Indonesia intensifica la campaña de incautación de plantaciones de palma aceitera y prevé tomar otros cinco millones de hectáreas

Indonesia intensifica la campaña de incautación de tierras con objetivos para 2026

El presidente Prabowo Subianto anunció el 7 de enero que Indonesia planea incautar otros cuatro o cinco millones de hectáreas de plantaciones de palma aceitera en 2026, ampliando una controvertida ofensiva que ya ha puesto vastas extensiones bajo control estatal. Durante una ceremonia de cosecha de arroz en Java Occidental, Prabowo afirmó que su Gobierno ya había tomado el control de 4,1 millones de hectáreas de plantaciones que operaban ilegalmente en zonas forestales durante 2025, y que planeaba incautaciones aún mayores para el próximo año.

El anuncio supone una intensificación significativa de la estrategia de gestión de los recursos de Indonesia bajo el mandato de Prabowo, quien se ha presentado como defensor de la riqueza nacional frente a lo que describe como la explotación por parte de las élites y los intereses extranjeros. La campaña de incautaciones apunta tanto a grandes empresas de palma aceitera como a pequeños agricultores, y suscita preocupación por la seguridad alimentaria, las cadenas mundiales de suministro y la estabilidad de las inversiones en la mayor economía del Sudeste Asiático.

Hemos controlado, hemos tomado el control de cuatro millones de hectáreas de plantaciones de palma aceitera que infringían la ley. ¿No es así, señor fiscal del Estado?, dijo Prabowo en la ceremonia, dirigiéndose a funcionarios de la Fiscalía General. En 2026, quizá incautemos cuatro o cinco millones más.

Indonesia es el mayor productor mundial de aceite de palma y representa aproximadamente el 57 % de la producción mundial y el 60 % de las exportaciones. La superficie total de plantaciones de palma aceitera del país es de 16,8 millones de hectáreas, lo que significa que las incautaciones previstas podrían someter casi la mitad de todas las plantaciones al control o la supervisión directa del Estado.

Un grupo de trabajo dirigido por militares transforma el sector de la palma aceitera

La campaña de incautaciones está a cargo de un grupo de trabajo especial para el control de zonas forestales, creado en enero de 2025 y formado por militares, policías y fiscales del Estado. El ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin, supervisa la operación, lo que refleja el papel cada vez mayor de las fuerzas armadas en la gestión económica bajo el Gobierno de Prabowo.

El grupo de trabajo tiene amplias facultades para identificar plantaciones que operan en zonas forestales sin los permisos correspondientes, imponer multas y transferir la propiedad de las tierras al Estado. Gran parte de las tierras incautadas se ha entregado a Agrinas Palma Nusantara, una empresa estatal transformada de firma de servicios de infraestructura en la mayor compañía de palma aceitera del mundo por superficie. Hasta la fecha, se han transferido a Agrinas aproximadamente 1,7 millones de hectáreas de plantaciones incautadas.

La escala de la operación no tiene precedentes. En apenas nueve meses, el Gobierno ha incautado una superficie aproximadamente igual a la de Suiza, que incluye plantaciones, concesiones mineras e instalaciones de procesamiento. La campaña cobró impulso en marzo de 2025, cuando se incautaron 221.000 hectáreas al grupo Duta Palma, propiedad de Surya Darmadi, quien fue uno de los hombres más ricos de Indonesia y pasó a ser objeto de una investigación por lavado de dinero y corrupción.

El director ejecutivo de Agrinas, Agus Sutomo, dijo al Parlamento en septiembre que gran parte de las vastas tierras de la empresa aún no es productiva y que menos de la mitad está plantada con árboles. La cartera incluye numerosas parcelas pequeñas que, por separado, no tienen la extensión necesaria para un cultivo eficiente y requieren inversiones considerables para su recuperación y para mejorar su productividad.

El grupo de trabajo ha propuesto permitir que los agricultores permanezcan en las tierras incautadas a cambio de acuerdos para compartir los ingresos. En general, Agrinas se quedaría con entre el 40 % y el 45 % de los ingresos, mientras que los agricultores recibirían entre el 55 % y el 60 %. Sin embargo, muchos pequeños productores han rechazado estas condiciones, alegando que perderían su independencia y que la compensación no es suficiente por décadas de trabajo e inversión.

Plantamos los árboles y trabajamos duro para cuidarlos, dijo Rubahan Hasibuan, un agricultor de 48 años del norte de Sumatra cuya familia y vecinos han visto cómo se incautaban aproximadamente 2.000 hectáreas de tierras agrícolas. Lo rechazamos para conservar nuestra independencia.

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Alteraciones en los mercados mundiales y previsiones de precios

La campaña de incautaciones ha inquietado a los mercados mundiales de aceite de palma. Los analistas prevén que la reducción de la producción podría elevar los precios durante todo 2026. Las exportaciones indonesias de aceite de palma son fundamentales para las cadenas mundiales de suministro de alimentos, y cualquier alteración significativa afectaría los precios del aceite de cocina, los alimentos procesados y los biocombustibles en todo el mundo.

Thomas Mielke, director ejecutivo de la firma de previsiones Oil World, con sede en Hamburgo, predijo en una conferencia del sector en Bali que el contrato de referencia del aceite de palma de Malasia podría alcanzar los 5.000 ringgits malasios (1.183,71 dólares) por tonelada métrica en seis meses. Dorab Mistry, director de Godrej International, en India, dijo que los contratos de futuros podrían llegar a los 5.500 ringgits por tonelada entre enero y marzo si Indonesia continúa incautando plantaciones y avanza con su plan de biodiésel B50.

La presión sobre los precios se suma a otros desafíos para el sector, como la caída del rendimiento de los árboles envejecidos y la lentitud de las labores de replantación. Mielke prevé que la producción indonesia de aceite de palma caiga de 49,4 millones de toneladas en 2025 a 49 millones en 2026, y que el descenso continúe en 2027.

La Asociación Indonesia de Aceite de Palma (Gapki) presentó una perspectiva más optimista y pronosticó un aumento de la producción de entre el 3 % y el 4 % en 2026, respaldado por condiciones meteorológicas favorables y plantaciones que recién empiezan a dar fruto. Sin embargo, el portavoz Fadhil Hasan reconoció la preocupación por las incautaciones y subrayó que se necesita una aplicación equilibrada de la ley para que sus efectos sobre la producción sean moderados y temporales.

Los analistas de Fastmarkets calculan que entre dos y cinco millones de toneladas de producción de aceite de palma crudo (CPO) podrían estar en riesgo debido a la creciente incertidumbre sobre la titularidad de las tierras. El Gobierno ya ha incautado 3,3 millones de hectáreas, de las cuales 1,5 millones de hectáreas de superficie plantada con palma aceitera se transfirieron a Agrinas, mientras que otras 1,8 millones están en proceso de verificación.

La incertidumbre por las incautaciones se suma a los ambiciosos planes de Indonesia para ampliar el uso del biodiésel. El país elevó a partir de febrero de 2025 el porcentaje obligatorio de mezcla de biodiésel al 40 % y se propone alcanzar una mezcla del 50 % (B50) en el segundo semestre de 2026. Desde entonces, el Gobierno ha reducido el objetivo inmediato para 2026 al B45, alegando que se necesitan más deliberaciones, pero la política seguirá desviando volúmenes importantes de aceite de palma de los mercados de exportación para cubrir las necesidades nacionales de combustible.

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Mielke calculó que cumplir el mandato B50 exigiría 2,2 millones de toneladas adicionales de aceite de palma para producir biodiésel. Según Julian McGill, analista de Glenauk Economics, el aumento del porcentaje de biocombustible en la mezcla podría requerir elevar hasta un 7,5 % los gravámenes debido a la creciente diferencia de precios entre la materia prima de aceite de palma y el diésel.

Recuperación ambiental frente a incertidumbre económica

El Gobierno indonesio presenta la campaña de incautaciones como una medida necesaria para la recuperación ambiental y la reforma de la gestión. Prabowo ha recalcado que las operaciones buscan recuperar recursos del Estado perdidos por actividades ilegales y mejorar la gestión de tierras en un sector en el que Indonesia ha perdido millones de hectáreas de bosques en las últimas décadas.

El papel de la deforestación en el agravamiento de las inundaciones y los deslizamientos de tierra que causaron más de 1.000 muertes en Sumatra a finales de 2025 ha dado impulso a la campaña de Yakarta. Desde hace tiempo, activistas medioambientales critican la expansión de la palma aceitera por destruir turberas ricas en carbono y hábitats de especies en peligro, como orangutanes, tigres y rinocerontes.

Prabowo ha descrito la campaña como el camino correcto y noble para defender los intereses de millones de indonesios. Sostiene que vastas extensiones de tierras forestales siguen bajo el control ilegal de empresas y que, de no actuar, las pérdidas potenciales para el Estado podrían ascender a cientos de billones de rupias.

Sin embargo, la campaña ha suscitado gran preocupación por el clima de inversión y la previsibilidad de las políticas. Bhima Yudhistira Adhinegara, director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos y Jurídicos, con sede en Yakarta, dijo que el enfoque refleja cada vez más las características de una economía dirigida al estilo de Prabowo.

Métodos como este reducen el interés de los inversores, tanto en el sector de las plantaciones como en el de la conservación, dijo Bhima. La incertidumbre sobre la propiedad y la amenaza de sanciones retroactivas ya han empezado a influir en las decisiones de inversión en el sector.

Grupos del sector advierten que la política de incautaciones podría limitar la inversión en fertilización y cultivo, y que la producción podría empezar a caer en un plazo de dos o tres meses debido a las interrupciones de las labores de mantenimiento. Gnanasekar Thiagarajan, director de estrategias de negociación y cobertura de riesgos en Kaleesuwari Intercontinental, afirmó que la oferta se verá afectada sin duda si se llevan a cabo las incautaciones.

Es probable que el riesgo de que la producción se vea más afectada de lo que nos atrevemos a decir ahora sea mayor que lo contrario, dijo Thomas Mielke en la conferencia de Bali. Esta es una situación muy crítica y muy delicada.

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Un patrón más amplio de nacionalismo de los recursos

Las incautaciones de plantaciones de palma aceitera forman parte de una tendencia más amplia de concentración de recursos en los sectores de materias primas de Indonesia. Al mismo tiempo, el Gobierno ha intensificado la lucha contra las operaciones mineras ilegales y ha apuntado de forma similar a fundiciones de estaño, minas de níquel y explotaciones de carbón.

En el sector de la minería del estaño, un grupo de trabajo respaldado por los militares ha recorrido las islas de Bangka y Belitung, con el objetivo de localizar dragas en alta mar y fundiciones ilegales, además de maquinaria pesada enterrada. La operación se produjo después de que directivos de PT Timah, la empresa estatal que domina el sector, fueran condenados por supervisar una trama de corrupción que duró varios años y que consistía en blanquear estaño ilegal a través de su cadena de suministro.

Pese al escándalo de corrupción en PT Timah, el Gobierno entregó a la misma empresa los activos de estaño incautados para que los gestionara y nombró presidente ejecutivo a Restu Widiyantoro, un coronel retirado del ejército. Observadores señalan que esto refleja una tendencia a la concentración estatal, más que una reforma real.

Muchos observadores dicen que esto equivale a una nacionalización con otro nombre, dijo Made Supriatma, investigador visitante del Instituto ISEAS-Yusof Ishak, cuya investigación se centra en el papel de los militares en Indonesia. Pero el riesgo es que no se reconozca como una nacionalización; Prabowo lo presenta, en cambio, como una cuestión de aplicación de la ley. Todo esto responde a factores políticos; no tiene nada que ver con el razonamiento económico.

La ofensiva ha generado reacciones diversas en las comunidades mineras. Algunos residentes celebran las mejoras medioambientales derivadas de la reducción de la minería ilegal, mientras que otros han perdido sus medios de vida sin contar con alternativas. Ya no queda trabajo, dijo Ari, un minero de Gantung, en Belitung Oriental. La vida se nos está haciendo más difícil; también cerraron el pozo donde yo solía trabajar. Llevan a cabo la ofensiva sin pensar en la gente humilde que depende de la minería del estaño.

En el sector de la palma aceitera son habituales las asignaciones de tierras superpuestas: algunas zonas están autorizadas para el cultivo, aunque siguen clasificadas como forestales. Muchos operadores de plantaciones afirman que cultivan tierras que compraron o que recibieron años atrás en el marco de programas gubernamentales destinados a fomentar la migración interna.

Prabowo sostiene que el Estado ha recuperado cuatro millones de hectáreas porque esas parcelas estaban dentro de zonas forestales, dijo Achmad Sukarsono, de la consultora Control Risks. Pero ¿cómo se llegó a esto? Las empresas de palma aceitera no podrían haber ocupado ilegalmente una extensión de tierra tan vasta sin la aprobación de los gobiernos locales y de funcionarios militares.

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Consecuencias financieras y empresariales

Las repercusiones financieras de la campaña de incautaciones son considerables tanto para el Gobierno indonesio como para las empresas afectadas. En diciembre, el fiscal general Sanitiar Burhanuddin anunció que el Gobierno podría recaudar aproximadamente 6.500 millones de dólares en multas de las empresas de palma aceitera implicadas en las incautaciones de 2025.

Para 2026, Burhanuddin calculó que las multas administrativas podrían generar ingresos de 109,6 billones de rupias indonesias (6.540 millones de dólares) en el sector de la palma aceitera y de 32,63 billones de rupias (1.950 millones de dólares) en las operaciones mineras dentro de zonas forestales. El grupo de trabajo ya ha recaudado más de 2,34 billones de rupias (139,70 millones de dólares) en multas a 20 empresas de palma aceitera y una minera de níquel.

Según una fórmula establecida por el Gobierno, las empresas de plantaciones deberán pagar 1.497 dólares por hectárea por cada año transcurrido desde que comenzó el desmonte, con una exención de cinco años para tener en cuenta el tiempo que tardan las palmas aceiteras en empezar a producir. Esto podría dejar a las empresas con multas superiores al valor de sus tierras.

Grandes empresas internacionales de palma aceitera ya están evaluando los riesgos que afrontan. La comercializadora de productos agrícolas Wilmar International Ltd., con sede en Singapur, dijo que prevé que la medida afecte a unos pocos miles de hectáreas de sus plantaciones y que está dialogando con las autoridades. IOI Corporation Bhd., que cotiza en Malasia y opera plantaciones y molinos de palma en Kalimantan, realizará ahora más evaluaciones de riesgos antes de invertir en Indonesia, según su director ejecutivo, Lee Yeow Chor.

Según cifras de la Fiscalía General de Indonesia, se ha ordenado a unas cuatro docenas de empresas de palma aceitera que paguen un total aproximado de 560 millones de dólares, mientras que 22 empresas mineras deberán pagar más de 1.700 millones de dólares para devolver al Estado las ganancias ilegales.

En el sector del níquel, el Gobierno exige una multa de unos tres billones de rupias (179 millones de dólares) a PT Weda Bay Nickel, cuyo principal accionista es el grupo chino Tsingshan Holding Group, por infringir la ley en 148 hectáreas de su concesión de 45.000 hectáreas. Para las empresas mineras de níquel, la multa se fijó en 389.000 dólares por hectárea, una cantidad suficiente para llevar a la quiebra a muchas pequeñas empresas que todavía dominan la producción.

Según una presentación a puerta cerrada ante el Parlamento, la asociación del sector Gapki ha recibido quejas de sus miembros porque los ingresos de las cosechas de las plantaciones incautadas se transfieren íntegramente a la cuenta de Agrinas, que paga a sus socios más de 30 días después. Este retraso genera problemas de liquidez para las empresas y los agricultores que intentan mantener sus operaciones.

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En síntesis

• Indonesia planea incautar otros cuatro o cinco millones de hectáreas de plantaciones de palma aceitera en 2026, después de haber incautado 4,1 millones de hectáreas en 2025.
• Un grupo de trabajo respaldado por los militares dirige la operación y transfiere las tierras a Agrinas Palma Nusantara, empresa estatal que ahora es la mayor compañía de palma aceitera del mundo por superficie.
• Los analistas prevén que los precios del aceite de palma podrían subir a entre 5.000 y 5.500 ringgits por tonelada debido a las interrupciones de la producción y a los mandatos de biodiésel.
• El Gobierno calcula que podría recaudar multas por valor de 8.500 millones de dólares de las empresas de palma aceitera y minería en 2026.
• Indonesia produce el 57 % del aceite de palma mundial y representa el 60 % de las exportaciones, por lo que las incautaciones tienen una gran repercusión en los mercados mundiales.
• La campaña forma parte de una estrategia más amplia de nacionalismo de los recursos que también apunta a los sectores del estaño, el níquel, el carbón y otros minerales.
• Los pequeños agricultores podrían perder su independencia en virtud de los acuerdos para compartir los ingresos que ofrece el Estado.
• La preocupación de los inversores se centra en la imprevisibilidad de las políticas y en las multas retroactivas, que podrían superar el valor de los activos.
• Los beneficios medioambientales de la reducción de la deforestación contrastan con los riesgos económicos y las alteraciones de los medios de vida.