A medida que aumenta el autoritarismo, la junta de Myanmar encuentra margen para sobrevivir

Se consolidan las líneas de combate mientras cambia la diplomacia

Cuatro años después del golpe de febrero de 2021, la guerra civil de Myanmar entra en una nueva y dura fase. La coalición contra la junta, integrada por organizaciones armadas étnicas y Fuerzas de Defensa del Pueblo, sigue controlando amplias zonas fronterizas y algunas partes del corazón del territorio bamar. Sin embargo, el frente se ha consolidado en zonas de control y abastecimiento, y las perspectivas de derrocar al Ejército en las principales ciudades parecen lejanas. Aunque el Ejército enfrenta dificultades en varios frentes, los generales están encontrando nuevas oportunidades diplomáticas en la región, favorecidos por un giro mundial hacia gobiernos de línea dura y por una respuesta internacional fragmentada.

El general sénior Min Aung Hlaing ha sacado provecho de esta situación. Recibió invitaciones y participó en reuniones en Tailandia, China y Rusia, además de asistir a importantes encuentros regionales, incluida una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Los medios estatales chinos pasaron de llamarlo líder de Myanmar a describirlo como presidente interino. Rusia y China siguen suministrando aeronaves, drones y piezas de repuesto que alimentan una campaña aérea de la que el Ejército depende para compensar sus problemas de personal y moral. Mientras tanto, la menor atención de Washington y los recortes a la radiodifusión independiente en birmano han reducido el espacio para los medios libres.

Los combates siguen siendo intensos. Seguimientos independientes del conflicto estiman que el Ejército controla plenamente solo una pequeña parte del país; amplias zonas están disputadas o en manos de la oposición. Más de tres millones de personas han sido desplazadas y las necesidades se dispararon tras el devastador terremoto de marzo de 2025, que arrasó regiones centrales, incluidas partes del corazón del territorio bamar. Aunque las alianzas étnicas lograron avances en el campo de batalla en 2024, la presión de Pekín revirtió algunos de esos logros en 2025 y empujó a varios grupos a aceptar altos el fuego o replegarse. El rumbo actual del conflicto apunta a un Myanmar fragmentado, con fronteras de facto consolidadas por las líneas de abastecimiento, el terreno y los intereses extranjeros.

Situación actual de la guerra

Desde el norte del estado Shan hasta la costa occidental, el mapa ha cambiado de forma irregular desde finales de 2023. Las alianzas étnicas avanzaron por partes del norte de Shan en 2024, tomaron brevemente Lashio y amenazaron la vital ruta comercial de Mandalay a la frontera con China. En el estado de Kachin, el Ejército para la Independencia de Kachin (KIA) tomó el control de centros de extracción de tierras raras cerca de la frontera china y, a comienzos de 2025, negoció el comercio transfronterizo, lo que permitió reanudar las exportaciones con un impuesto fijo por tonelada de concentrado. Estos movimientos pusieron de relieve tanto la capacidad de presión de las fuerzas contra la junta como sus límites.

Pekín pronto ejerció presión. En abril de 2025, el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar, integrante de la Alianza de las Tres Hermandades, cedió Lashio a la junta por insistencia de China. Pekín también presionó al Ejército Unido del Estado Wa para que dejara de brindar apoyo militar directo a sus aliados. Desde entonces, el Ejército ha recuperado varias localidades del norte de Shan a lo largo del corredor Mandalay-Muse, entre ellas Nawnghkio, Kyaukme y Hsipaw. El avance del Ejército ha sido irregular. El servicio militar obligatorio anunciado en 2024 provocó huidas y malestar, y la moral en el frente sigue siendo frágil.

En el frente occidental, el Ejército de Arakan controla gran parte del estado de Rakhine. Una guarnición de la junta en Kyaukphyu, donde se encuentran las terminales de petróleo y gas que sustentan los proyectos energéticos chinos, está prácticamente sitiada. El riesgo de que China intervenga en materia de seguridad aumenta si la infraestructura crítica corre un peligro real. En todo el país, la dificultad del terreno, el apoyo local a las fuerzas de resistencia y la constante adaptación de las tácticas con drones elevan el costo de los intentos de la junta por avanzar hacia zonas controladas por la oposición.

China respalda la estabilidad, no la victoria

La estrategia de China responde a un cálculo sencillo. Un colapso total en Naypyidaw pondría en peligro el comercio, los oleoductos y la seguridad fronteriza. Pekín ha intensificado sus contactos con los generales y aumentado el apoyo material. Según analistas que siguen el suministro de armas y el financiamiento, los paquetes recientes de ayuda china incluyen aeronaves, drones, piezas y fondos para proyectos estatales, como un censo y elecciones previstas. Las autoridades chinas también han reforzado el control del comercio transfronterizo y de la tecnología de doble uso, una medida que encarece para los grupos de resistencia la adquisición de componentes en el extranjero.

Aun así, el objetivo de Pekín parece limitarse a impedir un colapso y orientar cualquier acuerdo futuro para proteger sus intereses fundamentales. La resistencia controla muchas rutas rurales y algunos cruces clave. Los acuerdos del KIA sobre tierras raras subrayan la dependencia de China de las autoridades étnicas para el suministro de minerales críticos, al mismo tiempo que Pekín respalda al Ejército central en otros ámbitos. En ocasiones, China ha cerrado la frontera para obligar a las fuerzas étnicas a negociar y luego ha reabierto el comercio una vez alcanzados los acuerdos. Esta combinación de presión y pragmatismo no ha dado una ventaja decisiva a la junta. Sin embargo, ha limitado el impulso de la oposición y ayudado al Ejército a asegurar ciertos corredores.

La cooperación de China con los generales en materia de aplicación de la ley también ha evolucionado. Después de presionar para que se actuara contra las redes de estafas fronterizas que tenían como blanco a ciudadanos chinos, las autoridades celebraron repatriaciones y operaciones conjuntas. Muchas de estas redes criminales persistieron al cambiar a víctimas extranjeras. La expansión de estas estafas pone de relieve cómo los intereses estatales, el patrocinio de grupos armados y el crimen transnacional pueden alimentarse mutuamente en un vacío de seguridad.

El papel de Rusia y la guerra aérea

Rusia sigue siendo la fuente de armas más fiable para la junta. En 2025, el Ejército incorporó a sus filas nuevos helicópteros rusos y aviones de transporte chinos, lo que puso de relieve su dependencia de la movilidad aérea para compensar las pérdidas en tierra. La fuerza aérea utiliza armamento pesado, incluso contra objetivos civiles. Esta estrategia ha frenado algunos avances de la resistencia, pero a un alto costo humano y con una capacidad limitada para mantener el control del territorio.

Ambos bandos han adaptado lecciones sobre la guerra con drones de otros conflictos. Las unidades de resistencia desarrollaron capacidades locales para fabricar y modificar drones, y los integraron con labores de inteligencia y tácticas de unidades pequeñas. La junta ha respondido con importaciones y asistencia técnica. Las restricciones más estrictas de China a las exportaciones de productos de doble uso dificultan que los grupos de oposición consigan componentes clave, pero su ingenio y las redes transfronterizas han permitido mantener sus operaciones con drones.

El poder aéreo por sí solo no produce resultados decisivos en un país de montañas, bosques y valles fluviales. El Ejército puede atacar, desorganizar y castigar. Para convertir los ataques aéreos en un control duradero se necesitan infantería, logística y legitimidad. La junta sigue careciendo de estos elementos fuera de los principales centros urbanos.

Acercamiento regional y normalización silenciosa

India, Tailandia y otros países vecinos han ajustado sus estrategias. Nueva Delhi busca relaciones estables con quien controle Naypyidaw, mientras gestiona una frontera salpicada de actores contrarios a la junta. Las autoridades indias han mostrado interés en el suministro de tierras raras del norte de Myanmar y han mantenido contactos sobre la logística electoral. La decisión de India de participar como observadora en las elecciones previstas podría conferir una apariencia democrática a un proceso que, según sus críticos, no puede ser creíble mientras los partidos opositores estén prohibidos y continúen los combates.

Tailandia ha mantenido abiertos los vínculos comerciales y ha ampliado los contactos después de años de interrupciones transfronterizas. El Consenso de Cinco Puntos de la ASEAN sigue siendo la principal referencia regional, pero su aplicación es limitada. A medida que avanza la normalización en la región, resulta más difícil mantener una presión coordinada. El resultado es un conjunto disperso de gestos bilaterales que los generales presentan como una señal de aceptación.

Estados Unidos ha reducido su atención y recortado el apoyo a los medios de comunicación públicos en lengua birmana. La brecha en la radiodifusión internacional y la falta de una estrategia unificada de sanciones dejan margen de maniobra al régimen. Canadá, la Unión Europea y otros siguen imponiendo sanciones, pero estas no cuentan con un consenso regional que permita cortar los principales suministros al Ejército.

Elecciones previstas, legitimidad cuestionada

La junta planea una votación en varias etapas a partir de finales de diciembre de 2025, con nuevas fases previstas para enero. Las autoridades han prohibido decenas de partidos, encarcelado a destacados opositores y aprobado una nueva ley que penaliza una amplia variedad de expresiones y actividades relacionadas con las elecciones. No se votará en todo el país, lo que supone un reconocimiento tácito de la inseguridad y la pérdida de control. Organizaciones de derechos humanos afirman que, en estas condiciones, el proceso no puede ser libre ni justo.

Expertos electorales internacionales han instado a los gobiernos a no respaldar ningún proceso organizado por los militares mientras continúen el encarcelamiento de opositores y la violencia. Sostienen que las soluciones técnicas no sustituyen los derechos fundamentales, la competencia abierta ni la seguridad de los votantes y los candidatos.

Human Rights Watch ha presentado la votación prevista como un intento de maquillar el gobierno militar ante el público extranjero. La organización advirtió que cualquier legitimación diplomática del proceso se haría a costa de los derechos y la rendición de cuentas.

Funcionarios de las Naciones Unidas han expresado una preocupación similar. En una reciente cumbre regional, dirigentes de la ONU cuestionaron la credibilidad de celebrar elecciones en medio de una guerra y la represión en curso.

Al exponer la postura de la organización, Human Rights Watch afirmó que las elecciones no deberían recibir respaldo internacional debido a la represión sistemática y la exclusión. La organización declaró:

Los gobiernos extranjeros deberían rechazar los planes de la junta de Myanmar de celebrar elecciones desde finales de diciembre de 2025 hasta enero de 2026, porque no serán libres, justas ni inclusivas.

International IDEA, un organismo intergubernamental centrado en la integridad electoral, emitió una advertencia similar en una declaración conjunta de expertos en democracia. Tras señalar que los partidos opositores y los medios de comunicación están sujetos a graves restricciones, la declaración concluyó:

Rechazamos inequívocamente los planes de la junta militar ilegal de Myanmar de celebrar unas llamadas elecciones en 2025.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha adoptado una postura clara sobre la cuestión de la credibilidad. Su oficina afirmó que, sin una vía real hacia un gobierno civil, no hay confianza en el proceso. Como indican sus declaraciones públicas resumidas durante un encuentro de la ASEAN:

Nadie cree que esas elecciones serán libres y justas.

Crisis humanitaria y esfuerzos para exigir responsabilidades

La emergencia humanitaria de Myanmar se agravó tras el terremoto del 28 de marzo, que causó numerosas víctimas y destruyó infraestructura clave en las regiones centrales. Aunque tanto el Ejército como algunos grupos de resistencia anunciaron altos el fuego temporales para facilitar la entrada de ayuda, los informes desde el terreno señalaron que continuaban los ataques aéreos y de artillería en varias zonas. Las consecuencias del conflicto y del terremoto han desbordado a los equipos locales de respuesta y superado la capacidad de muchas organizaciones de ayuda.

Canberra aumentó el apoyo a través de socios previamente evaluados para evitar fortalecer al régimen. En una declaración pública, la ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, condenó los ataques militares en las zonas afectadas por el terremoto y explicó la política del Gobierno. Dijo que Australia seguiría respaldando las labores de ayuda sin conceder reconocimiento político a los militares. En sus palabras:

Tomamos medidas proactivas para garantizar que nuestra ayuda no legitime al régimen militar de Myanmar.

Ottawa también intensificó la presión con una nueva ronda de sanciones contra altos mandos y entidades vinculadas al Ejército. El Gobierno canadiense instó a una coalición más amplia a suspender el respaldo financiero y operativo al régimen. La declaración incluyó un llamamiento directo:

Pedimos a la comunidad internacional que suspenda todo apoyo operativo y financiero al régimen militar de Myanmar.

Las organizaciones de derechos humanos sostienen que se están logrando avances, aunque lentamente, en materia de rendición de cuentas. En noviembre de 2024, el fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó una orden de detención contra Min Aung Hlaing por crímenes contra los rohinyás en 2017. Activistas piden que la Corte y el Consejo de Seguridad de la ONU amplíen el alcance para incluir las atrocidades cometidas desde el golpe de 2021. Organizaciones de seguimiento de los derechos humanos han documentado miles de muertes, detenciones masivas y ataques aéreos reiterados contra objetivos civiles, como escuelas, hospitales y lugares de culto.

La economía política de las tierras raras y las zonas fronterizas

Los minerales críticos se han convertido en un elemento central del conflicto de Myanmar. La extracción de tierras raras cerca de la frontera china es ahora una fuente de ingresos y una herramienta de negociación. Tras tomar dos localidades mineras clave a finales de 2024, el KIA negoció la reanudación de los envíos transfronterizos. Un impuesto por tonelada de concentrado genera ingresos y afianza el control local sobre la extracción y la regulación.

India y Estados Unidos han manifestado interés en diversificar las cadenas de suministro de tierras raras. La realidad sobre el terreno hace que esto sea sumamente difícil. Las minas operan en zonas disputadas, la logística es inestable y los daños medioambientales son graves. Cualquier acuerdo que eluda a las autoridades locales se expone a interrupciones. Además, los acuerdos pueden financiar a grupos armados y vincular a los compradores con la economía del conflicto.

Más allá de los minerales, redes criminales arraigadas aprovechan las brechas en el control estatal. Las redes de estafas fronterizas que antes tenían como víctimas a ciudadanos chinos han pasado a atacar a extranjeros en Asia, América del Norte y Europa. Las operaciones conjuntas han expulsado a algunos operadores de una zona, pero estos reaparecen en otra. La persistencia de estas redes muestra cómo una guerra prolongada puede fomentar el crimen organizado, que se extiende mucho más allá de las fronteras de Myanmar.

¿Puede la oposición tomar las ciudades?

Las unidades de resistencia sobresalen en la guerra móvil en terrenos difíciles, con el apoyo de las comunidades locales y el financiamiento de la diáspora. Para mantener el control de las principales ciudades se necesita una combinación distinta de recursos: logística sostenida, defensa aérea, capacidad administrativa y prestación de servicios. El Ejército conserva ventajas en armamento pesado, aeronaves y mando centralizado. Pese a sus pérdidas, puede concentrar fuerzas, cortar líneas de abastecimiento y castigar cualquier intento de reunir unidades de resistencia en torno a grandes zonas urbanas.

La oposición ha avanzado en la gestión de las zonas que escapan al control de la junta. En algunos territorios, las autoridades locales vinculadas a movimientos étnicos o al Gobierno de Unidad Nacional ya gestionan escuelas, clínicas y servicios administrativos básicos. Estas estructuras demuestran capacidad, pero no se traducen fácilmente en la toma de las ciudades mientras el Ejército mantenga sus bastiones y controle las instituciones nacionales.

La diplomacia regional refuerza este estancamiento. Es poco probable que China acepte que la oposición tome de repente las principales ciudades y ponga en peligro activos estratégicos. Rusia seguirá vendiendo los medios que mantienen en marcha la guerra aérea. India y Tailandia darán prioridad a la estabilidad en sus fronteras. Sin una estrategia internacional más firme y unificada, el resultado más probable es un conflicto prolongado, con fronteras de facto y un Estado fragmentado.

Puntos clave

• Las líneas de combate se han consolidado en zonas de control, por lo que es poco probable que la oposición emprenda a corto plazo una ofensiva decisiva contra las principales ciudades.
• China ha ampliado su apoyo militar y financiero para evitar el colapso del régimen, al tiempo que presiona a las fuerzas étnicas y condiciona el comercio transfronterizo.
• Rusia suministra aeronaves y equipos que mantienen la guerra aérea, pero el poder aéreo no se ha traducido en un control duradero sobre el terreno.
• India y otros países vecinos han intensificado sus contactos con la junta, y algunas medidas podrían conferir legitimidad involuntaria a las elecciones previstas.
• La junta planea celebrar elecciones por etapas a partir del 28 de diciembre de 2025. Organizaciones de derechos humanos y expertos electorales afirman que, en las condiciones actuales, no pueden ser creíbles.
• Las necesidades humanitarias se dispararon tras el terremoto de marzo de 2025. Australia aumentó la ayuda y prometió no legitimar al régimen, mientras que Canadá impuso nuevas sanciones.
• Los esfuerzos para exigir responsabilidades cobraron impulso con la solicitud de una orden de detención de la Corte Penal Internacional contra Min Aung Hlaing por crímenes contra los rohinyás en 2017, junto con llamamientos a ampliar el alcance para incluir los abusos posteriores al golpe.
• Las tierras raras y el crimen fronterizo están transformando la economía del conflicto, dando capacidad de presión a las autoridades locales y alimentando estafas transnacionales.
• Sin una presión regional y mundial coordinada, es probable que Myanmar siga fragmentado a lo largo de divisiones militares y administrativas.