Se aplican poderes de emergencia ante el aumento de la presión económica
El Ministerio del Interior de Tailandia ha activado amplios poderes de emergencia para hacer cumplir los controles de precios en todo el país. Quienes los infrinjan se exponen a penas de hasta 10 años de prisión y multas de hasta 100.000 baht (unos 3.900 dólares). La directiva, firmada por Narucha Kosacivilize, director general del Departamento de Administración Provincial, moviliza a gobernadores provinciales, jefes de distrito y funcionarios locales de todo el país para intensificar la vigilancia de los mercados de combustibles y bienes de consumo. Estas medidas representan una importante escalada de la respuesta del Gobierno a una crisis energética provocada por interrupciones del suministro mundial y preocupaciones de seguridad regional.
Contenido
- Se aplican poderes de emergencia ante el aumento de la presión económica
- Los siete pilares de la estrategia tailandesa de control de precios
- Dimensión transfronteriza: controles de combustible y seguridad regional
- Las crisis energéticas mundiales repercuten en el Sudeste Asiático
- Consecuencias económicas: de las aerolíneas a los vendedores ambulantes
- Aplicación de las normas: incautaciones e inspecciones
- Puntos clave
La ofensiva se ampara en el Decreto de Emergencia sobre la Modificación y Prevención de la Escasez de Combustible de 1973, una ley que rara vez se invoca y que otorga a las autoridades amplias facultades de aplicación. En virtud de este marco, los funcionarios pueden emprender acciones legales inmediatas contra las empresas que acaparen bienes sujetos a control, manipulen los precios o retrasen deliberadamente la prestación de servicios al público. El Ministerio ha advertido en particular que almacenar bienes en lugares no declarados o retrasar la venta de combustible sin una causa razonable acarreará sanciones severas, incluida la prisión.
Los siete pilares de la estrategia tailandesa de control de precios
La directiva del Ministerio del Interior establece siete medidas estrictas para prevenir la escasez de combustible y estabilizar el costo de vida durante la crisis. Estas medidas crean una red integral de supervisión que reúne a cuatro organismos principales: las oficinas provinciales de comercio inspeccionarán los precios de bienes y servicios; las oficinas provinciales de energía supervisarán las estaciones de servicio; la policía provincial se encargará de hacer cumplir la ley; y los jefes de distrito realizarán inspecciones sobre el terreno.
La primera medida apunta directamente al acaparamiento: exige a los funcionarios inspeccionar las cantidades de productos sujetos a control y procesar a quienes almacenen bienes en lugares ocultos o retengan deliberadamente el suministro. La segunda prohíbe a los proveedores de servicios negarse a atender al público o retrasar la prestación de servicios. La tercera establece una vigilancia continua de los precios del mercado para impedir manipulaciones que los sitúen en niveles anormalmente altos o bajos y puedan desestabilizar el mercado de combustibles. La cuarta exige a los jefes de distrito desplegar funcionarios para inspeccionar de cerca a los comerciantes de combustible en sus jurisdicciones.
La quinta medida suspende temporalmente las exportaciones de gasolina, gasohol (una mezcla de gasolina y etanol), diésel, combustible de aviación y gas licuado de petróleo. Sin embargo, se contemplan excepciones para las exportaciones a Laos y Myanmar, así como para los productos que no puedan venderse en el mercado interno tailandés. La sexta medida obliga a los comerciantes de combustible a mostrar claramente los precios al por menor en los puntos de venta y a comunicar cada cambio de precio al director general del Departamento de Negocios de Energía. La séptima especifica las severas sanciones legales que afrontan quienes infrinjan las normas.
Dimensión transfronteriza: controles de combustible y seguridad regional
Las restricciones tailandesas a las exportaciones de combustible no pueden separarse de la ofensiva de seguridad más amplia del reino contra las operaciones delictivas transnacionales en sus fronteras. La suspensión de las exportaciones forma parte de una estrategia coordinada dirigida contra sofisticados centros de estafas que operan en Myanmar y Camboya y que han aprovechado la infraestructura tailandesa para perpetrar fraudes a escala mundial por valor de decenas de miles de millones de dólares al año.
Desde el 5 de febrero, las autoridades tailandesas han cortado el suministro de electricidad, internet y combustible a cinco lugares situados al otro lado de la frontera con Myanmar, en particular a los enclaves sin ley de Myawaddy y Shwe Kokko, donde redes delictivas dirigidas por ciudadanos chinos operan amplios complejos de trabajo forzado. Estas instalaciones, conocidas por las llamadas estafas de «matanza de cerdos» (en las que las víctimas son captadas durante meses por internet antes de perder sus ahorros), dependen en gran medida del suministro tailandés de electricidad y combustible para funcionar.
China está llevando a cabo activamente una cooperación bilateral y multilateral con Tailandia, Myanmar y otros países, adoptando medidas integrales para abordar tanto los síntomas como las causas profundas y trabajando conjuntamente para impedir que los delincuentes cometan delitos en los países afectados.
Esta declaración del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, se produjo después de que Liu Zhongyi, viceministro chino de Seguridad Pública, visitara la frontera entre Tailandia y Myanmar a finales de marzo. La visita precedió a la repatriación a gran escala de miles de trabajadores de los centros de estafas, entre ellos un primer grupo de unos 600 ciudadanos chinos. El Gobierno tailandés también ha solicitado órdenes de detención contra tres altos dirigentes de la Fuerza de Guardia Fronteriza Karen (BGF), milicia favorable a la junta que controla Myawaddy, por casos anteriores de trata de personas en los que estuvieron implicados ciudadanos tailandeses.
Las restricciones al combustible han provocado una grave escasez en el municipio de Myawaddy, donde los precios se han disparado hasta situarse entre 3.000 y 10.000 kyats por litro (entre 1,50 y 5 dólares aproximadamente). Esto obliga a los residentes a hacer fila desde las 3 de la madrugada para conseguir suministros limitados. Aunque los centros de estafas siguen funcionando con generadores y paneles solares, los habitantes comunes de Myanmar y los agricultores soportan las peores consecuencias de la crisis. Tailandia ha extendido medidas similares a Camboya, restringiendo los cruces fronterizos en siete provincias y suspendiendo las exportaciones de combustible para combatir allí a las redes delictivas, tras una crisis diplomática en la que estuvo implicada la primera ministra Paetongtarn Shinawatra.
Las crisis energéticas mundiales repercuten en el Sudeste Asiático
Las medidas de emergencia de Tailandia se adoptan en un contexto de graves alteraciones del suministro energético mundial provocadas por el aumento de las tensiones en Oriente Medio. El conflicto con Irán ha elevado los precios internacionales del petróleo y ha interrumpido las cadenas de suministro de diésel, combustible de aviación y fertilizantes en toda Asia. Las economías de la región se apresuran a asegurar el suministro interno mientras sus socios exportadores tradicionales restringen los envíos al exterior.
China, el segundo mayor exportador mundial de fertilizantes y el sexto de combustible de aviación, ha ordenado a las refinerías respaldadas por el Estado que detengan los envíos al exterior de combustible de aviación, diésel y queroseno. Pekín también ha pedido a los exportadores de fertilizantes que suspendan los envíos a mercados clave, entre ellos India, aunque mantiene algunos suministros al Sudeste Asiático. Estas restricciones, aplicadas sin anuncio público por medio de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, buscan preservar las reservas chinas ante el cierre del estrecho de Ormuz.
La escasez regional de combustible ha afectado especialmente a Myanmar, donde se suma a cinco años de devastación económica tras el golpe militar de 2021. Los agricultores de la región del delta del Irrawaddy, zona arrocera del país, ahora pasan la noche haciendo fila en los depósitos de combustible. El precio del diésel subió de 2.450 kyats en febrero a 3.800 a mediados de marzo. En el mercado negro ha llegado a 12.000 kyats por litro. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas advierte que 12,4 millones de habitantes de Myanmar, una cuarta parte de la población, ya tienen dificultades para conseguir alimentos. El aumento del costo de los fertilizantes y las restricciones al acceso al combustible amenazan la próxima temporada de cultivo.
Vietnam, que importa casi el 70 por ciento del combustible de aviación que necesita, alrededor del 60 por ciento desde Tailandia y China, afronta posibles interrupciones a partir de abril. Las aerolíneas australianas, que dependen de China para alrededor de un tercio de su suministro de combustible de aviación, ya sufren problemas de abastecimiento en aeropuertos rurales. Este contexto regional explica por qué Tailandia ha dado prioridad a la seguridad del suministro interno de combustible frente a sus compromisos de exportación, pese al impacto económico en los países vecinos.
Consecuencias económicas: de las aerolíneas a los vendedores ambulantes
La crisis del combustible ha provocado aumentos sucesivos de precios en distintos sectores de la economía tailandesa, como el transporte, la aviación, los servicios de alimentación y el comercio electrónico. Thai Airways International ha subido el precio de los billetes entre un 10 y un 15 por ciento, después de que el combustible Jet A-1 pasara de unos 80 dólares por barril a más de 200 dólares. La aerolínea ha amortiguado parcialmente el impacto mediante coberturas de combustible que cubren alrededor del 50 por ciento de sus necesidades hasta mediados de año. Sin embargo, las rutas nacionales afrontan una presión particular, ya que la normativa tailandesa prohíbe aplicar recargos de combustible por separado en los vuelos internos.
Los operadores de transporte fluvial afrontan una amenaza existencial debido a los elevados precios sostenidos del diésel. Charoenporn Charoentham, director gerente de Chao Phraya Express Boat Ltd, advirtió que la persistencia de los altos costos podría obligar a reducir los servicios o suspender por completo las operaciones. La empresa compra actualmente diésel a unos 35 baht por litro a través de comerciantes mayoristas, un precio que supera los niveles sostenibles para el operador privado. La empresa estatal de autobuses Transport Co Ltd mantiene la continuidad del servicio mediante acuerdos de compra a largo plazo con PTT Plc y reservas de entre 100.000 y 120.000 litros diarios. Sin embargo, sus responsables reconocen que los precios elevados durante un periodo prolongado podrían hacer necesarios aumentos de las tarifas.
Los precios de los alimentos siguen subiendo. El 14 de marzo, el precio de los huevos aumentó 20 satang por unidad; los comerciantes prevén nuevas alzas de entre 0,10 y 0,20 baht por huevo a principios de abril debido al costo del transporte. Los restauradores de la zona de Bang Son, en Bangkok, informan de importantes subidas en los precios de la carne: el cerdo pasó de 150 a 155 baht por kilogramo; la panceta de cerdo, de 180 a 200 baht; y el pollo, de 70 a 90 baht. Los vendedores ambulantes afirman que deben subir 5 baht el precio de cada plato para mantener sus negocios, aunque muchos intentan absorber los costos mediante una mejor gestión del consumo eléctrico y medidas de eficiencia interna.
Las plataformas de comercio electrónico han respondido a la presión de los costos aumentando las comisiones que cobran a los vendedores. Shopee, Lazada y TikTok Shop han anunciado ajustes en las comisiones y las tarifas por transacción, que entrarán en vigor a principios de abril. Las tiendas Shopee Mall ahora afrontan comisiones de hasta el 15,52 por ciento en las categorías de electrónica y moda, mientras que las tiendas estándar de Lazada se enfrentan a tarifas máximas del 13 por ciento en algunas categorías. Estas subidas añaden presión a las pequeñas y medianas empresas tailandesas, que ya afrontan mayores costos de energía y embalaje.
Aplicación de las normas: incautaciones e inspecciones
Las autoridades tailandesas ya han comenzado a aplicar la ofensiva con medidas concretas. En la provincia de Tak, fronteriza con Myanmar y afectada por una grave escasez interna de combustible, las fuerzas de seguridad incautaron recientemente 20.000 litros de diésel y equipos de almacenamiento de combustible en un almacén junto a un río, en el distrito de Mae Sot. Las autoridades interceptaron el combustible, que presuntamente iba a exportarse ilegalmente a Myanmar, tras recibir avisos de residentes locales. En el registro encontraron un camión de diez ruedas cargado de diésel y dos tanques de almacenamiento de 4.500 litros cada uno.
La Oficina Central de Investigación ha intensificado las inspecciones, centradas en cuatro aspectos clave: calidad del combustible, documentación legal, cumplimiento de los precios y actividades de acaparamiento. El teniente general de policía Natthasak Chaowanasai, comisionado de la Oficina Central de Investigación, confirmó que se están investigando más de 40.000 litros de diésel por posible almacenamiento especulativo. La División de Policía de Protección al Consumidor coordina sus acciones con los ministerios de Comercio y Energía, las autoridades fiscales y los funcionarios locales para evitar que se aproveche la crisis.
El gobernador de Tak, Chusak Ruying, ha ordenado una ofensiva estricta contra todas las exportaciones ilegales de combustible a través de la frontera. La decisión responde a situaciones en las que las estaciones de servicio locales se quedan sin combustible con frecuencia en cuestión de horas, lo que obliga a los residentes a hacer largas filas y provoca atascos. El Ministerio del Interior ha instado a la ciudadanía a denunciar irregularidades en estaciones de servicio o comercios minoristas, incluidos posibles casos de acaparamiento o aumentos injustificados de precios, a través de las oficinas de distrito o de la línea directa del Centro Damrongdhama.
Puntos clave
- Tailandia ha activado el Decreto de Emergencia sobre la Escasez de Combustible de 1973, que contempla penas de hasta 10 años de prisión y multas de 100.000 baht por acaparamiento o manipulación de precios.
- Siete medidas estrictas coordinan a cuatro organismos gubernamentales para vigilar las estaciones de servicio, inspeccionar los precios y aplicar una suspensión temporal de las exportaciones de gasolina, diésel, combustible de aviación y gas licuado de petróleo.
- Las restricciones a las exportaciones de combustible están vinculadas a una ofensiva más amplia contra los centros de estafas de Myanmar y Camboya, que han dependido de la infraestructura tailandesa para operar.
- Las alteraciones del suministro energético mundial derivadas de las tensiones en Oriente Medio han elevado el precio del combustible de aviación de 80 a más de 200 dólares por barril y han obligado a Thai Airways a subir sus tarifas entre un 10 y un 15 por ciento.
- Las autoridades tailandesas incautaron en Mae Sot 20.000 litros de diésel presuntamente destinados al contrabando, como parte del refuerzo de los controles fronterizos.
- China también ha restringido las exportaciones de combustible y fertilizantes, lo que agrava la escasez regional que afecta a Vietnam, Australia y Myanmar.
- Entre los efectos económicos internos figuran el encarecimiento de los alimentos, el aumento de las tarifas del comercio electrónico y posibles recortes de servicios para los operadores de transporte fluvial.
- Tailandia sigue permitiendo las exportaciones de combustible a Laos y Myanmar únicamente para productos que no puedan venderse en el mercado interno o en el marco de acuerdos transfronterizos específicos.






