Un inusual caso de difamación transfronteriza llega a los tribunales tailandeses
El periodista y académico australiano Murray Hunter será juzgado en Bangkok después de que Tailandia lo acusara de difamación penal por sus artículos críticos sobre el organismo regulador de internet y las comunicaciones de Malasia. El caso ha provocado fuertes reacciones de grupos defensores de la libertad de prensa y de juristas, porque la denuncia se presentó en Malasia, los textos se publicaron en línea por cuenta propia y el proceso judicial se lleva a cabo en Tailandia. Si es declarado culpable, Hunter podría afrontar hasta dos años de prisión o una multa de hasta 200.000 baht (unos 9.500 dólares australianos).
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Hunter, residente desde hace muchos años en el sur de Tailandia, fue detenido el 29 de septiembre en el aeropuerto de Suvarnabhumi, en Bangkok, cuando intentaba viajar a Hong Kong. Pasó la noche bajo custodia, quedó en libertad tras pagar una fianza de 20.000 baht (unos 600 dólares estadounidenses), le confiscaron el pasaporte y sigue sujeto a restricciones de viaje en Bangkok. Las autoridades tailandesas presentaron cargos contra él a mediados de noviembre. El juicio está previsto para finales de diciembre y se basa en cuatro artículos que publicó en Substack en abril de 2024, en los que afirmaba que la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia abusaba de su poder, censuraba a sus críticos y actuaba en medio de un conflicto de intereses.
Quién es Murray Hunter y qué escribió
Hunter es escritor, bloguero y exacadémico. Ha colaborado con medios internacionales y cuenta con lectores de su boletín en Substack. Vive en Hat Yai, una ciudad del sur de Tailandia. En abril de 2024 publicó cuatro artículos en los que examinaba la actuación de la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia, conocida como MCMC. En ellos afirmaba que el organismo regulador malasio bloqueaba sitios web críticos con el Gobierno y que sus directivos tenían conflictos de intereses que socavaban la confianza pública.
La MCMC ha sostenido reiteradamente que actúa conforme a la ley y rechaza las acusaciones de que censura por motivos políticos. El organismo regulador también ha señalado que, aunque respalda la libertad de expresión, espera que las críticas se basen en hechos y respeten los límites legales. Hunter ha dicho que mantiene lo publicado y sostiene que la ciudadanía tiene derecho a examinar a las instituciones poderosas y los efectos de las restricciones en internet en Malasia.
Las acusaciones contra el organismo regulador malasio
En sus artículos, Hunter acusó a la MCMC de excederse en sus funciones y actuar con motivaciones políticas. Escribió que se estaban bloqueando plataformas y sitios web críticos con el Gobierno y que el organismo regulador actuaba de maneras que podían inhibir el debate sobre asuntos de interés público. Los artículos también afirmaban que su presidente tenía un conflicto de intereses. El organismo regulador rechaza estas caracterizaciones. Las autoridades malasias han dicho anteriormente que las personas pueden expresar sus opiniones libremente, pero que deben hacerlo de forma responsable y dentro de la ley.
Cómo una denuncia malasia llegó a Bangkok
Un representante del organismo regulador malasio presentó la denuncia por difamación en Tailandia después de que las publicaciones circularan en internet. La policía y la fiscalía tailandesas procedieron bajo el argumento de que los artículos eran accesibles en Tailandia y podían influir en los lectores del país. Thai Lawyers for Human Rights, la organización que asiste a Hunter, afirma que las autoridades argumentaron que las publicaciones podían llevar al público tailandés a creer que el organismo regulador malasio actuaba al margen de la ley, carecía de credibilidad, abusaba de su poder y era hostil a la gobernanza democrática. Según la legislación tailandesa, la difamación es un delito penal por el que se puede presentar una denuncia. La fiscalía puede seguir adelante si considera que el caso es de interés público o que el presunto daño se produjo en Tailandia, incluso mediante una publicación en internet.
Los cargos penales por difamación en Tailandia se rigen por el Código Penal y desde hace tiempo se utilizan contra periodistas, activistas, empresarios y ciudadanos comunes. Los juicios pueden durar años, no hay garantías de absolución aunque las pruebas sean objeto de controversia y los jueces rara vez desestiman las denuncias en una etapa inicial. La decisión del tribunal de admitir la denuncia en este caso supone una aplicación inusual de la legislación tailandesa a textos sobre un organismo público extranjero publicados en internet desde Tailandia.
Hunter afirma que esta experiencia ha trastocado su vida. Sigue sin poder viajar mientras se prepara para el juicio de diciembre y sostiene que sus artículos se basaban en una cobertura periodística de interés público.
Al hablar de la acusación y de lo que considera un intento de silenciar las críticas, Hunter dijo que está decidido a seguir defendiendo su trabajo.
