Los demócratas piden respuestas sobre UPOV 1991 mientras Tailandia debate los derechos de los agricultores sobre las semillas

Los derechos sobre las semillas ponen a prueba las negociaciones comerciales de Tailandia

El Partido Demócrata de Tailandia exige garantías para los agricultores antes de que el Gobierno acepte compromisos sobre la protección de las variedades vegetales en las negociaciones comerciales con la Unión Europea. La disputa gira en torno a UPOV 1991, un convenio internacional que protege los derechos de quienes obtienen nuevas variedades vegetales, y a si los cambios en la legislación tailandesa limitarían la capacidad de los agricultores para conservar semillas, aumentarían los costos de producción o debilitarían la protección de los recursos genéticos locales.

Weer Sriwarathanabul, portavoz adjunta del partido, ha pedido respuestas sobre cuatro asuntos: un mecanismo justo para resolver disputas, el derecho a conservar semillas para la siguiente temporada de siembra, apoyo a los investigadores tailandeses junto con la distribución de beneficios y estudios de impacto transparentes con una amplia consulta pública. Su advertencia se centra en la desigualdad de recursos entre los grandes inversionistas y los pequeños agricultores cuando surgen reclamaciones de propiedad o disputas legales.

El Consejo Nacional de Agricultores también ha abierto una consulta pública. En su convocatoria a los agricultores, el consejo afirma que la adhesión a UPOV 1991 podría restringir la conservación o el intercambio de algunas semillas, aunque también podría impulsar el desarrollo de nuevas variedades vegetales y crear oportunidades comerciales. Las respuestas servirán de base para sus recomendaciones al Gobierno, y completar la encuesta lleva menos de cinco minutos.

La cuestión inmediata no es si los agricultores ya han perdido estos derechos. La Ley de Protección de Variedades Vegetales de Tailandia de 1999 sigue vigente, y las autoridades agrícolas afirman que la revisión continúa. Lo que aún no está claro es qué podría prometer el Gobierno en el acuerdo comercial, cómo afectaría esa promesa a la legislación nacional y qué protecciones se mantendrían tras cualquier cambio. Las versiones sobre las negociaciones difieren, por lo que es especialmente importante explicar con precisión las obligaciones propuestas.

Qué quieren proteger los demócratas

Las demandas de Weer vinculan los derechos legales con el costo práctico de la agricultura. Conservar parte de la cosecha para sembrarla puede reducir la necesidad de comprar semillas nuevas. Si esa práctica queda sujeta a excepciones más limitadas, tarifas o disputas sobre permisos, los agricultores podrían afrontar gastos que varían según el cultivo y la protección aplicable a la variedad.

Su primera petición es establecer un proceso de resolución de disputas que no perjudique a los pequeños agricultores. El derecho formal a impugnar una reclamación de propiedad puede ofrecer poca protección si un agricultor no puede pagar asesoría legal o sostener un proceso prolongado frente a una empresa mucho más grande. Weer quiere que se aborde ese desequilibrio antes de que Tailandia acepte nuevos compromisos.

La segunda petición es proteger la conservación y resiembra de semillas en la siguiente temporada sin un aumento pronunciado de los costos. La tercera combina el apoyo a los investigadores tailandeses con mecanismos para devolver beneficios derivados del uso de recursos genéticos locales y variedades autóctonas. La cuarta reclama estudios de impacto publicados y consultas que incluyan a más actores que las autoridades y los intereses comerciales.

Weer también advirtió que la política sobre semillas afecta no solo los ingresos agrícolas, sino también el costo de vida. Se trata de una preocupación sobre posibles efectos, no de pruebas de que los precios al consumidor ya hayan subido por UPOV 1991. Su demanda central es que el Gobierno explique los riesgos y las protecciones antes de asumir un compromiso vinculante.

Las autoridades hablan de una revisión, pero hay versiones distintas sobre las negociaciones

El 11 de octubre, Krit Uttamawethin, subsecretario permanente adjunto y portavoz del Ministerio de Agricultura y Cooperativas, dijo que se había encargado al Departamento de Agricultura estudiar las ventajas, desventajas y posibles efectos en la economía y los medios de vida de los agricultores. También afirmó que todavía no se habían celebrado deliberaciones ni negociaciones con ninguna parte sobre el asunto.

Esta declaración contrasta con versiones que describen UPOV 1991 como un asunto ya planteado en las negociaciones entre Tailandia y la Unión Europea. El profesor asociado Jessada Denduangboripant, biólogo de la Universidad de Chulalongkorn, dijo que el Ministerio de Comercio y el equipo negociador habían confirmado que el tema se había tratado, pero que no se había llegado a una conclusión. La consulta del Consejo Nacional de Agricultores también señala que la adhesión es un asunto de las negociaciones comerciales.

Estas descripciones podrían referirse a distintas etapas o al trabajo de diferentes organismos, pero no establecen el mismo estado de las negociaciones. Debatir una cláusula comercial propuesta, realizar una evaluación interna en un ministerio y tomar la decisión formal de adherirse a un convenio son pasos diferentes. El Gobierno no ha aclarado esa distinción en las declaraciones aquí descritas.

Según Krit, el ministro de Agricultura, Suriya Juangroongruangkit, ha ordenado a las autoridades que escuchen ampliamente las opiniones de los agricultores. Sasinya Pantan, subdirectora general y portavoz del Departamento de Agricultura, dijo que el proceso tendría que pasar por el departamento, el ministerio, el Consejo de Ministros y el Parlamento, y que habría una consulta pública antes de presentar una propuesta al Consejo de Ministros.

Por qué conservar semillas depende de la excepción legal

UPOV 1991 ofrece un marco internacional para proteger nuevas variedades vegetales. Su objetivo económico es recompensar la inversión en obtención de variedades mediante el control de determinados usos de las variedades protegidas. Estos derechos pueden respaldar la investigación, pero también hacen que el alcance de las excepciones sea importante para los agricultores que reproducen semillas en lugar de comprarlas cada temporada.

El debate distingue dos disposiciones que a veces se tratan como si fueran intercambiables. El artículo 15(1) establece excepciones obligatorias, entre ellas los actos realizados en privado y con fines no comerciales, los actos experimentales y ciertas actividades de obtención de variedades. El artículo 15(2) permite a los países adoptar una excepción opcional que autoriza a los agricultores, dentro de límites razonables y protegiendo los intereses legítimos de quienes obtienen las variedades, a utilizar material de la cosecha para reproducirlo en sus propias explotaciones.

La excepción que permite volver a sembrar en la propia explotación es opcional, no un derecho automático e ilimitado. La redacción y la aplicación nacional son importantes. Una norma que permita a un agricultor volver a sembrar una variedad protegida en la misma explotación no necesariamente permite intercambiar esas semillas con vecinos o venderlas para su reproducción.

Jessada sostiene que UPOV 1991 no supone una prohibición total de conservar semillas y que las excepciones nacionales pueden proteger a los pequeños agricultores. Sus críticos se centran en lo limitadas que podrían llegar a ser esas excepciones. Ambas posturas coinciden en un punto: la legislación debe especificar qué usos están permitidos. Difieren en si el margen que deja el convenio es suficiente.

El Ministerio de Agricultura describe la legislación tailandesa vigente como un equilibrio entre la protección de quienes obtienen variedades y las variedades autóctonas y comunitarias, la distribución de beneficios y la capacidad de los agricultores para conservar semillas y sembrarlas en sus propias tierras. Por tanto, la comparación pertinente es entre esas protecciones actuales y una propuesta concreta de reemplazo, no entre el uso irrestricto de semillas y una prohibición universal.

Las variedades tradicionales y la distribución de beneficios son asuntos distintos

Weer ha advertido que los grandes inversionistas podrían reclamar derechos relacionados con variedades tradicionales y cobrar a los agricultores por utilizarlas. Jessada rechaza la idea de que las empresas puedan apropiarse sin más de todas las variedades locales existentes. Señala los requisitos para obtener protección: novedad, distinción, uniformidad y estabilidad.

Estos términos tienen significados jurídicos específicos. La distinción se refiere a si una variedad puede diferenciarse de otras; la uniformidad y la estabilidad, a la consistencia de sus características pertinentes. La novedad, según las normas de protección de variedades vegetales, se refiere a la explotación comercial previa en condiciones definidas. No debe entenderse simplemente como la afirmación de que la planta nunca había existido.

La preocupación más amplia es qué ocurre cuando el material genético local contribuye al desarrollo de una nueva variedad. La ley tailandesa de 1999 incluye mecanismos de distribución de beneficios relacionados con el uso de ciertos recursos vegetales autóctonos o silvestres. La distribución de beneficios consiste en devolver una parte acordada del valor generado a partir de esos recursos al fondo o la comunidad correspondientes.

UPOV 1991 no exige por sí mismo un sistema de distribución de beneficios de ese tipo. Esa ausencia no demuestra, por sí sola, que deban desaparecer todas las protecciones tailandesas. Sí hace que la relación entre las obligaciones comerciales, las normas de registro y las salvaguardias existentes sea un asunto central para la revisión jurídica.

Los críticos también señalan el artículo 14(5), relativo a las variedades esencialmente derivadas. En términos generales, son variedades obtenidas principalmente de otra variedad, pero que conservan sus características esenciales. Esta disposición puede extender el control de quien obtuvo la variedad original a ciertas variedades derivadas. No constituye una reclamación general de propiedad sobre todos los cultivos, alimentos o recetas tradicionales.

Las promesas de inversión y la concentración del mercado de semillas

Quienes apoyan la iniciativa sostienen que una mayor protección de los derechos de quienes obtienen variedades podría atraer inversiones, fomentar nuevas variedades y ofrecer mejor protección al trabajo de los investigadores tailandeses y de los agricultores que obtienen variedades. Jessada señala oportunidades en plantas de importancia económica, entre ellas el arroz, el durián, el coco aromático y las orquídeas. Se trata de posibles beneficios, no de ganancias cuantificadas derivadas de una decisión que Tailandia ya haya tomado.

El Consejo Nacional de Agricultores reconoce ese mismo equilibrio en su consulta: posibles restricciones a algunas prácticas relacionadas con las semillas, junto con posibles beneficios para la obtención de variedades y el comercio. El desafío es determinar quién recibiría esos beneficios, qué agricultores afrontarían nuevos costos y si las instituciones públicas de investigación podrían participar de manera efectiva.

Las cifras citadas en el debate sitúan en el 69% la cuota de mercado conjunta de las cuatro principales empresas de semillas de maíz, y en el 58% la de las dos principales empresas de semillas de hortalizas. Según esas cifras, las demás empresas representan el 31% y el 42%, respectivamente. Los mercados de cada cultivo son distintos, por lo que esos porcentajes no deben combinarse para obtener una estimación nacional única.

Otra cifra citada es la de 203 derechos de obtentor de variedades vegetales que poseen en conjunto tres empresas líderes en Tailandia. Es un recuento de derechos, no un porcentaje del total ni de las ventas de semillas. Sin conocer el total, no permite establecer la proporción de derechos registrados que poseen esas empresas.

Estas cifras ayudan a explicar por qué los críticos se preguntan si la competencia por sí sola contendría los precios. No permiten determinar cuánto cambiarían los precios de las semillas con una nueva ley. Las afirmaciones de que los precios podrían multiplicarse siguen siendo previsiones, no resultados documentados del acuerdo propuesto.

Escrutinio anterior y acontecimientos de octubre

Prokchol Ousap, director de BioThai, sostiene que la oposición se basa en años de investigación y no en una reacción repentina en las redes sociales. Cita un estudio de 2020 de una comisión de la Cámara de Representantes sobre el propuesto Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, en el que participaron más de 400 funcionarios, académicos y partes interesadas. Esa revisión anterior examinó los riesgos relacionados con UPOV 1991, aunque se refería a otro acuerdo comercial.

El debate actual también incluye referencias a un informe de la ONU identificado como A/HRC/63/26 y a una comunicación del 21 de septiembre de 2026 de cuatro mandatos de relatores especiales de la ONU, identificada como OL OTH 81/2026. Se afirma que esta última pide a la Unión Europea retirar el artículo X.51 propuesto, relativo a UPOV 1991. Estas son descripciones comunicadas de los documentos de la ONU, no conclusiones que aquí se hayan verificado de forma independiente a partir de esos documentos.

• 2020: Una comisión parlamentaria tailandesa examinó el CPTPP, incluidas las preocupaciones sobre la protección de variedades vegetales, tras escuchar a más de 400 participantes.
• 21 de septiembre de 2026: Una comunicación atribuida a cuatro mandatos de relatores especiales de la ONU cuestionó la disposición propuesta sobre UPOV 1991 en las negociaciones entre Tailandia y la Unión Europea.
• 2 de octubre de 2026: Grupos de la sociedad civil presentaron una petición a la Delegación de la Unión Europea para que se eliminara el requisito relacionado con UPOV 1991.
• 6 de octubre de 2026: Según se informó, concluyó en Phuket la décima ronda de negociaciones, con acuerdos sobre 15 de los 24 capítulos.
• 11 de octubre: Las autoridades agrícolas describieron una evaluación en curso y prometieron una consulta antes de los siguientes pasos de aprobación gubernamental.

Según la descripción de la ronda de Phuket, el capítulo sobre propiedad intelectual seguía sin resolverse. Un acuerdo sobre 15 de los 24 capítulos significaría que quedaban nueve pendientes, pero esa cifra no mide la dificultad de los asuntos restantes. La declaración del 11 de octubre no especifica el año, a diferencia de la descripción fechada de la ronda de negociaciones.

Lo que Tailandia aún debe decidir

Una distinción clave es si la propuesta de la Unión Europea exigiría la adhesión formal a UPOV 1991 o requeriría que la legislación tailandesa cumpliera sus normas sin adherirse al convenio. Jessada subraya que son obligaciones diferentes. Los críticos sostienen que la armonización aún podría obligar a realizar cambios sustanciales en las protecciones nacionales, incluso si Tailandia no se adhiriera formalmente.

Por tanto, la adhesión y la armonización deben evaluarse por separado. El artículo 35(1) prohíbe formular reservas al convenio, lo que significa que un país que se adhiera no puede excluir sin más las disposiciones que no le gusten. Negociar una redacción diferente en un acuerdo comercial es otro proceso. Ninguno de estos debates demuestra que Tailandia ya haya aceptado la cláusula propuesta.

Según se ha informado, el mismo capítulo sobre propiedad intelectual aún sin resolver contiene propuestas farmacéuticas que ampliarían la protección de las patentes de 20 a 25 años y concederían exclusividad de los datos reglamentarios durante ocho años, con la posibilidad de añadir dos más. La exclusividad de los datos limita el uso de los datos de ensayos presentados por el laboratorio que desarrolló originalmente un medicamento para obtener la aprobación reglamentaria. Estas propuestas son distintas de los derechos sobre las semillas, pero muestran por qué la evaluación del acuerdo comercial no puede limitarse a las oportunidades de exportación agrícola.

La información esencial que falta es la obligación concreta que Tailandia está considerando, las modificaciones que exigiría en la legislación nacional y el alcance de cualquier excepción. Una evaluación de impacto útil identificaría los cultivos afectados, calcularía los costos bajo distintas normas y explicaría cómo funcionarían la distribución de beneficios y el acceso asequible a mecanismos de resolución de disputas.

Según la descripción de las negociaciones, el Gobierno tiene como objetivo concluir el acuerdo antes de finales de 2026. Es una meta, no una fecha de firma confirmada. No se ha identificado una fecha concreta para la votación parlamentaria, el cierre de la consulta pública o la decisión final. Por ahora, la ley de 1999 sigue vigente, mientras los demócratas y los representantes de los agricultores piden respuestas antes de que los compromisos sean vinculantes.

Puntos clave

• Los demócratas quieren garantías sobre la resolución de disputas, la conservación de semillas, la investigación tailandesa, la distribución de beneficios y la consulta pública.
• El Consejo Nacional de Agricultores está recabando la opinión de los agricultores sobre posibles restricciones y posibles beneficios para la obtención de variedades y el comercio.
• La Ley de Protección de Variedades Vegetales de Tailandia de 1999 sigue siendo la legislación vigente.
• UPOV 1991 permite una excepción opcional para volver a sembrar variedades protegidas en las propias explotaciones de los agricultores, sujeta a límites.
• Hay versiones distintas sobre si UPOV 1991 ya está en negociación o sigue bajo revisión preliminar.
• Según se ha informado, en la décima ronda comercial se acordaron 15 de los 24 capítulos, mientras el capítulo sobre propiedad intelectual seguía sin resolverse.
• No se ha identificado una decisión final de adhesión ni una fecha para la votación parlamentaria.