Comienza la gran transferencia
En el último medio siglo, China ha protagonizado un milagro económico que sacó de la pobreza a cientos de millones de personas y creó inmensas fortunas casi de la noche a la mañana. En cincuenta años, el país generó más riqueza que cualquier civilización en la historia de la humanidad: pasó de ser una sociedad predominantemente agrícola a convertirse en la potencia manufacturera del mundo y en la segunda economía más grande. Ciudades como Shenzhen pasaron de ser pueblos pesqueros a convertirse en centros metropolitanos con ingresos per cápita comparables a los de países desarrollados. Empresas privadas, desde gigantes tecnológicos hasta imperios inmobiliarios, han acumulado reservas de capital que superan con creces los tesoros públicos de muchos Estados soberanos. Ahora, este relato de éxito se enfrenta a un desafío que amenaza con socavar esos avances: está en marcha la primera gran transferencia intergeneracional de riqueza de la historia moderna de China. A medida que envejecen los empresarios que construyeron sus imperios durante la era de las reformas y se preparan para legar sus fortunas a sus hijos, se consolida una élite hereditaria que podría perdurar durante generaciones.
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Esta transformación conlleva riesgos que van mucho más allá de la economía. Si se mantiene la trayectoria actual, la transferencia ampliará la desigualdad, afianzará los privilegios de una generación a otra y alimentará un resentimiento social que podría poner en entredicho la estabilidad del propio Partido Comunista. Los hijos de los primeros multimillonarios están llegando a la edad adulta, se han formado en instituciones internacionales de élite y cuentan con redes de contactos vinculadas al capital global; ahora están listos para asumir el control de conglomerados familiares valorados en miles de millones de dólares. A diferencia de sus padres, que a menudo ascendieron desde orígenes modestos gracias al esfuerzo y a las circunstancias favorables, estos herederos recibirán posiciones de enorme poder económico por el mero hecho de nacer en esas familias. La ironía es evidente. Un gobierno que afirma estar comprometido con la «prosperidad común» parece sorprendentemente indiferente ante los mecanismos que podrían impedir la aparición de una aristocracia permanente. Mientras el presidente Xi Jinping habla reiteradamente de reducir las brechas de riqueza y garantizar que el éxito sea compartido, su administración no ha aplicado la herramienta más básica para prevenir la concentración dinástica de la riqueza: un impuesto a las herencias efectivo. Esta brecha entre la retórica y la realidad revela una tensión fundamental en la gobernanza china moderna.
Una inversión histórica
Para comprender la importancia de lo que ocurre hoy, hay que remontarse al pasado imperial de China y a sus notables tradiciones meritocráticas. La dinastía Qing, que gobernó de 1644 a 1911, mantuvo uno de los sistemas burocráticos más sofisticados de la historia precisamente porque rechazaba el gobierno hereditario entre sus administradores. A diferencia de las aristocracias europeas, donde los títulos y el poder pasaban automáticamente de una generación a otra, los Qing dependían de un riguroso sistema de exámenes que permitía a personas comunes llegar a los cargos más altos por sus méritos académicos, no por su linaje.
Este sistema meritocrático, conocido como keju, exigía a los aspirantes a funcionarios dominar los textos clásicos confucianos y demostrar competencia moral y administrativa mediante exámenes competitivos en los niveles de distrito, provincial y nacional. Aunque las familias adineradas podían costear tutores y libros, el sistema era lo bastante permeable como para que personas talentosas de origen modesto ascendieran al poder. Los exámenes evaluaban conocimientos de filosofía, poesía y gobierno, con el fin de garantizar que los funcionarios tuvieran tanto capacidad intelectual como una sólida formación ética. Quienes superaban las pruebas de mayor nivel se incorporaban a los mandarines, el reducido grupo de burócratas de élite que gobernaba el vasto imperio.
Los Qing también aplicaban una «regla de abstención» que impedía a los funcionarios ejercer en sus provincias de origen, con lo que se reducía el riesgo de nepotismo y favoritismo local. Los funcionarios cambiaban de puesto cada tres años, lo que les impedía crear bases de poder locales que pudieran desafiar a la autoridad central o favorecer los intereses familiares. Así se creó un gobierno de lo que los historiadores llaman «personas comunes de élite»: gobernantes que mantenían vínculos con el conjunto de la sociedad en lugar de formar una casta cerrada.
David Graeber, antropólogo y crítico de los sistemas económicos, observó que los mecanismos meritocráticos históricos solían surgir de necesidades políticas, más que del idealismo. En su análisis del capitalismo global, señaló que los periodos de relativa igualdad solían requerir presiones externas sobre las élites gobernantes. De manera similar, el sistema de exámenes de los Qing legitimaba el gobierno imperial al garantizar que la clase administrativa mantuviera vínculos con las comunidades que gobernaba. Hoy China presencia la inversión de ese patrón histórico. Los «principitos», hijos de altos funcionarios y empresarios exitosos, dominan cada vez más tanto el mundo empresarial como la política. La riqueza, y no los resultados en los exámenes, determina el acceso a la educación de élite, las redes sociales y las oportunidades. La aristocracia roja del siglo XXI se parece a las élites hereditarias a las que, en teoría, se oponía el Partido Comunista cuando llegó al poder en 1949.
Cuando el capital crece más que la economía
La realidad matemática que impulsa esta concentración de riqueza fue identificada por el economista francés Thomas Piketty en su obra fundamental «El capital en el siglo XXI». Piketty demostró que, cuando el rendimiento del capital supera el crecimiento económico general, la riqueza tiende a acumularse en manos de quienes ya la poseen. Esta fórmula, expresada como r > g (donde r representa la tasa de rendimiento del capital y g, la tasa de crecimiento de la economía), explica por qué las economías de mercado tienden a la desigualdad si no se aplican medidas correctivas.
En China, el crecimiento económico se ha desacelerado: de las tasas de dos dígitos de principios de la década de 2000 ha pasado a niveles más moderados en la actualidad. Mientras tanto, los rendimientos de las inversiones inmobiliarias, tecnológicas y financieras siguen siendo considerables para quienes ya cuentan con capital. El resultado es una brecha cada vez mayor entre quienes poseen muchos activos y el resto de la población. Los multimillonarios chinos amasaron sus fortunas durante el periodo de crecimiento explosivo, y sus herederos podrían recibir concentraciones de riqueza sin precedentes en la historia del país. Sin medidas correctivas, estas fortunas se multiplicarán de generación en generación y crearán una clase rentista permanente que vivirá de los ingresos de sus inversiones, en lugar de contribuir a la producción.
La crítica de Graeber al capitalismo aporta un contexto adicional para entender la trayectoria de China. Sostuvo que el periodo comprendido aproximadamente entre 1917 y 1975, cuando el capitalismo occidental sí generó prosperidad generalizada y redujo la desigualdad, fue una anomalía histórica y no una tendencia natural del sistema.
El capitalismo no tiene una tendencia inherente a civilizarse. Si se lo deja a su suerte, cabe esperar que genere tasas de rendimiento de las inversiones muy superiores a las tasas generales de crecimiento económico, con el único resultado posible de transferir cada vez más riqueza a manos de una élite hereditaria de inversionistas.
Durante esas décadas, las élites capitalistas enfrentaron amenazas creíbles de las alternativas socialistas, movimientos sindicales fuertes y la presión competitiva de la Unión Soviética. Estas presiones las obligaron a hacer concesiones que crearon prosperidad para la clase media. Las tasas impositivas marginales altas, los sólidos impuestos a las herencias y los sindicatos fuertes garantizaron que la riqueza circulara en lugar de acumularse en las arcas de unas pocas familias. Hoy China carece de estas fuerzas compensatorias. El Partido Comunista mantiene un control estricto sobre la organización sindical y no existe una alternativa ideológica que amenace la estructura vigente. Sin presiones externas, la tendencia natural del capital a concentrarse continúa sin freno.
La ausencia de un impuesto a las herencias
La omisión más evidente del marco normativo chino es la falta de un impuesto a las herencias sólido. Mientras que la mayoría de los países desarrollados, incluidos Estados Unidos, Japón y los países europeos, aplican impuestos significativos a los grandes patrimonios para evitar la acumulación dinástica de la riqueza, China no cuenta con un mecanismo de este tipo. Pese a su compromiso ideológico con la igualdad y a su defensa retórica de la «prosperidad común», el Partido Comunista se ha negado a gravar la riqueza heredada. Esto contrasta marcadamente con otras economías desarrolladas, donde los impuestos a las herencias llevan mucho tiempo frenando los privilegios dinásticos.
Esta inacción parece responder a cálculos políticos, más que a una incapacidad administrativa. La propia élite del partido incluye a muchas personas adineradas que tienen activos que proteger. Además, la clase empresarial que impulsa el crecimiento económico podría oponerse a políticas que amenacen las fortunas familiares. Sin embargo, esta cautela política tiene costos a largo plazo. Sin impuestos a la riqueza heredada, la primera generación de multimillonarios chinos establecerá dinastías familiares que podrían perdurar durante generaciones y crear una jerarquía social rígida, contraria a los principios fundacionales del partido. La brecha de riqueza se convertirá en una barrera de clase que ningún nivel de crecimiento económico podrá superar.
El contraste con las socialdemocracias occidentales de mediados del siglo XX es ilustrativo. Durante la posguerra, las tasas impositivas marginales máximas en Estados Unidos y el Reino Unido superaron el 90% en algunos años, y los impuestos a las herencias impidieron que volvieran a formarse las fortunas de la Edad Dorada estadounidense, como las de las familias Rockefeller y Carnegie. Estas políticas no impidieron el crecimiento económico; más bien, ayudaron a crear las condiciones para una prosperidad generalizada al garantizar que la riqueza circulara por la economía, en vez de acumularse en las arcas de unas pocas familias. Thomas Piketty ha sostenido que la izquierda debería centrarse en elegir gobiernos comprometidos con la creación de mecanismos internacionales para gravar y regular la riqueza concentrada. También ha propuesto tasas de hasta el 80% para los ingresos altos, con el fin de impedir la formación de una clase rentista parasitaria.
Los actuales dirigentes chinos parecen confiar en que las donaciones benéficas voluntarias o la presión informal sobre las personas adineradas bastarán para mantener la armonía social. En ocasiones, los multimillonarios tecnológicos hacen grandes donaciones a causas sociales, a menudo después de medidas regulatorias de mano dura o campañas de presión pública. Sin embargo, estos gestos no pueden sustituir una política fiscal sistemática que estructure la economía para favorecer el mérito por encima de la herencia. La renuencia del partido a gravar la riqueza heredada apunta a una alianza tácita con los mismos capitalistas que afirma regular, y a una prioridad de la estabilidad a corto plazo frente a la equidad a largo plazo.
El riesgo del resentimiento
La legitimidad histórica en China siempre ha dependido del concepto del «Mandato del Cielo»: la idea de que los gobernantes deben ejercer el poder de manera competente y justa para conservar su derecho a gobernar. Durante la dinastía Qing, los funcionarios entendían que no gestionar la desigualdad o la corrupción podía justificar una rebelión y un cambio de régimen. El Partido Comunista moderno ha sustituido en gran medida esa visión tradicional por una legitimidad basada en los resultados, vinculada al crecimiento económico y al aumento del nivel de vida. Cuando la economía prosperaba, el partido podía atribuirse el mérito de haber generado bienestar. A medida que el crecimiento se desacelera y la desigualdad se vuelve estructural, en lugar de temporal, el contrato social se resquebraja y el partido corre el riesgo de perder su autoridad moral.
Los jóvenes trabajadores chinos hablan de «tumbarse» como forma de protesta ante los precios inalcanzables de la vivienda y la escasa movilidad social. Saber que la riqueza depende cada vez más del origen familiar que del esfuerzo individual debilita el discurso meritocrático que el partido promueve desde el inicio de la era de reformas, en 1978. Los graduados universitarios enfrentan una competencia feroz por los puestos de trabajo, mientras que los hijos de las familias adineradas estudian en instituciones de élite en el extranjero y regresan para ocupar cargos en empresas familiares o estatales. La frustración de descubrir que el trabajo duro ya no garantiza progresar está creando una generación de jóvenes desilusionados que no ve motivos para esforzarse.
El peligro no es solo económico, sino también político. Históricamente, las sociedades con límites de clase rígidos y poca renovación de las élites han sido propensas a la inestabilidad. Cuando las personas talentosas de origen modesto encuentran sus caminos bloqueados por privilegios hereditarios, el resentimiento resultante puede alimentar el radicalismo. El Partido Comunista llegó al poder precisamente al movilizar ese resentimiento contra las clases terratenientes y capitalistas de la China anterior a 1949. Ahora corre el riesgo de convertirse en guardián de una nueva aristocracia que reproduce los rasgos de los antiguos opresores a los que derrocó.
La retórica de Xi Jinping sobre la «prosperidad común» reconoce este peligro. La campaña apunta a los «ingresos irrazonables» y pide regular la acumulación «excesiva» de riqueza. Sin embargo, sin reformas estructurales como los impuestos a las herencias, estas campañas se limitan a intervenciones esporádicas, en lugar de ofrecer soluciones sistemáticas. Pueden castigar a multimillonarios concretos sin abordar la dinámica subyacente que produce multimillonarios como clase. El gobierno parece sorprendentemente despreocupado por las consecuencias que esto tendrá para la estabilidad social en las próximas décadas.
Contexto global y futuro
El desafío de China forma parte de una tendencia global más amplia. Desde Estados Unidos hasta India, los países afrontan el retorno de la riqueza hereditaria y el declive de la movilidad social. El capitalismo relativamente igualitario de mediados del siglo XX parece cada vez más un periodo excepcional, provocado por la destrucción de la guerra, los altos impuestos y la competencia de la Guerra Fría. A medida que esas presiones disminuyen, la tendencia natural del capital a concentrarse vuelve a imponerse en distintos sistemas políticos.
China podría parecer especialmente bien situada para resistir esta tendencia, dada su ideología oficial y el poder centralizado del Estado. El Partido Comunista puede dirigir la política económica sin las limitaciones electorales que restringen a los gobiernos occidentales. Si así lo decidiera, podría aplicar impuestos confiscatorios a las herencias, imponer transiciones a la propiedad pública u ordenar una redistribución radical de la riqueza. Que no lo haya hecho sugiere que el partido ha sido capturado por los intereses de las personas adineradas o que teme las consecuencias económicas de una redistribución agresiva para la inversión y el crecimiento.
Cualquiera de las dos explicaciones apunta a un futuro difícil. Si China mantiene su trayectoria actual, desarrollará una estructura social parecida a la de la era prerrevolucionaria, con una pequeña élite hereditaria que controla una parte desproporcionada del poder económico y político. Sería la ironía definitiva: un Estado comunista que crea las mismas dinámicas de clase que se fundó para eliminar. La primera generación de capitalistas chinos construyó su riqueza mediante la asunción de riesgos y la innovación. Sus nietos heredarán esas fortunas por el mero hecho de nacer, independientemente de sus propias capacidades o esfuerzos. Sin impuestos que deshagan estas concentraciones, China corre el riesgo de convertirse en una sociedad donde el origen importa más que la capacidad, una inversión de todo lo que el Estado moderno afirmó defender.
Puntos clave
- China vive su primera gran transferencia intergeneracional de riqueza, que está creando una élite hereditaria de herederos de multimillonarios y «principitos»
- El Partido Comunista no ha aplicado impuestos a las herencias ni otros mecanismos para impedir la acumulación dinástica de la riqueza
- Esta tendencia invierte las tradiciones meritocráticas históricas de China, en particular el sistema de exámenes de la dinastía Qing, que permitía la movilidad social basada en los méritos académicos
- Los análisis económicos muestran que, cuando el rendimiento del capital supera las tasas de crecimiento, la riqueza tiende a concentrarse si no hay impuestos correctivos
- La campaña de Xi Jinping por la «prosperidad común» carece de reformas estructurales que aborden las causas fundamentales de la desigualdad
- La aparición de una aristocracia permanente corre el riesgo de alimentar el resentimiento social y socavar la legitimidad política del partido
