La acusación revisada identifica a 10.123 inversionistas
La Fiscalía Popular Suprema de Vietnam ha presentado una nueva acusación contra Nguyễn Ngọc Thủy, presidente y director ejecutivo de Egroup Education Group, en un caso en el que se alega que la venta de acciones ficticias privó a 10.123 inversionistas de más de 8,459 billones de dong. El caso será juzgado por el Tribunal Popular de Hanói después de que una investigación complementaria elevara las pérdidas presuntas en unos 782.000 millones de dong.
Contenido
- La acusación revisada identifica a 10.123 inversionistas
- ¿Cuánto aumentaron las pérdidas presuntas?
- Capital inflado e ingresos inventados
- La promesa detrás de los contratos de acciones
- Una red de ventas incentivada para recaudar dinero
- Cuando las nuevas inversiones pagaban obligaciones anteriores
- Cargos por soborno y discrepancias en el número de acusados
- Transferencias de propiedades y fallos civiles
- El calendario procesal y las cuestiones pendientes
- Puntos clave
Thủy, conocido comúnmente como Shark Thủy, enfrenta cargos por apropiación fraudulenta de bienes y soborno. Tống Thị Kim Liên, directiva de Nhất Trần, enfrenta un cargo por aceptación de sobornos. La mayoría de las informaciones sitúan en 29 el número total de acusados, entre ellos contadores y directivos empresariales señalados por ayudar a organizar y vender las inversiones.
Las acusaciones describen algo más que un negocio educativo fallido. Los fiscales sostienen que el capital registrado de Egroup se aumentó artificialmente de 32.000 millones de dong a 962.500 millones, que los ingresos inventados representaban cerca del 70% de sus ingresos anuales declarados y que los inversionistas compraron supuestas acciones mediante contratos que prometían recomprarlas a un precio más alto al cabo de un año.
Los investigadores también alegan que, cuando cerraron centros de inglés y preescolares entre 2021 y 2023, se indicó a los directivos que destinaran el 70% del dinero de nuevos inversionistas a pagar a los anteriores. El dinero recaudado mediante el presunto esquema se registraba por separado y se excluía de los informes financieros y fiscales presentados a las autoridades.
La acusación es una imputación, no una declaración de culpabilidad. Las informaciones sobre el nuevo proceso no indican una fecha de juicio ni un fallo. Para los inversionistas, importa otra distinción: la investigación diferencia entre el total de personas identificadas como víctimas y quienes aún tenían capital pendiente de pago.
¿Cuánto aumentaron las pérdidas presuntas?
La nueva cifra de pérdidas presuntas, superior a 8,459 billones de dong, se compara con una cantidad previamente divulgada de más de 7,677 billones. Según esas cifras, el aumento es de unos 782.000 millones de dong, o aproximadamente un 10,2%. Como ambas cantidades se presentan como cifras superiores a esos montos, se trata de una comparación aproximada y no de una conciliación contable exacta.
La mayoría de las informaciones señala que el número de víctimas identificadas aumentó en 60, de 10.063 a 10.123. Sin embargo, una de ellas indica que el aumento fue de 70, aunque ofrece el mismo total final. Las descripciones de la acusación no aclaran esta discrepancia.
Un desglose adicional permite precisar mejor las reclamaciones pendientes. Los investigadores identificaron a 8.938 personas con capital pendiente de pago por un total superior a 8,459 billones de dong. Otros 1.185 inversionistas habían recibido reembolsos de capital y rendimientos superiores al dinero que aportaron inicialmente. Según las informaciones, los investigadores no solicitaron una indemnización civil para este último grupo.
Los dos grupos suman 10.123 personas. Por tanto, alrededor del 88,3% de las víctimas identificadas pertenecía al grupo con capital pendiente, según las cifras divulgadas. Esto no determina cuánto perdió cada persona ni cuánto podría recuperar. Sí muestra por qué el total de víctimas no debe interpretarse como el número de personas con reclamaciones de indemnización idénticas.
Capital inflado e ingresos inventados
Según la acusación, el presunto esquema empezó a tomar forma en 2014, cuando Thủy necesitaba dinero para pagar deudas, cubrir gastos personales y mantener las operaciones comerciales de Egroup. Presuntamente ordenó a sus empleados inflar el capital registrado de la empresa y organizar después la transferencia de acciones ficticias a los inversionistas.
El capital registrado es el monto de capital inscrito para una empresa. No equivale a los ingresos anuales, los beneficios ni el efectivo disponible para pagar a los inversionistas. Los fiscales alegan que la cifra registrada de Egroup aumentó de 32.000 millones de dong a 962.500 millones sin que existiera el capital real que respaldara ese incremento.
La cifra más alta es aproximadamente 30 veces el monto inicial. La mayoría de las informaciones indica 962.500 millones de dong, aunque dos de ellas ofrecen la cifra redondeada de 962.000 millones. Ninguna de las dos versiones modifica la acusación central: la base de capital aparente de la empresa estaba muy inflada.
Nguyễn Mạnh Phú, identificado como director financiero de Egroup y contador jefe de Egame, y Phạm Thị Thanh Thọ, identificada generalmente como contadora jefe de Egroup, presuntamente llevaron a cabo los cambios de capital y participación accionaria. Las informaciones difieren sobre algunas de sus vinculaciones empresariales: una identifica a Thọ como contadora jefe de Egame.
La acusación también sostiene que los ingresos inventados representaban cerca del 70% de los ingresos anuales. Esa imputación se refiere a la credibilidad del negocio presentado a los inversionistas, no solo al valor asignado a las acciones. Los fiscales afirman que las cifras contribuyeron a presentar a Egroup como una empresa rentable que operaba en varios sectores.
La promesa detrás de los contratos de acciones
Se ofrecieron a los inversionistas acciones de Egroup a 38.000 dong cada una. Thủy presuntamente firmó contratos en los que prometía recomprarlas al cabo de un año por 42.000 dong cada una. Los inversionistas también lo autorizaron a ejercer todos sus derechos y obligaciones como accionistas.
El aumento prometido era de 4.000 dong por acción. Al dividir ese incremento por el precio de compra de 38.000 dong, se obtiene un rendimiento de aproximadamente el 10,5% en un año, antes de considerar otros pagos o costos. Se trataba de una promesa contractual mencionada en las acusaciones, no de una prueba de que la inversión hubiera generado ese rendimiento.
El acuerdo combinaba el lenguaje de la participación accionaria con un compromiso de recompra a un precio fijo. Una acción normalmente representa una participación en la propiedad cuyo valor depende de la empresa. La promesa de recomprarla a un precio determinado depende de que la persona o empresa que la hace tenga suficiente dinero cuando llegue el momento de pagar.
En este caso, los fiscales alegan que las acciones eran ficticias y que la información financiera utilizada para venderlas era falsa. Los inversionistas también delegaron sus derechos como accionistas en Thủy, de modo que tanto el pago prometido como el ejercicio de esos derechos quedaron en manos de la misma persona a la que se acusa de dirigir el esquema.
Una red de ventas incentivada para recaudar dinero
Đặng Văn Hiển presuntamente organizó planes de captación de fondos, anuncios sobre proyectos escolares y cálculos de los beneficios previstos de las inversiones. También supervisó la capacitación del personal de ventas y las gestiones para que posibles inversionistas visitaran el negocio antes de firmar contratos de compra de acciones.
Las informaciones identifican a Hiển como responsable de relaciones con los accionistas, pero discrepan sobre si ese cargo correspondía a Egroup o a Egame. Coinciden en describir su presunto papel como encargado del departamento comercial y de organizar la promoción de las inversiones.
Los empleados de ventas recibían comisiones equivalentes al 5% de las inversiones que captaban. De ese monto, el 2% se pagaba en acciones de Egroup y el 3% en efectivo. También se animaba a los empleados a convertir en acciones la parte pagada en efectivo.
Esta estructura de comisiones premiaba el volumen de dinero recaudado. La acusación sostiene que los directivos y el personal de ventas respaldaron esa captación con declaraciones falsas sobre las actividades de inversión, los planes de negocio y los beneficios. Por tanto, la imputación se refiere tanto a la información financiera presentada por la empresa como a las afirmaciones utilizadas para convencer a cada comprador.
Las descripciones del caso no demuestran que todos los empleados tuvieran el mismo grado de conocimiento en cada etapa. Sin embargo, alegan que el personal siguió recaudando dinero durante el período posterior pese a saber que los nuevos fondos se utilizaban para pagar a los inversionistas anteriores, en lugar de financiar las operaciones educativas.
Cuando las nuevas inversiones pagaban obligaciones anteriores
Según los informes de la investigación, entre 2021 y 2023 cerraron centros de inglés y preescolares de la red de Egroup. El número de nuevos clientes disminuyó y el dinero que ingresaba no era suficiente para cubrir los gastos y los contratos cuyo plazo de pago estaba venciendo.
Thủy presuntamente instruyó a 23 gerentes y jefes de equipo que supervisaban a 341 empleados de ventas para que redirigieran el dinero recaudado. Los empleados podían usar el 70% de los fondos de nuevos clientes para pagar a clientes anteriores cuyos saldos pendientes administraban. El 30% restante debía enviarse a la empresa.
Esta presunta distribución es distinta de la afirmación de que los ingresos fabricados representaban cerca del 70% de los ingresos anuales. Una cifra se refiere a ingresos comerciales inventados; la otra describe cómo se distribuía el dinero de las nuevas inversiones captadas.
Utilizar el dinero de inversionistas posteriores para cumplir obligaciones anteriores hace que los pagos dependan de que continúe la captación de fondos, y no de los ingresos generados por la actividad ofrecida a los inversionistas. En este caso, los investigadores alegan que el personal de ventas sabía que el dinero no se invertía en educación, como se había afirmado, pero siguió solicitando fondos.
Las presuntas transferencias fraudulentas de acciones se realizaron entre 2015 y 2023. Según las informaciones, los flujos de inversión resultantes se anotaban en registros separados y se omitían de los informes financieros y fiscales enviados a las autoridades. Se describe a Egroup y Egame como empresas con desequilibrios financieros e incapaces de reembolsar a los inversionistas. No se ofrece una cifra verificada del total de activos recuperables.
Cargos por soborno y discrepancias en el número de acusados
La presunta cantidad vinculada a los sobornos se mantiene en 32.000 millones de dong, sin cambios tras la investigación complementaria. Thủy está acusado de ofrecer sobornos y Liên, de aceptarlos. La mayoría de las informaciones la identifica como presidenta y directora financiera de Nhất Trần; otra la describe como directora general.
Las informaciones difieren sobre los cargos de Phú. Algunas señalan que Thủy enfrenta cargos por fraude y soborno, y que 27 contadores y directivos enfrentan cargos por fraude. Otras indican que Phú también enfrenta un cargo por ofrecer sobornos, mientras que los otros 26 acusados están imputados por fraude y Liên, por aceptar sobornos. Ambas descripciones dan un total de 29 acusados.
Otra información se refiere a 25 subordinados, mientras que un resumen de investigación menciona 28 acusados, aunque el texto que lo acompaña describe a Thủy junto con otros 28. El total de 29 es el más repetido, pero estas descripciones discrepantes no permiten determinar con certeza cómo se distribuyen los cargos.
Las informaciones no explican con suficiente detalle el propósito del presunto pago de 32.000 millones de dong para determinar qué acción se buscaba obtener. Por ello, la acusación de soborno debe distinguirse del monto mucho mayor atribuido a la venta fraudulenta de acciones.
Transferencias de propiedades y fallos civiles
La investigación complementaria examinó transferencias e hipotecas relacionadas con 28 propiedades pertenecientes a 29 víctimas. Una información sitúa las operaciones notariales entre agosto de 2016 y junio de 2021, por lo que la investigación sobre las propiedades abarca varios años del presunto esquema de captación de fondos.
Según las informaciones, siete víctimas firmaron contratos de transferencia de propiedades a petición de Egame. Seis participaron en acuerdos descritos como contratos de cooperación estratégica relacionados con acciones de Egroup. Otra persona transfirió dos propiedades a cambio de bonos emitidos por Igarten. Estas operaciones añadieron a la investigación sobre los fondos de los inversionistas cuestiones relativas a la titularidad de propiedades y los préstamos garantizados.
Lê Thị Thanh Hiền, esposa de Thủy, y Nguyễn Ngọc Khánh, subdirector ejecutivo de Egroup, presuntamente recibieron la titularidad de seis propiedades de nueve víctimas y posteriormente las hipotecaron ante bancos. Los investigadores concluyeron que ambos desconocían las ventas de acciones ficticias y no se beneficiaron de los presuntos delitos. No se consideró atribuirles responsabilidad penal.
Tampoco se consideró iniciar un proceso penal contra los cinco notarios que tramitaron operaciones relacionadas con las 28 propiedades. Según los investigadores, las partes participaron voluntariamente, los procedimientos notariales cumplieron la normativa y los notarios no se beneficiaron del presunto esquema.
Los procedimientos civiles requieren una distinción numérica aparte. Entre agosto de 2023 y enero de 2024, según las informaciones, los tribunales de Hanói emitieron 22 sentencias civiles firmes y dos decisiones que reconocían acuerdos entre víctimas y seis empresas de Egame. El Departamento de Policía Económica solicitó la reapertura de 18 sentencias y de ambas decisiones. Varias informaciones indican explícitamente que el Tribunal Popular de Hanói anuló posteriormente esas 18 sentencias y las dos decisiones. Una descripción más general es menos precisa sobre cuántas fueron anuladas; no debe interpretarse como confirmación de que se cancelaron las 22 sentencias.
El calendario procesal y las cuestiones pendientes
Esta es la segunda acusación descrita en el caso, después de que el expediente fuera devuelto para una investigación complementaria. La secuencia divulgada abarca los presuntos hechos, los procesos civiles relacionados y la reanudación del proceso penal:
- 2014: Thủy presuntamente comenzó a ordenar que se inflara el capital registrado de Egroup.
- 2015 a 2023: Los fiscales alegan que las transferencias de acciones ficticias privaron a los inversionistas de más de 8,459 billones de dong.
- 2021 a 2023: Cerraron establecimientos educativos y, presuntamente, el 70% de los nuevos fondos de inversión se destinó a obligaciones con inversionistas anteriores.
- Agosto de 2023 a enero de 2024: Se emitieron sentencias civiles y decisiones sobre acuerdos relacionados con el caso.
- Principios de agosto: La Fiscalía devolvió el expediente penal para una investigación complementaria. Dos informaciones especifican que fue en 2026.
- 22 de septiembre: Según las informaciones, el organismo de investigación policial del Ministerio de Seguridad Pública emitió sus conclusiones complementarias.
- 12 de octubre: Dos informaciones fechan en este día sus descripciones de la nueva acusación.
Las informaciones no establecen de manera coherente el año de las fechas de septiembre y octubre. Por tanto, las referencias explícitas a agosto de 2026 no deben extenderse sin aclaración a todas las fechas posteriores de la secuencia.
El Tribunal Popular de Hanói es el órgano señalado para juzgar el caso, pero no se indica una fecha para la audiencia. Las informaciones tampoco ofrecen una orden definitiva de indemnización, un conjunto confirmado de activos disponibles para reembolsar a los inversionistas ni un calendario de devolución del dinero.
Las próximas decisiones judiciales deberán abordar los presuntos hechos y la responsabilidad de cada acusado. Para los inversionistas afectados, las cuestiones prácticas pendientes incluyen el tratamiento del capital aún no reembolsado, las consecuencias de la anulación de las decisiones civiles y la situación de las propiedades transferidas o hipotecadas durante el período de captación de fondos.
Puntos clave
- La nueva acusación sostiene que las pérdidas superan los 8,459 billones de dong e identifica a 10.123 víctimas.
- La mayoría de las informaciones sitúa en 29 el número de acusados, aunque hay discrepancias sobre los cargos y el número de subordinados.
- Los investigadores identificaron a 8.938 personas con capital pendiente de pago; otras 1.185 habían recibido pagos superiores a su inversión inicial.
- Presuntamente, el capital de Egroup se infló de 32.000 millones de dong a 962.500 millones, y los ingresos fabricados representaban cerca del 70% de los ingresos anuales.
- Las acciones vendidas a 38.000 dong tenían un precio de recompra prometido de 42.000 dong al cabo de un año.
- Entre 2021 y 2023, presuntamente se destinó el 70% de los nuevos fondos de inversión a pagar a inversionistas anteriores.
- La investigación examinó 28 propiedades; según las informaciones, se anularon 18 sentencias civiles y dos decisiones sobre acuerdos.
- Las acusaciones están pendientes de resolución judicial ante el Tribunal Popular de Hanói. No se ha indicado una fecha de juicio ni un calendario de reembolsos.
