Una revisión exhaustiva alcanza todos los niveles educativos
Las autoridades de la Cachemira administrada por India han ordenado a escuelas, institutos, universidades, centros de preparación académica y bibliotecas públicas que revisen todas sus colecciones en busca de lo que describen como contenido inapropiado u objetable. La revisión abarca libros impresos, revistas, artículos de investigación, disertaciones, tesis doctorales y material digital disponible en sitios web universitarios o repositorios electrónicos.
Contenido
- Una revisión exhaustiva alcanza todos los niveles educativos
- ¿Cómo desencadenaron dos libros una investigación más amplia?
- ¿Qué dice el Gobierno que pretende evitar?
- ¿Por qué preocupa a los académicos la formulación de la orden?
- ¿Qué ocurrió con la prohibición anterior de 25 libros?
- ¿Cómo afecta la disputa a la historia controvertida de Cachemira?
- ¿Por qué importa el cambio constitucional de 2019?
- ¿Puede la revisión generar silencio en lugar de seguridad?
- ¿Qué está en juego para los estudiantes y las bibliotecas?
- En resumen
Las instituciones deben identificar e informar sobre publicaciones que puedan vulnerar sentimientos religiosos, la legislación india, los valores educativos o las normas establecidas. La orden también menciona material que, según las autoridades, promueva, glorifique, legitime o justifique el terrorismo, el extremismo violento, el secesionismo, la radicalización, la discordia entre comunidades o actividades perjudiciales para la soberanía y la seguridad de India.
La directiva no define con precisión qué se considera material objetable. Esa falta de claridad se ha convertido en el centro de la disputa. Naseer Ahmad Wani, director de Educación Escolar, dijo que un comité revisaría los libros de escuelas y bibliotecas. Por su parte, las autoridades han pedido a los responsables de las instituciones que presenten los datos de las publicaciones que señalen, incluidos el título, el autor, la editorial, el año de publicación y el número de ejemplares.
Los departamentos de educación también han establecido canales para presentar informes y responsabilidades personales para los responsables de las instituciones. En los institutos, la revisión tiene plazos definidos: se espera que los informes pasen de los departamentos a las oficinas distritales y luego a los altos cargos. Está previsto repetir el proceso periódicamente.
¿Cómo desencadenaron dos libros una investigación más amplia?
La polémica comenzó con dos libros distribuidos a las bibliotecas de escuelas públicas en el marco del programa educativo Samagra Shiksha. Los títulos, Personalidades y leyendas de J&K y Grandes personalidades de Jammu y Cachemira, incluían perfiles de políticos, escritores, activistas, poetas e historiadores. También contenían entradas sobre figuras vinculadas al movimiento separatista de Cachemira.
Críticos del Partido Bharatiya Janata (BJP), que gobierna India a nivel nacional, objetaron las referencias que describían a algunas figuras separatistas como personalidades importantes o mártires. Los libros también empleaban expresiones como Cachemira bajo control indio y Cachemira ocupada por India, términos que cuestionan la descripción de Nueva Delhi del territorio como parte integrante de India. Representantes del BJP dijeron que los libros podían orientar a los jóvenes hacia el secesionismo y la violencia militante.
Los libros habían sido aprobados dentro de un proceso de adquisición mucho más amplio. Según informes, las autoridades seleccionaron cientos de títulos de cientos de editoriales para distribuirlos en miles de escuelas públicas. El hallazgo de los dos volúmenes cuestionados llevó a retirarlos, abrir una investigación sobre el proceso de adquisición y suspender a ocho funcionarios de educación. Según las autoridades y las informaciones sobre la investigación, la policía también arrestó a tres personas relacionadas con los libros.
Posteriormente, Manoj Sinha, gobernador delegado de Jammu y Cachemira, ordenó a las autoridades crear un sistema permanente para revisar los libros antes de que lleguen a las instituciones educativas. La Universidad de Jammu prohibió los títulos cuestionados e incluyó en una lista negra a sus autores y editoriales. También se pidió a algunas instituciones que revisaran el material en línea y eliminaran los archivos que las autoridades consideraran objetables.
¿Qué dice el Gobierno que pretende evitar?
Las autoridades gubernamentales afirman que la iniciativa es una medida de seguridad, no una restricción general a la lectura. Su argumento se basa en la historia de conflicto armado de Cachemira y en la idea de que el material educativo puede utilizarse para glorificar a grupos militantes o fomentar la violencia política.
Sunil Sethi, portavoz del BJP, dijo que no se debería permitir a los partidarios del secesionismo elogiar a líderes separatistas amparándose en la libertad académica. Sostuvo que la paz se había restablecido con dificultad y que el material educativo controvertido podía poner en riesgo esa estabilidad.
Imran Nabi Dar, portavoz de la Conferencia Nacional, el partido que gobierna Jammu y Cachemira, dijo que el objetivo era evitar disputas innecesarias en las aulas, no impedir que la gente acceda a libros en privado. La administración también ha afirmado que el material escolar debe ser exacto, adecuado a la edad de los estudiantes y coherente con los valores constitucionales.
Existe una distinción legítima entre una publicación que insta directamente a la violencia y un trabajo académico que analiza sus causas. El debate en Cachemira gira en torno a dónde trazan esa línea las autoridades, quién toma la decisión y si las mismas normas se aplicarán a todas las opiniones políticas o religiosas.
La legislación india permite restringir la libertad de expresión en ámbitos como la seguridad nacional, el orden público y la incitación. Las organizaciones de derechos humanos sostienen que esas restricciones deben ser específicas, necesarias y proporcionales. Una búsqueda amplia en todas las bibliotecas, advierten, corre el riesgo de tratar el análisis histórico como un delito contra la seguridad sin demostrar que exista una relación directa con la violencia.
¿Por qué preocupa a los académicos la formulación de la orden?
La expresión «contenido objetable» puede abarcar muchos tipos de material. Puede referirse a un llamamiento explícito a la violencia, un error factual, una interpretación discutida de la historia, una crítica a las políticas gubernamentales o un lenguaje que ofenda a una comunidad religiosa. Sin criterios claros, bibliotecarios y docentes podrían retirar libros por temor a ser sancionados.
Un docente de estudios sobre Cachemira, que pidió no ser identificado, dijo que la historia, la educación y la identidad de la región son temas profundamente controvertidos. Añadió que la revisión plantea inquietudes legítimas sobre la libertad académica y el papel del Estado a la hora de decidir qué relatos son aceptables.
El politólogo Noor Ahmad Baba dijo que este tipo de restricciones entra en conflicto con la protección constitucional de la libertad de expresión. También advirtió de que las prohibiciones amplias pueden ser contraproducentes, porque el material retirado de las bibliotecas físicas suele seguir disponible en internet o fuera del territorio.
La escritora y periodista Anuradha Bhasin, cuyo trabajo figuró entre los 25 libros prohibidos en 2025, describió la medida más reciente como un intento de intimidar a lectores y escritores. Dijo que los libros no deberían tratarse como armas y cuestionó cómo podrían las autoridades examinar miles de publicaciones y evaluar con fiabilidad su contexto.
Aunque haya contenido objetable aquí y allá, ¿qué importancia tiene? Al fin y al cabo, los libros no son bombas.
El politólogo Sumantra Bose, cuyos libros también se incluyeron en la prohibición anterior, calificó de irrazonable el nuevo proceso. Dijo que una autoridad podría dedicar muchísimo tiempo a revisar una gran cantidad de libros sin contar con una base sólida para decidir qué relatos históricos deben seguir disponibles.
¿Qué ocurrió con la prohibición anterior de 25 libros?
La revisión actual se produce tras una orden independiente, emitida en agosto de 2025, que declaró confiscados por el Gobierno 25 libros. La lista incluía obras de Arundhati Roy, A.G. Noorani, Sumantra Bose, Victoria Schofield y otros académicos, periodistas y escritores. Las autoridades acusaron a los libros de difundir relatos falsos, fomentar el secesionismo o presentar el terrorismo de forma favorable. La prohibición está siendo impugnada ante los tribunales.
Los libros abordaban temas como la historia de la disputa de Cachemira, las desapariciones forzadas, la represión política, la resistencia feminista, la gobernanza tras la eliminación del artículo 370 y las experiencias de la población civil. La Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura afirmaron que la orden vulneraba la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad académica. Sostuvieron que las autoridades no habían demostrado que las publicaciones causaran una amenaza directa e inmediata.
Las organizaciones también señalaron las obligaciones de India en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esos acuerdos protegen el derecho a buscar, recibir y difundir información, incluidas opiniones críticas con los gobiernos. En general, la libertad académica comprende la posibilidad de investigar, publicar resultados y examinar los relatos oficiales.
La aplicación de la orden de 2025 incluyó registros en librerías de Srinagar y la incautación de títulos. En una operación, la policía confiscó más de 600 libros vinculados a Jamaat e Islami y a los escritos del académico islámico Abul Ala Maududi. Las autoridades dijeron que los libros promovían la ideología de una organización prohibida en Cachemira. Los libreros afirmaron que muchos títulos se habían publicado legalmente y llevaban mucho tiempo a la venta en India.
Algunos propietarios de tiendas dijeron que los registros los llevaron a devolver libros a sus proveedores y retirar de sus estanterías material políticamente sensible. Aunque no esté clara la existencia de una prohibición formal, el temor a ser arrestado, a que confisquen los libros o a ser interrogado puede generar autocensura.
¿Cómo afecta la disputa a la historia controvertida de Cachemira?
India y Pakistán reclaman la totalidad de Cachemira, aunque cada país controla distintas partes de la región. En la parte administrada por India hubo una insurgencia separatista armada desde finales de la década de 1980. India ha acusado a Pakistán de apoyar a grupos militantes, una acusación que Pakistán niega. El conflicto ha causado decenas de miles de muertes y ha dejado un amplio historial de desplazamientos, detenciones, desapariciones y violencia política contra la población civil.
Es difícil separar esa historia de la enseñanza en las aulas. Un estudio de Cachemira podría tener que abordar la partición de 1947, el gobierno del maharajá Hari Singh, las reclamaciones contrapuestas de India y Pakistán, las Naciones Unidas, la insurgencia, las operaciones militares, las denuncias de violaciones de derechos humanos y las aspiraciones políticas de distintas comunidades.
Los partidarios del Gobierno dicen que los relatos que elogian a grupos armados o presentan a India como una potencia ocupante son propaganda política, no educación. Los críticos responden que los estudiantes no pueden comprender la disputa si solo conocen la versión oficial del país. Estudiar una postura no equivale a respaldarla, sostienen.
Syed Agha Ruhullah Mehdi, parlamentario por Srinagar, dijo que las bibliotecas deberían preservar el conocimiento, no servir como instrumentos para imponer la versión política preferida de un Gobierno.
La presencia de un libro en una biblioteca no supone respaldar su contenido. Reconoce que la investigación académica exige acceso, debate y análisis crítico.
Rao Farman Ali, autor y periodista radicado en Cachemira, dijo que el material sobre resistencia y secesionismo puede parecer peligroso desde una perspectiva de seguridad, pero sigue siendo necesario para comprender el pasado de la región. Añadió que la investigación universitaria requiere acceso a fuentes primarias, fuentes secundarias e interpretaciones contrapuestas.
¿Por qué importa el cambio constitucional de 2019?
En agosto de 2019, Nueva Delhi eliminó el estatus constitucional especial de Jammu y Cachemira y dividió el antiguo estado en territorios administrados por el Gobierno federal. La medida dejó la región bajo un control central más directo. Desde entonces ha regresado un gobierno local elegido, aunque el gobernador delegado conserva amplias atribuciones en materia de administración y seguridad.
Los críticos afirman que, desde 2019, se han endurecido las restricciones a periodistas, activistas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas. Consideran que la revisión de libros forma parte de un esfuerzo más amplio por controlar el debate público mientras se presenta la región como estable y normal.
Los partidarios del Gobierno rechazan esa interpretación. Dicen que la situación de seguridad sigue siendo delicada y que las instituciones deben impedir la difusión de material que pueda fomentar la violencia. La administración ha descrito las escuelas y universidades como espacios para construir la nación y enseñar los valores constitucionales, y ha afirmado que no tolerará relatos secesionistas.
El desacuerdo refleja un debate más amplio sobre la libertad académica en India. Investigadores han sufrido presiones por protestas en campus universitarios, críticas públicas, temas de investigación y materiales de enseñanza. Los índices de libertad académica han registrado un fuerte descenso de la puntuación de India desde mediados de la década pasada, aunque las causas y la interpretación de esas clasificaciones son objeto de controversia.
¿Puede la revisión generar silencio en lugar de seguridad?
Incluso una revisión destinada a frenar la incitación puede tener efectos más amplios si sus criterios son vagos. Los bibliotecarios podrían dejar de comprar libros sobre Cachemira. Los docentes podrían evitar temas que probablemente atraigan la atención de las autoridades. Los estudiantes quizá duden en hacer preguntas sobre la historia política. Los autores podrían decidir que publicar investigaciones sobre la región es demasiado arriesgado.
Victoria Schofield, historiadora británica cuyo libro Cachemira en conflicto figuró entre los 25 títulos prohibidos, dijo que los gobiernos suelen recurrir a la prohibición de libros para restringir el acceso a la información. Sostuvo que conocer todas las perspectivas de un conflicto es necesario para el diálogo y la reconciliación.
No se puede resolver un conflicto sin conocer plenamente los hechos.
Los críticos también advierten que retirar libros de las bibliotecas no elimina la curiosidad. Los estudiantes pueden encontrar muchos títulos en internet, en colecciones privadas o fuera de Jammu y Cachemira. Una prohibición puede aumentar el interés por un libro y, al mismo tiempo, privar a los estudiantes sin acceso fiable a internet de la posibilidad de estudiarlo detenidamente.
Los partidarios de la revisión responden que el acceso, por sí solo, no hace que un libro sea adecuado para una biblioteca escolar. Dicen que los estudiantes más jóvenes necesitan material apropiado para su edad y que no debería esperarse que los docentes presenten propaganda como si fueran hechos establecidos. Su solución preferida es reforzar los controles de adquisición y encargar las revisiones a especialistas en educación cualificados.
Varios académicos han propuesto que comités independientes, integrados por historiadores, bibliotecarios, docentes universitarios y especialistas en cada materia, evalúen las obras cuestionadas. Sostienen que toda retirada debería ir acompañada de una justificación por escrito, un proceso de apelación y una distinción entre análisis, defensa de una postura e incitación.
¿Qué está en juego para los estudiantes y las bibliotecas?
Tradicionalmente, las bibliotecas han sido espacios donde los lectores encuentran ideas contrapuestas. Su función es distinta de la de una oficina de comunicación gubernamental. Una biblioteca puede albergar un libro con afirmaciones discutidas y, a la vez, los docentes pueden ayudar a los estudiantes a contrastarlas con otras pruebas.
El proceso actual coloca a bibliotecarios y responsables de instituciones en una situación difícil. Deben revisar grandes colecciones en plazos establecidos y se exponen a posibles acciones legales si no identifican material que las autoridades consideren ilícito más adelante. El resultado podría ser una colección determinada menos por su valor académico que por el temor a la reacción oficial.
Para los estudiantes de Cachemira, las consecuencias van más allá de una lista de lecturas. Quienes estudian historia y ciencias políticas necesitan acceder a las fuentes que dieron forma a las distintas versiones de la disputa. Los estudiantes de literatura necesitan leer a escritores que describen el desplazamiento, el dolor y la resistencia. Quienes estudian derecho deben examinar argumentos constitucionales y leyes de seguridad. Retirar esos materiales puede limitar las preguntas que los estudiantes pueden plantear.
El Gobierno no ha dicho cuántos libros se retirarán finalmente como resultado de la nueva revisión ni si las instituciones publicarán sus conclusiones. El recurso judicial contra la prohibición anterior también podría determinar hasta qué punto pueden las autoridades aplicar leyes de seguridad a obras académicas y periodísticas.
En resumen
- Las autoridades ordenaron a las instituciones educativas de toda la Cachemira administrada por India revisar libros, investigaciones y material digital.
- La revisión se produjo tras la polémica por dos libros que incluían perfiles de figuras separatistas y descripciones controvertidas de Cachemira.
- El Gobierno afirma que busca impedir la incitación, la radicalización y la propaganda ilícita en las aulas.
- Académicos y líderes de la oposición sostienen que unos criterios vagos podrían fomentar la autocensura y borrar partes de una historia controvertida.
- En virtud de una orden independiente de 2025, se prohibieron 25 libros de escritores y académicos destacados; la medida está siendo impugnada ante los tribunales.
- La disputa central es si las bibliotecas deben retirar el material políticamente sensible o conservarlo para su estudio crítico.
