derechos de los consumidores de Kanchanaburi, volvió a proponer la unificación de los tres fondos para reducir las diferencias en los beneficios. La alternativa recurrente consiste en mejorar la forma en que se recaudan, distribuyen y gastan los fondos públicos antes de cobrar más a los pacientes.
El siguiente paso decisivo es la publicación y el examen parlamentario de disposiciones precisas para la enmienda. Se esperaba que se presentara en septiembre u octubre de 2026, pero no se ha confirmado una votación, una tasa de contribución aprobada ni una fecha de entrada en vigor. Hasta que se resuelvan esos detalles, las advertencias de la campaña deben distinguirse de los cambios legales ya vigentes.
Puntos clave
- Wimon Thawinpong, líder comunitaria de Sai Mai, instó a los legisladores a detener las enmiendas que podrían introducir cobros adicionales a los pacientes.
- Su ejemplo calcula que el 10% de una factura de 3.000 baht son 300 baht, lo mismo que los ingresos de un día para alguien que recibe esa cantidad.
- Un aviso oficial de 2012 estableció un cobro fijo de 30 baht con exenciones, entre ellas para las personas pobres y determinados casos de atención de emergencia.
- Los activistas también se oponen a posibles reducciones de la representación pública y a restricciones de los beneficios cubiertos.
- Los presupuestos históricos muestran un aumento considerable del gasto, pero no establecen la situación financiera actual del régimen.
- No se han establecido una tasa de pago definitiva, un sistema de exenciones ni una votación parlamentaria confirmada para la propuesta de 2026.
