Una ofensiva judicial coordinada
China llevó a cabo una amplia serie de ejecuciones contra los líderes de dos poderosas dinastías criminales que operaban desde las regiones fronterizas sin ley de Myanmar, lo que marca una escalada sin precedentes en la campaña de Pekín contra el fraude cibernético transnacional y la trata de personas. En menos de una semana, las autoridades chinas ejecutaron a 15 miembros de las infames familias Ming y Bai, organizaciones criminales acusadas de gestionar complejos de estafa a escala industrial que generaban miles de millones de dólares mediante trabajo forzado, tortura y sofisticados esquemas de fraude en línea dirigidos a víctimas de todo el mundo.
Contenido
Las ejecuciones, llevadas a cabo por tribunales de Wenzhou y Shenzhen tras la aprobación del Tribunal Popular Supremo de China, constituyen hasta la fecha la respuesta judicial más severa contra los operadores de los centros de estafa de Myanmar. Estas instalaciones, que forman parte de una red criminal mundial que, según estimaciones de Naciones Unidas, genera 40.000 millones de dólares al año, han mantenido atrapados a cientos de miles de trabajadores víctimas de trata en condiciones similares a las de una prisión, donde se les obliga a ejecutar estafas de inversión basadas en relaciones amorosas, conocidas como operaciones de «matanza de cerdos».
Entre el 29 de enero y el 2 de febrero de 2026, los medios estatales chinos anunciaron las ejecuciones en dos tandas separadas: primero, la de 11 miembros del grupo criminal de la familia Ming, seguida de la de otros cuatro líderes del sindicato de la familia Bai. La rapidez y el carácter definitivo de estas sentencias demuestran la determinación de Pekín de desmantelar las redes criminales que han prosperado en las regiones fronterizas de Myanmar devastadas por la guerra civil, aunque organizaciones de derechos humanos expresan preocupación por la transparencia del sistema judicial chino y el destino de las víctimas de trata que aún permanecen allí.
La familia Ming: violencia en la frontera
El 29 de enero, el Tribunal Popular Intermedio de Wenzhou, en la provincia oriental de Zhejiang, ejecutó a 11 miembros destacados del grupo criminal de la familia Ming, entre ellos Ming Guoping, líder de la Fuerza de Guardia Fronteriza de Kokang, aliada de la junta gobernante de Myanmar, y su hija, Ming Zhenzhen. El patriarca de la familia, Ming Xuechang, quien había sido miembro del parlamento estatal de Myanmar, se suicidó mientras estaba detenido tras ser arrestado a finales de 2023.
El tribunal determinó que el sindicato Ming había establecido varias bases operativas en la región autónoma de Kokang, en Myanmar, concretamente en las zonas de Laukkai, Shiyuanzi y Chinshwehaw, a partir de 2015. En su apogeo, la organización empleaba a 10.000 personas en el infame complejo de Crouching Tiger Villa y otras instalaciones, y generaba más de 10.000 millones de yuanes (1.400 millones de dólares) mediante fraude telefónico y operaciones de juego ilegales.
Según el Tribunal Popular Supremo, que revisó el caso después de que dos acusados apelaran sus condenas a muerte de septiembre de 2025, la familia Ming utilizó su influencia y acceso a armas para brindar protección armada a financiadores criminales, mientras recurría sistemáticamente a la violencia letal para mantener el control. El tribunal confirmó que el grupo mató y lesionó deliberadamente a trabajadores y los detuvo de forma ilegal, lo que provocó la muerte de 14 ciudadanos chinos y heridas a muchas otras personas.
En un episodio particularmente violento, ocurrido en octubre de 2023, presuntos miembros de la familia Ming abrieron fuego contra ciudadanos chinos cautivos durante un traslado y mataron a cuatro personas para impedir que las autoridades los rescataran. Estas habían recibido información sobre una inminente redada. La cadena estatal china CCTV informó que el grupo trasladaba a trabajadores desde el complejo de ciberfraude bajo custodia armada cuando se produjo el tiroteo. El tribunal calificó los delitos de «extremadamente atroces» y de «circunstancias particularmente graves».
El clan Bai: drogas y fraude a escala industrial
Cuatro días después, el 2 de febrero, el Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen, en la provincia meridional de Guangdong, anunció la ejecución de otros cuatro líderes de bandas del grupo criminal de la familia Bai. Fue la segunda tanda de condenas a muerte contra operadores de centros de estafa radicados en Myanmar en menos de una semana. Entre los ejecutados estaba Bai Yingcang, mientras que el presunto patriarca de la familia, Bai Suocheng, murió por una enfermedad tras ser condenado en noviembre de 2025.
El sindicato Bai estableció parques industriales en la misma región de Kokang, fronteriza con China, y gestionó un imperio criminal paralelo que, según el tribunal, estafó a sus víctimas por más de 29.000 millones de yuanes (4.200 millones de dólares). Además del fraude telefónico y el juego ilegal, la organización Bai se dedicaba al secuestro, la extorsión, la prostitución forzada y la fabricación de drogas a gran escala, incluida la producción de unas 11 toneladas de metanfetamina.
Sus actividades criminales provocaron la muerte de seis ciudadanos chinos y heridas a otras personas, según el Tribunal Popular Supremo, que aprobó las condenas a muerte después de que el Tribunal Popular Superior Provincial de Guangdong rechazara las apelaciones de los acusados en diciembre de 2025. El tribunal destacó que la escala y brutalidad de los delitos del grupo representaban «una amenaza enorme para la sociedad».
La familia Bai se había consolidado como una de las fuerzas dominantes de Laukkaing, la capital de Kokang, donde gestionaba extensos complejos de casinos y zonas de prostitución, además de sus operaciones de ciberestafa. Sus parques industriales funcionaban como recintos fortificados donde los trabajadores víctimas de trata permanecían bajo vigilancia armada constante.
El interior de los complejos de estafa
Estas ejecuciones apuntan a la cúpula de una industria criminal que ha convertido partes del Sudeste Asiático en centros mundiales de fraude cibernético. Los complejos de estafa, descritos a menudo como parques industriales fortificados, funcionan como instalaciones híbridas que combinan centros de atención telefónica con centros de detención. Los traficantes captan víctimas, principalmente de China y otros países asiáticos, mediante anuncios fraudulentos que prometen puestos bien remunerados en el sector tecnológico. Al llegar a las regiones fronterizas de Myanmar, los trabajadores descubren que les han confiscado el pasaporte y que están confinados en instalaciones fuertemente vigiladas.
Dentro de estos complejos, las personas víctimas de trata son obligadas a ejecutar sofisticados esquemas de fraude, en particular estafas de «matanza de cerdos» que combinan el fraude sentimental con inversiones en criptomonedas. Los trabajadores entablan relaciones falsas en línea con víctimas de todo el mundo y, poco a poco, se ganan su confianza antes de presentarles plataformas de inversión fraudulentas diseñadas para robarles sus ahorros. Quienes no alcanzan las cuotas económicas sufren agresiones físicas y torturas, o son vendidos a otros grupos criminales; los intentos de fuga suelen acabar en muerte.
El Instituto de Paz de Estados Unidos estima que estas operaciones de estafa del Sudeste Asiático roban más de 43.000 millones de dólares al año, mientras que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha advertido que la industria se está extendiendo por todo el mundo, hacia América del Sur, África, Oriente Medio y las islas del Pacífico. Interpol ha expresado especial preocupación por la expansión de las redes de trata de personas que abastecen estas operaciones. Se estima que cientos de miles de personas trabajan en centros de estafa en todo el mundo, muchas de ellas varadas en la región tras la pandemia de COVID-19.
Los trabajadores de estos complejos describen condiciones similares a las de una prisión, donde guardias armados agreden y torturan habitualmente a quienes no alcanzan los objetivos económicos. Las familias Ming y Bai recurrieron específicamente a la violencia letal para controlar sus operaciones; el Tribunal Popular Supremo confirmó que asesinaron y agredieron de forma deliberada a personas involucradas en las operaciones de fraude y las detuvieron ilegalmente.
El ecosistema criminal de Kokang
Las familias Ming y Bai son dos de las «Cuatro Familias» que durante años han dominado la economía criminal de Kokang, junto con los sindicatos Liu y Wei. Estas organizaciones operaban con impunidad en la región autónoma y aprovechaban sus estrechos vínculos con las milicias locales y la junta militar de Myanmar para establecer lo que equivalía a un Estado paralelo gobernado por el crimen organizado.
Laukkaing, la capital de Kokang, se convirtió en sinónimo de casinos sin regulación, zonas de prostitución y complejos de ciberfraude, en una zona gris donde las fuerzas del orden chinas tenían un alcance limitado y la autoridad central de Myanmar seguía siendo débil. Miembros de las familias ocupaban cargos oficiales en el gobierno local y en las milicias, lo que proporcionaba protección política y capacidad de coerción armada a sus empresas criminales.
La industria de las estafas prosperó en medio del caos de la guerra civil de Myanmar, que estalló tras el golpe militar de febrero de 2021. Cuando el gobierno central se desmoronó en las regiones fronterizas, los sindicatos criminales aprovecharon el vacío de poder para ampliar sus operaciones y reclutar a migrantes desesperados, varados por los cierres fronterizos durante la pandemia y la crisis económica. El estatus autónomo de Kokang y su proximidad a la frontera china crearon condiciones ideales para estas redes criminales transnacionales.
Según los medios estatales chinos, la familia Ming utilizó específicamente su posición dentro de la Fuerza de Guardia Fronteriza de Kokang, aliada de la junta gobernante de Myanmar, para brindar protección armada a los complejos de estafa. Esta relación entre los sindicatos criminales y las milicias locales permitió que la industria operara abiertamente durante años, pese a depender del trabajo forzado y la violencia.
La ofensiva transfronteriza de Pekín
La contundente respuesta judicial de Pekín llega tras años de presión creciente sobre Myanmar y los países vecinos para desmantelar los complejos de estafa. En noviembre de 2023, las autoridades chinas emitieron órdenes de arresto contra miembros de la familia Ming y ofrecieron recompensas de entre 14.000 y 70.000 dólares por su captura. Esta operación coordinada ha permitido repatriar a China a miles de presuntos operadores de fraude, entre ellos más de 7.600 ciudadanos chinos procedentes únicamente de la ciudad de Myawaddy, en Myanmar, en 2025.
Las ejecuciones se enmarcan en esfuerzos más amplios de cooperación regional, incluidas operaciones conjuntas de China, Myanmar y Tailandia iniciadas en febrero para repatriar a sospechosos de fraude. Al ser consultado sobre las ejecuciones, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, afirmó que Pekín seguiría intensificando sus esfuerzos para combatir el crimen transfronterizo.
«Desde hace algún tiempo, China trabaja activamente con Myanmar y otros países para combatir los delitos transfronterizos de fraude telefónico y en línea, y erradicar el flagelo del juego ilegal y el fraude telefónico. Estos esfuerzos han logrado resultados notables. China seguirá profundizando la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley, intensificará sus esfuerzos para combatir el fraude telefónico y el juego ilegal, así como otros delitos transfronterizos relacionados, y erradicará los problemas del juego y las estafas».
La severidad de las sentencias refleja tanto la magnitud de los delitos como la determinación de China de disuadir operaciones similares. Observadores jurídicos señalan que, aunque China lleva a cabo más ejecuciones al año que cualquier otro país, según Amnistía Internacional, el carácter público de estos anuncios y el hecho de que se dirijan específicamente contra líderes criminales transnacionales constituyen un esfuerzo estratégico de comunicación para disuadir a otros sindicatos.
Repercusiones mundiales y trata de personas
Más allá del impacto inmediato en las redes criminales Ming y Bai, estas ejecuciones ponen de relieve la creciente urgencia internacional de abordar los centros de ciberestafa como una forma de crimen organizado y de violación de los derechos humanos. La industria ha pasado de operaciones locales a convertirse en una amenaza mundializada: los grupos criminales ahora amplían sus actividades más allá de los objetivos de habla china y realizan estafas en varios idiomas que afectan a víctimas de América del Norte, Europa y Australia.
El caso también pone de relieve los complejos desafíos geopolíticos que plantea la inestabilidad persistente de Myanmar. Mientras continúa la guerra civil, los sindicatos criminales han encontrado terreno propicio en zonas fronterizas sin gobierno, lo que crea vacíos de aplicación de la ley que requieren una cooperación judicial transfronteriza sin precedentes. La extradición de Chen Zhi, presunto cabecilla de una red de estafas y líder del grupo Prince, sujeto a sanciones, de Camboya a China a principios de este año demuestra que la campaña de Pekín contra estas redes se está ampliando.
Para las miles de víctimas de trata que, según se cree, siguen retenidas en complejos de Myanmar, Camboya y Laos, el desmantelamiento de estas dos familias ofrece esperanza, pero no garantiza su libertad inmediata. Las organizaciones de derechos humanos siguen presionando a los gobiernos de la región para que prioricen el rescate de las víctimas junto con el procesamiento penal y garanticen que quienes fueron obligados a realizar trabajo fraudulento reciban protección en lugar de castigo.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advirtió en abril de 2025 que las bandas chinas y del Sudeste Asiático recaudan decenas de miles de millones de dólares al año con estas operaciones y que la industria muestra señales de expansión mundial. Las ejecuciones en China representan el intento de un gobierno de contener la amenaza mediante severas sanciones penales, aunque la eficacia definitiva de estas medidas contra una industria mundial que mueve miles de millones de dólares sigue siendo incierta.
En resumen
- China ejecutó a 15 miembros de dos familias criminales radicadas en Myanmar, según anuncios separados del 29 de enero y el 2 de febrero de 2026.
- Entre las 11 personas ejecutadas de la familia Ming estaban Ming Guoping y Ming Zhenzhen; el patriarca, Ming Xuechang, murió bajo custodia.
- La familia Bai tuvo cuatro miembros ejecutados; su patriarca, Bai Suocheng, murió por una enfermedad después de ser condenado.
- Los ingresos combinados de las actividades criminales superaron los 5.600 millones de dólares, procedentes del fraude telefónico, el juego y el tráfico de drogas.
- Las operaciones causaron la muerte de al menos 20 ciudadanos chinos y dejaron heridas a muchas otras personas.
- Los complejos de estafa de la región de Kokang, en Myanmar, utilizaron a trabajadores víctimas de trata para perpetrar fraudes cibernéticos en todo el mundo, por un valor anual estimado de entre 40.000 y 43.000 millones de dólares.
- El Tribunal Popular Supremo de China aprobó las ejecuciones después de que tribunales superiores provinciales rechazaran las apelaciones.
- Pekín ha intensificado la cooperación transfronteriza con Myanmar y Tailandia para desmantelar centros de estafa y repatriar a miles de sospechosos.
