Un informe de la ONU revela la magnitud de la economía criminal interconectada del Sudeste Asiático

Una economía criminal que opera a través de las fronteras

Las redes del crimen organizado del Sudeste Asiático se han transformado en una economía interconectada y basada en la tecnología que vincula estafas, trata de personas, venta de drogas, apuestas ilegales, robo de datos y lavado de dinero, según un informe de Naciones Unidas publicado el 21 de julio de 2026.

El informe, titulado Un ecosistema criminal interconectado: evaluación de la amenaza del crimen organizado transnacional en el Sudeste Asiático 2026, señala que los grupos criminales que antes se centraban en un solo territorio o actividad ilegal ahora comparten sistemas financieros, canales de captación, herramientas digitales y logística. Esta estructura permite que un grupo preste servicios a otro sin necesidad de controlar todas las etapas de una operación criminal.

El cambio ha hecho que las redes criminales de la región sean más flexibles y difíciles de desmantelar. Una operación de estafa, por ejemplo, puede depender de una red para obtener datos personales robados, otra para los pagos en línea, otra para las transferencias de criptomonedas y otra para captar o someter a trata a trabajadores. Los mismos sistemas financieros y técnicos también pueden facilitar el tráfico de drogas, las apuestas ilegales y el contrabando de migrantes.

Delphine Schantz, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el Sudeste Asiático y el Pacífico, describió esta estructura durante la presentación del informe.

"Lo que estamos viendo es un cambio: grupos que antes se limitaban a su propio ámbito geográfico y especialidad criminal ahora operan en varios mercados ilícitos a la vez y recurren a los mismos canales de servicios".

Comparó el modelo con las franquicias empresariales: unidades especializadas se ocupan de actividades como el lavado de dinero, la trata de personas, el contrabando de migrantes y la recopilación de datos, mientras siguen conectadas a una red criminal común.

Las estafas provocan pérdidas de escala nacional

Según el informe, las estafas causaron pérdidas estimadas de entre 88.300 millones y 114.100 millones de dólares en Asia Oriental, el Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda en 2025. Incluso la estimación más baja supera la producción económica anual de varios países de la región.

La cifra supone un fuerte aumento frente a las pérdidas estimadas de entre 18.000 millones y 37.000 millones de dólares registradas en 2023. El incremento refleja tanto la expansión de las operaciones de estafa como una mejora en la medición de las pérdidas, aunque la UNODC advirtió que muchas víctimas no denuncian el fraude por vergüenza, incertidumbre o falta de confianza en las autoridades.

Entre los métodos para atacar a las víctimas figuran el fraude de inversión, las estafas románticas, la redirección de pagos y la suplantación de identidad. Los delincuentes recurren cada vez más a datos robados, sitios web falsos convincentes, comunicaciones cifradas y canales de pago con criptomonedas para transferir fondos con rapidez entre jurisdicciones.

La inteligencia artificial añade otra capa de riesgo. La IA generativa puede crear mensajes convincentes en varios idiomas, mientras que las herramientas de video y voz falsos pueden imitar a directivos de empresas, familiares o funcionarios públicos. El informe también advierte que los grupos criminales podrían adoptar sistemas de IA autónomos capaces de identificar objetivos, realizar ingeniería social y facilitar el robo de criptomonedas con poca intervención humana.

Otra técnica, conocida como publicidad maliciosa, introduce programas maliciosos en redes publicitarias legítimas. La UNODC indicó que los incidentes relacionados con este método aumentaron un 42 por ciento interanual en 2025. Estos ataques pueden llegar a un gran número de usuarios sin que los delincuentes tengan que contactar directamente a cada persona.

Trabajadores víctimas de trata, obligados a operar estafas

La expansión del fraude digital ha tenido un alto costo humano. Se ha identificado a personas de al menos 80 países y territorios en centros de estafa de todo el Sudeste Asiático. Muchas fueron captadas mediante anuncios que ofrecían empleos en atención al cliente, tecnología o ventas en línea y luego trasladadas a través de puntos de tránsito en Asia, Oriente Medio y África.

Una vez dentro de algunos centros, las víctimas han sido confinadas, amenazadas o sometidas a violencia mientras se las obligaba a engañar a personas en internet. La captación se extiende más allá de Asia, con anuncios que buscan hablantes de alemán, polaco, neerlandés, español, italiano, francés, sueco, noruego e inglés.

La presión de las autoridades ha interrumpido las actividades de algunos grandes centros, sobre todo en zonas fronterizas de Myanmar, Laos y Camboya. El informe señala que estas medidas a menudo han desplazado las operaciones en lugar de ponerles fin. Los grupos criminales se han trasladado a edificios más pequeños, viviendas particulares y otros países, entre ellos Timor-Leste, Estados insulares del Pacífico y algunas zonas de África.

Los analistas de la UNODC describen esta práctica como búsqueda de jurisdicciones favorables. Los grupos buscan lugares donde la regulación es débil, la corrupción es habitual o las agencias disponen de recursos limitados. Un centro importante puede desaparecer tras una redada, mientras sus canales de captación, sistemas de pago, programas informáticos y equipos directivos siguen operando en otros lugares.

Inshik Sim, analista principal de la UNODC, afirmó que la escala de estas redes ha superado la capacidad de diseño de muchos sistemas de aplicación de la ley existentes.

"La escala y la complejidad de esta economía criminal organizada en expansión superan la capacidad de respuesta actual, que no fue diseñada para abordar una actividad criminal tan sofisticada".

Las drogas y las rutas marítimas siguen siendo importantes fuentes de ingresos

Las estafas digitales crecen con rapidez, pero los mercados tradicionales de tráfico siguen siendo centrales en la economía criminal de la región. El Triángulo de Oro, donde confluyen Myanmar, Laos y Tailandia, continúa siendo un importante centro de producción de metanfetamina y otras drogas.

Se estima que el mercado de la metanfetamina tiene un valor de hasta 74.800 millones de dólares al por menor, alrededor de un 20 por ciento más que la estimación de la evaluación de la UNODC de 2019. El valor del mercado regional de ketamina se calcula entre 2.700 millones y 7.200 millones de dólares, mientras que el de la heroína se estima entre 24.100 millones y 27.700 millones.

Se calcula que el valor anual al por menor de los mercados de metanfetamina, ketamina y heroína oscila entre 75.000 millones y 109.700 millones de dólares. Las rutas del tráfico van más allá de Asia: hay indicios de que drogas producidas en el Sudeste Asiático llegan a África, Europa y Asia Meridional.

El informe también destaca los mares de Sulu y Célebes, una zona marítima que conecta Indonesia, Malasia y Filipinas. El intenso tráfico marítimo legítimo ofrece a los grupos criminales la posibilidad de ocultar cargamentos ilegales entre los envíos comerciales habituales.

La zona se utiliza para trasladar drogas, armas de fuego, fauna silvestre y equipos que facilitan las operaciones de estafa. Los equipos de comunicaciones por satélite, incluidos los sistemas satelitales de órbita terrestre baja, pueden ayudar a los centros criminales a operar en zonas remotas o bajo estrecha vigilancia. Las mismas rutas marítimas también pueden servir para trasladar personas y otros bienes ilícitos.

Las apuestas ilegales conectan distintos mercados criminales

Las apuestas ilegales en línea se han convertido en una importante fuente de ingresos y una herramienta financiera para las redes criminales. El informe estima que el volumen mundial de apuestas ilegales oscila entre 340.000 millones y 1,7 billones de dólares al año, y que gran parte de la infraestructura que las sustenta está en el Sudeste Asiático.

Las plataformas de apuestas pueden procesar depósitos, ocultar el movimiento de fondos criminales y dirigir a los usuarios a otros servicios ilegales. Sus sistemas de pago pueden estar conectados con redes bancarias clandestinas, cuentas fraudulentas y plataformas de intercambio de criptomonedas. Por eso, las apuestas no constituyen solo un mercado criminal independiente: también pueden ser un canal financiero para las estafas, la trata y el lavado de dinero.

Los jóvenes afrontan riesgos particulares. Los operadores ilegales usan publicidad en redes sociales, personas influyentes, redes de recomendación y diseños propios de los juegos para atraer usuarios con apuestas pequeñas y promesas de riqueza rápida. Elementos como las recompensas, las clasificaciones y la competencia social pueden hacer que las apuestas parezcan entretenimiento y fomentar que se repitan.

Las deudas pueden llevar a algunos usuarios a recurrir a préstamos ilegales, robos, fraudes o trabajos como intermediarios para mover dinero. Los grupos criminales pueden aprovecharse de personas en situación de vulnerabilidad económica o que ya tienen contacto con el sistema de justicia, y utilizar sus deudas y sus limitadas opciones de empleo para captarlas en operaciones más amplias.

Delphine Schantz advirtió que la frontera entre los juegos en línea y las apuestas es cada vez menos clara.

"Aunque los juegos en línea se refieren inicialmente a actividades digitales interactivas sin apuestas monetarias obligatorias, ambos sectores han convergido mediante elementos de diseño que explotan deliberadamente esta ambigüedad, lo que hace que el delito sea más peligroso".

El informe señala que la fragmentación de las normas nacionales ha permitido a los operadores trasladar plataformas y sistemas de pago entre países. Bloquear una marca o un sitio web suele tener poco efecto cuando cientos de servicios aparentemente independientes comparten la misma tecnología subyacente.

La corrupción y el secreto financiero ayudan a las redes a sobrevivir

La tecnología por sí sola no explica el crecimiento del crimen organizado. La UNODC identifica la corrupción como un factor que lo facilita principalmente, pues permite a los grupos criminales obtener protección, operar centros, trasladar mercancías y acceder a los sistemas financieros formales.

Las ganancias criminales circulan a través de sociedades ficticias, casinos, redes informales de transferencia de dinero, cuentas bancarias controladas por intermediarios y activos digitales. Las criptomonedas permiten mover dinero con rapidez, aunque los investigadores a menudo carecen de los conocimientos especializados necesarios para rastrearlo, congelarlo y recuperarlo.

Las instituciones financieras también afrontan una exposición cada vez mayor. Las pérdidas por fraude han aumentado mucho más rápido que la capacidad del mercado de seguros contra riesgos cibernéticos de Asia y el Pacífico. La magnitud de las pérdidas denunciadas puede plantear a las víctimas, los bancos, las empresas tecnológicas, los proveedores de telecomunicaciones y las aseguradoras preguntas contrapuestas sobre quién debe prevenir el fraude y quién debe indemnizar a las personas afectadas.

Varios países empiezan a exigir más responsabilidades a las empresas privadas. Australia ha establecido obligaciones contra las estafas para bancos, proveedores de telecomunicaciones y plataformas digitales, y ha propuesto normas sobre reembolsos y responsabilidad compartida. Singapur ha actualizado las directrices contra el lavado de dinero para las aseguradoras y ha reforzado los requisitos de notificación.

Estas medidas pueden reducir las pérdidas, pero la acción nacional no puede igualar la capacidad de las redes para trasladar datos, personal y canales de pago entre varios países. Los investigadores necesitan acceso oportuno a información financiera, bases de datos compartidas y pruebas que puedan utilizarse ante los tribunales de distintas jurisdicciones.

Por qué las redadas tradicionales tienen un efecto limitado

Las grandes redadas pueden rescatar a víctimas de trata, incautar equipos e interrumpir las actividades de un centro criminal. El informe de la ONU advierte que la interrupción por sí sola no elimina los sistemas empresariales que hacen posible la operación.

Cuando se cierra un centro, sus responsables pueden conservar el acceso a datos robados, plataformas digitales, billeteras de criptomonedas y redes de captación. Los trabajadores pueden ser trasladados a otro lugar, mientras el equipo técnico sigue operando desde otro país. Los centros más pequeños son más difíciles de localizar y de vincular con una organización criminal más amplia.

Este patrón crea una brecha entre las medidas visibles de aplicación de la ley y la infraestructura oculta que sustenta el delito. Las autoridades pueden incautar edificios sin identificar a las personas que controlan el dinero, los programas informáticos, la captación y las cadenas de suministro de datos.

Schantz afirmó que no basta con centrarse en cerrar centros individuales.

"Una estrategia contra el crimen organizado centrada únicamente en interrumpir las operaciones no funciona. Tenemos que abordar todos los factores que lo impulsan, incluida la prevención y el seguimiento del dinero".

Seguir el dinero implica investigar los flujos financieros junto con el delito subyacente. Puede incluir el rastreo de criptomonedas, la identificación de los propietarios efectivos de empresas, el examen de los pagos de casinos, la congelación de activos y la solicitud de órdenes de decomiso. Eliminar las ganancias puede dificultar que las redes capten trabajadores, sobornen a funcionarios y se reconstruyan después de una operación de las autoridades.

Qué recomienda la ONU

La UNODC pide a los gobiernos que actualicen y armonicen las leyes para que los grupos criminales no puedan aprovechar las grandes diferencias entre los sistemas nacionales. También insta a las agencias a compartir información con mayor anticipación y a realizar investigaciones centradas en las redes, en lugar de en delincuentes aislados.

Entre las recomendaciones del informe figuran:

• Ampliar las investigaciones guiadas por inteligencia para identificar redes antes de que se expandan.
• Reforzar las investigaciones financieras y la recuperación de los beneficios del delito.
• Mejorar la cooperación entre la policía, las aduanas, las unidades de inteligencia financiera y los organismos reguladores de tecnología.
• Abordar la corrupción y los lugares que ofrecen condiciones seguras para operar.
• Fortalecer las respuestas ante la inteligencia artificial, los videos falsos, los servicios cifrados y los delitos relacionados con criptomonedas.
• Proteger a las víctimas de trata y ofrecerles rescate, asistencia jurídica, atención de salud y opciones seguras para regresar.
• Mejorar las medidas de protección para niños y jóvenes expuestos a las apuestas ilegales, la explotación y los abusos en línea.

La agencia también respalda una respuesta centrada en las personas. Quienes son obligados a realizar estafas deben ser tratados como víctimas cuando haya pruebas de coacción, en lugar de ser procesados automáticamente como participantes voluntarios. Esta distinción importa porque los trabajadores víctimas de trata pueden haber sido amenazados, confinados o privados de sus documentos de identidad.

La capacidad de las redes para operar más rápido que las instituciones formales pondrá a prueba la cooperación regional. Los acuerdos existentes, incluida la Convención de la ASEAN contra la Trata de Personas, ofrecen una base jurídica para la cooperación, pero las autoridades todavía necesitan procedimientos compatibles, criterios comunes para las pruebas y recursos para mantener las investigaciones.

El costo más amplio para la seguridad y el desarrollo

El informe presenta el crimen organizado como una amenaza que va más allá de la policía y los tribunales. Las pérdidas por estafas reducen los ahorros de los hogares, debilitan la confianza en los pagos digitales y generan costos para las empresas y las instituciones financieras. La trata perjudica a migrantes y trabajadores, mientras que la corrupción puede debilitar los servicios públicos y desalentar la inversión legítima.

Las ganancias del narcotráfico aportan fondos para seguir expandiendo las operaciones, mientras que las apuestas ilegales y las finanzas clandestinas crean canales que vinculan el fraude en línea con los delitos físicos. Los niños pueden verse arrastrados a las apuestas, la explotación o el reclutamiento criminal a través de las mismas plataformas sociales y servicios móviles que utilizan para comunicarse y entretenerse habitualmente.

La expansión geográfica de estas redes también implica que las víctimas y quienes facilitan los delitos pueden estar separados por miles de kilómetros. Una persona captada en África puede ser retenida en un centro del Sudeste Asiático, obligada a atacar a víctimas en Europa y pagada a través de cuentas vinculadas a otra jurisdicción. Esta estructura ralentiza las investigaciones nacionales y ofrece a los responsables criminales más oportunidades para ocultarse.

La evaluación de la UNODC muestra por qué la economía criminal de la región no puede medirse solo por las incautaciones de drogas o las redadas policiales. Su fortaleza se basa en servicios compartidos, tecnología adaptable, acceso a los mercados mundiales y capacidad para aprovechar las brechas entre gobiernos y empresas privadas.

Puntos clave

• Las estafas causaron pérdidas estimadas de entre 88.300 millones y 114.100 millones de dólares en cuatro mercados de Asia y el Pacífico en 2025.
• Se ha identificado a personas de al menos 80 países y territorios en centros de estafa del Sudeste Asiático.
• Los grupos criminales comparten servicios para el fraude, la trata, las apuestas, el robo de datos, la venta de drogas y el lavado de dinero.
• El mercado regional de metanfetamina podría tener un valor de hasta 74.800 millones de dólares al por menor.
• Se estima que las apuestas ilegales en línea generan un volumen mundial de entre 340.000 millones y 1,7 billones de dólares al año.
• La UNODC recomienda reforzar las investigaciones financieras, compartir información, actualizar las leyes y proteger a las víctimas.