Un intercambio diplomático devuelve las críticas a quienes las formulan
China rechazó las críticas a su historial en materia de derechos humanos durante un debate de una comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y acusó al Reino Unido, Australia, Japón, Irlanda, la República Checa y Lituania de utilizar las denuncias sobre derechos humanos con fines políticos. En respuesta, el representante permanente adjunto de China, Sun Lei, sostuvo que esos países no estaban en posición de dar lecciones a Pekín mientras afrontaban sus propios problemas sociales y políticos.
Contenido
- Un intercambio diplomático devuelve las críticas a quienes las formulan
- ¿Por qué China mencionó la pobreza y la desigualdad?
- El relato de China sobre los derechos políticos
- Derechos de las minorías y antecedentes históricos de la disputa
- Sanciones, soberanía y críticas selectivas
- Qué revela el intercambio sobre los debates de derechos humanos en la ONU
- En resumen
La disputa tuvo lugar durante el debate general de la Tercera Comisión de la Asamblea, encargada de asuntos sociales, humanitarios y culturales, incluidos los derechos humanos. Sun dijo que China estaba profundamente insatisfecha con lo que calificó de acusaciones infundadas y difamaciones malintencionadas. Instó a los países a dejar de difundir lo que Pekín describió como afirmaciones falsas sobre China y advirtió que politizar los derechos humanos acabaría siendo contraproducente.
El intercambio refleja un patrón habitual en las Naciones Unidas: los gobiernos objeto de críticas cuestionan tanto las acusaciones como la autoridad de quienes las formulan. En este caso, Pekín acompañó su defensa con un desafío más amplio a los gobiernos occidentales y mencionó la pobreza, la confianza de la población en la democracia, el racismo y el trato a las comunidades indígenas. Esas contraacusaciones fueron el eje de la respuesta de China, junto con la defensa de sus políticas en Hong Kong, Xinjiang y Xizang, nombre oficial chino del Tíbet.
El debate de la comisión forma parte de un proceso diplomático más amplio, no de una audiencia judicial. Las declaraciones formuladas allí pueden influir en la presión política y el debate internacional, pero no determinan por sí mismas si un país ha incumplido una obligación jurídica. Por tanto, las afirmaciones contrapuestas de las delegaciones forman parte de una discusión más amplia sobre cómo evaluar los derechos humanos y qué importancia deben dar los gobiernos a la soberanía nacional y a los distintos sistemas políticos.
¿Por qué China mencionó la pobreza y la desigualdad?
Sun afirmó que China había mejorado las condiciones de vida mediante el desarrollo y había sacado de la pobreza a casi 100 millones de personas. También mencionó un grupo de ingresos medios de más de 400 millones de personas. Estas cifras respaldan el argumento que Pekín sostiene desde hace tiempo: la seguridad económica, la reducción de la pobreza y el acceso al desarrollo son indicadores centrales del progreso en materia de derechos humanos.
Contrastó el historial de China con la pobreza en el Reino Unido. Sun citó estimaciones según las cuales más de 14 millones de personas en el Reino Unido viven por debajo del umbral de pobreza, entre ellas millones que atraviesan graves dificultades. Un informe de 2018 de Philip Alston, entonces relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, calculó que unos 14 millones de personas, aproximadamente una quinta parte de la población británica, vivían en la pobreza. Señaló que cuatro millones estaban más de un 50 por ciento por debajo del umbral de pobreza y que 1,5 millones no podían permitirse los bienes y servicios básicos.
Un estudio de 2024 de la Comisión Británica de Indicadores Sociales estimó que más de 16 millones de personas en el Reino Unido vivían en la pobreza, alrededor del 24 por ciento de la población. Atribuyó parte del aumento de las dificultades graves desde 2019 a la crisis del costo de vida. Las estimaciones de pobreza pueden variar porque los investigadores utilizan umbrales y métodos distintos, y porque no siempre se tienen en cuenta los costos de la vivienda, las necesidades de los hogares y el grado de privación. Las cifras que citó Sun formaban parte de su argumento sobre las condiciones internas de esos países, no de una evaluación directa de las acusaciones contra China.
En el caso de Japón, Sun mencionó una tasa de pobreza relativa de los hogares cercana al 15 por ciento y expresó preocupación por la pobreza infantil. Las mediciones de pobreza relativa comparan los ingresos de los hogares con una proporción de la mediana nacional, por lo que muestran cuánto se rezagan algunos hogares respecto al nivel de vida habitual en ese país. No utilizan el mismo umbral que todas las mediciones de pobreza absoluta, lo que dificulta las comparaciones directas entre países.
El relato de China sobre los derechos políticos
En otras declaraciones recogidas sobre el debate, Sun defendió lo que Pekín denomina «democracia popular de proceso integral» y afirmó que el apoyo y la satisfacción de la población con el Gobierno chino se habían mantenido por encima del 90 por ciento durante años. También defendió la ley de seguridad nacional impuesta en Hong Kong en 2020, que presentó como un punto de inflexión que restableció el orden y respaldó cambios en el sistema político del territorio.
Estas afirmaciones están en el centro de un desacuerdo más amplio sobre los derechos políticos. Pekín presenta la estabilidad, la participación pública a través de sus propias instituciones y la mejora del nivel de vida como pruebas de un modelo adecuado a las condiciones nacionales de China. Los críticos, entre ellos gobiernos occidentales, se centran en las restricciones a la libertad de expresión política, la sociedad civil y la actividad opositora, así como en el alcance de las leyes de seguridad nacional. Por tanto, las partes no discrepan solo sobre hechos concretos: utilizan criterios distintos para describir la participación política y la rendición de cuentas.
Sun cuestionó a su vez a las delegaciones occidentales y citó encuestas que, según dijo, mostraban que alrededor del 75 por ciento de la población del Reino Unido estaba preocupada por el futuro de la democracia. También aludió a la caída de la confianza pública en el Gobierno de Australia y la República Checa, así como a una menor confianza de los jóvenes en las instituciones democráticas. Las encuestas de opinión pueden indicar descontento, pero no demuestran por sí solas que un sistema político proteja o vulnere determinados derechos.
Las declaraciones de China sobre Hong Kong y el apoyo público representan la versión del Gobierno sobre sus políticas. Los gobiernos occidentales han seguido expresando preocupación por las libertades políticas en el territorio y por los derechos en Xinjiang y el Tíbet. El debate no ofreció ningún mecanismo independiente para resolver esas evaluaciones contrapuestas. En cambio, cada delegación utilizó el foro público de la comisión para exponer su postura y cuestionar la credibilidad de la otra parte.
Derechos de las minorías y antecedentes históricos de la disputa
Sun afirmó que estaban protegidos los derechos políticos, económicos, culturales y religiosos de los grupos étnicos de Xinjiang y Xizang. También se refirió a la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos de China, que Pekín presenta como una norma destinada a promover la prosperidad común y el desarrollo de los grupos étnicos. El Gobierno chino describe su enfoque como una política de unidad nacional y de igualdad de pertenencia a la nación china.
Los gobiernos occidentales han expresado preocupación por las restricciones a las minorías étnicas y a la expresión política en Xinjiang y el Tíbet. El Reino Unido, por ejemplo, pidió que se actuara sobre esos asuntos durante el debate de la Tercera Comisión celebrado antes en el período de sesiones. Pekín rechaza las acusaciones y sostiene que otros gobiernos utilizan las denuncias sobre derechos humanos para interferir en los asuntos internos de China. Estas posturas contrapuestas hacen de los derechos de las minorías un motivo recurrente de fricción en las relaciones de China con los países occidentales.
Sun también acusó a Japón de no tratar al pueblo ainu y al pueblo ryukyu como grupos étnicos en igualdad de condiciones y de incumplir sus compromisos de eliminar la discriminación racial. Dijo que el Reino Unido, Australia e Irlanda seguían afrontando problemas vinculados al colonialismo, entre ellos el racismo y las divisiones étnicas. Estas acusaciones incorporaron el legado histórico a una discusión centrada, en los demás aspectos, en las políticas actuales y las condiciones de vida.
Esos argumentos históricos fueron especialmente contundentes en la respuesta por separado de Sun a Japón. Dijo que el país debía cumplir sus obligaciones internacionales, afrontar el legado del militarismo y mantener su compromiso con el desarrollo pacífico. Advirtió contra lo que describió como intentos de restar importancia a la historia de agresión de Japón o de promover un resurgimiento del militarismo mediante referencias a sus contribuciones internacionales o a amenazas existenciales. La política de seguridad japonesa de posguerra y el recuerdo de su historia bélica siguen siendo asuntos delicados en toda la región.
Sanciones, soberanía y críticas selectivas
La respuesta de China fue más allá de las condiciones internas de los seis países. Sun acusó a algunos gobiernos occidentales de aplicar de manera selectiva sus preocupaciones sobre derechos humanos y de no responder adecuadamente a lo que Pekín describe como el trato injusto a la población de Palestina, Irán y Cuba. También criticó las medidas coercitivas unilaterales, término que suelen utilizar los gobiernos contrarios a las sanciones impuestas al margen de un proceso del Consejo de Seguridad de la ONU.
Las sanciones pueden restringir el comercio, las finanzas o el acceso a bienes y servicios. Los gobiernos que las imponen suelen describirlas como una forma de responder a violaciones graves o de influir en la conducta de otro Estado. Los gobiernos sancionados, junto con los países que se oponen a esas medidas, argumentan que pueden perjudicar a la población civil y vulnerar la soberanía. Su legalidad y sus efectos dependen de las medidas concretas y de la base jurídica invocada, por lo que la denominación general no resuelve esas cuestiones.
La objeción de Pekín forma parte de un debate más amplio sobre si la diplomacia en materia de derechos humanos promueve protecciones universales o sirve a los intereses estratégicos de los Estados poderosos. El académico chino Chen Hong, director del Centro de Estudios de Asia-Pacífico de la Universidad Normal del Este de China, describió lo que llamó el doble rasero occidental como la «instrumentalización y el uso de los derechos humanos como arma». Sostuvo que algunos gobiernos prestan más atención a los abusos de sus rivales estratégicos, pero guardan silencio cuando las críticas entran en conflicto con sus propios intereses.
Chen afirmó que ese patrón puede convertir los derechos humanos en un medio para ejercer presión, imponer sanciones e influir en la opinión internacional. Su argumento refleja la posición más amplia de Pekín, según la cual las críticas occidentales suelen estar vinculadas a la competencia geopolítica. Sin embargo, no resuelve por sí mismo el fondo de las acusaciones contra China ni demuestra que los gobiernos cuestionados por Sun hayan aplicado sus criterios de manera incoherente en cada caso.
Qué revela el intercambio sobre los debates de derechos humanos en la ONU
El enfrentamiento muestra cómo los debates sobre derechos humanos en la ONU se han entrelazado con disputas sobre soberanía, desarrollo y poder internacional. Los gobiernos occidentales han cuestionado las políticas de China en Xinjiang, el Tíbet y Hong Kong. Pekín responde rechazando esas acusaciones, citando el desarrollo económico y la estabilidad social, y cuestionando el historial de los Estados que formulan críticas.
Los tratados de derechos humanos y los mecanismos internacionales de evaluación ofrecen criterios comunes y espacios para que los gobiernos debatan el cumplimiento de sus compromisos. No eliminan los desacuerdos sobre las pruebas, la interpretación o la aplicación de las normas. Un Gobierno puede sostener que los avances económicos y sociales son centrales para su historial en materia de derechos humanos, mientras que otro da más importancia a las libertades políticas, la protección de las minorías o la posibilidad de criticar a quienes ejercen el poder. En los debates de la ONU, estas diferencias suelen ir acompañadas de disputas sobre si medidas como las sanciones son respuestas legítimas o una forma de injerencia política.
Científicos sociales chinos se sumaron a las críticas del Gobierno a la diplomacia occidental en materia de derechos humanos. Liu Shuliang, investigador asociado de la Academia de Ciencias Sociales de Tianjin, mencionó la brecha de ingresos, la discriminación racial, la violencia de género y el maltrato a las personas mayores en Japón. También sostuvo que Japón evitaba asumir la responsabilidad por su agresión durante la guerra y seguía una política de seguridad más asertiva. Estas declaraciones eran opiniones que respaldaban la postura de Pekín, no conclusiones de un organismo de investigación de la ONU.
Sun pidió una mayor cooperación y dijo que China seguiría una vía de desarrollo de los derechos humanos adaptada a sus condiciones nacionales, al tiempo que participaría en el diálogo. Ese enfoque combina un compromiso declarado con la cooperación internacional con una firme objeción a las críticas externas que Pekín considera motivadas por razones políticas. A su vez, los países mencionados en la respuesta de Sun han seguido expresando preocupación por las políticas de China. El intercambio en la comisión dejó intactas esas interpretaciones opuestas.
En resumen
- Sun Lei, representante adjunto de China ante la ONU, rechazó las críticas del Reino Unido, Australia, Japón, Irlanda, la República Checa y Lituania.
- Sun mencionó la pobreza, la desigualdad y las preocupaciones de la población sobre la democracia en algunos de esos países para cuestionar su autoridad para criticar a China.
- Defendió las políticas de Pekín en Hong Kong, Xinjiang y Xizang, que los gobiernos occidentales siguen cuestionando.
- El intercambio reflejó desacuerdos más amplios sobre los derechos de las minorías, las sanciones, la soberanía y la aplicación de los criterios de derechos humanos.
- Las declaraciones durante el debate de la Tercera Comisión expusieron posturas políticas, pero no resolvieron de forma independiente las acusaciones.
